Varios intendentes de la provincia de Buenos Aires participaron esta semana de la Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026, un encuentro internacional realizado en el estado de Florida que reunió a más de 100 líderes municipales del continente para debatir sobre inversión, seguridad urbana y modernización del Estado.

El evento, impulsado por el Adam Smith Center for Economic Freedom junto a organismos internacionales, se llevó a cabo en Miami y puso en escena a jefes comunales bonaerenses que buscan posicionar a sus distritos en el mapa global.

La delegación argentina estuvo integrada por varios dirigentes de la provincia de Buenos Aires, con distintos niveles de protagonismo en los paneles:

La presencia de estos dirigentes refleja una tendencia creciente: los gobiernos locales buscan vincularse con actores internacionales para atraer inversiones, incorporar tecnología y mejorar la gestión en sus territorios.

La Cumbre de Alcaldes de las Américas tuvo como eje central el rol de las ciudades como motores de desarrollo en un contexto global complejo. Entre los principales temas abordados se destacaron:

El encuentro se desarrolló en el Trump National Doral, un complejo vinculado a la empresa del presidente estadounidense Donald Trump, y contó con el respaldo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), lo que le dio peso institucional a la convocatoria.

Uno de los conceptos que atravesó la cumbre fue el llamado “modelo Miami”, presentado como un ejemplo de articulación entre sector público y privado para atraer capital y generar crecimiento urbano.

En ese marco, los intendentes bonaerenses participaron de debates sobre cómo replicar ese tipo de esquemas en sus municipios, en un contexto donde la necesidad de financiamiento externo y modernización de la gestión se vuelve cada vez más relevante.

Más allá de los paneles, la participación en este tipo de eventos tiene una lectura política y estratégica: los intendentes buscan posicionar a sus distritos en redes internacionales, generar vínculos y acceder a herramientas de gestión que luego puedan aplicar a nivel local.

En esa línea, Ferraresi destacó su participación en redes sociales: “Que Avellaneda sea tomada como modelo de gobierno local nos llena de orgullo”, expresó.

Por su parte, Martínez subrayó la importancia del intercambio con otros líderes: “Nos permite llevar a nuestro distrito a distintas partes del continente y aprender herramientas que puedan implementarse en nuestra comunidad”.

El protagonismo de intendentes bonaerenses en este tipo de espacios refleja el creciente peso del poder local en la agenda internacional, en un escenario donde las ciudades buscan convertirse en actores clave para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida.

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones que busca profundizar el vínculo bilateral mediante la reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y la convergencia regulatoria en sectores clave como industria, agro, servicios y comercio digital. El entendimiento,  reaviva el debate sobre sus beneficios concretos, los sectores favorecidos y los posibles costos para la economía argentina.

El acuerdo fue firmado en Washington por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el canciller argentino Pablo Quirno, no constituye un tratado de libre comercio clásico, pero sí establece compromisos asimétricos, especialmente en materia regulatoria, que pueden tener impactos estructurales de mediano y largo plazo.

En términos generales, el acuerdo contempla:

Entre los principales beneficiados se encuentran:

Sin embargo, los beneficios están limitados por cuotas, volúmenes acotados y una estructura exportadora argentina con escasa diversificación hacia EE.UU.

El acuerdo impone a la Argentina una serie de obligaciones que generan debate:

Más allá del impacto macroeconómico, el acuerdo redefine ganadores y perdedores concretos dentro de la economía argentina y estadounidense. El siguiente cuadro resume quiénes se ven beneficiados y quiénes enfrentan mayores desafíos a partir de la entrada en vigor del tratado.

El acuerdo no impacta de la misma manera en todos los sectores. Mientras algunas actividades ganan acceso y previsibilidad, otras quedan más expuestas a la competencia externa y a una menor protección regulatoria.

En términos generales, el entendimiento favorece a las empresas exportadoras estadounidenses y a sectores argentinos con capacidad de competir en mercados externos, mientras que plantea desafíos para la industria local y reduce el margen de intervención del Estado argentino en áreas clave.

El balance general muestra que Estados Unidos obtiene beneficios más amplios y estructurales, especialmente en términos de acceso al mercado argentino, previsibilidad regulatoria y protección de sus empresas tecnológicas y de servicios. Para Argentina, los beneficios son más acotados y concentrados, aunque pueden resultar relevantes para sectores puntuales.

El acuerdo refuerza una lógica de integración asimétrica, donde Argentina gana acceso y previsibilidad, pero cede capacidad de regulación en áreas estratégicas.

El texto prevé mecanismos de consulta, enmienda y la posibilidad de denuncia con seis meses de preaviso. Su impacto real dependerá de la implementación, del comportamiento del comercio bilateral y de la capacidad argentina para aprovechar los nichos de exportación sin profundizar desequilibrios.

Más allá de la coyuntura política, el acuerdo reabre un debate de fondo: cómo integrarse al comercio global sin resignar herramientas de desarrollo.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cruzó este lunes al Gobierno nacional tras el anuncio oficial que habilita la importación de equipamiento médico usado. A través de sus redes sociales, el funcionario bonaerense cuestionó la medida y advirtió sobre un posible retroceso en materia de controles sanitarios.

“¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales? No, algo mucho mejor: se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”, escribió Kreplak, en respuesta a un mensaje publicado por el jefe de Gabimete de Ministros, Manuel Adorni.

En su posteo, Adorni había celebrado la nueva normativa al asegurar que “a partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado”, destacando una reducción de costos y burocracia como beneficio para el sistema de salud.

Tras las críticas, Adorni volvió a referirse al tema en una respuesta dirigida al periodista Fabián Waldman, quien había advertido que la Argentina podría convertirse en “el basurero de equipamiento médico”.

“El equipamiento usado ya estaba permitido, pero era tan engorrosa su reglamentación que era de imposible cumplimiento”, sostuvo el exvocero presidencial, y defendió la flexibilización al afirmar que “seguramente sea mejor un hospital con algún equipamiento importado que uno vacío”.

La frase abrió un interrogante central: ¿la importación de equipamiento médico usado estaba realmente permitida o se trata de una habilitación inédita? Y, en todo caso, ¿qué tipo de controles regían antes y cuáles rigen ahora?

La Disposición 806/2007 de ANMAT no prohibía de manera explícita la importación de productos médicos usados. Sin embargo, establecía un régimen altamente restrictivo, pensado para situaciones puntuales y bajo un esquema de control previo estricto.

Entre los principales puntos, la norma disponía que:

En la práctica, el régimen funcionaba como un filtro sanitario fuerte, que restringía la operatoria a casos excepcionales y bajo responsabilidad institucional directa.

La nueva norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, deroga expresamente la Disposición 806/2007 y redefine el régimen de importación de productos médicos usados, en línea con el Decreto 273/2025.

Entre los principales cambios se destacan:

El nuevo régimen, según se indica en la Disposición,  apunta a reducir costos y simplificar trámites, trasladando parte del control al importador y al usuario final, con fiscalización posterior por parte del Estado.

Desde el punto de vista normativo, la afirmación de Adorni es formalmente correcta: la importación de equipamiento médico usado no estaba prohibida. Sin embargo, la complejidad del régimen anterior no fue accidental, sino una decisión regulatoria orientada a priorizar el control sanitario por sobre la lógica de mercado. 

La diferencia entre ambos esquemas no es solo administrativa, sino conceptual. Mientras la norma de 2007 concebía al equipamiento médico usado como un insumo sensible que debía circular bajo condiciones excepcionales, la nueva disposición lo integra a una lógica más abierta, con menor intervención previa del Estado. 

La norma derogada no buscaba facilitar el acceso al equipamiento médico usado, sino restringirlo a situaciones puntuales bajo estrictos controles sanitarios. El nuevo esquema, en cambio, prioriza la reducción de costos y la simplificación administrativa, trasladando parte de la responsabilidad al importador y al usuario final. 

En ese marco, las críticas de Kreplak apuntan menos a una cuestión burocrática y más a un cambio de paradigma: el pasaje del equipamiento médico como bien sanitario regulado a una lógica de mercado, con controles más laxos y mayor apertura comercial. 

El intercambio entre el Gobierno nacional y el ministerio de Salud bonaerense expone una discusión de fondo sobre el rol del Estado en el sistema sanitario. Más allá del cruce discursivo, el impacto real de la medida dependerá de cómo se apliquen los controles y de la capacidad de fiscalización sobre los equipos que ingresen al país.

Por ahora, el debate quedó planteado: menos burocracia y más mercado, según el Gobierno; riesgo sanitario y pérdida de controles, según la Provincia.

La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, prevista en la Ley de Endeudamiento sancionada a comienzos de este mes, y oficializó a los legisladores que representarán al cuerpo en el esquema de control sobre el uso de los fondos habilitados al Ejecutivo provincial.

La comisión fue incorporada durante las negociaciones parlamentarias que permitieron destrabar la aprobación del endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof, y tendrá como función central verificar y remitir al Ejecutivo los proyectos que presenten los municipios para la utilización de los recursos creados por la norma.

Según lo establecido en la ley, la comisión estará integrada por siete diputados y cinco senadores, con representación de las minorías parlamentarias. En una primera etapa, la Cámara baja avanzó con la oficialización de sus representantes a través de una resolución interna.

Por el oficialismo fueron designados:

En tanto, por los bloques opositores fueron designados:

La integración busca reflejar el equilibrio interno de la bancada de Fuerza Patria y garantizar la participación de los distintos espacios políticos.

En lo que respecta al Senado bonaerense, aún no se oficializaron los cinco legisladores que completarán la integración de la Bicameral. La definición quedará en manos de la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, quien deberá designar a los representantes de la Cámara alta.

Una vez completada su conformación, la comisión quedará formalmente habilitada para comenzar con sus tareas de control y seguimiento.

De acuerdo al articulado de la ley, la comisión mixta tendrá amplias facultades de control. Entre sus atribuciones se destacan:

El seguimiento se concentrará especialmente en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado para asistir financieramente a los 135 distritos bonaerenses.

La norma establece que el Fondo tendrá un piso mínimo de $250.000 millones, aunque el monto podrá alcanzar hasta $350.000 millones, y se distribuirá de la siguiente manera:

La Bicameral deberá expedirse sobre el destino de esos recursos una vez que complete su integración con los representantes del Senado.

La creación de la comisión Bicameral fue uno de los puntos centrales de las negociaciones que precedieron a la sanción de la denominada Ley de Financiamiento, aprobada con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras.

La norma habilitó al Ejecutivo a tomar deuda por el equivalente a USD 3.685 millones, compuesta por:

Como parte del paquete de acuerdos, la Legislatura también avaló una reforma a la carta orgánica del Banco Provincia, que amplió su directorio con seis nuevos cargos para dar lugar a representantes del PRO y el radicalismo. Posteriormente, se aprobaron los pliegos para cubrir esos puestos.

En paralelo, se avanzó con la designación de nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación, del Tribunal Fiscal de Apelaciones, y con la aprobación de 224 pliegos judiciales durante 2025 en distintos departamentos judiciales de la provincia.

El gobernador Axel Kicillof promulgó la Ley 15.560, sancionada el 26 de noviembre, en la que se reguló el presupuesto de la Cámara baja bonaerense, pero observó los artículos 14, 15, 16 y 17, que introducían un nuevo esquema de transferencias automáticas y diarias a través del Banco Provincia. La decisión quedó formalizada por decreto y reavivó una discusión jurídica: si el Poder Ejecutivo puede objetar partes de una ley vinculada al presupuesto legislativo, aun cuando la Constitución bonaerense establece que ese presupuesto “no podrá ser vetado”.

Cabe aclarar en este punto que hasta ahora, los fondos de la Legislatura se giran a través del ministerio de Economía, dentro del sistema general de administración financiera de la Provincia.  Y es que las modificaciones introducidaas en el proyecto original,  en los hechos, producen cambios a la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados. Es decir, los artículos observados proponían otra cosa: transferencias automáticas de frecuencia diaria, calculadas de manera proporcional sobre los ingresos provinciales de libre disponibilidad, con intervención del Banco Provincia y la posibilidad de que actúe el Tribunal de Cuentas ante incumplimientos.

En términos simples, la Cámara baja buscó asegurarse un flujo diario y directo de recursos, sin depender del esquema tradicional. El Ejecutivo, en cambio, entiende que ese cambio no es presupuestario, sino que avanza sobre el subsistema de Tesorería, una competencia propia del Poder Ejecutivo.

En el decreto, el Gobierno sostiene que la autonomía del Poder Legislativo no está en discusión, pero que esa autonomía no habilita a modificar el circuito financiero del Estado. El argumento central es que un giro automático y diario, basado en ingresos estimados, podría ejecutar gastos como si los recursos ya estuvieran efectivamente percibidos, algo que —según el Ejecutivo— rompe con las reglas de la administración financiera.

Además, el Ejecutivo advierte que darle a Diputados un régimen diferencial respecto del Senado y del resto del Estado afecta el equilibrio entre poderes. En ese sentido, subraya que el Senado no modificó el mecanismo de transferencias y, por eso, su presupuesto fue promulgado sin observaciones.

El decreto también contextualiza la decisión en un escenario de crisis económica, caída de ingresos y corte de transferencias nacionales, y plantea la necesidad de preservar una administración centralizada y flexible de la caja provincial.

Desde la Cámara baja, el planteo parte de una situación concreta: atrasos acumulados en los giros, que en algunos casos superan varios meses. Ese antecedente es clave para entender el reclamo. La Provincia viene de dos años sin presupuesto aprobado, durante los cuales la administración funcionó con prórrogas, y recién en 2025 se sancionó un nuevo presupuesto para el periodo 2026, lo que sumado al endeudamiento, permite inferir que el Ejecutivo tenga más resto para enfrentar sus obligaciones.

En ese contexto, no es extraño que Diputados busque asegurar un flujo diario para contar con previsibilidad para funcionar y evitar que la Cámara vuelva a quedar desfinanciada. El argumento se apoya en la autonomía del Poder Legislativo y en su facultad para organizar su funcionamiento interno.

El debate de fondo es institucional.

Dicho de otro modo, la discusión no es cuánta plata tiene Diputados, sino quién controla el camino que recorre ese dinero.

Más allá del debate constitucional, el cambio en el sistema de transferencias tiene un efecto financiero concreto. Un esquema de giros automáticos y diarios implica que los fondos ingresen antes a las cuentas de la Cámara de Diputados y permanezcan allí durante más tiempo hasta su ejecución efectiva.

En el sistema vigente, esos recursos permanecen dentro de la Tesorería provincial, integrados a la cuenta única del Tesoro. Con el mecanismo impulsado por Diputados, el dinero saldría antes de la caja central, lo que —en un contexto de atrasos en los pagos— abre una discusión sobre el manejo financiero de los fondos y los intereses que puedan generarse fuera del circuito general de administración provincial.

Desde el Ejecutivo señalan este punto como una alteración del régimen financiero vigente, mientras que desde Diputados lo justifican como una herramienta para garantizar previsibilidad ante los retrasos en los giros.

La Cámara de Diputados tiene dos caminos:

El conflicto deja planteada una discusión que excede el episodio puntual del presupuesto de la Cámara de Diputados. En el fondo, lo que se debate es cómo se equilibran la autonomía financiera del Poder Legislativo y las atribuciones del Poder Ejecutivo para administrar los recursos públicos, especialmente en un contexto de restricciones económicas, atrasos en los pagos y tensiones políticas internas.

Mientras tanto, el caso expone una zona gris del funcionamiento institucional bonaerense y vuelve a poner en primer plano una pregunta clave: hasta dónde llegan las facultades de cada poder cuando el presupuesto se convierte en un terreno de disputa política y constitucional.

Mientras el Partido Justicialista bonaerense buscaba bajar un mensaje de orden y unidad tras el Consejo Provincial realizado el viernes en Malvinas Argentinas, Máximo Kirchner eligió otro registro para intervenir en la disputa interna. Sin discursos formales y sin micrófono, pero con una remera negra y una frase del Indio Solari, el líder de La Cámpora dejó un mensaje cifrado que volvió a exponer que la tensión con el sector que responde al gobernador Axel Kicillof está lejos de cerrarse.

“Juegan a ‘primero yo’ y después a ‘también yo’”, decía la inscripción tomada de la canción El tesoro de los inocentes. La chicana no pasó inadvertida: comenzó a circular apenas terminó el cónclave partidario y fue leída en clave política por dirigentes de todas las tribus del peronismo bonaerense.

El Consejo Provincial del PJ sirvió para evitar la acefalía del partido tras el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner y para acordar una tregua interna hasta el 15 de marzo de 2026, fecha en la que se elegirán las nuevas autoridades partidarias. Hacia afuera, el discurso fue de unidad y equilibrio entre sectores. Puertas adentro, la disputa de poder sigue abierta.

La remera de Máximo funcionó como un gesto político disruptivo en ese contexto. Sin nombrarlo, la frase fue interpretada como una crítica directa al Gobernador Kicillof y los dirigentes e intendentes que lo acompañan, a quienes desde La Cámpora les reprochan priorizar proyectos personales y electorales por sobre una construcción política colectiva.

Horas después de dejar formalmente la presidencia del PJ bonaerense, Máximo Kirchner profundizó el mensaje en el streaming militante Patas TV.  Se presentó en el programa con la misma remera y acompañado de la flamante diputada provincial por la Tercera, Mayra Mendoza. Allí ya no apeló a símbolos, sino a definiciones explícitas que volvieron a tensar la relación con el kicillofismo.

“A mí, más que administrar berretines, me gusta construir políticamente. No me gusta construir en función de que la construcción termine en uno”.

Y agregó: “Hay una discusión entre perdurar y trascender, y yo estoy más cerca de trascender”. En esa línea, el diputado nacional cuestionó con dureza lo que definió como una deriva “electoralista” dentro del peronismo bonaerense:

“Cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos. El electoralismo está yendo por sobre la gestión y la política, y eso le hace mucho daño al peronismo”.

También apuntó contra quienes, según su mirada, le temen a la participación popular: “No puede ser que haya dirigentes que digan que si va a votar mucha gente perdemos. Somos un movimiento nacional y popular, no una fuerza que le tenga miedo a la participación”.

Y dejó otra definición sensible al mencionar la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner: “Hay mucha dirigencia que ve la situación de Cristina y le da miedo. Desaparece de su discurso el poder económico y eso los vuelve timoratos”.

El trasfondo del gesto de Máximo fue el extenso y tenso proceso de negociación que desembocó en el Consejo Provincial del PJ bonaerense, realizado en la Casa Cultura y Arte de Los Polvorines, en el distrito que gobierna Leonardo Nardini.

Allí se resolvió fijar el 15 de marzo de 2026 como fecha para las elecciones internas, aunque quedó abierta la incógnita sobre si habrá lista de unidad o competencia entre sectores. El acuerdo alcanzado fue definido por el propio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que acompaña a Kicillof, como “procedimental y no de fondo”.

Las conversaciones incluyeron reuniones previas, reclamos por la integración de la Junta Electoral, la ampliación de apoderados, la apertura del padrón y las afiliaciones, además de la exigencia del kicillofismo de que el PJ sea la herramienta central para la campaña de 2027. “Eso es lo natural, lo lógico que ocurre en cualquier provincia”, sintetizó el ministro Andrés Larroque en diálogo con los medios presentes.

El acuerso se alcanzó recién entrada la tarde, después de horas de negociaciones cruzadas entre Ituzaingó y Malvinas Argentinas. Aunque desde ambos sectores se mostraron conformes, las diferencias políticas quedaron intactas.

En ese escenario, la remera ricotera de Máximo Kirchner y sus posteriores declaraciones no fueron un hecho aislado, sino un gesto que empieza a marcar el terreno de cara a la definición de las nuevas autoridades partidarias. Mientras el PJ bonaerense intenta sostener una narrativa de unidad, los movimientos y mensajes de sus principales dirigentes dejan en evidencia que la interna sigue siendo el principal desafío del peronismo provincial.

La elección de marzo, con o sin lista única, se encamina así con antecedentes cada vez más explícitos de una disputa que excede lo formal y atraviesa el corazón del proyecto político bonaerense y del peronismo nacional rumbo a 2027.

La discusión por el financiamiento bonaerense entró en una nueva etapa luego de que la Legislatura aprobara, por más de dos tercios, el paquete de endeudamiento por USD 3.035 millones, que la Provincia necesita para cubrir obligaciones financieras ya ejecutadas y atender los pagos que siguen por delante. Lo que hasta ahora había sido un proceso trabajado con acuerdos internos terminó escalando a un conflicto nacional, cuando el Gobierno de Javier Milei puso en duda la convalidación del endeudamiento y abrió un frente directo con Axel Kicillof. Al mismo tiempo, la Legislatura provincial intenta ordenar su funcionamiento: Diputados avanza hacia una sesión extraordinaria clave, mientras el Senado quedó paralizado por disputas internas.

Luego de la aprobación del financiamiento en la madrugada del 4 de diciembre, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, puso en duda la convalidación del pedido bonaerense. 

El núcleo técnico de la discusión no es retórica: pasa por la letra de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y en particular por lo que dispone su Artículo 21.  En lenguaje sencillo,  la ley exige que, para autorizar endeudamiento , los servicios de la deuda —esto es, los pagos periódicos de capital e intereses— no superen un tope del 15% de los recursos corrientes netos.  Esos “recursos corrientes netos” incluyen, entre otras partidas, las transferencias por coparticipación a los municipios y son la base sobre la que se calcula el margen fiscal disponible.

Sin embargo, Luis Caputo aseguró  que la Provincia no cumplía la ley: argumentó que el Ejecutivo Bonaerense había aumentado su gasto corriente por encima de la inflación y que, por tanto,  correspondería negar la autorización para tomar deuda nueva. Esa lectura sería válida si se tratara de deuda adicional que elevara el stock neto de pasivos de la Provincia.

La réplica técnica de la administración provincial desmiente esa interpretación por dos razones puntuales. Primero, porque lo aprobado por la Legislatura no es deuda adicional, es refinanciamiento: la autorización busca permitir que la Provincia tome deuda para pagar vencimientos ya contraídos, y además recuperar pagos que el propio Estado provincial adelantó con recursos propios. En esa operación no hay —en términos netos— un aumento del stock de deuda que active el espíritu del Artículo 21. Segundo, en términos cuantitativos, Carlos Bianco subraya que la Provincia está en el 7% de servicios de deuda respecto de los recursos corrientes netos, muy por debajo del umbral del 15% que fija la ley; por eso sostiene que la objeción de Caputo “mezcla categorías” y no se ajusta al texto legal.

En este marco, cabe destacar qué la referencia del ministro de Economía nacional en cuanto a “gasto corriente por encima de la inflación” no es un criterio correcto para bloquear la autorización: ese parámetro no figura con la literalidad que él invoca en el régimen de la LRF para rechazar una solicitud de refinanciamiento. Asimismo, desde Provincia insisten en que la norma está pensada para regular endeudamiento adicional y no para impedir que una jurisdicción reemplace deuda que vence o recupere fondos ya erogados.

Esa combinación técnica —definición de servicios de deuda (capital + intereses), límite del 15%, cómputo sobre recursos corrientes netos y la distinción entre deuda adicional y refinanciamiento— es la columna vertebral del argumento provincial. Es también la base por la cual la Provincia sostiene que, si el Ejecutivo nacional no firma la convalidación, quedará abierta la vía de la judicialización .

En este línea , el gobernador fue directo: “Que lo aprueben rápido, Toto, por favor. Esto no es deuda nueva; son vencimientos de la gestión Vidal.  Más lío no nos pueden armar: nos deben $13.000 millones.” En tanto que el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, reforzó el punto técnico:

Además, detalló que la deuda provincial hoy es “mucho más sana que en 2019”:

En paralelo al conflicto Nación–Provincia, el Senado bonaerense quedó atrapado en una interna que expone la debilidad del oficialismo para ordenar su propio espacio.

Sergio Berni planteó un punto sensible: la legalidad de las licencias otorgadas a Gabriel Katopodis y Santiago Valenzuela, votadas el 8 de diciembre durante la sesión preparatoria. El problema: quienes las aprobaron incluían legisladores que recién asumían el 10/12, es decir, que no tenían mandato vigente al momento del voto.

Aunque no busca impugnarlas, Berni apuntó al corazón político del oficialismo y dejó entrever: falta de conducción en la Cámara alta, incapacidad para acordar un jefe de bloque y la fragilidad de la presidenta del Senado, Verónica Magario,  en lo que constituye un párrafo más de la interna que divide al peronismo entre camporistas y kicillofistas. En este clima, la actividad quedó congelada: no habrá definición de autoridades ni jefaturas de bloque en lo que queda del año.

Mientras el Senado permanece paralizado por la interna del oficialismo, la Cámara de Diputados se movió con mayor velocidad para ordenar su esquema de funcionamiento. El cuerpo convocó a sesión extraordinaria para el 16 de diciembre, con el objetivo de completar las definiciones que quedaron pendientes tras la sesión de jura del 2 de diciembre.

Ese día, los nuevos legisladores asumieron y la Cámara resolvió la mayor parte de su arquitectura institucional. Allí se acordó el sistema de rotación entre Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera para la Presidencia: Dichiara conducirá durante 2026 y el hombre del Frente Renovador lo hará en 2027, reproduciendo el mecanismo adoptado en 2023 para garantizar una convivencia interna entre los distintos matices de Unión por la Patria. También se decidió eliminar las vicepresidencias numeradas y avanzar hacia un esquema más flexible de cinco vicepresidencias repartidas entre oficialismo y oposición. Las secretarías y prosecretarías quedaron, en su mayoría, en manos del oficialismo provincial.

Pero a pesar de ese ordenamiento previo, quedaron dos vacantes sensibles: dos vicepresidencias que requieren acuerdo político y la definición de los jefes de cada bloque. Esas son las cuestiones que Diputados busca resolver en la sesión extraordinaria del 16 de diciembre, una instancia clave no sólo para formalizar el equilibrio interno del cuerpo sino también para proyectar la dinámica legislativa de 2026. La expectativa entre los distintos espacios es que, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, en la Cámara baja el oficialismo logre los consensos necesarios para cerrar el año sin sobresaltos.

El otro movimiento que ayuda a explicar cómo se lograron los votos para el refinanciamiento ocurrió durante la misma sesión en la que se aprobó el financiamiento. Allí, la Legislatura convalidó la nueva integración del directorio del Banco Provincia, ampliado de nueve a catorce miembros. Esa expansión generó ruido en algunos sectores, pero el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aclaró que la ampliación no implicó un aumento del presupuesto: se redistribuyeron partidas y se reorganizó el funcionamiento interno sin generar nuevos costos.

Esa aclaración técnica no fue menor. El Banco Provincia es una de las estructuras de poder más relevantes del sistema bonaerense, con impacto financiero real y una fuerte visibilidad política. Su directorio funciona, de hecho, como una mesa ampliada donde conviven y negocian todas las tribus que integran el mapa provincial. Por eso, la inclusión de representantes del MDF (sector del gobernador), de La Cámpora, del massismo, del PRO, de la UCR, de Unión y Libertad y del espacio referenciado en Martín Insaurralde terminó de ordenar un sistema de equilibrios que venía de varias semanas de tensión.

Este reparto —que no figuraba entre los puntos centrales del debate público— fue, sin embargo, uno de los engranajes que facilitó la construcción de los dos tercios para aprobar el refinanciamiento. No fue la única negociación, pero sí una de las que aportó volumen político a la votación.

Con el financiamiento ya aprobado y pendiente de la doble firma del gobierno nacional —Economía y el Ministerio del Interior de Diego Santilli—, la Provincia encara una etapa de definiciones institucionales que convivirán con una tensión económica creciente. Mientras en Diputados, LLA constituye la primera minoría desde este 10 de diciembre, lo que permite augurar que obstaculizará todos los proyectos del oficialismo; en el Senado, donde el peronismo cuenta con quorum propio a partir de la nueva composición, la organización de cara al 2026 permanece en punto muerto: un gesto claro de la debilidad que atraviesa al oficialismo en la Cámara alta, especialmente tras el planteo de Sergio Berni sobre la validez de las licencias votadas el 8 de diciembre.

En ese marco, Kicillof necesita alinear gobiernos locales, ordenar su coalición y sostener la presión sobre Nación para que habilite el refinanciamiento. La discusión técnica ya está saldada dentro del oficialismo provincial: se trata de cubrir vencimientos, no de tomar deuda nueva. Pero la decisión final pertenece al gabinete nacional, que mantiene el foco en la Ley de Responsabilidad Fiscal y que utiliza el caso bonaerense como parte de una narrativa más amplia sobre el “costo argentino”.

El cierre del año encuentra a la Provincia en el centro de una doble pulseada: una institucional, dentro de la Legislatura; y otra financiera y política, frente al gobierno nacional. La semana que viene será clave para saber cuál de esas dos tensiones se resuelve primero.

El viernes 28, minutos después de las diez de la mañana, cayó la sesión que había quedado abierta desde la medianoche del miércoles. Fue otro intento frustrado para habilitar al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por el equivalente a más de 3 mil millones de dólares. Y dejó a la vista el diagnóstico más crudo: no hay un acuerdo mínimo para alcanzar los dos tercios.

Solo se sentaron 36 legisladores de Unión por la Patria, más los tres de Nuevos Aires y el diputado de Derecha Popular. Lejos del quórum de 47. requerido para retomar la sesión luego del cuarto intermedio. En el recinto, el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, apuntó:

“Pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la provincia”, pidió a la oposición “sentarse a charlar todo lo necesario”.

La foto política del día también hizo ruido: un reportero gráfico captó a Tignanelli hablando por teléfono con Massa, (la imagen de la familia tigrense acompañando el  nombre de contacto “STM”, fue suficiente para entender que se trataba de Sergio Tomás. Fue el propio Alexis Guerrera quién le pasó el teléfono y ambos quedaron oreja con oreja pegados al móvil. 

El detalle no pasó inadvertido y no tardó en levantar críticas dentro de La Cámpora para con su referente y además presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados,  no por el contenido en sí, sino por la torpeza del gesto: Tignanelli no había girado el teléfono hacia abajo cuando Guerrera se lo alcanzó, y quedó expuesta una cercanía que muchos en su propio espacio prefieren mantener en un plano menos visible, sobre todo en un contexto en el que el kirchnerismo duro marca distancia con el Gobernador y las buenas migas con el Frente Renovador exponen el verdadero motivo de una interna que pelea por la conducción y los presidenciables 2027.

Guerrera, lejos de dejar que la escena se diluyera, capitalizó la foto y la publicó en sus redes, presentándola como prueba del pedido directo de Massa para insistir con una nueva sesión y presionar a la oposición. Para él, la imagen era un activo político; para el camporismo, una torpeza comunicacional que incomodó más de la cuenta.

“Massa nos pidió que hagamos el esfuerzo de citar a una nueva sesión para presionar a la oposición”.

El miércoles 3 de diciembre Diputados se convocó a sesionar desde las 15.00  y el Senado a las 17.00, en extraordinarias habilitadas por autoconvocatoria. Será la última oportunidad real antes del recambio legislativo. Y esta vez el conflicto no es técnico: es político, territorial e institucional. 

Para Kicillof, lograr los dos tercios implica algo más que contar porotos. Significa ordenar a la propia tropa —que ya tuvo diferencias públicas en varias votaciones del año— y, al mismo tiempo, reconstruir confianza con los bloques opositores, especialmente la UCR y sectores del PRO moderado.

El punto más espinoso es la distribución de fondos para los municipios. También están en discusión los pliegos del Banco Provincia, los espacios en el Consejo de Educación, la promesa de tratar la composición de la Suprema Corte —con la radical Marina Sánchez Herrero en carpeta— y una carta que aparece y desaparece en cada ronda: las nueve vacantes del Tribunal Fiscal de Apelación, un órgano clave para sellar acuerdos.

Cada uno de estos ítems pesa en la balanza. Ninguno por sí solo define la votación. Pero todos, en conjunto, construyen el número mágico de los dos tercios.

1. La llave del conflicto: los fondos para municipios

El punto más delicado —y el que define la votación— es cómo se distribuirán los recursos para los intendentes.

Qué quiere Kicillof:

Qué pide la oposición:

En tanto que en el Legislativo circuló otra propuesta:  $360 mil millones a repartir entre los 135 municipios en seis cuotas.  Pero ese fondo solo existe si se aprueba el endeudamiento. Por su parte, los intendentes, de todos los colores, presionan en la misma dirección: hay municipios que no llegan a pagar aguinaldos ni sueldos sin refuerzo inmediato.

2. Los cargos pendientes: pliegos, sillas y compromisos institucionales

La oposición quiere asegurar los espacios que le corresponden en distintos organismos, y denuncia que el Ejecutivo no cumplió los acuerdos previos.

Los puntos en discusión son:

A esto se sumó un reclamo que puede funcionar como llave de cierre: las nueve vacantes del Tribunal Fiscal de Apelación, un organismo clave que depende de Economía. Son lugares valiosos para negociar.

4. El calendario de pagos que enoje a todos

La propuesta oficial para los intendentes es pagar en cinco cuotas:

La respuesta en la Legislatura fue una mezcla de preocupación y risas irónicas: la mayoría de los jefes comunales “tiene la soga al cuello hoy”,  trascendió en el recinto. Quieren fondos antes de fin de año, no promesas diferidas.

5. Reconstruir confianza (quizás el punto más difícil)

El verdadero obstáculo no es un número: es la confianza. La oposición no cree que el Ejecutivo vaya a cumplir los acuerdos posteriores a la votación. El oficialismo cree que la oposición sobreactúa para “estirar” beneficios. Esa desconfianza trabó las últimas dos sesiones y definirá la del próximo  miércoles.  La negociación ya no se mide en pesos o en alícuotas: se mide en poder y en cumplimiento político. Y la Legislatura llega a la sesión extraordinaria sabiendo que no hay margen para otra caída.

Este punto es clave y ha llevado al Gobernador a cambiar la figura de los interlocutores, apostanto tanto a reconstruir confianza para obtener el endeudamiento antes del racambio, como al cuidado de los jugadores que saldrán a la cancha a partir del 10 de diciembre, ya que tanto Gabrial Katopodis como Mariano Cascallares ingresarán a la cámara alta y baja respectivamente.

La decisión de Kicillof se conoció este viernes, luego del llamado a extraordinarias. Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, que venían llevando el diálogo con los bloques, quedaron corridos del centro de la escena. Sus lugares los ocuparon Carlos Bianco, ministro de Gobierno, y Agustina Vila, secretaria General.

En privado, desde Gobernación admiten dos razones. Una política: “no desgastar” figuras que deberán transitar un 2025 legislativo complejo. Y otra más técnica: la negociación “se volvió demasiado específica” y requería operadores directos del gobernador. Según confirmaron fuentes oficiales, Bianco y Vila llamaron uno por uno a los jefes de bloque con un mensaje directo:

“Sin plata no hay nada.”

La respuesta de la oposición fue igual de transparente: están dispuestos a dar la herramienta de gestión, pero reclaman que el Gobierno no cumplió acuerdos previos, especialmente en materia de cargos y distribución de fondos.  A esto se suma otro punto: la propuesta del Ejecutivo de pagar el fondo municipal en cinco cuotas —tres en 2026 y dos en 2027— generó malestar e ironías. La mayoría de los intendentes, incluso los del oficialismo, necesita oxígeno financiero ahora, no dentro de un año.

El viernes, tras la caída del quórum, comenzó una rápida recolección de firmas para autoconvocarse a sesiones extraordinarias. Lo lograron y el Senado sesionó ese mismo día promediando las 16.00 y habilitó el llamado. Diputados convocó para el miércoles 3 de diciembre a partir de las 15.00 y el Senado sesionará en espejo desde las 17.00.

Será la última oportunidad real para aprobar el endeudamiento antes del recambio legislativo. Si el gobernador consigue los dos tercios, su administración podrá transitar 2026 con un margen de maniobra mayor. Si no lo consigue, arrancará un año fiscalmente severo, con intendentes en crisis, obras paralizadas y una interna peronista que, pese a la tregua forzada del viernes, podría volver a tensarse.

Entre fondos, cargos, fotos incómodas y llamados estratégicos, el miércoles se definirá algo más que un número. Se definirá quién controla la política bonaerense en el inicio del próximo ciclo. 

La discusión por el Presupuesto 2026 en la Provincia de Buenos Aires entró en una fase decisiva, unas horas después de que la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámra de Diputados finalizara la reunión de este martes, se anunció convocatoria a sesión para el próximo miércoles 26 a partir de las 14.00,  Si bien el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el Presupuesto y la Ley Fiscal e Impositiva, el punto más delicado —la autorización de endeudamiento por hasta USD 1.990 millones— quedó postergado y se tratará en una nueva reunión de comisión recién el martes 25 a las 19.00,  en una señal de que el punto más sensible del paquete se definirá sobre el filo del recinto.

El horario elegido para retomar la discusión parlamentaria—inusualmente tarde para la dinámica legislativa, que suele funcionar por la mañana o temprano por la tarde— despertó lecturas políticas. Una consideración podría obedeer a que el Ejecutivo busca apurar definiciones cuando Axel Kicillof ya haya cumplido su agenda institucional y pueda intervenir directamente en la negociación.

Ese encuentro será, en los hechos, la última instancia para definir si el Ejecutivo logra que se llegue al recinto con los votos necesarios para aprobar el endeudamiento. La aprobación del endeudamiento requiere mayoría agravada: dos tercios de ambas cámaras, lo que implica 61 votos en Diputados y 31 en el Senado. Esa aritmética obligará al gobernador a intensificar las negociaciones con los bloques opositores.

En la reunión del martes participaron representantes de todos los bloques: Unión por la Patria, UCR-Cambio Federal, PRO, Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Unión y Libertad, FIT, Somos Buenos Aires y Nuevos Aires. Allí el oficialismo reunió los votos para emitir dictamen favorable sobre el Presupuesto y la Ley Impositiva, en un escenario marcado por tensiones internas dentro del propio peronismo.

Pero ese avance quedó rápidamente condicionado: la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza y Unión y Libertad presentaron un dictamen de minoría, en el que cuestionan la discrecionalidad del gasto y proponen modificar puntos clave del esquema tributario, entre ellos:

Este último punto es central para intendentes de todos los espacios. El proyecto original de la Provincia ata el Fondo Municipal al endeudamiento del que destinaría hasta un 8% con ese fin, lo que implica que los jefes comunales dependen de que se apruebe el financiamiento para acceder a los recursos. Además, obliga a destinarlo exclusivamente a obras, prohibiendo su uso para gastos corrientes. Para municipios golpeados por la caída de recaudación y la demanda social, la oposición considera que esto limita la autonomía y la previsibilidad financiera.

La decisión de convocar a la Comisión de Presupuesto el martes 25 a las 19.00 llamó la atención incluso dentro de la Legislatura, donde las comisiones suelen reunirse por la mañana o después del mediodía. Una lectura posible es que el Ejecutivo bonaerense busca tener toda la jornada del martes para negociar, y que el propio gobernador Axel Kicillof esté disponible tras cumplir con su agenda oficial.

El objetivo del Ejecutivo es lograr una síntesis que garantice la aprobación del endeudamiento un día antes de la sesión. La movida se da en un contexto donde la oposición reclama también discutir cargos pendientes en organismos provinciales: directorios del Banco Provincia, lugares en el Consejo General de Educación, cargos en la Procuración y cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Cerca de Kicillof aclaran que estos temas no están en la mesa del Presupuesto y que serán parte de la agenda de 2026, pero en la Legislatura aseguran que forman parte natural del paquete de negociación.

El debate legislativo llegó atravesado por la clásica interna en el peronismo. Mario Secco, intendente de Ensenada y referente del sector kicillofista, lanzó un mensaje directo a La Cámpora, al massismo y al sector de Martín Insaurralde: “Tienen que ayudar, tienen que votar el Presupuesto, el endeudamiento, la impositiva… déjense de joder”, dijo en diálogo con el portal platense Infocielo Play.

En tanto que este lunes 17, en un acto por el Día de la Militancia en la Universidad Nacional de Quilmes, al que Kicillof asistió para acompañar el acto de renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), también dejó un mensaje hacia adentro del peronismo:

“Esto se construye discutiendo de manera democrática y participativa”, dijo ante un auditorio juvenil. La ausencia de la intendenta Mayra Mendoza —en su propio distrito— volvió a exponer las fricciones internas, especialmente porque desde el Municipio, explicaron que ya contaba con una agenda para ese día y aprovecharon para afirmar que la diputada electa por la Tercera entrará a la Legislatura este 10 de diciembre, como “oposición responsable”.

En paralelo, el ministro Carlos Bianco trató de bajar la tensión: “Nosotros construimos políticamente sin pegar codazos. Convocamos a todos los que quieran formar parte de algo más amplio”, afirmó. 

Con la vista puesta en el recambio legislativo del 10 de diciembre, los bloques opositores endurecieron su postura. Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal) explicó que su dictamen propone “equilibrio fiscal, responsabilidad en el gasto y reglas claras para los municipios”.

El kicillofista Gustavo Pulti  salió a responder: “Es casi una comedia si no fuera trágica para 17,5 millones de bonaerenses. Las tres leyes son un todo económico y financiero”, cuestionó en X. 

En este marco, la oposición destacó positivamente el rol del intendente de Almirante Brown y futuro diputado provincial, Mariano Cascallares, como interlocutor del Ejecutivo. Se trata de un cambio respecto de las fallidas negociaciones del año pasado, donde los contactos fueron manejados por Agustina Vila y Gabriel Katopodis. “Tenemos una persona que nos puede escuchar”, reconoció un diputado opositor.

Tras el recambio legislativo, Unión por la Patria fortalecerá su presencia en Diputados y alcanzará el quórum propio en el Senado. Pero del otro lado, La Libertad Avanza crecerá y será primera minoría, consolidando una oposición más dura y menos dialoguista. Por eso, para el oficialismo la sesión del 26 aparece como una ventana clave: aprobar ahora el paquete completo es más viable que en el diciembre. Con un bloque libertario más homogéneo y un PRO más duro, el margen de negociación se achica. Por eso, para Kicillof es clave cerrar el endeudamiento antes de la próxima sesión.

El Gran Premio de Brasil terminó, pero la verdadera imagen del domingo no fue la bandera a cuadros: fue la postal del box de Franco Colapinto, rodeado por una multitud de argentinos que, como  si estuviesen arengando en una tribuna, cantaban aclamando al pilarense.

“Vení, vení, cantá conmigo, que de la mano de Colapinto todos la vuelta vamos a dar”, se escuchó retumbar en Interlagos, con banderas celestes y blancas al viento mientras Franco los seguía  agitando una bandera argentina desde el corazón del paddock de la Fórmula 1.

NOOOOO MIREN LA CANTIDAD DE ARGENTINOS AFUERA DEL BOX DE FRANCO COLAPINTO EN INTERLAGOS QUÉ LOCURA 😭🇦🇷📹 @old_thay pic.twitter.com/hLvlSE89YD

El momento fue tan potente que Alpine Argentina, la filial local de la escudería francesa, decidió compartir una foto del momento  en sus redes oficiales.  En X (ex Twitter), la cuenta @AlpineArg_ publicó la imagen con una frase que lo resume todo:

“Es la postal de todos los tiempos. La revolución Colapinto en su máximo esplendor.”

La escena recorrió el país en minutos: un piloto argentino en la máxima categoría, un equipo europeo con representación local rindiéndose ante la pasión celeste y blanca, y una hinchada que hizo del circuito paulista un pedazo de Buenos Aires.

Es la postal de todos los tiempos. La revolución Colapinto en su máximo esplendor 🇦🇷🫂🥹 pic.twitter.com/2exEZyJmsm

En lo deportivo, Colapinto completó una carrera sólida y estratégica. Terminó 15º en el Gran Premio de Brasil, luego de haber protagonizado algunas maniobras notables, entre ellas una defensa frente al francés Isaac Hadjar y un intenso mano a mano con Lance Stroll. También mostró su madurez al reponerse del despiste del sábado en la carrera Sprint, que había complicado su clasificación.

Durante varias vueltas, el piloto argentino llegó a estar dentro del top 10, y en el giro 47 marcó una de las vueltas más rápidas de la competencia, a bordo del A525 de Alpine. Su ritmo constante y su capacidad para adaptarse a las distintas estrategias de neumáticos confirmaron lo que muchos analistas del paddock ya señalan: Franco tiene el nivel para quedarse.

Lo que representa Colapinto va más allá de los resultados. A sus 21 años, el bonaerense devolvió al automovilismo argentino un lugar en la Fórmula 1 después de más de dos décadas de ausencia. Su reciente confirmación como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 fue recibida como una verdadera celebración nacional.

El respaldo del público argentino —que en Interlagos se hizo sentir como nunca— marcó un antes y un después. Para Alpine Argentina, la “revolución Colapinto” no es solo una campaña de marketing: es el reconocimiento de que el piloto argentino se transformó en un fenómeno cultural, un puente entre la pasión del fútbol y la precisión del automovilismo.

El canto, la bandera y la emoción compartida condensaron algo más profundo: el regreso del entusiasmo popular por la Fórmula 1, una categoría que por años se sintió lejana, pero que hoy vuelve a tener acento bonaerense.

Después del paso por Brasil, la Fórmula 1 continuará su calendario en Las Vegas, donde Franco buscará seguir sumando experiencia y minutos en pista. Su objetivo, según adelantó su entorno, es cerrar el año consolidando su adaptación a la categoría y llegar al 2026 con el aprendizaje técnico y mental que exige la máxima.

Mientras tanto, su nombre sigue creciendo dentro y fuera de los boxes. Los fanáticos lo siguen en masa, los medios internacionales ya lo comparan con los grandes debutantes de la década y las redes se llenan de banderas argentinas cada vez que se sube al auto.

Colapinto no solo corre; representa. Y cada vez que flamea su bandera en el box, miles sienten que, al menos por un rato, el automovilismo también puede sonar a cancha..

Por momentos, la ficción y la política argentina parecen compartir guionistas. Esta vez, el crossover llegó de la mano de Patricia Bullrich, que lanzó una convocatoria para formar parte del nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una fuerza especial de la Policía Federal destinada a combatir el crimen organizado. Pero lo que más ruido generó no fue la propuesta, sino la estética elegida para promocionarla: un afiche hecho con inteligencia artificial que la muestra señalando con el dedo, al mejor estilo Tío Sam.

¿QUERÉS SER DETECTIVE? TE BUSCAMOS.Nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales del @DFI_Arg de la PFA.Conocé más 👉🏼 https://t.co/pafKyux1ag pic.twitter.com/KMSjifxIeV

“¿Querés ser detective? Te buscamos para el DFI”, dice el cartel con la ministra en versión ilustrada, fondo con bandera argentina y un degradé celeste y blanco digno de postal digital. El gesto, sin embargo, despertó algo más que vocación policial: las redes sociales se llenaron de memes, comparaciones con el clásico I Want You for U.S. Army y alusiones directas a la serie División Palermo, la comedia de Netflix que parodia la seguridad pública y la burocracia criolla.

Entre los comentarios que más circularon estuvo el del propio Santiago Korovsky, creador y protagonista de la ficción, que recogió el guante con ironía:

“Dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola”, escribió en X.

La frase se viralizó en minutos y condensó el espíritu general: la línea entre la parodia y la realidad parece haberse borrado. En la serie, una patrulla urbana “inclusiva” se convierte en un fenómeno mediático más por su torpeza que por su eficacia. En el caso real, el Ministerio de Seguridad parece haber hecho su propio casting, solo que con un cartel reclutador de IA y estética vintage.

Más allá del revuelo en redes, la convocatoria es real. El Departamento Federal de Investigaciones fue creado este año por decreto y depende directamente de la Policía Federal Argentina. Según la cartera de Seguridad, la iniciativa busca atraer a profesionales universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado y los delitos complejos.

El programa contempla nueve meses de entrenamiento intensivo en investigación criminal, tecnología aplicada y práctica policial. Al finalizar, los egresados ingresarán a la PFA con el rango de Subinspector.

Los interesados pueden consultar los requisitos y formularios en el sitio oficial del Ministerio de Seguridad (argentina.gob.ar/seguridad/pfa). Se exige ser argentino nativo o por opción, contar con título universitario, tener hasta 40 años (con posibles excepciones por experiencia), y superar evaluaciones médicas, psicológicas y físicas.

Según el comunicado oficial, la carrera “abre una nueva etapa dentro de la Policía Federal Argentina, dirigida a jóvenes graduados con perfil técnico, ético y operativo, preparados para intervenir en delitos complejos como narcotráfico, cibercrimen, lavado de dinero y trata de personas”.

Pero más allá de los objetivos institucionales, el lanzamiento se convirtió en un fenómeno viral que reavivó el ingenio del público. En pocas horas, el afiche fue reversionado en clave meme: hubo quien reemplazó a Bullrich por el mismísimo Tío Sam, quien la ubicó en un póster de División Palermo y quien completó la consigna con frases como “¿Querés ser meme? Te buscamos”.

El resultado fue una campaña que trascendió cualquier manual de comunicación política. Lo que pretendía ser una invitación solemne terminó funcionando como espejo de una época donde la realidad y la sátira se retroalimentan sin pausa.  En definitiva, la comparación que hizo Korovsky parece cerrar el círculo: si División Palermo nació para parodiar los excesos del marketing institucional, el propio Estado acaba de darle material para una nueva temporada.

Por Gabriela Edith Lorenzo

El resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre dejó al peronismo frente a un nuevo punto de inflexión. En la provincia de Buenos Aires, donde históricamente se define el pulso del movimiento, los números fueron claros: la fuerza oficialista perdió unos 261 mil votos respecto de las primarias del 7 de septiembre. Aunque la derrota nacional se extendió a 18 provincias, en territorio bonaerense la lectura es distinta y merece una mirada más profunda.

Más allá de la foto inmediata, la elección volvió a exponer la interna solapada que atraviesa al peronismo. El desdoblamiento de los comicios fue una decisión resistida por La Cámpora y defendida por el kicillofismo, y los resultados reactivaron las tensiones entre ambos sectores. Esa disputa, que durante meses se intentó mantener bajo control, hoy vuelve a ponerse sobre la mesa con la contundencia de los hechos: resultados electorales, el rol de los intendentes, la conducción del PJ bonaerense y hasta el Presupuesto 2026 que Axel Kicillof  enviará a la Legislatura, forman parte de un combo explosivo que puede detonar la interna, más allá de la voluntad dialoguista y cauta del Gobernador.

Un análisis de la caída de votos que, según de qué lado de la interna se mire y en qué punto se haga el recorte, cambia la perspectiva . Una parte se explica por el padrón de extranjeros que no participa en elecciones nacionales: casi 143 mil sufragios que en septiembre habían acompañado a Fuerza Patria. A eso se suman los votos que se dispersaron entre otras expresiones peronistas, como las de Samid y Fernando Gray, que en conjunto acumularon cerca de dos puntos. Sin embargo, si se comparan los porcentajes históricos, el 40,9% obtenido este año sigue siendo el mejor desempeño del peronismo bonaerense en una elección de medio término desde 2005.

Cinco días después de las elecciones, Cristina Fernández de Kirchner difundió una carta pública en la que reabrió la discusión sobre la estrategia electoral bonaerense. En el texto, calificó el desdoblamiento como “un error político al equivocar la estrategia electoral”, y recordó que ella misma había advertido los riesgos de adelantar los comicios. “Lo dijimos públicamente el 14 de abril ante la decisión del Gobernador de desdoblar la elección provincial”, señaló, en una alusión directa a Axel Kicillof.

A los compañeros y compañeras militantes:En primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones.Al mismo tiempo, con el objetivo…

El mensaje fue respaldado rápidamente por dirigentes y funcionarios vinculados a La Cámpora, incluso por algunos ministros y funcionarios bonaerenses tales como Florencia Saintout, Homero Giles y Juan Martín Mena, y funcionó como una señal de alineamiento. En un peronismo que todavía digiere la derrota, la carta de Cristina operó como un recordatorio de liderazgo en el que quedó claro que, aunque afirma que sigue “sosteniendo el valor de la  unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y  democrática”,  solo será bajo su tutela.

Mientras tanto, el gobernador se reunió con los cuestionados intendentes . Este viernes encabezó un encuentro con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Berazategui. La reunión, que originalmente estaba prevista en la Casa de Gobierno y se trasladó a La Casona del Parque Pereyra Iraola, mostró  que Kicillof cuenta con su propia tropa para consolidar una base política en el territorio.

Los jefes comunales, muchos de ellos con tensiones latentes con Máximo Kirchner, le expresaron su apoyo y le pidieron que se posicione de cara a 2027.  Según fuentes presentes en La Casona, el Gobernador habría confirmado sus intenciones de ponerse el traje de candidato presidencial. Aunque con dos años de gestión provincial por delante, la prioridad pasa por la aprobación del Presupuesto 2026 para lo que tendrá que negociar con los otros sectores sin abrir un frente de batalla.

“No buscamos fortalecer nuestro sector a partir de pisotear a otros”, declaró el ministro Carlos Bianco tras el encuentro, en una frase que condensa la línea que el Ejecutivo intenta mantener.

La prioridad de Kicillof pasa ahora por el Presupuesto 2026 que, según trascendidos puede que sea presentado este lunes a las 14.30 en el Salón Dorado de la Gobernación. Será su primera gran jugada política tras las elecciones y el eje sobre el cual se definirá buena parte de su margen de maniobra.

El Ejecutivo busca aprobar una Ley de Presupuesto en conjunto con otras medidas como la aprobación del financiamiento para el pago de intereses de deuda que dejó María Eugenia Vidal, mientras que la oposición pide que el Gobernador ponga en juego los cargos en la Corte Suprema y en el Banco Provincia. 

Estas presiones ponen a Kicillof en situación de sostener las tensiones internas, por lo menos hasta obtener luz verde en sus proyectos. Cabe destacar que, si bien a partir del 10 de diciembre el peronismo contará con quórum propio en la cámara alta, deberá negociar con camporistas y massistas.

También trascendió que los intendentes del MDF acompañarán al Gobernador cuando presente el Presupuesto 2026, al tiempo que emitirán un comunicado conjunto para respaldarlo. No solo será una foto de apoyo político, sino también una advertencia al resto del peronismo bonaerense: la gestión se defiende con territorio, no con declaraciones.

El gobernador camina con cuidado en un terreno minado. A diferencia de otros mandatarios provinciales, Kicillof no puede permitirse un enfrentamiento directo con La Cámpora mientras depende del voto de sus legisladores para aprobar el Presupuesto. Su desafío inmediato es doble: mantener la gobernabilidad sin ceder autonomía y evitar que el conflicto interno se traduzca en parálisis institucional.

Detrás del ruido político, persiste el reclamo estructural del peronismo bonaerense: la necesidad de una interna real y participativa, que ordene el mapa y redefina liderazgos antes de 2027. En ese sentido, los resultados del 26 de octubre no solo mostraron una pérdida de votos, sino también la urgencia de abrir un debate de fondo.

No hubo fraude ni conspiraciones, hubo una elección legítima y un mensaje claro. Si el peronismo logra leerlo sin buscar culpables, quizás encuentre en esa autocrítica la clave para volver a reconstruirse desde la base, con la provincia otra vez como escenario principal. Para esto, el espacio deberá dejar de lado la mirada nostálgica que envuelve sus propuestas y legitimar a sus dirigentes con una apoyo real y concreto de la militancia, superando la lógica de los candidatos elegidos a dedo que tan malos resultados le han dado en las contiendas electorales de los últimos años.

La Legislatura bonaerense atraviesa un compás de espera política tras el parate generado por la campaña electoral y con la mira puesta en el resultado de las elecciones nacionales del 26 de octubre. Los acuerdos se reacomodan y los bloques esperan señales para definir si antes de fin de mes habrá nueva sesión.  El último antecedente en el recinto fue el 2 de octubre, cuando el Senado volvió a sesionar después de 100 días de inactividad.

Aquel día, el oficialismo intentó avanzar con el proyecto de endeudamiento por USD 1.045 millones solicitado por Axel Kicillof, pero no consiguió los dos tercios necesarios para habilitar el debate . Desde entonces, la negociación por la “ley corta” de refinanciación de la deuda quedó en punto muerto, trabada tanto por la falta de consenso con la oposición como por las diferencias internas en el peronismo.

Mientras el Ejecutivo insiste en que necesita esos fondos para financiar obras y cubrir obligaciones heredadas, La Cámpora y otros sectores del oficialismo prefieren no ceder margen político sin contrapartidas, y los intendentes presionan para que se aseguren fondos municipales fijos dentro del esquema. 

En paralelo, la oposición condiciona su apoyo a la negociación del Presupuesto 2026 y a cargos en la Suprema Corte y el Banco Provincia.  Aunque el Gobernador busca mostrar solvencia fiscal y capacidad de pago, su proyecto enfrenta resistencias cruzadas que lo obligan a mantener abiertas todas las líneas de negociación.

Aun en medio del parate legislativo, la actividad política no se detiene. En los últimos días ingresaron dos iniciativas que exponen tensiones en todos los frentes.

Por un lado, la senadora Sofía Vannelli, la massista que forma parte del bloque de Fuerza Patria, presentó un proyecto de declaración para instar al Congreso de la Nación a conformar una Comisión Bicameral de Investigación sobre el envío de oro del Banco Central a Londres, dispuesto por el gobierno de Javier Milei en 2024. La propuesta busca esclarecer el destino de las reservas, el volumen transferido y las condiciones de custodia bajo las que quedaron en el exterior.

Vannelli sostuvo que el traslado del oro —valuado en casi USD 5.000 millones— carece de información pública suficiente y que la Auditoría General de la Nación denunció obstáculos para acceder a los datos del BCRA. “El oro es patrimonio público: su administración exige transparencia y rendición de cuentas”, advirtió la legisladora.

Del otro lado, la diputada radical Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal) presentó un pedido de informes al gobierno bonaerense para que detalle la situación actual del IOMA, los mecanismos de control presupuestario y las prestaciones suspendidas durante 2024. El proyecto solicita detalles sobre la cantidad de denuncias de afiliados  por presuntos sobreprecios en cirugías y  cobro de diferencial en consultas, la cantidad de médicos que dejaron de atender y los montos que perciben los profesionales de salud.

Malaisi apuntó contra el titular del IOMA, Homero Giles, por “esquivar” los pedidos de interpelación. “La situación no puede recaer en los bolsillos de los bonaerenses”, reclamó. La oposición ya había intentado en otras oportunidades citar al funcionario a la Legislatura, pero sin éxito.

Mientras los grandes acuerdos se dilatan, en los despachos legislativos avanzan iniciativas de fuerte impacto social. Una de ellas busca incluir a los docentes en el régimen del Boleto Educativo Gratuito, ampliando la Ley 14.735. El proyecto, presentado por Martín Rozas (Unión y Libertad), propone que el beneficio alcance a todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas con aportes estatales.

El texto subraya que la gratuidad de la educación “no se limita al no arancelamiento” y que el costo del transporte representa un obstáculo para muchos docentes que se trasladan entre varios establecimientos. Como antecedente, cita la experiencia de Córdoba, donde el boleto gratuito incluye a estudiantes y trabajadores de la educación.

Otra propuesta que promete debate pertenece al diputado Guillermo Castello (La Libertad Avanza), quien impulsa una modificación a la Ley 11.420 para restringir los fondos destinados a cooperativas de trabajo integradas por personas con discapacidad, exadictos y otros sectores vulnerables. Según el legislador, los subsidios actuales “pueden ser utilizados para desviar fondos”, por lo que pretende que los aportes se limiten a partidas expresamente aprobadas en el Presupuesto.

El planteo generó rechazo entre sectores cooperativistas, ya que el gobierno provincial mantiene programas como “Cooperativas en Marcha” y los Centros de Acompañamiento Sociocomunitario (CASA), orientados a la inclusión y la capacitación laboral.

También avanza, con dictamen en la Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado, la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, impulsada por el Ejecutivo bonaerense, que propone la creación de un “INCAA bonaerense” y un fondo de fomento de $675 millones. El proyecto ya cuenta con media sanción y deberá atravesar más comisiones antes de llegar al recinto.

Por último, un proyecto de la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal) propone que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tenga validez permanente en los casos de afecciones irreversibles, alineando la normativa provincial con la ley nacional 27.711. La iniciativa busca evitar que las personas con discapacidad deban renovar periódicamente un certificado que acredita una condición que no cambia con el tiempo.

Con las elecciones en el horizonte inmediato y un escenario político en plena reconfiguración, la Legislatura bonaerense se encamina a un cierre de año intenso. El endeudamiento, los pedidos de informes y las nuevas iniciativas sociales delinean una agenda variada y cargada de tensiones en las próximas sesiones, mientras se espera que el Ejecutivo presente el Presupuesto 2026. Todo indica que, una vez que pasen las urnas, los debates se reactivarán con fuerza y la negociación volverá al centro de la escena.

Axel Kicillof volverá a mostrarse junto a la CGT el lunes 20 de octubre, en un acto en La Plata que marcará el cierre de la campaña de la central obrera y de Fuerza Patria y el punto más alto de su acercamiento al sindicalismo. Allí estará toda la plana mayor de la conducción nacional cegetista, con Héctor Daer, Hugo Moyano y Carlos Acuña al frente, y se espera la participación de intendentes, candidatos y referentes gremiales de todo el país.

Ese día, además, se anunciará la iniciativa de ponerle el nombre de José Ignacio Rucci, histórico líder de la CGT, a una calle de la capital bonaerense, con la presencia del intendente Julio Alak. El gesto no es menor: Rucci simboliza el puente entre el movimiento obrero y el peronismo político, vínculo que Kicillof intenta reforzar como base de sustentación frente al avance de Javier Milei al tiempo que conforma bases para su espacio dentro de la interna que divide las aguas del peronismo

El acto del 20 será el cierre de un operativo territorial que la CGT organizó junto al Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, uno de los nexos más firmes entre el gobierno provincial y las estructuras gremiales.Durante octubre, las regionales de la CGT y las CTA realizaron encuentros en Mar del Plata, Moreno y Lomas de Zamora, con participación de dirigentes nacionales y candidatos como Huguito Moyano ( compite para diputado nacional en el noveno lugar de Fuerza Patria) , Sergio Palazzo y Vanesa Siley. Todos ellos integran la lista de Fuerza Patria y representan el desembarco sindical más fuerte en una boleta desde 2019.

La foto de Kicillof con los Moyano y Daer, difundida días atrás, selló la estrategia común: “Nos reunimos para seguir trabajando unidos en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, publicó Daer en X. En un contexto de deterioro salarial y ajuste fiscal, el gobernador bonaerense busca consolidar al movimiento obrero como un bloque de resistencia tanto en el Congreso como en la calle.

El alineamiento con la CGT también responde a la coyuntura nacional. Mientras el presidente Javier Milei avanza con su proyecto de reforma laboral y previsional, Kicillof intenta capitalizar el malestar del sindicalismo, que acusa al Gobierno de querer “precarizar aún más el trabajo formal” bajo argumentos tales como el de combatir “la industria del juicio”.

En ese escenario, el mandatario bonaerense promueve un discurso de confrontación política y económica, presentando a su administración como un contrapeso de los efectos del modelo libertario. “El desafío no es solo resistir, sino construir una alternativa”, repiten cerca del gobernador, en línea con la apuesta de Daer de tejer un armado peronista plural para 2027.

En paralelo, la CGT atraviesa su propia interna. El próximo 5 de noviembre elegirá autoridades en medio de  negociaciones para reemplazar al actual triunvirato que integran Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. En tanto que Daer dejaría su lugar como secretario General del sindicato, en miras a buscar un lugar estratégico en la Secretaría de Interior, que hoy está en manos Abel Furlán, de la UOM.

Kicillof lo respalda. Sabe que necesita del sindicalismo como soporte político y territorial ante un Congreso adverso y una oposición que buscará condicionar sus proyectos de endeudamiento y presupuesto en la Legislatura. En ese contexto, Daer, Moyano y Correa aparecen como figuras que garantizan músculo y presencia en los gremios y en los territorios.

Las elecciones del 26 de octubre no solo definirán el futuro parlamentario de Kicillof, sino también el equilibrio interno del peronismo. El gobernador buscará emerger como referente nacional de un nuevo espacio poskirchnerista, mientras La Cámpora intentará conservar influencia en el Congreso y en la conducción del PJ Nacional.

Entre ambos polos, el sindicalismo se proyecta como la tercera pata del poder peronista. Con su capacidad de movilización y sus cuadros insertos en el Estado, la CGT busca consolidarse como actor estratégico en la disputa que se abrirá tras los comicios.

En esa reconfiguración, Kicillof apuesta a sostener el vínculo con los gremios y con los intendentes que lo acompañan desde el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, su espacio político propio. Ambos sectores —los sindicatos y los jefes comunales— son hoy los pilares de un proyecto que apunta más allá del cierre de campaña: la carrera hacia 2027.

Este jueves, tras 100 días  sin actividad, el Senado bonaerense retomó las sesiones con la intención de avanzar sobre la “ley corta” de refinanciación de la deuda externa provincial. Sin embargo, el oficialismo no consiguió los dos tercios requeridos para darle tratamiento al proyecto. La labor parlamentaria se interrumpió con un cuarto intermedio que duró algo más de dos horas y sin embargo no alcanzó para que Verónica Magario reuniera las voluntades necesarias para avanzar con el tema,  por lo que la sesión se llevó a cabo  dejando en suspenso la aprobación de un endeudamiento que el Ejecutivo considera prioritario.

Desde temprano se registró intensa “rosca” política entre bloques. La falta de consenso dejó fuera del temario central el proyecto de Axel Kicillof, pese a que el bloque de Unión por la Patria estaba dispuesto a participar del debate. La realidad es que legisladores tanto de la oposición como del propio peronismo reclaman que cualquier autorización de deuda forme parte de una negociación más amplia, que incluya cargos en organismos provinciales, la Suprema Corte y el Banco Provincia.

La interna del peronismo y la presión de distintos sectores complican la estrategia del gobernador. En el bloque de Unión por la Patria, predominan legisladores alineados con Cristina Fernández de Kirchner, quienes buscan que no se otorgue al Ejecutivo control total sobre los recursos y decisiones estratégicas. La Cámpora, en particular, considera que aprobar el endeudamiento sin contrapartidas políticas significaría ceder poder dentro de la interna.

Por su parte, la oposición reclama que la autorización de deuda se vincule con el Presupuesto 2026 y con acuerdos sobre cargos en el Banco Provincia y la Suprema Corte, donde actualmente hay vacantes clave. Los intendentes, especialmente los alineados con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), presionan para garantizar fondos fijos y previsibles, en lugar de montos atados a porcentajes de la deuda.

El proyecto original contempla que el 8% de la deuda se destine al Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, un punto que ha generado resistencia por parte de los jefes comunales. Además, el Ejecutivo justifica la deuda tanto para afrontar pagos pendientes de la gestión Vidal como para financiar obras de infraestructura ante la reducción de transferencias nacionales.

El traspié en el Senado ocurre en un contexto de intensa interna partidaria y electoral. A menos de un mes del triunfo de Fuerza Patria en septiembre, Kicillof visitó el domicilio de Cristina Fernádez  en San José 1111  y aunque no trascendió su la agenda parlamentaria estuvo en el temario del encuentro, todo indicaría que no dado el traspié de este jueves en la Cámara Alta.  En este contexto, parece que ni la reunión ni la victoria electoral han logrado despejar la tensión con el kirchnerismo ni con los sectores internos del peronismo que buscan mantener poder territorial y político.

Mientras Kicillof busca presentar su imagen como un gobernador “pagador responsable” y garante del cumplimiento de la deuda provincial, distintos sectores de la oposición y del peronismo ponen condiciones para acompañar el proyecto. La estrategia del oficialismo, de fondo, es negociar a varias bandas: lograr los dos tercios en el Senado y replicar el acuerdo en la Cámara de Diputados, donde tampoco están garantizados los apoyos necesarios.

El pedido de Kicillof enfrenta múltiples obstáculos:

Este escenario vuelve incierta la aprobación de la “ley corta” antes de los comicios. El gobernador deberá seguir negociando, no solo para obtener los votos necesarios, sino también para equilibrar los intereses internos y externos, entre la necesidad de financiamiento y la puja por el poder político.

La situación adversa en el Senado anticipa un camino complejo en Diputados y marca que, a pesar de la victoria electoral, Kicillof no tiene luz verde automática para avanzar con su endeudamiento. La negociación se perfila como un proceso clave para destrabar no solo la deuda, sino también la política interna del peronismo bonaerense y la relación del Ejecutivo con la oposición, en un contexto donde cada decisión tiene impacto directo en la campaña electoral y en el poder territorial de los distintos actores provinciales.

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, lanzó en las últimas horas un spot en inglés que busca seducir a viajeros internacionales. Con imágenes de paisajes icónicos de norte a sur, la pieza dura 1 minuto 38 segundos y está subtitulada en castellano. La placa final cierra con la leyenda “Visit Argentina”, reforzando la impronta de campaña global.

“Argentina te espera, con libertad para vivirla a tu manera. La libertad se siente en cada paisaje y en cada experiencia”, escribió Scioli en X al difundir el video en un posteo que fijó en su perfil.

La narrativa audiovisual insiste en la idea de “libertad” como diferencial de la experiencia turística en el país: “En Argentina eres libre de elegir todo. Libre de perderte en la vastedad, libre de disfrutar sabores que sorprenden, libre de encontrar confort en hoteles de clase mundial”, se escucha en el relato. Incluso, se subraya que la palabra libertad está en el Himno Nacional “tres veces: libertad, libertad, libertad”.

Argentina te espera, con libertad para vivirla a tu manera.La libertad se siente en cada paisaje y en cada experiencia. Desde el fin del mundo hasta las alturas del norte, nuestro país te invita a elegir tu propio camino. pic.twitter.com/LqBPSvcwoT

Más allá de lo estrictamente turístico, la elección del idioma y el mensaje genera lecturas políticas: ¿se trata de un simple guiño para atraer visitantes extranjeros o un gesto hacia el nuevo alineamiento internacional del Gobierno libertario?

El lanzamiento del spot coincidió con la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada este sábado en el predio de La Rural, en Palermo. Allí Scioli compartió escenario con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Estamos moviendo el turismo interno y aumentando el turismo receptivo”, aseguró Scioli y remarcó la competencia con Brasil por atraer visitantes en temporada alta.

Con este trasfondo, el spot en inglés parece reforzar la apuesta a conquistar turistas del exterior en un momento en que el Gobierno busca mostrar a la Argentina como destino atractivo para las inversiones y el turismo global.

El video no se da en un vacío. Llega en medio de las intensas negociaciones del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, que incluyen un posible acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares para estabilizar la liquidez del país.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, habló de “apoyo pleno” a las reformas económicas argentinas y de un eventual paquete que podría incluir compra de bonos y créditos contingentes. En paralelo, Donald Trump celebró públicamente a Milei y calificó de “fantásticas” sus reformas.

El anuncio también despertó suspicacias: desde posibles cesiones de soberanía hasta condiciones sobre el litio y los vínculos con China. La embajada china incluso salió a cruzar declaraciones de Bessent, que había tildado de “rapaces” algunos acuerdos firmados con Beijing. El Gobierno argentino, por su parte, negó cualquier “entrega” de recursos estratégicos y aclaró que no hubo cláusulas ocultas en las conversaciones.

En este escenario, un spot que muestra la “libertad” argentina en inglés y dirigido al mundo anglosajón puede leerse también como parte del nuevo clima político-económico. Una señal blanda, turística, pero no exenta de simbolismo.

Scioli, con pasado de embajador en Brasil y figura acostumbrada al juego diplomático, eligió esta vez un lenguaje turístico que parece exceder las fronteras del marketing. El concepto de libertad, tan vinculado al discurso del presidente Milei, aparece en el centro del relato.

El spot cumple la función clásica de promover el país como destino, pero también deja flotando un interrogante: ¿es simplemente una invitación a recorrer Argentina o una puesta en escena de la apertura política y económica hacia Estados Unidos y Occidente?

La Legislatura bonaerense comenzó esta semana a armar una mesa de trabajo con industriales, en un contexto en el que la producción volvió a caer y la recuperación se sigue postergando. La comisión de Industria y Minería del Senado, presidida por Sergio Vargas (Unión y Libertad), recibió a referentes empresarios que reclamaron alivio fiscal y reformas en la Justicia Laboral para sostener la competitividad.

En simultáneo, la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó su informe mensual, que reflejó una contracción del 3% interanual en agosto y advirtió que la baja de la demanda interna y la presión de los costos están golpeando con fuerza a varios sectores productivos.

La reunión en la Cámara alta contó con la presencia de Eugenia Ctibor (vicepresidenta ejecutiva de la Unión Industrial del Gran La Plata), Mariano Mayo (secretario de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires) y Romina Vargas (Grupo Vargas).

Los industriales plantearon que la coyuntura es “compleja” y pidieron avanzar con iniciativas que reduzcan la carga tributaria y con mecanismos alternativos de conciliación laboral, similares al SECLO nacional, para resolver conflictos sin llegar a juicio.

“Necesitamos consensos para salir adelante en esta situación complicada. Hay rubros como la minería y la energía que traccionan, pero otros están amesetados, como la construcción y el textil”, explicó Ctibor.

El relator de la comisión, Ignacio De Jáuregui, subrayó que la agenda será sostenida en el tiempo: “Los senadores visitaremos industrias, recibiremos a cámaras y trabajaremos con equipos técnicos para convertir los planteos en proyectos legislativos. No podemos cambiar la macroeconomía, pero sí destrabar regulaciones provinciales que hoy limitan la producción”.

En ese marco, la comisión dejó en estudio un proyecto de Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) para actualizar la Ley 13.744, que regula los agrupamientos industriales, y debatió declaraciones de interés legislativo vinculadas a ferias y exposiciones productivas.

Mientras la política busca respuestas, la industria no muestra señales de recuperación. Según la UIA, la actividad fabril cayó un 3% interanual en agosto y acumula un retroceso promedio del 10% en lo que va de 2025 frente a 2022 y 2023.

El golpe más fuerte volvió a sentirlo la construcción: los despachos de cemento bajaron 9% y el índice Construya retrocedió 8,6%. También retrocedieron el patentamiento de maquinaria (-13%), la producción de autos (-7%) y la metalmecánica (-2,3%).

La UIA resaltó que la caída de la demanda interna es la principal preocupación del sector (40,1%), agravada por la competencia de importados y el encarecimiento del crédito. Además, el 24,4% de las empresas redujo personal, el valor más alto de la serie.

En contraste, algunos segmentos lograron sostenerse, como la refinación de petróleo, la industria aceitera y la producción de motos, que creció al calor de los planes de cuotas.

El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA se ubicó en 45,3 puntos, por debajo del umbral de expansión, y marcó una caída en las expectativas empresarias. Cada vez menos firmas creen que la situación pueda mejorar en el corto plazo.

En ese escenario, el Senado bonaerense apuesta a construir una agenda legislativa con los industriales que pueda traducirse en proyectos regulatorios para aliviar la coyuntura. Aunque la macroeconomía exceda las competencias provinciales, el objetivo es ganar margen para sostener la producción y el empleo en territorio bonaerense.

La investigación por el brutal triple femicidio narco en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la detención de Ariel Giménez, un joven argentino de 29 años, acusado de participar en el encubrimiento de los crímenes. Fue interceptado por la Policía Bonaerense cuando regresaba a su casa en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la causa, Giménez no integró el grupo que habría secuestrado y asesinado a las víctimas, pero tuvo un rol clave: cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso se había desprendido de su celular tras hacerse público el crimen, lo que impidió que fuera alertado sobre los allanamientos en su vivienda. Por eso, fue sorprendido por los efectivos en las inmediaciones de su domicilio.

Con Giménez ya son seis los detenidos en el expediente. Antes habían sido apresados Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18), Magalí Celeste González Guerrero (28), todos en Argentina, y Víctor Sotacuro Lázaro, capturado en Villazón, Bolivia.

El foco de la investigación ahora está puesto en Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el principal autor del triple femicidio. La Justicia solicitó a Interpol una notificación roja para su captura internacional.

El documento internacional lo acusa de haber actuado junto a un grupo de personas de manera coordinada, con violencia extrema y ensañamiento contra las jóvenes, aplicando golpes, patadas y cortes con armas blancas antes de enterrarlas en una vivienda de la calle Chañar al 700.

Por estos hechos, “Pequeño J” enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, violencia de género y concurso premeditado, con una pena que podría llegar a los 35 años de prisión.

Juan Grabois volvió a sacudir la campaña electoral con declaraciones explosivas. En Pergamino, la ciudad natal de José Luis Espert, lo acusó de ser parte de una organización narco y de haberse enriquecido a partir de su participación en el narcotráfico.

“Estamos llegando a ser un Estado fallido, un Estado narco-criminal. Este es el territorio en el que surge un integrante de la organización criminal narco más importante de la Argentina: José Luis Espert. Es integrante de una organización narco comandada por Fred Machado, una organización originaria de Texas, y ese hombre es el primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Por eso Pergamino tiene una importancia para nosotros acá, simbólica muy fuerte”, lanzó el dirigente de Patria Grande.

Grabois fue todavía más lejos al insistir en que Espert no es un simple dirigente opositor, sino que tiene un rol activo en las redes criminales:

“Ese hombre, lamentablemente para los pergaminenses, sale de aquí. Es el primer candidato, ese hombre es parte de los narco bombardeos que se ven acá, que todos ustedes saben. Ese hombre es parte de los que se ha beneficiado siendo el candidato del narcotráfico de Fred Machado y ese hombre se ha vuelto multimillonario a partir de su integración en una organización criminal".

Y eso la gente de Pergamino, que conoció la historia, tiene que hablar: tiene que hablar de las avionetas, tiene que hablar de lo que pasó acá porque es importante para todo el país”.

Consultado por la prensa sobre el brutal triple femicidio ocurrido el viernes en Florencio Varela, Grabois no dudó en marcar la relación entre la violencia narco y la vulnerabilidad social. 

“El triple femicidio, porque hay que plantearlo con todas las letras, es un femicidio porque es un crimen narco contra mujeres, muy jóvenes, que podrían ser nuestras hijas y nuestras hermanas."

"En una sociedad donde no hay oportunidades, hacen lo que pueden para sobrevivir. Y en ese contexto, por su condición de vulnerabilidad, las mataron. Eso es parte de la penetración de la narcoestructura y sería vil decir que eso es culpa de Milei. No, no está bien, no es verdad. Hay una estructura de abandono más profunda”, afirmó.

Con un tono que mezcló denuncia y apelación emotiva, agregó: “Hay que tener claro y sentir en el corazón que cada una de esas vidas y las torturas que recibieron esas chicas nos la hicieron a cada uno de nosotros, y se la están haciendo a nuestra patria”.

En ese marco, el dirigente aquí sí señaló el ajuste de la administración nacional y apuntó directamente a la destrucción de las políticas públicas de inclusión y prevención y el desfinanciamiento de mecanismos y acoeres del Estado que, aunque pudiera resultar insuficientes, funcionaban como un dique de contención frente al avance narco:

“Las políticas del Sedronar, las de lucha contra las adicciones, las de permanencia en las instituciones educativas, como las becas Progresar, todo ese tipo de políticas, de mejoramiento de los barrios… todo eso lo han destruido. Y todo eso no resolvía, pero era la última barrera de contención contra el avance del narcotráfico”.

Grabois cerró con un fuerte denuncia que conecta el crimen organizado con la crisis social y política: “Para mí las cosas no son casualidad. Para mí no es casualidad que exista narcopolítica en la provincia de Buenos Aires, que la encara y que la simboliza Espert, y que al mismo tiempo se destruyan las políticas públicas". 

Y en esa línea, concluyó con una reflexión: "Pero en todo caso, nosotros tenemos que comprender que para que estas cosas no pasen, para que el narcotráfico no sea poder en el territorio argentino, tiene que haber un tejido social que permita que no nos roben a esos pibes. Y eso, con un gobierno cruel, con un gobierno de abandono, con un gobierno de insensibilidad, es muy difícil”.

Miles de personas se movilizaron este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias del país para reclamar justicia por el triple femicidio de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). La concentración central, convocada por el colectivo Ni Una Menos, marchó de Plaza de Mayo al Congreso bajo la consigna “Ni una menos. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”.

El crimen de las tres jóvenes , transmitido en redes sociales por sus autores, generó conmoción nacional y un fuerte reclamo contra el Estado por su falta de respuestas. Las familias de Brenda, Morena y Lara encabezaron la movilización en la capital, mientras que en ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán, San Juan y Bariloche también se replicaron protestas.

Los familiares de las víctimas denunciaron la demora de la policía bonaerense en activar la búsqueda: “Tardaron 48 horas en empezar a buscarlas y nunca activaron la alerta Sofía por la menor”, señaló Antonio, abuelo de Morena y Brenda.

“Yo necesito una verdad para mi hijo, para mi otra hija, para mi yerno. Nadie sabe lo que eran Brenda y Morena. Morena era una chispita, y Brenda era más cariñosa, ella siempre me decía, Brenda decía, yo te voy a llevar la manija adelante y ayer pasó lo contrario yo tuve que llevar la manija de mi dos nietas”.

Su nieto Federico añadió: “Esto no es solo un tema municipal o provincial, es un tema nacional y va más allá también”.

En paralelo a la marcha nacional, la familia de Brenda y Morena convocó a una movilización este domingo en La Matanza, con punto de encuentro en la rotonda de La Tablada. “Queremos que la gente conozca quiénes eran. La sociedad las está señalando, pero vamos a demostrar quiénes somos”, expresó Federico, primo de las víctimas.

El crimen reavivó la discusión sobre su calificación. Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia, quien convocó a la marcha, sostuvo: “El mundo narco es profundamente violento. Y acá hubo un ensañamiento en los cuerpos de las mujeres. Esto solo lo habíamos visto en películas o series. Nos consterna porque no teníamos estas escenas en la Argentina: el cuerpo de las mujeres se usó como mensaje, con transmisión en vivo del horror”.

La funcionaria remarcó: “Aunque se dé en un contexto narco, se trata de un femicidio: el mensaje y el ensañamiento fueron contra los cuerpos de mujeres”.

Además de la movilización central en el Congreso, se realizaron marchas en todo el país. En Córdoba, la concentración fue en avenida Colón y Cañada; en Rosario, partió de la Facultad de Ciencias Médicas hacia Plaza San Martín; y en Tucumán, la consigna “Paren de matarnos” reunió a miles en la Plaza Independencia.

El Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven advirtió que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 164 asesinatos a mujeres en la Argentina: casi un femicidio por día.

Con la consigna “Por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan”, el movimiento feminista volvió a ganar las calles. La masividad de las marchas expuso un mensaje unificado: el reclamo de justicia, la exigencia de responsabilidad estatal y el compromiso de mantener viva la memoria de las víctimas.