El estado de los caminos rurales volvió a generar preocupación en los productores frutihortícolas de General Pueyrredón. Si bien las bajas temperaturas retrasan el crecimiento de algunos cultivos, advierten que el principal problema del invierno es el deterioro de la infraestructura vial, agravado por la humedad persistente y la falta de obras.

El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas, Ricardo Velimirovich, explicó que las variedades sembradas durante esta época del año toleran el frío, aunque las condiciones climáticas impiden avanzar con la preparación de los suelos para la próxima temporada.

Sin embargo, el foco de la preocupación está puesto en los caminos rurales. "Hay algunos caminos que ya son totalmente intransitables", aseguró el dirigente al describir el estado de los accesos en distintas zonas productivas en diálogo con Extra FM 102.1.

Velimirovich remarcó que las dificultades no solo afectan el traslado de la producción, sino también la vida cotidiana de quienes viven en el campo. "Tenemos que salir a llevar a los chicos a la escuela o ir al almacén y la humedad permanente hace que cada vez sea peor", sostuvo.

Según explicó, desde hace años los productores reclaman obras de mantenimiento, pero las respuestas oficiales no cambian. "El personal está, pero las máquinas no", resumió, al señalar que los productores continúan abonando una tasa municipal específica destinada justamente al mantenimiento de los caminos, cuyo valor además "sigue aumentando".

A la problemática vial se suma la preocupación por un eventual regreso del fenómeno de El Niño, que podría traer un incremento de las precipitaciones. En ese contexto, el dirigente advirtió que la falta de obras hidráulicas representa un riesgo adicional para la actividad.

Velimirovich sostuvo que desde hace años reclaman la limpieza de arroyos y canales, al tiempo que cuestionó la ausencia de una planificación hidráulica que acompañara el crecimiento urbano registrado en distintos sectores del distrito.

Además, explicó que la situación excede al cordón frutihortícola, ya que el recorrido del agua también impacta sobre la ciudad.

Con escaso margen económico para afrontar nuevas inversiones, los productores consideran que una inundación agravaría aún más el panorama. Por ese motivo, la Asociación trasladó la preocupación al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense con el objetivo de concretar una reunión con el área de Hidráulica provincial.

En ese sentido, cuestionaron que el Municipio atribuya la responsabilidad exclusivamente a la Provincia sin promover una mesa de trabajo conjunta.

Para el dirigente, el problema hidráulico y el deterioro de los caminos están directamente vinculados. "El tema hidráulico es el que rompe las calles. No se rompen por el tránsito, sino porque el agua corre por arriba", afirmó, al reclamar un plan integral de obras.

En contraste con los reclamos por infraestructura, Velimirovich destacó avances en materia de seguridad rural. Valoró la mejora en la coordinación con las fuerzas policiales, que permitió una respuesta más rápida ante distintos hechos delictivos.

Aunque reconoció que todavía faltan más patrulleros, consideró positivo el trabajo conjunto. "Siempre es positivo sentarnos a dialogar y buscar, con lo que hay, una pre-solución", concluyó.

La empresa Boglich inauguró una nueva sede como concesionaria oficial de John Deere en la ciudad de Bolívar, en un acto que contó con la presencia del directorio de la compañía y de sus principales directivos.

Con esta apertura, la firma refuerza su presencia en la provincia de Buenos Aires y amplía su capacidad para atender las necesidades de los productores agropecuarios de Bolívar y de toda la región.

La nueva concesionaria ofrecerá venta de maquinaria agrícola, repuestos originales, servicio técnico especializado y soluciones de agricultura de precisión, con el objetivo de brindar un servicio integral al sector.

Desde la empresa destacaron que la inauguración representa un nuevo paso en su plan de crecimiento y consolida el vínculo de Boglich con una de las principales zonas productivas de la provincia.

En Tres Arroyos se llevó adelante la primera capacitación destinada a la obtención del carnet habilitante para el uso agrícola de drones, una herramienta que cada vez gana más presencia en la producción agropecuaria por su aporte a la eficiencia, la precisión y la sustentabilidad.

La actividad contó con una importante participación de productores, técnicos y profesionales del sector, y fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una política orientada a incorporar nuevas tecnologías al ámbito productivo y promover su uso seguro y responsable.

Durante la jornada estuvieron presentes el director de Innovación Tecnológica del Ministerio, Emiliano Cuciuffo, y el director de Fiscalización y Sanidad Vegetal, Adolfo Caamaño, junto a referentes de la cartera agraria bonaerense.

También participaron la directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow, Natalia Carrasco, y la directora de Producción de la Municipalidad de Tres Arroyos, Margarita Tourn, quienes destacaron la importancia de generar instancias de formación para mejorar los procesos productivos.

Desde el municipio se valoró la realización de este tipo de capacitaciones en el distrito, al considerar que fortalecen el vínculo entre el Estado, las instituciones técnicas y el sector agropecuario.

Según publicó Radio Claromecó FM 106.9, la jornada dejó en evidencia el creciente interés por la incorporación de tecnologías aplicadas al campo y reafirmó el compromiso de seguir impulsando instancias de capacitación para acompañar la modernización del sector.

La localidad de Baradero se prepara para la llegada de una nueva empresa del rubro de maquinaria agrícola e industrial, considerada una de las más importantes del mundo.

Se trata de Pampa Maquinarias S.A., vinculada a la multinacional china Zoomlion, que instalará en la zona lo que será su planta principal en Argentina.

El proyecto se desarrollará en un loteo ubicado sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 143, y estará a cargo de la empresa constructora ABAV, con sede en San Pedro.

El arquitecto Gastón Trani, responsable de la obra, explicó que el complejo funcionará como un centro de venta y exhibición de maquinaria pesada.

“Es la empresa Zoomlion que se instala en Argentina y la de Baradero sería la planta principal”, señaló en declaraciones al medio local Tu Radio Baradero.

Además, detalló que el espacio estará orientado a la comercialización de tractores, grúas y maquinaria de elevación.

Según indicó, el proyecto surgió tras un proceso de selección entre distintas propuestas de la región. “Participamos y competimos con otras empresas de la provincia y nos tocó a nosotros”, afirmó.

Sobre la elección del lugar, explicó que Baradero fue seleccionado por su ubicación estratégica dentro del corredor de la Ruta 9, en competencia con localidades como Ramallo y San Pedro.

“Es una nave industrial adaptada a la venta, con una vidriera al frente y un sector de exposición”, precisó.

En cuanto a la proyección de la firma, sostuvo que se trata de una compañía de escala global. “Está entre las tres empresas más grandes del mundo en el rubro”, aseguró.

El cronograma de obra prevé un plazo de entre seis y ocho meses para su finalización.

Por último, si bien no se precisó la cantidad exacta de puestos de trabajo que se generarán, desde el proyecto destacaron que la llegada de la empresa tendrá un impacto directo en el empleo local. En ese sentido, adelantaron que se prevé la incorporación de trabajadores de Baradero y San Pedro, tanto en la etapa de construcción como en el funcionamiento de la planta, lo que abre expectativas sobre la demanda laboral en la región. “Van a tomar empleados de la zona”, remarcó.

La Sociedad Rural de Cañuelas y el Gobierno municipal, que lidera Marisa Fassi, formalizaron un convenio donde los productores podrán encargarse de la reparación y mantenimiento de los caminos rurales a cambio de descuentos significativos de hasta un 75% en el importe de la tasa de Red Vial.

La iniciativa contó con la participación de la intendenta Fassi y el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz, por el sector público; mientras que Manuel Córdoba de la Vega, Ismael Goñi y Hernán Bustos asistieron en representación de la entidad ruralista.

Según informó El Ciudadano, el partido de Cañuelas posee una extensa red que supera los 800 kilómetros de caminos rurales. La falta de contraprestación municipal y el consecuente bache financiero habían configurado un escenario crítico, con una morosidad estimada que ronda el 90%, generando un “círculo vicioso”, según palabras de Hernán Bustos, productor local y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Cañuelas, al que ahora se intenta dar un corte

Ante la ecuación de que "el productor no paga porque el municipio no hace, y el municipio no hace porque el productor no paga", la propuesta del sector fue permitir que los frentistas presenten un proyecto de mejora ante la comuna. Una vez aprobado por el área respectiva, los productores contratan de forma directa las obras de alterado, relleno de pantanos o colocación de tosca, y posteriormente presentan las facturas para que el monto invertido sea descontado en el momento del pago de la tasa vial en hasta un 75% de su monto.

El sistema es acumulativo, es decir, las inversiones no quedan limitadas al vencimiento de una única cuota de la tasa, y se fomenta que varios vecinos pueden agruparse para encarar obras de mayor envergadura. Asimismo, se convino que los trabajos sean ejecutados exclusivamente por empresas y contratistas locales.

Desde la entidad ruralista, Bustos recalcó que no se pretenden "obras faraónicas", sino soluciones efectivas a los anegamientos e instó a los proveedores a presentar “presupuestos lógicos”.

Después de más de una década de denuncias y reclamos vecinales, la Justicia Federal se acerca a una definición en una de las causas ambientales más importantes de la provincia de Buenos Aires. La fiscalía pidió condenas de entre 2 y 4 años y 3 meses de prisión para nueve imputados en el juicio por las fumigaciones con agroquímicos realizadas en campos cercanos a barrios de la ciudad de Pergamino.

La investigación se originó por las denuncias de familias que viven junto a zonas rurales y que sostenían que las pulverizaciones con pesticidas se realizaban demasiado cerca de viviendas, escuelas y espacios poblados. Los vecinos afirmaron durante años que esas prácticas contaminaban el ambiente y podían afectar la salud de la población.

Ahora, tras el desarrollo del juicio oral, el fiscal federal Federico Reynares Solari pidió condenas para cinco productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo, un aplicador de agroquímicos y dos funcionarios municipales.

La fiscalía considera que los imputados realizaron o permitieron fumigaciones con sustancias químicas consideradas peligrosas para la salud y el ambiente en sectores próximos a áreas urbanas de Pergamino.

Por ese motivo, se les atribuyen distintos delitos vinculados a la contaminación ambiental y, en el caso de los funcionarios públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber controlado el cumplimiento de las normas vigentes.

Además de las penas de prisión, la fiscalía pidió que se ordene una indemnización para las víctimas y el decomiso de campos y maquinaria utilizados en las fumigaciones investigadas.

La condena más alta fue requerida para el productor Fernando Cortese: 4 años y 3 meses de prisión e inhabilitación para ejercer actividades agropecuarias durante ocho años.

Para los productores Mario Roces y Víctor Tiribó se solicitaron 4 años de prisión. En tanto, para los hermanos Carlos y Hugo Sabatini se pidió una pena de 3 años de prisión condicional.

También se reclamó una condena de 3 años para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone y de 2 años de prisión condicional para el fumigador Cristian Taboada.

Por último, la fiscalía pidió 2 años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los funcionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini.

El expediente de Pergamino se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del país en torno al uso de agroquímicos cerca de zonas pobladas.

Las denuncias comenzaron en 2014 y derivaron en estudios ambientales, peritajes y medidas judiciales que pusieron en discusión cuáles deben ser las distancias mínimas para fumigar cerca de barrios, escuelas y viviendas.

Tras los alegatos de la fiscalía, ahora será el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario el que deberá resolver si los acusados son condenados o absueltos.

El Gobierno nacional oficializó una baja en las retenciones que pagan varios productos agropecuarios y los biocombustibles, con el objetivo de incentivar las exportaciones y fortalecer al sector agroindustrial.

La medida quedó establecida a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según explicó el Ejecutivo, se trata de una modificación en las alícuotas del Derecho de Exportación (DE) para distintos cultivos y derivados vinculados a la producción agroindustrial.

En el caso del trigo y la cebada, la reducción será de dos puntos porcentuales y comenzará a regir de manera inmediata. Para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, en tanto, se estableció un esquema de baja gradual que empezará a aplicarse a partir de enero de 2027.

La decisión había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y fue detallada posteriormente por el ministro Caputo.

El decreto también contempla cambios para los biocombustibles. El biodiésel elaborado a partir de cultivos considerados “bioenergéticos”, como carinata, cártamo, colza o camelina, tendrá retenciones cero.

Por otro lado, el biodiésel producido con aceite de soja verá reducida su carga tributaria de manera progresiva: la alícuota pasará del 21% actual al 13% en diciembre de 2028.

Desde el Gobierno sostienen que la medida busca mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas y generar condiciones más favorables para la producción agroindustrial.

La medida cautelar del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2, a cargo del magistrado subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, tiene una vigencia de seis meses y frena la venta de un importante predio que el Estado nacional tiene en el conurbano.

Desde el juzgado federal de San Martín se anuló, al menos por ahora, el cierre de la estación experimental situada en Ituzaingó y que tenía 9 agencias de extensión donde trabajaban 100 personas.

En concreto, la acción de amparo fue promovida contra la Resolución 27/26 firmada por las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esa norma suprimió la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA - AMBA) y sus 9 agencias. Los inmuebles fueron traspasados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que los venda o subaste.

La decisión firmada por el juez  ordenó a las autoridades a abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

ÚLTIMO MOMENTO!!NUEVO FALLO HISTÓRICO EN FAVOR DE ATE CONTRA EL GOBIERNO!!AHORA LA JUSTICIA ORDENA EL CESE DE LOS DESPIDOS Y RECORTES EN EL INTA!!Otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno, suspendiendo la… pic.twitter.com/8U9W3n0uaF

Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, celebró el fallo: “Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada”.  Y agregó: “Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!”.

Meses atrás en una entrevista con LANOTICIA1.COM, Sebastián Fajardo delegado de INTA, contó que la dependencia con sede en Ituzaingó contaba con nueve oficinas - agencias de extensión - en Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Moreno, La Plata, Avellaneda, San Vicente, San Martin y Escobar.

"En total son unos 100 trabajadores, técnicos, la mayoría profesionales, que hacemos tareas de investigación y de extensión rural, de asistencia técnica con productores de distintos tipos. Hay distintos tipos de producciones, pero lo más importante, lo que más volumen tiene, tiene que ver con la producción de hortalizas”.

Consultado en aquel entonces, en qué perjudicaría a esta producción que ellos dejen de prestar este servicio, señaló: “el INTA como institución, con la jerarquía que tiene, va a dejar de tener presencia territorial, y nosotros creemos que es algo bastante importante a destacar. Muchos de los productores con los que nosotros nos vinculamos y trabajamos, [trabajan en] la producción hortícola que se caracteriza mucho por ser arrendatarios, con mucha informalidad y distintos tipos de escala productiva. Nosotros trabajamos mucho con productores de una baja capitalización y hacemos asistencia directa. Consideramos que esos productores no pueden pagar una asistencia técnica privada porque no tienen recursos para hacerlo y bueno nada quedaría un montón de productores sin asistencia técnica”.

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense para declarar Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires a Armando Zavala, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su compromiso con la defensa de los productores rurales.

La iniciativa se enmarca en la Ley 14.622 de “Reconocimiento y Distinciones” y pone en valor la tarea desarrollada por Zavala tanto en el ámbito agropecuario como en el periodismo especializado vinculado al sector.

Entre los fundamentos del proyecto, Vaccarezza destacó el rol que desempeñó desde la década de 1990 acompañando a productores afectados por remates judiciales de campos. En ese contexto, colaboró con el movimiento “Mujeres en Lucha”, impulsando acciones para evitar situaciones de despojo y defendiendo los intereses de pequeños y medianos productores.

Asimismo, la legisladora remarcó su permanente acompañamiento al sector agropecuario. “Su vida encarna la defensa de los derechos de los productores agropecuarios de la Provincia”, sostuvo Vaccarezza.

El proyecto también resalta su labor periodística. Zavala logró acreditarse en el Congreso Nacional, donde siguió de cerca la actividad de la Comisión de Agricultura, realizando entrevistas a legisladores, funcionarios y dirigentes gremiales con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan al sector rural.

En ese marco, Vaccarezza señaló además que Zavala recibirá un reconocimiento el próximo 4 de junio en la Sala de Prensa de AgroActiva 2026, uno de los eventos agroindustriales más importantes del país.

Diego Santilli aseguró que el consumo masivo "va a llegar" y que los ingresos de las provincias, tanto los propios como los de origen nacional, comenzaron a crecer luego de un primer cuatrimestre "difícil", al disertar en la inauguración del XX Congreso Maizar 2026, que se lleva a cabo en el Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro del Interior señaló que "tuvimos un enero, febrero y marzo difíciles" en materia de inflación y baja de la recaudación en términos reales, “pero las cuentas están empezando a darse vuelta” con una evolución que anticipó volverá a ser positiva como hasta mediados de 2025.

"La curva de Coparticipación a las provincias está creciendo", resaltó, al tiempo que indicó que "los números se empiezan a notar, no solo en la Coparticipación sino en los ingresos provinciales", con aumentos en las recaudaciones propias.

Asimismo, en un mensaje directo a los productores agropecuarios presentes, señaló que “esto no es porque sí, ustedes siempre han sido el motor de la República Argentina”. En ese sentido, recalcó que "a ese motor hay un gobierno que lo empieza a cuidar, sacándole la pata de encima de la cabeza".

"A mí también me encantaría ir más rápido", admitió, en alusión al reclamo del sector por una reducción más acelerada de las retenciones, aunque reiteró al respecto “que el esfuerzo valió la pena y los frutos se empiezan a ver”.

El presidente Javier Milei anunció una baja de retenciones durante su disertación en el 172º aniversario de la Bolsa de cereales de Buenos Aires.

El anuncio abarca al trigo y cebada con una baja de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año. Por otro lado, en la soja, la baja será de entre un cuarto y medio punto por mes desde enero 2027 hasta 2028.

Asimismo, la baja abarcará a la industria en las ramas automotriz, petroquímica y maquinarias desde julio de 2026 a julio 2027, “Vamos a ir a cero”, remarcó. Los detalles se darán a conocer en los próximos días.

“Vamos a seguir bajando retenciones, a seguir achicando el gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. que se achique el estado y se agrande el mercado y por ende tener más prosperidad”, señaló durante el acto.

En esa línea, dijo que el país dejará depender sólo del campo, "no porque dejará de ser el motor que siempre fue, sino porque por primera vez otros sectores crecerán con la misma fuerza".

La ordenanza aprobada en Brandsen impulsaba la creación de una Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales, una herramienta que productores y vecinos venían trabajando desde hace años junto a distintas gestiones municipales.

Tras el veto del intendente Fernando Raitelli, la Sociedad Rural local difundió un comunicado en el que expresan su rechazo al veto y que avanzarán por la vía judicial.

La iniciativa apuntaba a crear una comisión integrada por representantes del Municipio y del sector rural, con el objetivo de supervisar el estado de los caminos, participar en la planificación de obras y realizar un seguimiento de los recursos destinados al mantenimiento vial en las zonas rurales del distrito.

Gustavo Lorenti, Presidente de la SRCB, señaló que “habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, a pesar de intentar de todas las formas posibles aportar y colaborar, mediante proyectos, recursos humanos y materiales, durante años, esto resultó un esfuerzo infructuoso” y que a partir del veto del Intendente es que determinaron “abrir una nueva instancia y acudir a la Justicia”.

Para ello requieren que los contribuyentes afectados “por el estado deplorable de los caminos rurales -vecinos con partidas rurales, productores, socios o no socios de la SRCB- se comuniquen”, con “el único objetivo” de “encontrar una solución al problema de los caminos y hacer sentir el descontento, producto de lo que todos sufrimos a diario: la imposibilidad de entrar o salir de los campos y de transitar”.

“Nos sentimos impedidos de desarrollar cuestiones básicas, que tienen que ver con la salud, la educación y la seguridad. No es una protesta, es reclamar lo justo”, concluye el comunicado.

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La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) reavivó el reclamo por el mal estado de los caminos rurales, tras una visita que realizó su presidente, Lucas Magnano, a cooperativas del sur de la provincia de Buenos Aires.

En su recorrida, junto a la Consejera Patricia Luke y el equipo técnico de la entidad a las cooperativas ubicadas en el sur de la provincia de Buenos Aires todos los productores plantearon una problemática en común: la falta de obras para la mejora de los caminos rurales y las altas tasas viales.

“Esto perjudica al productor y no es un capricho de los productores el reclamo, es una realidad. Muy pocas veces se tiene consideración de parte de quienes tienen que realizar las obras y no las hacen, los caminos siempre quedan lejos de los primeros puestos de prioridad. Los caminos tienen que estar a la altura de las tasas que se cobran”, señaló Magnano.

Posteriormente, en cada visita a las distintas cooperativas, desde Coninagro insistieron en que el principal reclamo se le sumaron las tasas viales que pagan los productores van en aumento.

Luke aseveró que entre los productores de la zona la preocupación por el mal estado de los caminos es cada vez mayor ante un año que anticipa grandes lluvias. “Hay muchos caminos complicados y ante un año que se anticipa con lluvias, podría generar aún más problemas. Pasada la inundación que sufrió la Ciudad de Bahía Blanca el año pasado y todavía hay puentes que se hicieron de forma provisioriamente y hoy en día seguimos con la misma situación”, indicó.

En paralelo al reclamo de las entidades agropecuarias, desde este mes el Gobierno provincial avanza con el Plan Director de Caminos Rurales, que tiene por objetivo ordenar una red vial extensa con criterios técnicos y planificación sostenida.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema integral en articulación con los municipios del interior donde se concentran la mayoría de las denuncias por caminos anegados. El funcionario de Axel Kicillof detalló que la iniciativa oficial contempla diagnósticos georreferenciados junto con la definición de prioridades locales, con el fin de dar previsibilidad a las obras.

La continuidad del paro de transportistas de granos encendió las alarmas en Necochea. Según publicó el medio local Noticias de Necochea, la Sociedad Rural de Necochea expresó su “más profunda preocupación” por una medida de fuerza que ya supera las dos semanas y golpea de lleno en plena cosecha gruesa.

La entidad advirtió que la paralización del transporte se da en “el momento más crítico del calendario agropecuario”, lo que impide trasladar la producción desde los campos y acopios. Esto ya tiene consecuencias concretas: demoras en la logística, freno en la actividad y complicaciones en la operatoria portuaria.

En ese marco, el impacto sobre Puerto Quequén es uno de los puntos más sensibles. Desde la Rural señalaron que la falta de camiones genera demoras en la carga de buques y altera el ritmo de exportaciones, afectando a toda la cadena: productores, acopiadores y exportadores.

Además, remarcaron que las pérdidas económicas son “incalculables”, con costos financieros que se acumulan día a día y contratos que podrían incumplirse.

En el comunicado, la entidad también cuestionó el método de protesta: “Entendemos que el paro como método de presión es una herramienta del pasado”, afirmaron, al tiempo que advirtieron que el daño económico excede al propio sector transportista.

El reclamo local está en línea con lo planteado por la Sociedad Rural Argentina, que también alertó por el impacto del conflicto en la cadena agroexportadora y en la competitividad del país.

Según datos del sector, la interrupción del transporte ya provoca demoras en embarques y pérdidas millonarias en la liquidación de divisas. “Resulta especialmente grave que el productor vuelva a ser el principal perjudicado”, señalaron.

Mientras no haya acuerdo, el escenario sigue abierto y con incertidumbre creciente. La falta de transporte no solo frena la producción: también pone en jaque la salida de granos desde uno de los puertos clave del país.

La frase fue breve, pero suficiente para sacudir a toda la ciudad. “Empiezo a despedirme”, escribió el empresario Bernardo Grobocopatel y encendió todas las alarmas en torno al futuro del Club Agropecuario Argentino.

El mensaje no fue uno más: marca el posible cierre de una etapa que comenzó en 2011, cuando el propio Grobocopatel fundó el club con la idea de posicionar a Carlos Casares en el mapa del fútbol argentino.

La publicación llegó tras la derrota 4-1 ante Atlético Rafaela, por la Primera Nacional, y tuvo un efecto inmediato: instaló un escenario de incertidumbre sobre el futuro institucional. Desde el entorno del club, incluso, admiten que la transición ya está en marcha y que buscan que sea “ordenada”.

Bajo su conducción, Agropecuario creció de manera sostenida hasta consolidarse en la Primera Nacional, enfrentando a equipos de peso como Boca Juniors y Racing Club, y logrando hitos como eliminar a la “Academia” en la Copa Argentina 2022.

Pero el impacto fue más allá de lo deportivo. El club impulsó la economía local, generó movimiento en el comercio y abrió oportunidades para jugadores de la zona. A la vez, desarrolló una estructura con predio propio de 17 hectáreas, siete canchas y una pensión para 60 futbolistas.

Sin embargo, el modelo también dejó expuesta una fuerte dependencia. Agropecuario y Grobocopatel funcionan prácticamente como una unidad. Aunque formalmente es una asociación civil, su dinámica se asemeja más a una estructura sostenida por un solo impulsor, lo que hoy enciende las alertas.

En su mensaje, el empresario dejó ver el desgaste acumulado: “La vida es una sola. Y yo la entregué a este sueño”. Y agregó una frase aún más contundente: “Cuando algo se sostiene solo, termina quebrando en silencio a quien lo sostiene”.

El presente deportivo tampoco ayuda. El equipo atraviesa un momento crítico, con Patricio Toranzo como nuevo DT y ubicado en los últimos puestos de su zona, cerca de la zona de descenso a la Federal A.

A esto se suma otro dato clave: la falta de una masa societaria sólida que pueda sostener el proyecto sin su fundador. El propio Grobocopatel había reconocido tiempo atrás que el club no logró consolidar el apoyo local esperado.

Aunque seguiría al frente hasta fin de año, su salida aparece cada vez más cercana. En ese escenario, la preocupación ya no pasa solo por su decisión, sino por la viabilidad económica y deportiva de una institución que creció bajo su liderazgo.

Hoy, en Carlos Casares, la pregunta es una sola: qué va a pasar con Agropecuario sin su principal sostén.

El fenómeno climático extremo golpeó a un establecimiento rural en Líbano, una localidad que queda ubicada en el partido de General La Madrid, provocando la muerte instantánea de 33 ejemplares de hacienda.

En el ámbito rural, estas situaciones suelen estar vinculadas a rayos que impactan sobre alambrados o suelos húmedos, provocando que la descarga se propague rápidamente a través del metal o la superficie.

El ganado, que tiende a agruparse durante las tormentas, queda especialmente expuesto a este tipo de descargas.

Las imágenes, que fueron captadas por un productor de la zona y fueron publicadas por El Orden.

El conflicto entre transportistas de granos y dadores de carga en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo sin resolución. Este martes fracasó otra reunión clave en La Plata y las protestas continúan en distintos puntos del territorio bonaerense, con impacto directo en la exportación.

El eje de la disputa sigue siendo la actualización de la tarifa de referencia. Mientras acopiadores y entidades del agro propusieron un incremento del 14%, ese número fue considerado insuficiente por parte de los transportistas.

Las cámaras Confederación Argentina del Transporte de Cargas y Federación de Transportadores Argentinos aceptaron ese porcentaje, aunque advirtieron que debería revisarse en el corto plazo para cubrir los costos. En cambio, desde Asociación de Transportistas de Cereales y Afines rechazaron la propuesta y reclamaron una suba del 25%.

Por fuera de esas estructuras, los transportistas autoconvocados —quienes sostienen los cortes en rutas— exigen un aumento del 35%. Esa diferencia mantiene bloqueado cualquier intento de consenso.

En paralelo, algunos focos de protesta comenzaron a desactivarse. En localidades como General Belgrano, grupos de camioneros aceptaron el 14% y levantaron las medidas de fuerza, aunque la situación está lejos de normalizarse.

El impacto ya se siente con fuerza en los puertos del sur bonaerense. Terminales clave como Puerto de Bahía Blanca y Puerto de Quequén registran una fuerte caída en el ingreso de camiones con granos, lo que afecta la operatoria exportadora.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales advirtieron que la situación es “insostenible” y denunciaron que las protestas derivaron en un colapso de las operaciones. “Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina”, señalaron, y alertaron por el impacto económico en toda la cadena.

Según estimaciones de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, las pérdidas ya alcanzan los 100 millones de dólares. La cifra surge de buques que no pudieron completar carga, penalidades contractuales y desvío de operaciones a otros países.

Actualmente, hay más de 50 puntos de protesta activos en distintas provincias, aunque Buenos Aires concentra la mayor cantidad de retenes. El conflicto también se replica en Córdoba, Santa Fe, Misiones y Tucumán.

En este contexto, los transportistas autoconvocados habían solicitado una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Sin embargo, desde la gestión de Javier Milei recordaron que el Estado ya no interviene en la fijación de tarifas del sector, tras la eliminación de las instancias nacionales de negociación.

Sin acuerdo a la vista y con posiciones cada vez más alejadas, el conflicto amenaza con profundizar su impacto en uno de los principales circuitos productivos del país.

El conflicto por las tarifas del transporte de granos se profundiza y amenaza con escalar a un paro nacional. Transportistas autoconvocados y la Unión de Transportistas (Untra) reclaman una actualización urgente de los valores del servicio y advierten que endurecerán las medidas si no hay respuestas del Gobierno. “Que nos atienda el Presidente”, es la consigna que comenzó a replicarse en distintos puntos del país.

Las protestas ya se extienden en más de 50 lugares, con manifestaciones en ciudades del circuito agroexportador como Bahía Blanca, Quequén, Necochea, Tres Arroyos, Balcarce, Tandil, Ayacucho, Maipú, Las Armas y Pehuajó, entre otros. En varios de estos puntos se registran cortes y demoras que afectan la logística en plena cosecha.

El eje del conflicto es la falta de acuerdo en torno a la actualización de tarifas. Las negociaciones entre transportistas y acopiadores llevan cuatro días sin avances concretos. Mientras la Federación de Acopiadores ofreció inicialmente un aumento del 10% y luego elevó la propuesta al 14%, el sector transportista considera insuficientes esos valores y reclama subas de entre el 30% y el 40%.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, la postura es no intervenir. Fuentes de la Subsecretaría de Transporte indicaron que “no corresponde” una mediación directa, en línea con la decisión adoptada el año pasado de eliminar las tarifas de referencia para el transporte de cereales y oleaginosas, lo que dejó la fijación de precios librada a la negociación entre privados.

En este contexto, las principales entidades del sector agroindustrial, como las Bolsas de Cereales y de Comercio, expresaron su preocupación por el impacto del conflicto en la cadena comercial de granos, especialmente en un momento clave como la cosecha.

Con el diálogo estancado y las medidas de fuerza en aumento, los transportistas advierten que el escenario podría agravarse en los próximos días si no hay una propuesta que se acerque a sus demandas.

Empresas del transporte automotor de granos autoconvocados reclaman una actualización tarifaria para paliar la suba del combustible y el costo de vida. La medida es por tiempo indeterminado.

Los transportistas se concentraron en varios puntos, entre ellos los accesos a los puertos bonaerenses como Ingeniero White (Bahía Blanca), Quequén (Necochea) y en los costados de rutas de varias ciudades.

Los sucesos ocurrieron luego de que este lunes no se llegara a un acuerdo de actualización de tarifas orientativas en el ámbito de una reunión convocada por el director provincial de Transporte de Cargas, Miguel Bettili, quien recibió a dirigentes de Carbap, la Federación de Acopiadores, y asociaciones de transportistas como Fetra, Atcade, Catact y Fatrac. Ante la falta de consenso, las autoridades de Transporte de Buenos aires resolvieron pasar a un cuarto intermedio y prometieron realizar próximamente una nueva convocatoria para continuar con las negociaciones.

Según informó el sitio Bichos de campo, durante el encuentro no se logró arribar a un acuerdo para la actualización de la tarifa orientativa, la cual, según los transportistas, se encuentra muy desfasada.  Entre otros motivos, atribuyen el desfasaje al incremento de los costos del transporte, especialmente el combustible.

La Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac) indicó que los costos del sector reportaron un incremento del 15,2% entre febrero y marzo, además de otros motivos, y concluyeron que sus tarifas deben incrementarse el 25,31% respecto de lo que habían acordado en febrero.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó en Chascomús los lineamientos sobre el Plan Director de Caminos Rurales.

En este sentido, se definió avanzar con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para el desarrollo de la iniciativa. Participaron de la presentación el intendente Javier Gastón, el presidente de la Asociación Rural local, Germán Pieroni, productores del distrito y Ayelén Borda, punto focal del vínculo entre la Provincia de Buenos Aires y el CFI.

Según el Gobierno, en territorio bonaerense la red vial supera los 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra, lo que los convierte en una pieza clave para la producción, la conectividad y la integración territorial.

En ese contexto, Chascomús aparece como un caso paradigmático. El distrito cuenta con más de 700 kilómetros de caminos rurales —actualmente relevados en unos 715 kilómetros— fundamentales para su matriz productiva, que combina actividad agropecuaria, agroalimentaria y turismo.

“Chascomús va a ser un caso piloto en este proceso. Venimos trabajando esta idea desde hace tiempo y, a partir de la posibilidad de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, decidimos avanzar e invitar a otros municipios a sumarse con esquemas similares”, señaló Rodríguez.