El concejal bahiense de La Libertad Avanza, Fernando Compagnoni, presentó un proyecto de ordenanza que pretende, entre otras cosas, reconocer y garantizar en todo el partido de Bahía Blanca la validez de la documentación digital exigible para la circulación vehicular.

El proyecto se ampara en la normativa nacional vigente, que reconoce plena validez legal a la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, disponible a través de la aplicación Mi Argentina. Además, destaca que la Superintendencia de Seguros de la Nación también reconoció idéntica validez al comprobante digital del Seguro Obligatorio Automotor.

“Seguimos poniéndole la carga al vecino de tener que demostrar cuestiones vía documentación física. Cuando lo presenta a través del móvil, de un QR, se generan dudas razonables que puede tener el inspector acerca de la validez de esa documentación”, comentó Compagnoni a BVC noticias al respecto de la iniciativa. “Lo que buscamos con esto es que de una vez por todas, saquemos la duda razonable”, aseguró.

En el artículo 3° del proyecto de ordenanza se establece que la Licencia Nacional de Conducir en formato digital, exhibida mediante la aplicación Mi Argentina, plataforma oficial equivalente, código QR, constancia digital válida o cualquier otro mecanismo oficial que en el futuro la reemplace o complemente, tendrá plena validez para circular dentro del partido de Bahía Blanca. Asimismo, la autoridad municipal de control no podrá exigir la presentación de la licencia física cuando el conductor exhiba válidamente la licencia digital vigente. Del mismo modo, se solicita que el mismo procedimiento sea aplicado al seguro obligatorio.

“Lo cierto es que al ser detenido, el vecino va a poder continuar circulando y luego irá al Tribunal de Faltas a presentar lo que deba presentar, pero en el momento del operativo se vuelve a su casa”, aclaró el edil de La Libertad Avanza. 

En caso de aprobarse la iniciativa, quedará prohibido labrar actas de infracción, imponer sanciones, disponer retenciones, secuestros, remociones o impedir la circulación con fundamento exclusivo en la falta de portación de la licencia física, siempre que el conductor acredite su existencia y vigencia mediante medios digitales admitidos. 

El bloque de concejales de Juntos/Somos UCR presentó en el Concejo Deliberante del partido de General Arenales un proyecto de ordenanza de “Ficha Limpia”. La iniciativa propone establecer requisitos vinculados a antecedentes judiciales para el acceso y permanencia en determinados cargos de la función pública municipal.

El proyecto ya fue ingresado formalmente y actualmente se encuentra en la Comisión de Reglamento para su tratamiento.

Según el texto presentado, no podrán asumir ni permanecer en cargos políticos aquellas personas que cuenten con condenas judiciales firmes o condenas en segunda instancia por delitos vinculados a corrupción, delitos contra la administración pública, violencia de género, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el orden constitucional, o que figuren como deudores alimentarios, entre otros casos contemplados.

El presidente del bloque oficialista, Juan Pablo Olivieri, sostuvo que la propuesta apunta a “elevar los estándares éticos dentro de la función pública y garantizar a la comunidad que quienes ocupen cargos institucionales cuenten no solo con capacidad de gestión, sino también con antecedentes y conductas acordes a la responsabilidad que representan”.

Asimismo, remarcó la necesidad de “seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones públicas y promover herramientas que aporten mayor transparencia al sistema democrático local”.

Desde el bloque señalaron además que la iniciativa toma como referencia experiencias y legislaciones ya implementadas en distintas provincias argentinas y en otros países de la región, en línea con principios vinculados a la ética pública y la lucha contra la corrupción.

La Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa contra el exconcejal de Tornquist, Matías Rojas, acusado de presuntos delitos de abuso sexual contra menores ocurridos años atrás en la localidad de Saldungaray.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, quien hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la investigación. De esta manera, el expediente será enviado a la Receptoría General Departamental para el sorteo del Tribunal en lo Criminal que llevará adelante el juicio oral y público.

Según consta en la causa, Rojas enfrenta imputaciones por cinco hechos de abuso sexual simple y un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, todos en concurso real. Las denuncias involucran a niñas de Saldungaray y el caso se transformó en uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión en el distrito de Tornquist.

De acuerdo a lo que publicó InfoSexta, durante la etapa de instrucción, la defensa del exconcejal intentó revertir la situación procesal mediante distintos recursos judiciales. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal rechazó esos planteos y dejó firme la elevación a juicio.

En declaraciones anteriores, Rojas negó las acusaciones y sostuvo que las denuncias respondían a una supuesta persecución vinculada con su actividad política, argumento que forma parte de su estrategia defensiva.

Con la elevación a juicio ya confirmada, ahora resta definir qué tribunal intervendrá en el proceso y cuándo comenzará el debate oral, una instancia clave para determinar responsabilidades en un caso que provocó fuerte impacto en la comunidad serrana.

El Municipio de Zárate salió a responder con dureza a la concejal de La Cámpora, Agustina Garello, luego de que denunciara públicamente que la comuna pagaba la prepaga del intendente Marcelo Matzkin con fondos municipales.

Quien encabezó la respuesta fue el secretario de Hacienda, Julio Olivastri, que negó las acusaciones y aseguró que el jefe comunal “paga de su sueldo su prepaga como cualquier vecino”.

Según explicó el funcionario, el Municipio únicamente realiza el descuento correspondiente del salario del intendente y luego transfiere ese dinero a la empresa de medicina privada, del mismo modo que ocurre con otros descuentos como IOMA, sindicatos y distintos aportes.

“Es algo avalado por el Tribunal de Cuentas y que siempre se hizo de la misma manera”, sostuvo Olivastri en declaraciones publicadas en el medio local InfoZC.

El funcionario además apuntó directamente contra Garello y lanzó fuertes críticas. “No nos sorprende la mentira de esta concejal, porque es una mentirosa sistemática”, afirmó.

En la misma línea, señaló que la operatoria cuestionada “es una práctica habitual” y aseguró que se realiza en el Municipio desde 2015, además de repetirse en otras comunas bonaerenses.

Olivastri también remarcó que las transferencias figuran dentro de las ejecuciones extrapresupuestarias y aclaró que eso no significa que el Municipio esté pagando la prepaga con recursos públicos, sino que se trata de retenciones efectuadas sobre el sueldo del intendente.

Por último, insistió en que el mecanismo está validado desde hace años por el Tribunal de Cuentas bonaerense, organismo encargado de controlar las cuentas municipales.

“¡Estoy recaliente!”, sintetizó el concejal de Ezeiza, José Luis Michelena, en pleno recinto donde formaba parte hasta hace pocas horas del bloque de La Libertad Avanza.

Las manifestaciones evidenciaron una tensa relación interna dentro del bloque violeta que terminó con el concejal reprochando la gestión nacional, e incluso, la prisión de Cristina Kirchner.

“A mí no me da Granados (Gastón, el intendente) plata… porque yo tengo mi propio cerebro. Lo defendible lo voy a defender, lo que tengan razón ustedes el peronismo lo voy a defender”, comenzó con su catarsis. En esa línea, el edil ratificó que las “universidades no se tienen que cerrar” y las “rutas se tienen que reparar”.

En un momento, poniéndose de pie en su banca también vociferó: “¡Viva la Patria! Y nos están cagando a todos… Quieren defender algunos lo indefendible cuando el presidente que tenemos ahora está entregando la Antártida, la cordillera, está entregando todo". En el medio se escucharon reprobaciones de sus pares de LLA y aplausos de otros sectores. 

“No puedo soportar cerrar la boca, simplemente porque no hay que acusar, un ejemplo: Adorni. Que vaya preso si es culpable, porque encadenan a otro y le ponen una pulsera a la expresidenta -con razón o sin razón- pero este tipo se lava las manos”, añadió.

Lejos de retractarse, Michelena utilizó más tarde sus redes sociales para reafirmarse sobre lo sucedido en la última sesión del Concejo Deliberante de Ezeiza. “Defender lo que considera correcto y señalar aquello con lo que no está de acuerdo, sin especulaciones ni silencios. Las universidades, la soberanía sobre la Antártida y la realidad que atraviesan millones de argentinos fueron parte de una intervención clara y contundente dentro del recinto. Las convicciones no se negocian”, publicó.

Por último, y tras lo sucedido, desde el partido La Libertad Avanza de Ezeiza informaron que Michelena ha dejado de formar parte de su espacio.

Según el documento, las recientes manifestaciones públicas del edil evidencian “una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico, los principios y el compromiso colectivo del partido.”

Asimismo, recalcaron que “quien ocupa una banca bajo esta representación política tiene la responsabilidad de honrar el mandato recibido por los vecinos, actuar con coherencia y sostener con responsabilidad el proyecto de transformación que la sociedad eligió acompañar” y que “no hay lugar para posicionamientos ni proyectos individuales que desconozcan ese compromiso ni para discursos funcionales a quienes durante años llevaron a la Argentina a la decadencia”.

El dirigente político de Presidente Perón, Víctor Rengifo, reclamó una mayor inversión y decisión política para reactivar el núcleo productivo de Guernica, un predio creado hace 15 años sobre la avenida Kirchner y que, según afirmó, hoy funciona muy por debajo de sus posibilidades.

“Contamos con 123 parcelas diseñadas para generar trabajo genuino, pero hoy solo 18 están ocupadas”, señaló. Y agregó: “El 80% restante es un territorio expectante, esperando la decisión política y la inversión necesaria para encender sus motores”.

Rengifo sostuvo que el parque tiene una ubicación estratégica, a pocos metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, con conexión a la Ruta Provincial 58 y la Autopista Presidente Perón, aunque advirtió que todavía faltan obras clave.

“Lo que falta es infraestructura básica, como el gas natural, y una gestión decidida que no deje que sean los propios empresarios quienes tengan que gestionar servicios elementales como la electricidad industrial”, expresó.

A pesar de ese escenario, destacó que algunas firmas ya eligieron instalarse en el distrito. Mencionó empresas vinculadas al reciclado de aluminio, mayoristas y la empresa Carrocería Gulamarci, que decidió mudarse desde Lanús hacia Presidente Perón.

En otro tramo de sus declaraciones, el exconcejal advirtió sobre la fuerte dependencia del empleo estatal en el distrito. “La mayor fuente de empleo en Presidente Perón sigue siendo el Estado”, afirmó.

En ese sentido, detalló que más de 50 escuelas emplean a unas 2.500 personas, mientras que el sistema de salud suma otros 700 trabajadores. En contraste, sostuvo que “no existe, en términos reales, una matriz productiva industrial o agraria consolidada”.

También aseguró que el propio polo industrial apenas genera unos 50 puestos de trabajo, mientras que gran parte de la actividad privada se sostiene sobre pequeños comercios.

“El impacto social de revertir esta situación es casi matemático”, sostuvo Rengifo. Y explicó: “Si logramos ocupar en una primera etapa tan solo el 40% de los lotes vacíos con pequeñas industrias que empleen apenas a tres vecinos cada una, estaríamos creando un efecto inmediato en puestos de trabajo directos para la gente de Guernica”.

Por último, pidió que el núcleo productivo deje de ser “un predio de depósitos o lotes baldíos” y se transforme en “el verdadero motor de empleo y desarrollo que nuestra comunidad merece”.

El Concejo Deliberante de Pinamar presentó el primer chatbot legislativo del país, una herramienta innovadora desarrollada para facilitar el acceso a la información pública y acercar el funcionamiento legislativo a la comunidad.

A través de inteligencia artificial, el chatbot permite realizar consultas vinculadas a normativa vigente, conocer la composición del HCD y sus distintas comisiones, además de acceder a información sobre procedimientos y trámites legislativos.

Entre sus funciones, las personas podrán consultar ordenanzas específicas, por ejemplo, la normativa relacionada al riego, así como también obtener orientación sobre cómo tramitar una Declaración de Interés Municipal, entre otros procesos administrativos y legislativos.

Según se indicó, esta nueva herramienta busca “optimizar el acceso a la información de manera rápida, simple y accesible, fortaleciendo la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana dentro del ámbito legislativo local”.

“Con esta incorporación, el HCD de Pinamar se posiciona como pionero en la implementación de tecnologías aplicadas a la gestión legislativa y al vínculo con la comunidad”, se destacó desde el cuerpo legislativo local.

Una jornada cargada de tensión se vivió este miércoles en San Isidro, donde el Concejo Deliberante aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) en medio de protestas, presencia policial y fuertes cruces entre vecinos y concejales.

De acuerdo a lo que informó la periodista Sabrina García del medio Zona Norte Ambiental, la mañana comenzó con reclamos de trabajadores de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que opera las líneas 707, 407, 333, 700 y 437. Más tarde, vecinos de Boulogne y Villa Adelina marcharon hacia el Concejo Deliberante para rechazar la reforma urbana impulsada por el oficialismo.

Al llegar al recinto, efectivos policiales controlaban el ingreso y solo se permitió entrar a un grupo reducido de personas, situación que generó enojo y discusiones.

La sesión se extendió durante varias horas y recién cerca de las 16.00 comenzó el tratamiento del COU. Desde el oficialismo, el concejal Ricardo Antoniassi defendió el proyecto y aseguró que busca reactivar zonas como Boulogne y Villa Adelina, permitiendo construcciones más pequeñas y dúplex en terrenos de menor tamaño.

Desde la oposición, el concejal Marcos Díaz cuestionó la falta de consulta a los vecinos y advirtió sobre posibles problemas de tránsito, inundaciones y pérdida de espacios verdes.

Durante el debate hubo gritos, chicanas y acusaciones cruzadas. Incluso una vecina enfrentó al presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, cuando pidió silencio a “la barra”: “No somos barras, somos vecinos”, le respondió. 

Finalmente, la reforma fue aprobada por mayoría con 14 votos afirmativos.

El concejal de San Pedro Mauro de Rosa decidió retomar su banca en el Concejo Deliberante a poco más de dos meses de haber sido denunciado por presuntos delitos contra la integridad sexual, en un hecho ocurrido en el club Paraná.

La reincorporación fue formalizada este martes, cuando presentó una nota para levantar la licencia que había solicitado el 23 de febrero, en medio del escándalo. Durante ese período, su lugar fue ocupado por la concejala suplente Paula Fernández.

La decisión se da pese a que, en su momento, integrantes de su propio espacio político habían pedido que se apartara de manera preventiva ante la gravedad de los hechos. También hubo cuestionamientos desde otros bloques del Concejo.

El presidente del cuerpo, Martín Baraybar, confirmó que el expediente ingresó sobre el cierre de la jornada administrativa, por lo que aún no figuraba en los registros oficiales al momento de su declaración.

La causa judicial sigue en curso. Según consta en la investigación, ya declararon testigos que aseguran haber visto al edil ingresar alcoholizado al baño de mujeres del club y protagonizar conductas inapropiadas, que podrían encuadrarse como delitos contra la integridad sexual según el Código Penal.

El episodio ocurrió el 18 de febrero y generó una fuerte repercusión política y social en la ciudad. De Rosa, electo en 2023, también se desempeña como empleado municipal y trabaja como chofer de ambulancia en Gobernador Castro.

En paralelo, desde el Concejo señalaron que la normativa vigente ofrece herramientas limitadas para sancionar este tipo de conductas, más allá de lo previsto en el reglamento interno. En ese contexto, algunas voces consideraron que el edil debería haber presentado su renuncia.

Pese a la controversia y con la causa aún en trámite, el concejal optó por retomar sus funciones legislativas.

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó por unanimidad una resolución para reclamar el pago de una deuda de más de $30 millones que IOMA mantiene con el municipio por prestaciones realizadas en el hospital local.

Según se explicó, una parte importante de las atenciones corresponde a afiliados de la obra social bonaerense, lo que genera una obligación de pago por parte de la Provincia. La mora sostenida, advirtieron, afecta las finanzas municipales y el funcionamiento del sistema de salud.

Durante el debate hubo acuerdo entre los bloques sobre la gravedad de la situación, aunque con diferencias en las causas. Desde la oposición señalaron problemas estructurales y falta de actualización de los valores, mientras que el oficialismo vinculó la deuda al contexto económico y la caída de recursos.

También se plantearon críticas al destino del gasto público provincial y se pidió priorizar la salud. La resolución solicita la regularización urgente de los pagos y será enviada a autoridades provinciales. Fue aprobada con el respaldo de todos los bloques. 

Una sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en escándalo este lunes, en medio del tratamiento del presupuesto municipal 2026. Al menos tres concejales de la oposición denunciaron haber sido agredidos dentro del recinto durante un debate marcado por la tensión política.

El episodio se desató mientras se discutía el proyecto impulsado por el oficialismo local. Según se observa en videos difundidos, hubo gritos, empujones y hasta el lanzamiento de objetos, lo que obligó a interrumpir la sesión.

Hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron adentro del… pic.twitter.com/SF05RBxLxs

Desde el PRO local apuntaron contra el oficialismo vinculado al kirchnerismo y denunciaron la presencia de una “patota” dentro del recinto. “Mandaron a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, señalaron en un comunicado. También afirmaron que una edil debió ser asistida tras descompensarse y que incluso se registraron agresiones fuera del recinto.

Escándalo en el Concejo Deliberante de Villa Gesell: concejal radical contra la pared ante el sindicato de camioneros. El presupuesto fue rechazado y los trabajadores se le fueron al humo a Adrían "Chirolita" Domínguez, que es el presidente de la comisión de Presupuesto. La… pic.twitter.com/Gkl0yzRvhY

Armando, integrante de la alianza PRO–La Libertad Avanza, se expresó en redes sociales tras el hecho: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, sostuvo, en referencia a lo ocurrido durante la sesión.

VIOLENCIA POLÍTICA EN PBALos kukas AGREDIERON FÍSICAMENTE a los concejales de Villa Gesell por no querer votar un impuestazo. Esta es la política que predica el gobernador @Kicillofok. Brutos, violentos y antidemocraticos. Esto es demasiado grave. Te quieren AUMENTAR TUS… pic.twitter.com/A6f3upff5R

El conflicto se dio en el marco de la votación del presupuesto, cuestionado por la oposición, que reclamaba mayor transparencia en el manejo de los fondos y precisiones sobre la estructura municipal.

Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo. pic.twitter.com/OObeDoptGp

Tras los incidentes, concejales opositores radicaron una denuncia policial y permanecieron varias horas dentro del edificio, en medio de un operativo. El hecho generó repercusiones en el ámbito político, con pedidos de investigación para identificar a los responsables.

El distrito es gobernado por el intendente Gustavo Barrera, y el episodio suma un nuevo capítulo de alta tensión en la política local.

La concejal de Juntos por Campana, Laura Barrios, denunció que más de 14.000 familias del distrito dejaron de recibir ayuda alimentaria y apuntó contra la diputada bonaerense del kirchnerismo Soledad Alonso.

“Seguimos esperando que Alonso reclame a Kicillof para que no le corten la ayuda alimentaria a más de 14.000 familias de Campana”, sostuvo la edil, en referencia al programa MESA Bonaerense, que —según indicó— dejó de entregarse el mes pasado.

En ese marco, Barrios lanzó duras críticas contra la legisladora: “A esta señora solo le importa reclamar la liberación de la presidenta más corrupta de la historia, sacarse fotos con su jefe Máximo Kirchner y gastar la plata de los afiliados al gremio SECASFPI para pagar su campaña política”.

Además, aseguró que Alonso “no presentó un solo proyecto en beneficio de la ciudad” y remarcó que “no hay ningún vecino que pueda nombrar una iniciativa suya que haya traído algún resultado concreto para Campana”.

La concejal también hizo referencia a la interna del peronismo local al señalar que la diputada “solo busca posicionarse en su campaña y mostrarse más opositora que el sector de Furlan-Calle-Sarna”.

Por último, Barrios reiteró su preocupación por la situación social en el distrito y pidió que se prioricen “las necesidades reales de los vecinos por encima de las disputas políticas”.

Ediles del oficialismo de Campana (Juntos), donde gobierna Sebastián Abella, cuestionaron al bloque kirchnerista que abandonó sus bancas y no participó de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. “Dejaron plantados a los vecinos contribuyentes”, aseguraron. 

Desde el bloque denunciaron la ausencia del espacio opositor en la sesión donde se aprobaron las nuevas Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

“Son tan vagos como su jefe Máximo Kirchner, se fueron a mirar el partido de Boca y dejaron a los vecinos plantados. Dan vergüenza ajena”, destacaron los ediles, en referencia al partido que se jugó el martes por la noche por la Copa Libertadores entre Boca y Cruzeiro.

Y sumaron: “Cuando no gritan y hacen show para las redes, directamente se van a su casa, no pueden debatir, ni escuchar a los vecinos que en este caso formaban parte de la Asamblea”.

Por último los ediles de Juntos por Campana, aseguraron que con esa actitud “el bloque kirchnerista les mostró su desprecio a los vecinos comunes que dejaron de hacer sus cosas para asistir a esta Asamblea”.

El Concejo Deliberante de Pinamar en su última sesión un aumento del 21% en el boleto de colectivo a partir de mayo, con los nueve votos afirmativos de Juntos y La Libertad Avanza, y cinco negativos de los ediles del peronismo.

A partir del proyecto se mantiene el descuento del 60% para los residentes que cuenten con tarjeta SUBE registrada.

El beneficio también lo podrán percibir los trabajadores registrados no residentes que se desempeñen en el municipio y que presenten una serie de documentación, informó El Telégrafo.

Violeta Saquilán, concejal de Unión por la Patria, fue la vocera del rechazo durante la sesión: “No creo que los ciudadanos hayan tenido un aumento del 21% en sus sueldos para poder afrontar esto”.

Asimismo, la edil tildó de “despropósito” el aumento y consideró que el servicio es “bastante deficiente”.

1. Sección Pinamar Pinamar $3.176,352. Sección Pinamar – Ostende $3.705,843. Sección Pinamar – Valeria $4.764,644. Sección Pinamar – Cariló $5.294,065. Sección Pinamar – Golf (Línea 2) $3.705,846. Sección Pinamar-Pinamar (Línea 2) $3.176,35

Sobre la tarifa de no residentes, y a partir del aumento del boleto del 21% que aprobó el Concejo Deliberante, se aplica un 60% de descuento a los residentes de Pinamar. Esto siempre y cuando tengan la tarjeta SUBE registrada. En este caso, la tarifa -a partir del 1 de mayo cuando entre en vigencia- será la siguiente:

1. Sección Pinamar – Pinamar $1.270,542. Sección Pinamar – Ostende $1.482,333. Sección Pinamar – Valeria $1.905,864. Sección Pinamar – Cariló $2.117,625. Sección Pinamar – Golf (Línea 2) $1.482,336. Sección Pinamar – Pinamar (Línea 2) $1.270,54

Para obtener el beneficio de la tarifa de residentes, los trabajadores deben estar registrados y mantener relación de dependencia en “algún establecimiento con domicilio en el partido de Pinamar”.

Un concejal de La Libertad Avanza del distrito bonaerense de Presidente Perón fue detenido en las últimas horas en San Vicente, tras ser sorprendido manejando un auto con pedido de secuestro activo y documentación presuntamente adulterada, según consignó este viernes el diario Clarín. 

El hecho ocurrió durante un control vehicular realizado por el Comando de Patrullas en la intersección de la ruta 58 y Juan Pablo II, donde los efectivos frenaron el vehículo y comenzaron una inspección de rutina.

El conductor fue identificado como Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón. Según fuentes policiales, circulaba a bordo de un Renault Sandero azul oscuro.

Al verificar los datos del vehículo, los agentes constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde marzo de 2024, emitido por un juzgado federal de Lomas de Zamora. Además, durante la revisión detectaron inconsistencias en la cédula automotor, especialmente en la numeración, lo que encendió las sospechas sobre la autenticidad de los papeles.

Frente a estas irregularidades, la Policía procedió a la detención del funcionario y al secuestro del vehículo, que fue trasladado junto con el acusado a una dependencia de la zona.

La causa quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, mientras que la Justicia Federal dispuso avanzar bajo la figura de “encubrimiento” e investigar si hubo uso de documentación falsa. El concejal permanece detenido y bajo investigación, en un caso que genera fuerte impacto político en el distrito.

En el Concejo Deliberante de Tigre se abrió un conflicto interno dentro de La Libertad Avanza por la definición de una banca que todavía no fue resuelta y que generó fuertes cruces entre dirigentes del espacio.

La disputa comenzó cuando el dirigente Maximiliano Carlos Picco pidió que se desplace a la concejal Milagros Rodríguez, quien asumió su cargo tras la muerte del edil Mariano Pelayo. Su planteo se basa en la aplicación de la ley de paridad de género y en la forma en que debe efectuarse el reemplazo dentro del cuerpo legislativo.

Sin embargo, el referente libertario en el distrito, Segundo Cernadas, rechazó esa posibilidad y sostuvo que no corresponde correr a la concejal. Según explicó, el mecanismo legal es el corrimiento de lista y la normativa de paridad no habilita ese tipo de desplazamiento.

“Lo último que quisiéramos en nuestro espacio sería correr a Milagros”, afirmó Cernadas, quien además calificó el conflicto como una “operación de baja estofa” y cuestionó las versiones que circularon sobre el caso.

Con el avance del conflicto, también surgieron versiones políticas y personales. Según publicó el medio local Zona Norte Diario, en el Concejo circula la hipótesis de que Picco y Rodríguez mantuvieron una relación sentimental que terminó en malos términos, algo que algunos mencionan como posible trasfondo, aunque no está confirmado.

En paralelo, el caso expone diferencias dentro del armado político: Rodríguez fue incorporada por el sector de Cernadas y Sofía Bravo, mientras que Picco responde a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, del PRO. También hay versiones que lo vinculan con el trabajo territorial de Nicolás Scioli.

Mientras tanto, el expediente administrativo continúa su curso. Como no se cumplió el plazo de 72 horas que Picco había planteado, la definición de la banca podría terminar resolviéndose en la Justicia.

El conflicto deja expuesta una interna en La Libertad Avanza en Tigre, donde una discusión por un reemplazo legislativo derivó en tensiones políticas más amplias dentro del espacio.

En Tandil, el debate por la política social del Gobierno nacional volvió a escalar dentro del Concejo Deliberante, en medio de una sesión marcada por cruces y fuertes cuestionamientos.

Todo se dio a partir de una resolución que buscaba expresar el rechazo a la reducción del programa Potenciar Trabajo, rebautizado por la actual gestión como Volver al Trabajo, medida que impacta en sectores vulnerables de la ciudad.

Durante el debate, la concejal de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Cisneros, tomó la palabra y defendió la postura de no acompañar el reclamo hacia Nación. Argumentó en favor de la necesidad de promover el “trabajo genuino” por encima de los programas sociales con contraprestación.

Su intervención generó reacciones inmediatas dentro del recinto, especialmente por parte de integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes cuestionaron el recorte de ingresos que afectaría a unas 900 personas en situación de vulnerabilidad, con montos cercanos a los 78 mil pesos mensuales.

El clima fue tenso y el intercambio dejó un fuerte malestar entre los presentes.

Sin embargo, de acuerdo a lo que publicó el medio local El Eco de Tandil, el debate sumó un capítulo posterior que profundizó la controversia: según versiones que circularon en el ámbito político local, la propia Nadia Cisneros habría sido beneficiaria del programa Potenciar Trabajo durante la pandemia.

La información generó revuelo en distintos sectores de la política serrana, especialmente porque desde el espacio Acción Tandilense, alineado con la lógica de La Libertad Avanza, suelen sostener un discurso centrado en la crítica a los planes sociales y en la defensa de la “ética” en la función pública.

La situación reavivó la discusión sobre coherencia política y uso de programas sociales, en un contexto donde el ajuste y la redefinición de las políticas de asistencia siguen generando tensión en todo el país.

El bloque de concejales de Fuerza Patria Chacabuco anunció que presentará en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante un proyecto para abordar la situación del PAMI, en medio de los cuestionamientos por los recortes impulsados por el gobierno nacional de Javier Milei, según informó el medio local Chacabuco Noticias.

En ese marco, los ediles expresaron su preocupación por el impacto de las medidas en los adultos mayores y señalaron: “La principal preocupación está puesta en la pérdida de medicamentos gratuitos, las restricciones para acceder a la cobertura total y las demoras en la autorización de tratamientos oncológicos y especiales, una realidad que golpea de lleno a jubilados y jubiladas de Chacabuco”.

Desde el bloque advirtieron además que “la eliminación del vademécum universal, las trabas para acceder al subsidio social y el aumento constante del precio de los remedios dejaron a miles de afiliados en una situación angustiante”.

En la misma línea, remarcaron: “A esto se suman demoras en medicamentos oncológicos, insulinas especiales y otros tratamientos indispensables, poniendo en riesgo la continuidad de la atención y la salud de los adultos mayores”.

El proyecto también cuestiona el deterioro de las prestaciones médicas, con recortes que afectan la atención de médicos de cabecera, odontología y la entrega de insumos como anteojos, pañales y sillas de ruedas.

Finalmente, los concejales adelantaron que expresarán su repudio al vaciamiento del PAMI, exigirán la revisión de las medidas y solicitarán la presencia del titular local del organismo para brindar explicaciones sobre la situación de los afiliados en Chacabuco.

La concejala de Punta Indio, Pierina Colabianchi, solicitó licencia a su banca en el Honorable Concejo Deliberante para dedicarse de lleno a sus funciones dentro del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La decisión se formalizó durante la sesión ordinaria N° 04/2026 y generó distintas lecturas en el ámbito político local.

El comunicado oficial fue breve y se limitó a explicar que la dirigente priorizará su rol en la gestión provincial. Sin embargo, el movimiento no pasó desapercibido en el escenario político del distrito.

Según informó el medio local Ahora Online, en los pasillos del Concejo y entre referentes locales, la interpretación es otra: lejos de tratarse de un alejamiento, muchos lo ven como un paso estratégico. La salida temporal del cuerpo legislativo podría leerse como un reordenamiento de su perfil político, con proyección a futuro.

En ese marco, empiezan a surgir especulaciones sobre un posible posicionamiento de cara a las elecciones de 2027. Sin confirmaciones públicas, pero con señales que no pasan inadvertidas, el nombre de Colabianchi comienza a instalarse en la conversación política de Punta Indio.

Por ahora, la decisión formal es una licencia. El impacto real, en cambio, recién empieza a medirse.

El Concejo Deliberante de Necochea aprobó por unanimidad la declaración de la emergencia sanitaria para el distrito por 180 días, con especial foco luego de lo sucedido en una de las localidades del interior del partido.

Cabe recordar que en el pasado mes de marzo, una vecina falleció tras sufrir un paro cardíaco y, según el relato de los testigos, tuvo muchas dificultades para acceder a atención médica. 

El hecho reavivó el reclamo de falta de profesionales de salud en las localidades del municipio y generó una protesta de los habitantes.

La iniciativa, que había sido presentada como el tema central de la jornada, generó intercambio de opiniones entre los concejales, quienes coincidieron en la necesidad de atender la situación del sistema de salud en ambas comunidades. Tras las intervenciones, el proyecto obtuvo el respaldo total del cuerpo legislativo.