El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó este miércoles una resolución para repudiar los cambios al régimen de Zona Fría que impulsa el Gobierno nacional y que, de avanzar en el Senado, podrían reducir o eliminar los descuentos en las tarifas de gas para miles de hogares bonaerenses.

La iniciativa, presentada por el bloque Fuerza Patria, fue acompañada por la mayoría de los espacios políticos. La excepción fueron los concejales de La Libertad Avanza y Alianza La Libertad Avanza, que se abstuvieron y no acompañaron el rechazo a la reforma.

Durante el debate, los autores del proyecto advirtieron sobre el impacto económico que tendría la modificación del régimen para los usuarios alcanzados por el beneficio, según informó el medio local Diario El Norte. 

El concejal Pablo Del Litto sostuvo que la iniciativa con media sanción en la Cámara de Diputados implicaría aumentos de entre el 40% y el 100% en las tarifas de gas para usuarios de distintos municipios bonaerenses.

Por su parte, la concejala Vanesa Vargas aseguró que en San Nicolás el cambio afectaría al 77% de los hogares, lo que representa alrededor de 44.000 familias que hoy reciben el beneficio.

El régimen de Zona Fría, ampliado en 2021, incorporó a numerosos distritos bonaerenses con descuentos en las facturas de gas. El proyecto que ahora deberá tratar el Senado modifica los criterios de acceso al beneficio y, según advierten distintos sectores políticos y organizaciones de usuarios, podría dejar afuera a una parte importante de los actuales beneficiarios.

Desde Fuerza Patria sostienen que la iniciativa forma parte de la política de reducción de subsidios del Gobierno nacional y que tendrá un fuerte impacto en la economía de miles de familias.

Con la aprobación de la resolución, el Concejo Deliberante dejó sentada su postura institucional en defensa del régimen de Zona Fría, mientras el debate por la reforma continuará en el Senado de la Nación.

El concejal Ricardo Rij presentó su renuncia al cargo de presidente de bloque de La Libertad Avanza y oficializó la creación de un nuevo espacio político denominado “Renovación Quilmeña”.

El movimiento resulta llamativo ya que el último 23 de junio, había sido elegido como nuevo presidente del bloque.

“En el marco de la sesión ordinaria que no obtuvo quorum de este Martes (23 de junio), nuestro bloque, presente en el Honorable Concejo Deliberante oficializó la presidencia del bloque de Ricardo Rij. Felicitamos a Ricardo y a nuestros ediles Rolón Daniel, Sabrina Morguen, Leandro Goria en nombre de La Libertad Avanza y nuestra coordinadora Estefanía Albasetti. Vamos por más logros juntos!”, señala un comunicado difundido a raíz de la designación.

Sin embargo, la ruptura quedó formalizada mediante una nota presentada el 2 de julio ante la Presidencia del HCD. Allí, Rij comunicó su renuncia como presidente del bloque y notificó la creación del bloque unipersonal "Renovación Quilmeña", solicitando el reconocimiento institucional y las prerrogativas correspondientes para su funcionamiento.

La salida de Rij expone las dificultades que atraviesa La Libertad Avanza en el armado bonaerense con varias rupturas de bloque y fugas que se han ido sucediendo en el tiempo.

Más tarde, una vez confirmada la salida, desde LLA Quilmes cuestionaron en duros términos al edil tránsfuga. “Quienes lo acompañaron con su voto lo hicieron para representar las ideas de la libertad. Por respeto a esa voluntad popular, le exigimos que haga entrega de la banca que obtuvo bajo el nombre y los valores de este espacio”, indicaron.

Además pidieron "disculpas a los vecinos de Quilmes por un fraude ideológico de quien entregó sus ideas al mejor postor".

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La investigación por el crimen de Graciela Martínez, la abogada y exconcejal de Morón hallada enterrada en el patio de su casa de Castelar, sumó un dato clave: la autopsia determinó cuál fue la causa de su muerte.

Según el informe forense, la mujer de 54 años falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante en el cuello. Los investigadores creen que el ataque habría sido por la espalda y que la víctima murió tras una importante pérdida de sangre.

El principal acusado del homicidio es su hijo, Carlos Ignacio C. M., de 25 años, quien permanece detenido por haber intentado asesinar también a su padre, un hombre de 89 años que sufrió heridas cortantes y sobrevivió al ataque.

El resultado de la autopsia ya fue incorporado al expediente por homicidio agravado por el vínculo, que instruye el fiscal José María Ghessi. El sospechoso aún no declaró en esa causa, ya que continúa detenido por el intento de homicidio de su padre.

De ser encontrado culpable, la única pena prevista para este delito es la prisión perpetua.

El cadáver de Martínez fue encontrado durante un allanamiento en la vivienda familiar, ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, en Castelar. Los efectivos excavaron en un sector del patio donde había tierra removida y encontraron el cuerpo envuelto en bolsas de consorcio.

En el procedimiento participaron Bomberos y peritos de la Policía Científica.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el acusado habría asesinado a su madre, ocultado el cuerpo en el patio de la vivienda y, posteriormente, se dirigió a la casa de su padre con la intención de atacarlo.

Martínez era una figura conocida en la política de Morón. Se desempeñó como concejal entre 2001 y 2003 y también ejercía la abogacía.

Tras confirmarse el pase del concejal de Pehuajó, Agustín Juan, desde las filas de la Unión Cívica Radical (UCR) hacia el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el edil fundamentó su decisión basándose en el fuerte quiebre interno que atraviesa el partido.

En esa línea, Juan mencionó que el “posicionamiento político que tiene la UCR a nivel nacional”, fue uno de los motivos,  ya que “los dirigentes no tienen una línea clara ni una bajada política estable”. Además afirmó que junto a “la ruptura en dos partes a nivel provincial y en el Congreso”, ha dejado a “los legisladores locales solos". "Al menos así lo sentía de mi parte”, reveló.

El concejal argumentó en declaraciones a Rumores de Pehuajó que el proceso de cambio de bancada le tomó un par de meses de charlas con distintos actores políticos locales y descartó que la labor legislativa de la oposición vaya a resentirse.

"Dentro del área legislativa no va a cambiar mucho porque trabajamos juntos y en conjunto con los distintos bloques opositores", aclaró, minimizando el impacto de la transición en el día a día del Concejo Deliberante.

Al ser consultado sobre si las ideas libertarias representan mejor a la sociedad actual que la plataforma de la UCR, el concejal fue tajante: "En mi caso me están representando mejor, y creo que es lo que representa también al pueblo. En las últimas elecciones se vio claramente que el pueblo está pidiendo algo distinto. Vengo de una generación nueva dentro de la política y el tiempo me demostró la gran diferencia que se está marcando entre los políticos y el partido radical".

Tras su pase a las filas violetas, la UCR local emitió un duro comunicado. Este mes cambió de autoridades. Se fue Graciela Agostinelli y asumió Andrea Lluch, alejada de la idea de confluir con los libertarios.

En el texto se apuntó de manera indirecta a la “falta de convicciones” por lo que el edil recogió el guante: "Seguramente puede llegar a haber molestado. Con respecto a las convicciones, creo que no son personales ni de un partido político, sino que son las del pueblo. Las convicciones se demostraron en las últimas elecciones y quiero acompañar el proyecto para lograr un cambio realmente en nuestra localidad".

Hacia el final de la entrevista, Juan detalló que La Libertad Avanza está consolidando un equipo "realmente grande" en Pehuajó para abordar problemáticas estructurales históricas.

El caso que conmociona a Castelar sumó nuevos detalles sobre la vida de la víctima. Graciela Martínez, la mujer de 54 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio trasero de su casa, era una reconocida abogada y había integrado el Concejo Deliberante de Morón entre 2001 y 2003.

Según relataron vecinos a distintos medios locales como Primer Plano Online, Martínez era muy querida en el barrio y mantenía una relación muy cercana con su hijo, Carlos Ignacio Costa Martínez, de 25 años, quien permanece detenido y es el principal acusado del matricidio.

"Era una mujer que cuidaba mucho de su familia, se desvivía por su hijo", coincidieron varios vecinos consultados. También contaron que, aunque en los últimos años vivía sola en la vivienda de la calle Arrecifes al 1200, el joven solía visitarla con frecuencia.

Una vecina identificada como Nélida relató que Graciela solía comentar que hacía las compras para cocinarle a su hijo cuando iba a verla. "Graciela solo tenía ojos para su hijo", expresó en declaraciones publicadas en Clarín.

Además de su trayectoria política en Morón, Martínez continuó vinculada al ejercicio de la abogacía. De acuerdo con publicaciones en sus redes sociales, en 2014 participó de un encuentro internacional de abogados realizado en Brasil.

El cadáver de Graciela Martínez fue encontrado el jueves enterrado en un profundo pozo en el jardín de su vivienda, envuelto en bolsas de consorcio. Para recuperar el cuerpo fue necesaria la intervención de Bomberos, que realizó una excavación de varios metros.

El procedimiento se inició luego de que un amigo del sospechoso se presentara ante la Policía y revelara que el joven le había confesado el crimen. Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia que permitió encontrar el cuerpo.

Al momento del hallazgo, Carlos Ignacio Costa Martínez ya se encontraba detenido en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de haber intentado asesinar a su padre, un hombre de 89 años.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que primero asesinó a su madre, ocultó el cuerpo en el fondo de la vivienda y, posteriormente, intentó matar a su padre, hecho por el que fue arrestado horas antes de que se descubriera el crimen.

El Concejo Deliberante de Trenque Lauquen recibió un proyecto de ordenanza elaborado por un vecino de la ciudad, en el marco del derecho de Iniciativa Popular, que propone modificar la normativa vigente sobre el Régimen de Estacionamiento Vehicular Medido (SEM).

La iniciativa plantea que los conductores mayores de 80 años, respecto de un único automotor y/o quien esté autorizado a su conducción, queden eximidos del pago del SEM.

El beneficio se limitaría a un solo vehículo, debidamente acreditado, con el objetivo de facilitar la realización de trámites médicos, bancarios y administrativos en el centro de la ciudad.

El proyecto fundamenta la propuesta en la necesidad de promover la autonomía en la vejez, y sugiere implementar un sistema administrativo similar al que utiliza la Oficina de la Tercera Edad y Discapacidad, mediante la entrega de una credencial o sticker identificatorio que garantice la viabilidad y evite fraudes.

La propuesta fue ingresada oficialmente al Concejo y se espera que sea girada a comisión para su análisis y eventual tratamiento legislativo, según publicó OesteBA.

El Concejo Deliberante de Balcarce aprobó por unanimidad la ordenanza de Ficha Limpia, una iniciativa que impedirá el acceso a cargos no electivos a la función pública municipal a personas con antecedentes penales o condenas por delitos dolosos, es decir, no incluye intendente, concejales ni consejeros escolares.

La norma fue impulsada por el concejal Gonzalo Scioli, del bloque Somos. Durante el tratamiento se incorporó una modificación para incluir también a los directivos del Hospital Municipal dentro de los alcances de la norma, ampliando el alcance de la ordenanza.

Scioli defendió el proyecto y destacó que “la confianza se construye con el ejemplo”. En su intervención, sostuvo que la medida “no es una cuestión partidaria ni apunta contra una persona en particular”, sino que busca definir criterios para quienes tienen a su cargo la administración de recursos públicos y la representación de la comunidad.

“La política atraviesa tiempos complejos. Muchas veces los ciudadanos sienten distancia, desconfianza e incluso decepción respecto de las instituciones. Frente a ello, no alcanza con pedir confianza: debemos construirla. Y la confianza se construye con hechos, con reglas claras y con el ejemplo”, afirmó, según publicó el medio La Vanguardia.

Balcarce se convirtió así en el segundo distrito de la provincia de Buenos Aires en aprobar una ordenanza de Ficha Limpia, tras lo hecho por General Arenales semanas atrás.

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El edil explicó que la ordenanza no reemplaza el accionar de la Justicia ni afecta el principio de inocencia, sino que se basa en decisiones judiciales firmes relacionadas con delitos considerados graves, como corrupción, fraude contra el Estado y abuso de la función pública.

“La Ficha Limpia no busca excluir personas; busca proteger instituciones. No pretende limitar la democracia; busca fortalecerla”, señaló Scioli, quien agregó que la democracia también se mide por la calidad y la integridad de quienes ocupan cargos públicos.

Además, destacó que los vecinos tienen derecho a conocer que quienes asumen funciones de responsabilidad cumplen con determinados estándares de conducta. “Los cargos públicos deben ser un servicio a la comunidad, nunca un refugio ni un privilegio”, sostuvo.

El intendente de General Alvear Ramón José Capra (UCR) había vetado una ordenanza impulsada por el Bloque PJ Fuerza Patria, donde se disponía la suspensión de aumentos salariales para el personal superior y jerárquico del municipio, al tiempo que limitaba las bonificaciones por función con el objeto de redirigir los recursos hacia los trabajadores de menores ingresos.

Luego, el Concejo Deliberante rechazó el veto con dos tercios de los votos y el tema terminó en la  Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por un “conflicto de poderes”.

Después de efectuar dos pagos con los incrementos de 2,5% cada uno acordados en la paritaria en marzo a los municipales, cuando el Concejo se disponía a tratar el nuevo tramo, un grupo de nueve concejales de la oposición, donde hay cinco peronistas, tres de Nuevos Aires y uno de Potencia, aprobaron la ordenanza de la polémica.

Allí se propuso congelar los aumentos del sueldo básico del personal superior desde la presentación del proyecto hasta el 31 de octubre de este año, excluyendo del incremento a la categoría 4 ingresante, la cual es utilizada como base de cálculo para los haberes del intendente, secretarios de gobierno, directores generales, contador, tesorero y otros funcionarios. También le pusieron un tope del 50% a las bonificaciones de los funcionarios. 

Para el ejecutivo, el veto se basó en que el Concejo se arrogó competencias que, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponden exclusivamente al poder administrador. Pero la oposición insistió y todo terminó en la Justicia.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Vanesa Papa, jefa del bloque UCR de General Alvear, sostuvo que todo se trató de una maniobra donde se avasallaron competencias del Ejecutivo, en línea con lo planteado por “Tito” Capra.

“Fue netamente político, buscando el impacto mediático más que un beneficio para los trabajadores, y menos para los jubilados, que también se vieron perjudicados. No tuvieron en cuenta el orden institucional avasallando competencias plenamente del poder ejecutivo”, subrayó. Hoy la ordenanza está suspendida por una cautelar de la Suprema Corte y el presidente del Concejo Deliberante, el peronista Alberto Alaníz, deberá contestar la demanda.

Asimismo, Papa analizó: “Llama la atención que hay concejales que ya van por un segundo o tercer mandato, y que a esta altura no sepan cuáles son las competencias que tenemos como concejales. Es para pensar”.

Por otro lado, la edil señaló que el intendente Capra tuvo que dar por decreto el aumento a los empleados alcanzados por la ley 14.656. “Los únicos que no están alcanzados por la ley 14.656 son los directores de las diferentes áreas municipales”, aclaró. “El resto incluyendo concejales ha cobrado el aumento, el problema es que se ha tergiversando la información”, acotó.

Papa también recalcó que como presidente del bloque oficialista “en todo momento" estuvieron ”dispuestos al diálogo, a trabajar en comisión el tema para buscar de manera responsable" y poder quedar excluidos los concejales del aumento, “sin perjudicar a nadie ni extralimitarnos con nuestras competencias". "Pero no tuvimos la oportunidad", lamentó.

Por último clarificó otro punto cuestionado por la oposición, quien habla de cifras abultadas en los sueldos de los funcionarios: “Suena lindo, cuando sos oposición, pero no es así. Todos los directores tienen bonificación según función, y la mayoría tiene menos del 50%”. 

La regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata dio este martes un paso importante. Tras los incidentes ocurridos durante una reunión del Concejo Deliberante, una comisión avanzó con los proyectos que buscan establecer reglas para el funcionamiento de Uber y otras plataformas en la ciudad.

Durante el debate, representantes de los taxistas volvieron a manifestar su preocupación por el impacto que las aplicaciones tuvieron sobre la actividad. Además de reclamar que los conductores de plataformas cumplan requisitos similares a los de taxis y remises, pidieron que se establezca un límite en la cantidad de choferes habilitados.

"Es una guerra entre pobres", definió Darío López, secretario general de la Federación de Conductores de Taxis, al señalar que la competencia por los viajes enfrenta a trabajadores que atraviesan dificultades económicas similares.

El proyecto que avanzó en comisión establece que las plataformas deberán registrarse en el municipio y controlar que los conductores cuenten con licencia profesional, seguro, verificación técnica vehicular y vehículos con una antigüedad máxima de 15 años.

Según informó el medio local QuéDigital, desde la oposición cuestionaron la rapidez con la que se retomó el tratamiento tras los incidentes y reclamaron que las empresas propietarias de las aplicaciones sean convocadas antes de la votación. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada.

De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida y votada en la próxima sesión del Concejo Deliberante. Además, avanzó otro proyecto que introduce cambios para los taxis, entre ellos la extensión de la vida útil de los vehículos hasta los 15 años.

La presentación de un proyecto impulsado por concejales de La Libertad Avanza (LLA) en Mar Chiquita abrió una nueva polémica política en el distrito. La iniciativa propone modificar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante para que las reuniones de comisión sean consideradas actos internos de trabajo legislativo y dejen de tener carácter público.

La propuesta despertó el rechazo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que expresó su preocupación por las posibles consecuencias que tendría sobre la transparencia y el acceso a la información pública.

Según el proyecto, las reuniones de comisión, las comisiones plenarias y el Concejo constituido en comisión pasarían a ser considerados espacios internos de trabajo legislativo. En ese marco, dejarían de transmitirse en vivo y no serían de acceso público.

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Además, la iniciativa incorpora un artículo que prohíbe a terceros filmar, grabar o transmitir las reuniones sin autorización de la Presidencia del cuerpo. También establece que será el propio Concejo Deliberante el encargado de generar material audiovisual institucional y publicar posteriormente un resumen de lo tratado a través de los canales oficiales.

Desde FOPEA cuestionaron la propuesta y recordaron que la publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los pilares del sistema republicano. La entidad señaló que tanto el Congreso de la Nación como distintas legislaturas provinciales contemplan las reuniones de comisión como instancias públicas, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

El organismo también destacó que los reglamentos parlamentarios suelen promover la participación de organizaciones civiles, especialistas, investigadores y representantes de distintos sectores sociales en las reuniones de comisión, con el objetivo de enriquecer los debates y acercar las decisiones legislativas a la ciudadanía.

Otro de los puntos observados por periodistas locales, según señaló FOPEA, está relacionado con el tratamiento de la Rendición de Cuentas sin que se encuentre conformada la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De acuerdo con esos cuestionamientos, esa situación podría entrar en conflicto con disposiciones vigentes del reglamento interno.

En su pronunciamiento, FOPEA instó al Concejo Deliberante de Mar Chiquita a rechazar el proyecto y advirtió que restringir el acceso a estos ámbitos puede afectar el control ciudadano sobre las decisiones públicas.

"Dar publicidad a los actos de gobierno y actuar con transparencia mostrando cómo se adoptan las decisiones de los cuerpos parlamentarios es un imperativo para promover la confianza ciudadana en la política y en las instituciones", sostuvo la entidad.

La organización finalmente incorporó el caso a su monitoreo de situaciones vinculadas a posibles abusos del poder estatal y reiteró su pedido para que la iniciativa no avance.

El Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy aprobó por mayoría un proyecto de repudio ante una posible reducción de los beneficios del régimen de Zona Fría, que alcanza a usuarios del servicio de gas natural. El único bloque que votó en contra fue La Libertad Avanza–PRO.

La iniciativa generó un extenso debate en el recinto y expuso fuertes diferencias entre los bloques, según publicó el medio local De Chivilcoy.

El concejal de Frente Patria, Ezequiel Caselles, defendió el proyecto y advirtió sobre el impacto que tendría una eventual reducción del beneficio en la ciudad.

“En Chivilcoy tenemos casi el 70% de la comunidad con acceso al gas natural, por lo que serían aproximadamente 50.000 habitantes los que se verían afectados en la reducción de ese subsidio, en una situación donde las mayorías están siendo afectadas directamente en su poder adquisitivo”, señaló.

Desde La Libertad Avanza–PRO, el concejal Juan Ignacio Felice rechazó la iniciativa y sostuvo que los subsidios deben estar focalizados en los sectores que realmente los necesitan.

En esa línea, afirmó que el esquema vigente ya contempla beneficios para jubilados, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, estimadas en alrededor de $4.400.000.

“Hoy en día en la ciudad de Chivilcoy muchísimas personas que sí pueden pagar por el servicio de gas sin subsidios no lo están haciendo porque están subsidiadas”, expresó.

Además, planteó que el costo del sistema recae en otros sectores del país: “Lo que uno no paga del servicio de gas, alguien más lo está pagando. En este caso, personas que viven en el norte del país”, agregó.

Y cerró con una definición política: “Privilegio es que alguien que puede pagar no lo esté haciendo”.

El Concejo Deliberante de Junín sancionó  tres ordenanzas vinculadas al transporte de pasajeros, las cuales modifican y actualizan el esquema regulatorio en la ciudad del noroeste bonaerense. Las iniciativas alcanzan a taxis, remises y apps de viajes.

En cuanto a los Taxis, uno de los aspectos más destacados del proyecto es la posibilidad de incorporación formal de las plataformas digitales como herramienta complementaria para la contratación y gestión de viajes. También contempla la posibilidad de actualizar las tarifas mediante mecanismos técnicos y objetivos vinculados a índices de costos y precios.

Por otro lado, al respecto de la regulación de las aplicaciones, se establece que los conductores que presten servicios mediante plataformas deberán contar con licencia profesional habilitante, carecer de antecedentes penales, disponer de un seguro para los pasajeros transportados y someter los vehículos a controles municipales. Además, la ordenanza dispone que los choferes deberán estar radicados en Junín.

En tanto, para las agencias de remises donde se habilita la digitalización de expedientes y se elimina la obligatoriedad de contar con cochera, manteniendo la exigencia de una oficina habilitada, según publicó Junín24.

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en el centro de Chivilcoy derivó en una situación que generó repercusión política. La concejal oficialista Nadia Rosito sufrió un choque con otro vehículo y, al momento de verificar la documentación, las autoridades detectaron que manejaba con la licencia de conducir vencida.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen y fue protagonizado por un Volkswagen Gol conducido por Rosito y una camioneta Renault Oroch manejada por Guillermo Duy.

Tras el impacto, personal policial se presentó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Según se informó, ninguno de los conductores resultó herido y no fue necesaria la intervención del SAME, ya que los daños fueron únicamente materiales.

Sin embargo, durante el control de la documentación reglamentaria, los efectivos constataron que la concejal circulaba con la licencia de conducir vencida, una infracción contemplada en la Ley Nacional de Tránsito.

Ante esa situación, la Policía procedió al secuestro del Volkswagen Gol, que fue trasladado al depósito correspondiente.

Según publicó el medio local La Razón de Chivilcoy, Rosito integra actualmente el bloque oficialista Primero Chivilcoy, espacio que responde al intendente Guillermo Britos y del que además es presidenta de bancada.

Ahora se espera la intervención del Juzgado de Faltas local, que deberá determinar las sanciones y multas que correspondan por la infracción detectada.

El concejal del PRO en Avellaneda, Lucas Yacob, cuestionó la organización del operativo desplegado durante la despedida pública de Carlos “Indio” Solari y sostuvo que la decisión de realizar el multitudinario homenaje tuvo consecuencias negativas para distintos sectores de la ciudad.

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente opositor aclaró que mantiene “un absoluto respeto por el Indio Solari” y “lo que representa para la cultura argentina, nunca lo puse en duda” pero aclaró que no acompañará decisiones que considere equivocadas por razones políticas y apuntó directamente contra la gestión municipal.

“Nunca me van a encontrar siendo obsecuente de medidas que no me parezcan justas, aunque sean incómodas de remarcar”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la organización del velatorio fue una medida "imprudente" y acusó al Municipio gobernado por Jorge Ferraresi (hoy de licencia) de priorizar intereses políticos. “Sostengo que la decisión del Municipio fue imprudente, poniendo por encima su ambición política sin pensar a quiénes perjudicó”, manifestó.

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Entre las consecuencias negativas de la despedida multitudinaria que enumeró, mencionó las dificultades que atravesaron comerciantes y feriantes que no pudieron desarrollar normalmente sus actividades, los cortes y complicaciones de tránsito registrados en distintos puntos de Avellaneda, la acumulación de residuos en la zona y la suspensión de clases en establecimientos educativos cercanos al operativo.

En la publicación, Yacob difundió una placa titulada “Resultados del operativo en Villa Domínico (Gatica)”, donde realizó un balance crítico de la jornada. Allí señaló como aspectos negativos la suspensión de clases en escuelas y jardines de la zona, las dificultades para la circulación vehicular, la existencia de decenas de calles cortadas y el cierre de comercios durante el domingo.

No obstante, el concejal reconoció un aspecto positivo del operativo y destacó que durante la despedida pública del músico “no se registraron hechos de violencia”, pese a la masiva concurrencia de personas llegadas desde distintos puntos del país.

“La desesperación del intendente por ser candidato a gobernador lleva a no medir consecuencias. Mientras piensa en su próximo cargo, los vecinos de Villa Domínico tuvieron que convivir con calles cortadas, escuelas sin clases, suciedad y caos de tránsito”, recalcó.

El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Marco Trípodi informó durante la última sesión del Concejo Deliberante de Patagones su decisión de renunciar al cobro de la dieta correspondiente a su cargo para retomar de manera activa sus funciones como médico en el sistema público de salud.

El edil es médico especialista en nutrición y diplomado en diabetes, el único del distrito con esas características, por lo que retomó la atención de pacientes en el hospital Pedro Ecay. 

En diálogo con el programa Tocá Madera de Radio Noticias, explicó que si bien nunca dejó de ejercer la medicina en el ámbito privado, sí se había apartado temporalmente de sus funciones dentro del hospital público tras asumir como concejal en diciembre pasado, quien además recordó que es empleado municipal desde hace 25 años.

"Inicialmente nunca dejé de ejercer la medicina. En la parte privada no hay ninguna clase de incompatibilidad", señaló. Según indicó, la situación fue consultada ante el Honorable Tribunal de Cuentas, organismo que no encontró incompatibilidades generales entre el ejercicio de la medicina y el cargo de concejal.

El concejal sostuvo que decidió regresar al hospital debido a la necesidad de garantizar la atención de pacientes que estaban teniendo dificultades para acceder a consultas especializadas. "Al ser yo el único especialista, había muchos pacientes que habían quedado sin poder resolver su atención", afirmó.

"Ya empecé el lunes y hoy estoy de consultorio, así que ya estoy atendiendo normalmente en el hospital Ecay, como desde hace 25 años", expresó.

Por otra parte, analizó la situación general del sistema de salud y afirmó que uno de los principales desafíos continúa siendo la falta de recursos humanos especializados. "Siempre en salud el gran problema es el recurso humano calificado. Es una gran deuda que se arrastra en varios gobiernos", sostuvo.

Finalmente, hizo referencia al conflicto que comenzó a manifestarse en establecimientos sanitarios del interior del distrito, especialmente en las localidades de Villalonga y Stroeder, donde trabajadores de distintas áreas cuestionan recortes en horas extras que impactan sobre sus ingresos.

También se refirió a la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en el distrito. En ese sentido, informó que el bloque radical presentó un pedido de informes para conocer el estado de la deuda que la obra social bonaerense mantiene con el sistema de salud local. En ese marco, indicó que el principal problema no se registra actualmente en la atención ambulatoria, sino en las deudas relacionadas con las internaciones y prestaciones hospitalarias.

🔥💥Momento tenso en Berisso: arrojó una bomba molotov contra el Concejo Deliberante. Luego lo detuvieron luego que intentase escapar. pic.twitter.com/O77M7vKnIZ

Este lunes se vivió un momento de tensión en el Concejo Deliberante de Berisso, cuando alrededor de las 8:45 un hombre se detuvo frente al edificio y comenzó a proferir gritos amenazantes y arrojó un artefacto incendiario tipo “molotov” contra el edificio de esta institución.

Afortunadamente, el ataque no logró su objetivo, ya que el elemento incendiario impactó contra el mástil ubicado frente al edificio y no provocó daños de consideración. La situación fue controlada de manera inmediata y no se registraron personas heridas. 

Tras el hecho, el autor se dio a la fuga a bordo de un vehículo, siendo rápidamente identificado por el personal de seguridad del Concejo. Gracias al trabajo articulado entre el Centro Operativo de Monitoreo (COM) y personal de la Comisaría Primera de Berisso y mediante la implementación de un operativo cerrojo, se logró su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial correspondiente.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades competentes, la persona involucrada atravesaría una situación vinculada a su salud mental, circunstancia que se encuentra siendo abordada por los organismos correspondientes, informaron en un comunicado desde el Concejo deliberante.

"Queremos llevar tranquilidad a las vecinas y vecinos de Berisso: el Honorable Concejo Deliberante continúa desarrollando sus actividades con absoluta normalidad. Asimismo, agradecemos la rápida y eficaz intervención del personal del COM y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo accionar permitió resolver la situación en pocos minutos", indicaron.

En el marco del caso de Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de la municipalidad de Morón, quien sigue prófuga de la Justicia, el secretario de Seguridad del Municipio, Damián Cardoso, fue el encargado de brindar las explicaciones requeridas por la oposición en la interpelación convocada por el Concejo Deliberante.

Ortigoza era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Morón. Había ingresado en febrero del 2020 como temporaria y en junio de 2025 la nombraron Directora. Hoy pesa sobre ella un pedido de captura nacional e internacional, luego de que en un allanamiento se secuestraran paquetes de cocaína e instrumentos para su corte y comercialización en su vivienda, ubicada en Castelar Sur.

El secretario aclaró que mientras se estaban llevando adelante allanamientos por venta de drogas en el distrito, se entera que había sido detenida “una funcionaria o empleada” la cual estaba prófuga. “Lo único que hice fue ponerme a disposición de la Fiscalía, para aportar cualquier cosa que pueda dar celeridad y conseguir la detención de las personas involucradas. Con más razón cuando me explicó que podía ser una funcionaria. No me dio más detalles”, recordó de aquel encuentro con la fiscal Marisa Monti.

“Tenemos una funcionaria que desarrollaba su actividad normalmente, que no había una alerta temprana y nada hacía suponer que tenía una actividad delictiva, que no tenía ningún nexo entre el delito y la gestión municipal”, indicó. “Eera un delito ajeno a la administración municipal, no se involucró las funciones con la actividad paralela, a escondidas, desarrollada en horarios en que no estaba en el municipio con lo cual no hay traslado de responsabilidad penal”, insistió.

Por último Cardoso destacó “la reacción del intendente” Lucas Ghi, y que “el procedimiento de idoneidad puede fallar, más cuando la persona no tiene ningún antecedente en el área”. “Lo malo sería que una funcionaria que vende droga no fuera desplazada de inmediato. Lo importante es la reacción del Estado, de la política”, recalcó.

La preocupación por la inseguridad sigue creciendo en el Partido de La Costa y, en ese contexto, el concejal radical Dani López puso en marcha una campaña de recolección de firmas para exigir respuestas concretas al Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se desarrolla en distintas localidades del distrito con el objetivo de respaldar un reclamo formal ante las autoridades provinciales. El pedido incluye una mayor presencia policial, más recursos para la prevención del delito y la implementación de un plan de seguridad acorde a la realidad que atraviesan los vecinos.

Según explicó el edil, el reclamo surge a partir de la creciente preocupación manifestada por comerciantes, familias y residentes de diferentes puntos del partido.

“Lo que más preocupa es que la gente ya no aguanta más. Hay vecinos que se organizan entre ellos, comerciantes que viven con miedo y familias que sienten que están solas. Cuando empiezan las marchas y los reclamos en la calle, es porque la situación llegó a un límite”, sostuvo López en declaraciones a Punto Uno 96.1.

El concejal recordó además que semanas atrás presentó personalmente el reclamo ante el Ministerio de Seguridad bonaerense para solicitar más efectivos policiales, móviles y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en el distrito. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hubo respuestas satisfactorias.

“¿Qué más tiene que pasar para que reaccionen? Los vecinos reclaman, los comerciantes reclaman, hay movilizaciones en distintas localidades y, aun así, parece que quienes tienen la responsabilidad de actuar siguen mirando para otro lado. La situación es insostenible”, afirmó.

La campaña de firmas continuará durante los próximos días en diferentes localidades costeras con el objetivo de sumar respaldo ciudadano al pedido y reforzar el reclamo ante las autoridades provinciales.

Tras la aprobación por parte del Concejo Deliberante de General Arenales, de la ordenanza de Ficha Limpia, una iniciativa impulsada por el bloque de concejales de Juntos-UCR, LANOTICIA1.COM dialogó con el jefe de la bancada, Juan Pablo Olivieri.

Contó que la ordenanza se presentó hace veinte días, previo a un trabajo en la Comisión de Reglamento donde se hicieron cuatro o cinco modificaciones. “La verdad que es un orgullo que General Arenales sea pionero en este tema que apunta a la transparencia, a lo que la sociedad está pidiendo hacia la clase política, feliz por esto”, sostuvo.

De acuerdo a la ordenanza 2339/2026, los cargos alcanzados para la restricción de condenados con fallo firme, dictado en segunda instancia o hasta que haya cumplido la pena son el intendente; Secretarios y subsecretarios de la Administración Central; Directores Generales y Subdirectores; Delegados municipales; Concejales y secretarios del HCD; y tesoreros y contadores Municipales; y postulantes a juez de faltas.

Los delitos alcanzados son los relacionados con hechos de corrupción; contra la seguridad de la Nación; contra los poderes públicos y el orden constitucional; cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, encubrimiento, fraude en perjuicio de la Administración Pública, delitos contra el orden económico y financiero;  homicidio, violencia de género o contra la integridad sexual en cualquiera de las modalidades previstas en el Código Penal; delitos que se incorporen y tipifiquen en el Código Penal de la Nación por medio de nuevas normativas o en cumplimiento de Convenciones Internacionales a las que adhiera nuestro País; y Deudores alimentarios morosos inscriptos en el registro provincial, siendo obligatorio presentar el certificado expedido.

-Concejal Olivieri, ¿se generaron dudas con respecto a la aprobación del proyecto? Es un tema que siempre toca las sensibilidades cuando los propios funcionarios se tienen que regular a sí mismos.

Desde el bloque nuestro, y por eso la presentamos, nunca tuvimos dudas hacia el proyecto, poder aplicarlo, hacia que la Intendenta lo, lo aplique también hacia sus funcionarios. Sí, por ahí, concejales de la oposición no estaban muy contentos con el proyecto. Es un poco también lo que pasó en Congreso, que no se pudieron poner de acuerdo con Ficha Limpia.  Acá, detrás de cámara, por ahí tenían algunos reparos sobre el proyecto, pero a la hora de la votación lo aprobaron por unanimidad.

Cuando hablamos de Ficha Limpia quiere decir que toda persona que tenga causa de abuso sexual, causa de enriquecimiento ilícito, deudores alimentarios, violencia de género, no pueda ocupar un cargo público.

Nosotros lo aplicamos tanto para el legislativo como para el ejecutivo, arrancando desde el intendente hasta el último eslabón de la parte política, hasta el tesorero y el contador del municipio, a todas las escalas municipales.

Puede pasar que alguien ingrese con “ficha limpia”, y durante el proceso de su mandato ocurra alguna de estas causas. Bueno, será apartado del cargo hasta que se esclarezca, o que cumpla una pena. Siempre va a actuar la justicia. Nosotros estamos hablando siempre de todas estas causas con condena firme, en segunda instancia. Así que bueno, lógicamente siempre actúa primero la justicia y después bueno, se aplicaría esta ordenanza.

-Usted menciona cuando ocurre una condena en el transcurso de mandato, ¿pero puede llegar alguien condenado ser electo también? ¿Se impedirá que asuma o cómo funciona?

La ordenanza impide que ingrese al concejo deliberante. Lo que nosotros mediante una ordenanza no podemos impedir es que una persona con estas causas sea candidato, integre una lista. Eso nosotros no lo podemos impedir. Ojalá llegue en algún momento que Ficha Limpia se aplique a nivel nacional.

Nosotros lo que pudimos hacer de nuestro pequeño concejo deliberante es aplicar a que no trabaje en la parte ejecutiva y la legislativa, que no ingrese al concejo deliberante ni al municipio en general.

-¿Esperan un efecto de otros municipios, efecto contagio? A veces, cuando empiezan a sancionarse las cuando se da el primer paso después empiezan a aceptarse otros.

Cuando te dije que estábamos orgullosos de esta ordenanza es también porque nos han llamado muchísimos municipios para pedirnos el proyecto, pedirnos la ordenanza y y poder aplicarlo en cada concejo deliberante. Así que creo que esto va a ser un efecto multiplicador y bueno, bienvenido sea.

Aparte es un poco lo que yo explicaba a la hora de la votación. Nosotros hoy somos oficialismo como partido radical, pero esto queda establecido bajo ordenanza para los gobiernos que vengan en el tiempo. Creo que ese es el rol del concejal y te vuelvo a repetir, es un mensaje que la sociedad estaba esperando acá en Arenales, tuvo mucha repercusión porque la política últimamente está siendo manchada y estos son pequeños gestos que ayudan a volver a tomar confianza.

El intendente Ramón José Capra (UCR) había vetado mediante el Decreto N° 314/2026 la Ordenanza Municipal N° 2685/2026, impulsada por el Bloque PJ Fuerza Patria, donde se disponía la suspensión de aumentos salariales para el personal superior y jerárquico del municipio, al tiempo que limitaba las bonificaciones por función con el objeto de redirigir los recursos hacia los trabajadores de menores ingresos.

Este lunes, el Concejo Deliberante rechazó el veto con dos tercios de los votos y todo indica que el tema terminará en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires

Para el ejecutivo, el veto se basa en que el Concejo se arrogó competencias que, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponden exclusivamente al poder administrador.

Según publicó el medio Alvear ya, la ordenanza vetada había propuso congelar los aumentos del sueldo básico del personal superior desde la presentación del proyecto hasta el 31 de octubre de este año. La lista de cargos afectados incluía al propio intendente, secretarios de gobierno, directores generales, contador, tesorero y otros funcionarios.

El bloque de concejales de PJ - Fuerza Patria informó que dos tercios de los integrantes del cuerpo aprobaron la ordenanza de incremento de sueldo y se opusieron al aumento salarial para el intendente, los concejales y la planta política en general. “También le pusimos un tope del 50% a las bonificaciones de los funcionarios. Creemos que en época de crisis y tal como lo ha dicho el oficialismo que tenemos una situación complicada, la política debe dar gestos y consideramos que esto es un comienzo. El veto del Intendente no nos cambió nuestra idea, reafirmamos nuestro compromiso con el empleado por más que nos amedrenten con llevarnos a la Justicia”, refirieron.