Concejales del municipio de Azul de distintos bloques políticos aprobaron un proyecto de resolución que propone constituir el Concejo Deliberante sobre la Ruta Nacional N° 3, a fin de realizar una Sesión especial el 6 de septiembre a las 14.30 horas, para “abordar cuestiones vinculadas a la problemática integral” de la ruta.

La iniciativa que lleva las firmas de varios ediles será tratada en la sesión ordinaria del martes próximo, y se tomó en cuenta para ello la nota presentada por Autoconvocados por la Autovía Ruta Nacional N° 3 y Estrellas Amarillas de Azul, donde solicitan la realización de una sesión especial en el sector del Cristo, ubicado en el ingreso a la ciudad de Azul.

Además de la acción de amparo presentada por la Municipalidad de Azul ante la Justicia Federal en reclamo del mantenimiento de la Ruta N° 3; la sesión especial realizada durante el año 2025 en el mismo lugar y diversas Resoluciones vinculadas con el tema.

"Desde hace años, vecinos, instituciones y organizaciones de nuestra comunidad vienen sosteniendo el reclamo por la transformación en autovía de la Ruta 3 y por la ejecución de obras que garanticen mayores condiciones de seguridad vial", se puntualiza en el proyecto, según informó El Tiempo.

También se recordó que "durante el año 2025 [el Concejo] realizó una sesión especial a la vera de la Ruta 3, en el sector del Cristo, constituyendo un antecedente directo de la iniciativa que motiva el presente. En el marco de aquella instancia y de las actuaciones desarrolladas durante el año 2025, este concejo Deliberante sancionó [una Resolución], mediante la cual expresó la imperiosa necesidad de transformar en autovía la actual Ruta 3, en el tramo comprendido entre las localidades de Las Flores y Chillar, como medida estructural y definitiva destinada a reducir la siniestralidad registrada históricamente en dicho corredor".

Cabe mencionar que la Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Gobierno de Javier Milei hacerse cargo de la reparación de un tramo de la Ruta Nacional 3, entre las localidades de Azul y Cacharí, tras hacer lugar a una medida cautelar que denunciaba el grave estado de la calzada.

La goleada de Estudiantes por 4 a 0 ante Gimnasia en el clásico platense no terminó con el pitazo final. En las horas posteriores, una funcionaria de la Municipalidad de La Plata quedó en el centro de una polémica luego de referirse al plantel albirrojo como “inglés” en una publicación en redes sociales.

Se trata de Paula De Rose, directora general de Centros Comunales de la Comuna, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar el arbitraje del encuentro.

“Para sorpresa de nadie, el arbitraje en el clásico decidió colaborar activamente con el plantel inglés”, escribió la funcionaria, en referencia al equipo de Estudiantes.

De Rose además se identifica públicamente como hincha de Gimnasia y militante peronista. La expresión generó críticas de simpatizantes de Estudiantes, quienes cuestionaron que una funcionaria municipal se expresara de esa manera luego de un partido que terminó con una contundente victoria del Pincha.

Entre quienes salieron al cruce estuvo el exconcejal platense Leonardo Rocheteau, quien calificó a De Rose de “impresentable” y cuestionó su actitud.

La polémica también reavivó el debate sobre los límites entre las opiniones personales de los funcionarios y la exposición pública que implica ocupar un cargo dentro de la Municipalidad.

El clásico platense terminó con una goleada de Estudiantes, pero la rivalidad entre los dos equipos de la ciudad continuó en las redes sociales y esta vez tuvo como protagonista a una funcionaria del gobierno municipal.

La Libertad Avanza continúa perdiendo a cuentagotas concejales en la provincia de Buenos Aires y, esta vez, ocurrió en Junín.

Se trata de Belén Veronelli quien rompe con el espacio libertario para continuar su mandato hasta diciembre de 2027 desde un nuevo unibloque, al que llamó “Libertad y Justicia”. 

En su salida, Veronelli cuestionó el rumbo que tomó La Libertad Avanza y señaló diferencias con algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Javier Milei, dejando en evidencia una distancia política con el espacio del que hasta ahora formaba parte.

“Tomar esta decisión me ha costado tiempo, pero se corresponde con mis principios acerca de lo que es más consecuente con mis valores e ideas que tengo como ciudadana y mujer de la política”, reconoció la concejala al explicar los motivos de su salida.

En ese sentido, aclaró que su salida no significa abandonar la defensa de la libertad, pero sí marcar diferencias con el rumbo que adoptó La Libertad Avanza.

“Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que la libertad debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos, sobre todo aquellos sectores más vulnerables”, afirmó.

El periodista y escritor Daniel Míguez fue distinguido como vecino destacado de Lanús por el Concejo Deliberante local, en reconocimiento a su trayectoria en los medios y a su aporte a la comunicación y la cultura del distrito.

La distinción fue aprobada por unanimidad durante una reciente sesión del cuerpo legislativo, que destacó el recorrido de Míguez como periodista, escritor y referente de distintos proyectos vinculados a la comunicación.

Míguez es fundador y director de la Agencia Universitaria, además de desarrollar su carrera como periodista y escritor.

Una publicación compartida por Belen Berrueco (@bel_berrueco)

El reconocimiento institucional puso en valor su trayectoria y su vínculo con Lanús, donde desarrolló parte de su actividad profesional y cultural.

La declaración como vecino destacado se concretó durante una sesión en la que también se formalizó la asunción de Rosetti como concejal, aunque el homenaje a Míguez fue uno de los momentos destacados de la jornada.

La distinción se suma así a los reconocimientos que el distrito entrega a vecinos que, desde distintos ámbitos, realizan aportes a la comunidad local.

El Concejo Deliberante de Castelli aprobó por unanimidad la declaración de necesidad de dictar su propia Carta Orgánica Municipal, para avanzar de forma concreta hacia el ejercicio de la autonomía local.

La medida, impulsada por el intendente Francisco Echarren, busca dotar a la comuna de un régimen institucional, económico y normativo propio, con mayor margen de maniobra para tomar decisiones sobre desarrollo urbano, ambiente, salud y régimen tributario sin depender en exclusiva de la órbita bonaerense. Hoy, los 135 partidos se rigen por un marco legal homogéneo, la Ley Orgánica de las Municipalidades, sin posibilidad de dictar un estatuto propio.

Tras la aprobación en el recinto local, el jefe comunal enfatizó la trascendencia política del proceso para la gestión pública en el interior bonaerense.

El Concejo avanza con la Autonomía Municipal.Por UNANIMIDAD, se aprobó la necesidad de sancionar una Carta Orgánica Municipal, que será la primera de la Provincia de Buenos Aires.La autonomía es tener más y mejores herramientas, más cerca de la gente, para mejorar la ciudad y… pic.twitter.com/Qarnq1VIFt

“La autonomía es tener más y mejores herramientas, más cerca de la gente, para mejorar la ciudad y que nuestros vecinos vivan mejor. Castelli vuelve a hacer historia”, destacó el alcalde en redes sociales. EL proceso, incluye además la convocatoria a elecciones para elegir convencionales que dicten la Carta orgánica en un proceso que podría tardar años.

La iniciativa reabre una controversia jurídica e institucional de larga data en el territorio provincial. El proyecto busca hacer valer el artículo 123 de la Constitución Nacional (reformada en 1994), que reconoce la autonomía municipal y encomienda a las provincias garantizar su alcance en las dimensiones política, administrativa, económica y financiera.

El concejal de General Rodríguez Javier Tarragona solicitó licencia luego de que trascendiera una denuncia judicial  impulsada por su propio espacio político en la que se lo menciona por presuntos vínculos con una organización dedicada a la venta de drogas a pequeña escala en el distrito. El reemplazo es Sebastián Piccardo, quien se desempeñaba como secretario de Prensa del gobierno municipal.

La presentación fue radicada por el secretario municipal de Seguridad, Justicia y Política Criminal, Nicolás Rappazzo, ante la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, especializada en delitos relacionados con el narcotráfico.

En la sesión, el cuerpo aprobó el pedido de licencia presentado por Tarragona, quien decidió apartarse temporalmente de su función legislativa hasta tanto se esclarezca judicialmente la situación que motivó la denuncia.

“No pretendo que mi condición de concejal sea utilizada, siquiera retóricamente, para insinuar privilegios, interferencias o condicionamientos institucionales. No pretendo ampararme en mi función pública”, señala en su carta de pedido de licencia, acción al que definió como “un acto de responsabilidad institucional y de respeto hacia la Justicia”.

El concejal también buscó despegar de la denuncia al resto de las instituciones y funcionarios del gobierno municipal. Tarragona integra actualmente el bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y llegó a ocupar una banca en 2023. Además, mantiene un vínculo con el intendente Mauro García hace varios años cuando el actual intendente asumió en diciembre de 2019, y aquél fue designado como secretario privado, uno de los cargos de mayor cercanía con el jefe comunal.

De acuerdo con la información difundida, el planteo se habría originado en datos proporcionados por un vecino que pidió mantener su identidad en reserva ante el temor de sufrir represalias.

El contenido de la denuncia deberá ser analizado por la Justicia. Hasta el momento, las acusaciones no fueron acreditadas y no existe una responsabilidad penal determinada contra el edil.

La designación de Jorge Ferraresi como asesor de la Municipalidad de Avellaneda volvió a generar cuestionamientos de la oposición. Esta vez, el concejal del PRO Lucas Yacob apuntó contra el exintendente y sostuvo que su incorporación formal al Ejecutivo se produjo después de que desde su espacio denunciaran que continuaba utilizando recursos municipales pese a haber renunciado.

La acusación se suma a la polémica que generó el regreso de Ferraresi a la estructura del Municipio, luego de que su esposa, Magdalena Sierra, asumiera la intendencia tras su renuncia.

Yacob sostuvo que desde el PRO habían advertido que el exjefe comunal continuaba utilizando oficinas municipales, vehículos oficiales y otros recursos para mantener reuniones y desarrollar actividades políticas, pese a que ya no ocupaba formalmente la intendencia.

“Hace un mes él presentó la renuncia dejando a su esposa, que era la primera concejal, como intendente. Después de esos días vimos que seguía utilizando las oficinas municipales, el auto municipal y demás”, afirmó el concejal.

Según relató Yacob, ante esa situación desde el bloque opositor presentaron pedidos de informe al Ejecutivo municipal para conocer por qué Ferraresi continuaba utilizando dependencias y recursos oficiales.

“Nosotros hicimos este planteo. Pasaron unos días y dijeron: ‘¿Cómo resolvemos esto?’. Saquemos un decreto que sea asesor y, de paso, le ponemos un sueldo de más de $10 millones”, cuestionó junto al periodista Paulo Vilouta durante una entrevista en radio La Red.

El decreto al que hizo referencia es el DECRE-2026-3439-E-MUNIAVEBA-INT, firmado por Sierra el 6 de agosto. La norma creó la Jefatura de Asesoramiento Institucional, dependiente directamente de la Intendencia, y designó a Ferraresi al frente de la nueva dependencia.

El cargo contempla una remuneración equiparable a la categoría AJG del escalafón municipal, con dedicación exclusiva, una bonificación por computación del 150% y una bonificación retributiva no bonificable de 1.000 unidades, lo que lleva la remuneración por encima de los $10 millones.

La principal acusación de Yacob apunta precisamente al vínculo entre el pedido de informes presentado por la oposición y la posterior designación de Ferraresi.

Durante la entrevista radial, el concejal fue consultado sobre si consideraba que el nombramiento como asesor había servido para “encubrir un delito”, ante la denuncia de que el exintendente continuaba utilizando las instalaciones y recursos municipales luego de su renuncia.

“Si claro. Para seguir siendo como un intendente”, respondió Yacob, y sostuvo que el decreto permitió formalizar la presencia de Ferraresi dentro del Municipio.

La acusación corresponde al concejal opositor y no implica que exista un delito acreditado. El planteo de Yacob apunta a cuestionar la utilización de recursos municipales por parte de Ferraresi durante el período posterior a su renuncia y la posterior decisión de Sierra de incorporarlo formalmente a la estructura del Ejecutivo.

Además de cuestionar el nombramiento, Yacob vinculó la situación con los problemas que, según planteó, atraviesa actualmente el distrito.

El concejal del PRO sostuvo que mientras el matrimonio Ferraresi-Sierra concentra parte de su actividad en la organización política y la distribución de cargos, los vecinos enfrentan problemas relacionados con la inseguridad y la recolección de residuos.

“Hay un planteo que nosotros hacemos siempre y que venimos haciendo hace tiempo: primero, que el intendente no se estaba encargando de los problemas que tenemos en la ciudad, como es la inseguridad, que todos los días son noticia nacional en Avellaneda”, señaló.

Y agregó que actualmente existe “una crisis en recolección de residuos muy grave”.

“Ellos están en la repartija de cargos, sueldo, unidades retributivas, lejos de los problemas que se ven todos los días”, cuestionó.

La polémica se produce mientras Ferraresi desarrolla una recorrida por distintos municipios bonaerenses con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

El dirigente peronista comenzó a desplegar una agenda territorial con la intención de instalarse como uno de los posibles nombres para disputar la Gobernación bonaerense, en un escenario en el que el peronismo todavía no tiene definido quién buscará suceder a Axel Kicillof.

En los últimos días, Ferraresi confirmó actividades en Necochea y Quequén, donde presenta su experiencia de gestión bajo el denominado “modelo Avellaneda”.

Mientras avanza con esa construcción política provincial, el exintendente mantiene ahora también un cargo formal dentro del Municipio que conduce su esposa, una situación que volvió a poner bajo la lupa de la oposición el funcionamiento del Ejecutivo de Avellaneda.

La denuncia presentada por el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, Nicolás Rappazzo Demarchi, puso bajo la lupa al concejal oficialista Javier Tarragona, uno de los dirigentes con mayor recorrido dentro del espacio político del intendente Mauro García.

Tarragona integra actualmente el bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y llegó a ocupar una banca en 2023. Sin embargo, su vínculo con García comenzó varios años antes: cuando el actual intendente asumió en diciembre de 2019, Tarragona fue designado como secretario privado, uno de los cargos de mayor cercanía con el jefe comunal.

La denuncia de Rappazzo se originó a partir del testimonio de un vecino que habría utilizado el sistema de denuncias anónimas de la Secretaría de Seguridad. Según la presentación, el informante atribuyó al concejal presuntos vínculos con una organización dedicada al narcomenudeo.

Las acusaciones deberán ser investigadas por la Justicia. Hasta el momento no existe una condena ni una resolución judicial que determine responsabilidad penal de Tarragona.

La relación política entre Tarragona y García se remonta a varios años antes de que el actual intendente llegara al Municipio.

En diciembre de 2019, pocos días después de la asunción de García, Tarragona habló con el medio local La Posta Noticias sobre su designación como secretario privado y contó que llevaba varios años acompañando políticamente al dirigente.

En aquella oportunidad, explicó que su función estaría vinculada principalmente con el contacto entre el jefe comunal y los vecinos, mediante la recepción de reclamos, inquietudes y sugerencias para luego trasladarlas al Ejecutivo. También destacó ese vínculo directo con los vecinos como una de las razones de su designación.

Tarragona permaneció durante varios años dentro de la estructura política de García y en 2023 dio el salto al Concejo Deliberante. Desde entonces, integra el oficialismo local y desarrolló buena parte de su actividad política vinculada a cuestiones territoriales y reclamos de los barrios.

Además, es presidente reelecto del Club de la Tercera Edad "Pascual Mastellone", una institución con presencia en el distrito.

Durante su etapa como concejal, mantuvo una presencia frecuente en distintos sectores de General Rodríguez. En mayo de 2025, La Posta Noticias reflejó una de sus intervenciones en torno a los reclamos por el estado de las calles y una iniciativa presentada en tono informal como "tapabaches".

Meses más tarde, en julio de 2025, participó de una entrevista con La Posta TV, donde habló sobre trabajos que realizaba en distintos barrios, entre ellos tareas vinculadas al bacheo, pintura y entrega de camperas. En ese contexto, definió su participación como una manera de acompañar al Ejecutivo: “Es mi forma de colaborar con la gestión”, señaló.

También tuvo participación en los debates del Concejo Deliberante. En abril de este año, durante una de las sesiones del cuerpo legislativo, cuestionó al entonces jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y apuntó contra su patrimonio. En aquella intervención, Tarragona habló de “enriquecimiento ilícito” y concluyó: “La transparencia no se declama, se demuestra. Fin”.

La trayectoria de Tarragona está marcada por su cercanía política con Mauro García. Primero acompañó al actual intendente desde antes de su llegada al Municipio, luego ocupó la Secretaría Privada y finalmente llegó al Concejo Deliberante dentro del espacio oficialista.

Por eso, la denuncia presentada por Rappazzo generó especial repercusión en General Rodríguez: el secretario de Seguridad llevó ante la Justicia acusaciones contra un dirigente del mismo espacio político que el intendente y que durante años formó parte de su círculo más próximo.

Según la presentación judicial, el testimonio anónimo atribuye a Tarragona presuntos vínculos con una organización dedicada a la venta de drogas y menciona supuestas comunicaciones telefónicas, vehículos y movimientos que deberán ser analizados por los investigadores.

El funcionario también entregó información confidencial a la fiscalía y solicitó medidas para preservar esos datos y evitar eventuales filtraciones.

Mientras la denuncia avanzaba en la Justicia, Tarragona continuó publicando contenido en sus redes sociales relacionado con actividades en los barrios y con la gestión municipal, aunque hasta el cierre de esta nota no había realizado declaraciones públicas sobre la acusación.

Ahora será la investigación judicial la que determine si existen elementos que permitan corroborar o descartar las graves acusaciones formuladas contra el concejal.

Un escándalo político y policial sacude a General Rodríguez luego de que el secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal del municipio, Nicolás Rappazzo Demarchi, denunciara ante la Justicia al concejal Javier Tarragona, integrante de Fuerza Patria y dirigente cercano al intendente Mauro García.

Según informó La Posta Noticias, la presentación fue realizada este martes ante la UFI N° 12 Moreno-General Rodríguez, especializada en delitos vinculados al narcotráfico y a cargo del fiscal Ezequiel Freydier.

La denuncia se habría originado a partir de una denuncia anónima recibida por el sistema implementado por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal. De acuerdo con la presentación, el vecino que aportó la información decidió no revelar su identidad por temor a represalias.

Según consta en la denuncia, el informante habría señalado que Tarragona formaría parte de una asociación dedicada a la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez y que respondería a personas que, de acuerdo con el relato, “manejan la droga” en el distrito.

Uno de los puntos más delicados de la presentación sostiene que el concejal habría utilizado sus contactos políticos para obtener información sobre allanamientos que iban a realizarse y advertir previamente a integrantes de la presunta organización.

El testimonio también menciona una supuesta “cocina de cocaína” en el territorio y aporta información sobre vehículos y números telefónicos que, siempre según el denunciante, estarían vinculados con la actividad investigada.

Además, la presentación solicita que se investigue un posible enriquecimiento ilícito relacionado con las actividades que se le atribuyen al concejal.

Rappazzo habría entregado también información considerada confidencial en un sobre cerrado y solicitado medidas para preservarla y evitar eventuales filtraciones que puedan afectar la investigación.

El caso tiene una fuerte repercusión dentro del oficialismo de General Rodríguez por la estrecha relación política que Tarragona mantuvo con el intendente.

El concejal fue secretario privado de Mauro García desde 2020, cuando comenzó la primera gestión del jefe comunal, y permaneció dentro de su estructura política hasta asumir una banca en el Concejo Deliberante en 2023.

Durante esos años, Tarragona formó parte del círculo más cercano al intendente. También tuvo participación política previa vinculada al espacio de Sergio Massa.

De esta manera, la denuncia presentada por un funcionario del propio Ejecutivo contra un dirigente del oficialismo y exintegrante de la estructura municipal generó un fuerte impacto político en el distrito.

Rappazzo, que antes de incorporarse al municipio trabajó durante 16 años en el Ministerio Público Fiscal, explicó que las denuncias recibidas a través del sistema implementado por su área son presentadas ante la Justicia.

En declaraciones citadas por Infobae, el funcionario aseguró que desde enero de 2025 recibió más de 500 denuncias por presunta venta de drogas y sostuvo que él mismo presentó cada una de ellas ante los organismos judiciales correspondientes.

Sobre el caso de Tarragona, dejó una definición que también expone el alcance político de la denuncia: “Yo no trabajo para la política, trabajo para los vecinos”. Y agregó: “Cuando asumí, mi prioridad fue la lucha contra el narcotráfico y el intendente me dio su total apoyo. Caiga quien caiga”.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos para avanzar sobre las acusaciones y establecer eventuales responsabilidades.

Por el momento, las imputaciones contra Tarragona forman parte de una denuncia y no implican que los hechos hayan sido comprobados ni que exista responsabilidad penal determinada.

Tres personas vinculadas políticamente al concejal de San Pedro Ariel Rey figuran como empleados de la Municipalidad de Campana, según surge de los decretos de designación publicados por ese municipio. Se trata de Andrés Ferrari, Enzo Gravino y Leticia Noguera, todos relacionados con el espacio San Pedro Puede.

Los tres fueron incorporados bajo la figura de “personal sin estabilidad, en el cargo de asesor técnico – clase III”, aunque sus designaciones se produjeron en distintos momentos. El dato adquiere relevancia por el vínculo político de los tres con Rey y por el hecho de que sus designaciones corresponden a la gestión del intendente de Campana, Sebastián Abella, referente del PRO en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Andrés Ferrari, la designación se produjo mediante el decreto 866/25, firmado el 17 de septiembre de 2025. Permaneció en el cargo hasta el 11 de febrero de 2026, cuando se formalizó su renuncia a través del decreto 124/26.

Ferrari es uno de los principales colaboradores políticos de Rey y también integró sus listas como candidato. Consultado sobre su función como personal de la Municipalidad de Campana, no respondió.

Por su parte, Enzo Gravino fue designado mediante el decreto 274/26, del 7 de abril de 2026. Gravino tuvo un rol central en el armado político de Rey: fue jefe de campaña y también candidato del espacio.

Dos días después, el 10 de abril, mediante el decreto 306/26, fue designada Leticia Noguera, esposa de Gravino. Al igual que los otros dos, quedó encuadrada como personal sin estabilidad en el cargo de asesor técnico – clase III.

Consultado sobre su situación laboral, Gravino explicó que tanto él como su esposa son personal transitorio de la Municipalidad de Campana y sostuvo que el trabajo que realizan está relacionado con el asesoramiento a emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Según explicó, desde hace algunos años prestaban ese tipo de colaboración de manera voluntaria y que durante 2026 pasaron a formar parte del personal remunerado del municipio debido, entre otras cuestiones, a los gastos de movilidad.

“Hace un par de años que le prestamos un servicio que hicimos durante mucho tiempo de manera voluntaria, principalmente a cambio de experiencia en la administración pública”, explicó Gravino.

El dirigente detalló que su esposa, que es contadora, realiza tareas vinculadas al asesoramiento contable y comercial, mientras que él aseguró contar con experiencia y capacitaciones en desarrollo comercial a partir de su trayectoria laboral en una empresa multinacional.

“El servicio que prestamos es para dar charlas con emprendedores y asesoramiento a nuevos emprendimientos y al desarrollo comercial de la ciudad”, sostuvo Gravino al explicar las tareas que realizan en Campana.

De esta manera, los decretos municipales muestran que tres personas vinculadas directamente con el armado político de un concejal de San Pedro ocuparon o actualmente ocupan cargos en la estructura de la Municipalidad de Campana, bajo la misma categoría administrativa de asesor técnico.

Sergio Ariel Rey es empresario y referente de San Pedro Puede. En las elecciones de 2025 encabezó la lista de ese espacio, que concurrió en alianza con La Libertad Avanza, y fue electo concejal. Actualmente preside el bloque San Pedro Puede en el Concejo Deliberante de San Pedro y mantiene una posición opositora al intendente Cecilio Salazar.

Su espacio político mantiene además vínculos con el PRO, partido al que pertenece el intendente de Campana, Sebastián Abella. En los últimos meses, Rey también tuvo protagonismo por un fuerte enfrentamiento con el concejal Martín Rivas, a quien denunció por una presunta agresión física durante una reunión vinculada al análisis de la Rendición de Cuentas.

Durante la octava sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, el concejal de La Libertad Avanza, Diego Vallejos, protagonizó uno de los momentos destacados del debate al reconocer que muchos vecinos atraviesan dificultades económicas, aunque responsabilizó por esa situación a la gestión nacional anterior.

"No nos alcanza la plata para comer y es verdad eso", afirmó el edil durante su intervención, al responder a las críticas de la oposición sobre la situación económica actual.

Sin embargo, Vallejos sostuvo que el análisis debía contemplar el contexto recibido por el gobierno de Javier Milei y apuntó contra la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

"Estamos en un proceso en el que venimos de un gobierno, el peor gobierno de los últimos 20 años, de Alberto Fernández y Cristina Fernández, donde nos dejaron una inflación del 1000 por ciento", expresó.

En esa línea, cuestionó que las críticas se concentren únicamente en los últimos meses y pidió tener en cuenta la situación económica heredada. "Acordarse solamente de lo que hace ahora este gobierno en estos últimos dos años, pero no de los últimos cuatro años, que fueron los peores de los últimos 20 años", señaló.

Durante su exposición, el concejal libertario sostuvo que su espacio político busca definir prioridades en el uso de los recursos públicos y planteó que existen necesidades básicas en distintos barrios de Florencio Varela que deben ser atendidas.

"Yo no me puedo comprar un auto cuando no tengo ni siquiera el techo de mi casa", ejemplificó.

En ese sentido, mencionó problemas vinculados a la infraestructura urbana y servicios básicos. "Nos faltan luminarias, asfaltos, veredas, seguimos pisando barro", afirmó.

Además, relató una situación que, según indicó, le transmitió un vecino del distrito antes de la sesión: "Me decía: 'No puedo salir, voy a tener que caminar un montón de cuadras para tomar un Uber porque no puedo entrar a mi casa'".

Vallejos también hizo referencia a la falta de agua que afecta a algunos sectores del municipio y sostuvo que esos reclamos deben estar por encima de otros gastos.

"Si nos falta agua a muchos varelenses, voy a estar pensando en comprar algo que no es tan urgente como lo que estoy diciendo: luminarias, asfaltos", expresó.

Finalmente, el concejal defendió su postura y aseguró que sus planteos apuntan a una administración responsable de los fondos públicos. "Creo que no es irresponsable lo que dije", concluyó.

En el marco de la visita que el gobernador Axel Kicillof realiza este miércoles a Bolívar, el concejal de La Libertad Avanza, César Pacho, volvió a reclamar la reparación integral de la Ruta Provincial 65, una obra que vecinos y autoridades de la región vienen exigiendo desde hace años por el avanzado deterioro de distintos tramos.

A través de una publicación en sus redes sociales, el edil dirigió un mensaje al mandatario bonaerense y le pidió que disponga "de manera inmediata" la intervención sobre la calzada.

"Señor gobernador, mire el estado de esta ruta y disponga su reparación antes de que más vecinos sigan sufriendo accidentes", expresó Pacho, quien sostuvo que "la seguridad vial no puede seguir esperando".

El concejal afirmó que el problema no es nuevo y advirtió que quienes utilizan diariamente la Ruta 65 conviven desde hace años con baches, roturas y un riesgo permanente para conductores particulares, transportistas, trabajadores y familias.

Ruta Provincial 65 – Bolívar, Provincia de Buenos Aires.Señor gobernador @Kicillofok: mire el estado de esta ruta y disponga su reparación antes de que más vecinos sigan sufriendo accidentes.No se trata de un problema reciente. Desde hace años, quienes transitamos por la Ruta… pic.twitter.com/lZpqVgi2tk

"No se trata de un problema reciente. Desde hace años, quienes transitamos por la Ruta Provincial 65 convivimos con baches, deterioro y un riesgo permanente para conductores, trabajadores y familias. Es momento de actuar", agregó.

Luego de encabezar actividades oficiales en General La Madrid, Kicillof llega este miércoles a Bolívar, donde inaugura el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo.

El establecimiento, de 473 metros cuadrados, cuenta con seis consultorios para distintas especialidades y demandó una inversión provincial de 287,2 millones de pesos.

Durante la jornada también entrega 13 computadoras para la implementación de la Historia de Salud Integrada y equipamiento del Ministerio de Ambiente, entre ellos un camión, bicicletas, especies nativas bonaerenses, kits para gestión del riesgo y emergencias climáticas, además de luminarias del programa de eficiencia energética.

El estado de la Ruta Provincial 65 viene siendo motivo de reiterados reclamos por parte de vecinos, productores, transportistas y dirigentes de la región.

Según remarcaron desde el bloque de La Libertad Avanza, existen antecedentes de pedidos formales para avanzar con la reparación de distintos tramos de la traza. En ese contexto, Pacho volvió a aprovechar la presencia del gobernador en el distrito para insistir con una demanda que forma parte desde hace tiempo de la agenda local y regional.

El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes declaró Ciudadano Ilustre post mortem al periodista Carlos Taphanel, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso con la comunicación popular y su aporte al periodismo local.

La distinción fue aprobada por unanimidad durante una sesión del cuerpo deliberativo, donde concejales de todos los bloques destacaron el legado de Taphanel como comunicador y su permanente vínculo con la realidad de los barrios de Quilmes, además de su defensa de los Derechos Humanos.

La iniciativa fue presentada por el concejal Francisco Duque, quien compartió con Taphanel años de trabajo en la radio WEN, y contó con el acompañamiento del edil Ezequiel Pérez Arauz y el respaldo del resto de los bloques del Concejo.

Del acto participaron Brenda Arnold, esposa del periodista homenajeado, y Joaquín, uno de sus hijos. También estuvieron presentes el director de la radio WEN, Gustavo Orlando, y el periodista Alberto Moya, quienes acompañaron el reconocimiento.

Con esta declaración, el Concejo Deliberante puso en valor la trayectoria de Carlos Taphanel y su compromiso con un periodismo cercano a la comunidad, enfocado en visibilizar las problemáticas de los barrios y los sectores populares del distrito.

El Honorable Concejo Deliberante del municipio de Malvinas Argentinas aprobó de forma unánime el un proyecto de declaración en apoyo al seleccionado nacional, luego del cartel “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores mostraron luego de terminado el partido semifinal ante Inglaterra.

Veteranos de guerra del distrito participaron de la sesión marcada por la emotividad. El expediente N° 4095/26 aprobado expresa el beneplácito a los integrantes de la Selección Argentina de Fútbol por su compromiso con la soberanía de las Islas Malvinas durante el Mundial 2026.

El reconocimiento surge tras el despliegue de la bandera con la leyenda "las Malvinas son Argentinas", un gesto que el cuerpo legislativo calificó como un aporte invaluable a la identidad nacional. La votación, que fue nominal y contó con el apoyo de todos los bloques, incluido el de la Libertad Avanza, destacó la valentía de los jugadores para visibilizar el reclamo ante los ojos del mundo.

Los veteranos de guerra presentes en el recinto fueron el corazón de la jornada, manifestando que el gesto de los jugadores no fue "un partido más". Marcelo Ramón Vallejo, veterano local, describió con lágrimas que sintió que esa bandera "cayó con el peso de nuestros caídos" y de los años de lucha para hacer visible la causa. Por su parte, Roque Omar Ferreira definió la acción de la Selección como una "caricia al alma", señalando que "los jugadores lograron en un estallido mundial" un reconocimiento que la diplomacia no había alcanzado en 44 años, logrando que el mundo entero se interiorice sobre la pertenencia de las islas.

Oscar Cunello, veterano de Malvinas también presente, destacó que ver a los jugadores honrando a quienes murieron en combate y en el Belgrano fue fundamental para sanar heridas que "volvían a sangrar con cada gol o intento de gol" durante el partido.

Finalmente, todos coincidieron en que este reconocimiento es una extensión natural de la política del municipio de Malvinas Argentinas. Cunello resaltó que, "desde 2015, el distrito ha demostrado con hechos y homenajes constantes que su compromiso con la causa es inquebrantable", al recordar momentos como la primera vigilia en el recinto legislativo.

Para los ex combatientes, la sesión reafirmó que, mientras en otros ámbitos se minimiza la historia, “en este municipio la bandera argentina y el respeto por sus héroes se mantienen por encima de cualquier otra bandera”, finalizaron.

El periodista Gustavo Pérez Ruiz fue distinguido como “Pergaminense Sobresaliente del Partido de Pergamino” por el Concejo Deliberante, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional y su aporte a la comunicación local.

La distinción se concretó durante una ceremonia en la que estuvieron presentes concejales, familiares, colegas y amigos. A través de la Resolución Nº 3418/26, el cuerpo legislativo destacó sus más de cuatro décadas de ejercicio periodístico, su contribución a la preservación de la memoria de los medios pergaminenses y su acompañamiento a nuevas generaciones de comunicadores.

Según informó Primera Plana Pergamino, los fundamentos del reconocimiento remarcaron el vínculo construido por Pérez Ruiz con la comunidad y su lugar como una referencia dentro del ámbito cultural y periodístico de la ciudad.

Durante el acto, el periodista agradeció la distinción y repasó distintos momentos de su carrera, marcada por los cambios que atravesó la profesión y por el acompañamiento del público pergaminense a lo largo de los años.

Un hombre que fue absuelto en un juicio por violencia de género tras permanecer ocho meses detenido denunció a una concejal de Moreno para que la Justicia investigue si instigó a su entonces pareja a realizar una falsa denuncia que derivó en su detención.

La acusación apunta contra Lorena Alderete, concejal de Fuerza Patria y exsubsecretaria de Promoción y Prevención de las Violencias de Género del Municipio de Moreno. Según publicó Clarín, el hombre también denunció a su expareja por falso testimonio agravado y pidió que se investigue a la edil por una presunta instigación de ese delito y una posible malversación de caudales públicos.

La denuncia se apoya principalmente en el testimonio brindado por la hija mayor de la expareja durante el juicio oral. La adolescente declaró que en una oportunidad su madre le preguntó a Alderete "cómo podía hacer para meter a su papá preso y ella cobrar un subsidio". Según ese relato, la entonces funcionaria respondió que "después iba a hablar".

La joven también sostuvo que el día de la detención de su padre su madre volvió a reunirse con Alderete en el área de Género o en la Comisaría de la Mujer para consultarle qué debía hacer para evitar que el acusado obtuviera beneficios o recuperara la libertad. En ese momento, Alderete se desempeñaba como subsecretaria de Promoción y Prevención de las Violencias de Género del Municipio de Moreno, durante la gestión de la intendenta Mariel Fernández.

La causa se inició en octubre de 2022, cuando la mujer denunció a su pareja por presuntos episodios de violencia ocurridos en distintos momentos de ese año.

El acusado permaneció cuatro meses en una unidad penitenciaria y otros cuatro bajo prisión domiciliaria hasta que el 17 de junio de este año fue absuelto en el juicio oral. Durante el debate, la Fiscalía concluyó que "no existen elementos suficientes para sostener la acusación inicial".

Según el fallo judicial, ninguno de los testigos confirmó los episodios de violencia denunciados. Incluso, la propia denunciante, meses después de iniciar la causa, solicitó retirar la denuncia y manifestó ante la Fiscalía que había mentido: "Yo viví 13 años con él y busqué el motivo para separarme, pero no sabía cómo. No fue la solución meterlo preso".

Durante el proceso, la hija de la pareja también envió cartas a la Justicia en las que aseguró que su padre era inocente. En esos escritos sostuvo que era su madre quien ejercía violencia dentro del hogar y relató presuntos problemas de consumo de drogas, además de afirmar que el hombre nunca había agredido ni a ella ni a sus hermanas.

Consultada por Clarín, Alderete negó las acusaciones. "No estoy al tanto de la denuncia, pero es absolutamente falso que haya instigado a alguien a un falso testimonio. Lo único que hice fue acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Es política pública del Municipio de Moreno", expresó.

La denuncia fue presentada por el hombre junto al abogado Fernando Sicilia y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción a cargo de la fiscal Carina Saucedo, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos para avanzar con la investigación sobre la actuación de la expareja del denunciante y de la concejal, a partir de los testimonios incorporados durante el juicio que concluyó con la absolución del acusado.

La problemática de las motos con escapes modificados volvió a instalarse en el debate político de Ayacucho luego de que una concejal de La Libertad Avanza expresara su respaldo a un proyecto impulsado por el peronismo que propone habilitar allanamientos en viviendas para detectar vehículos que generen ruidos molestos.

Durante una entrevista con FM 95, la concejal Marisa Darguibel apoyó la iniciativa presentada por el bloque Fuerza Patria, actualmente en análisis dentro del Concejo Deliberante, que busca endurecer las herramientas para combatir una problemática que genera reiteradas quejas entre los vecinos.

La edil sostuvo que el problema no pasa por la falta de legislación, sino por la escasa aplicación de las normas vigentes. "Todo está normado. Lo que falta es el control", afirmó.

El proyecto incorpora un artículo que habilitaría la posibilidad de solicitar allanamientos para comprobar la existencia de motocicletas con escapes antirreglamentarios o que provoquen ruidos molestos, una medida que aún es analizada por los concejales para determinar si se ajusta a las facultades legales del municipio.

Darguibel aseguró que espera que la iniciativa avance rápidamente en comisión, aunque aclaró que el análisis jurídico es necesario para garantizar su viabilidad.

Además, consideró que la falta de controles responde a una "decisión política" y recordó que, tras una reunión mantenida con el responsable del área de Tránsito, hubo una mejora temporal en los operativos, aunque sostuvo que la situación volvió a deteriorarse semanas después.

La concejal también reconoció las limitaciones del área de Tránsito, entre ellas la falta de inspectores y de móviles suficientes para realizar controles permanentes en distintos sectores de la ciudad.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó al Ejecutivo municipal por la demora en responder pedidos de informes impulsados desde el Concejo Deliberante. Según afirmó, algunos requerimientos permanecen sin contestación pese a los plazos establecidos por la normativa local y mencionó como ejemplo la rendición de cuentas de los corsos.

Por último, defendió su metodología de trabajo, que incluye reuniones con distintos sectores involucrados en el conflicto, incluso con jóvenes que utilizan motocicletas, y sostuvo que busca dar mayor visibilidad a la tarea legislativa a través de las redes sociales. "El vecino necesita saber qué estamos haciendo", concluyó.

El Concejo Deliberante de Pergamino distingue este martes 28 de julio al periodista Gustavo Pérez Ruiz con el reconocimiento de "Pergaminense Sobresaliente", una de las máximas distinciones que otorga el cuerpo legislativo local a vecinos por su trayectoria y aporte a la comunidad.

La ceremonia se realiza a las 16.30 en el primer piso del Palacio Municipal y es abierta al público.

La distinción fue otorgada mediante la Resolución 3418/26, que destaca la extensa carrera de Pérez Ruiz en el periodismo pergaminense, su compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales de la comunicación y su contribución a la preservación de la historia de los medios locales.

A lo largo de décadas, Gustavo Pérez Ruiz se consolidó como una de las referencias del periodismo de Pergamino, desarrollando una intensa labor vinculada a la cobertura de la actualidad de la ciudad y al acompañamiento de quienes se iniciaron en la profesión.

Del acto participan autoridades municipales, concejales, colegas, familiares y representantes de distintas instituciones de la comunidad. El homenaje busca reconocer el legado de uno de los periodistas más representativos de Pergamino y poner en valor su aporte a la comunicación local.

Una escena de fuerte contenido político se vivió este jueves por la noche durante la décima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Balcarce. El concejal Edgar Foglia abandonó el lugar que ocupaba junto a los representantes de La Libertad Avanza y pidió trasladarse al sector del recinto donde se ubican los ediles del oficialismo.

De acuerdo a lo que publicó el medio local La Vanguardia, el movimiento ocurrió al inicio de la sesión y no pasó inadvertido entre los presentes, ya que expuso públicamente el distanciamiento que el concejal mantiene con el espacio libertario.

Días atrás, Foglia había sido desplazado de la última Comisión Permanente en la que todavía tenía representación. La decisión de cambiar físicamente de banca dentro del recinto fue interpretada como un nuevo capítulo en la ruptura política con La Libertad Avanza.

El edil había llegado al Concejo Deliberante por el PRO y, tras distintos reacomodamientos políticos, pasó a integrar el interbloque opositor. Sin embargo, las diferencias con los representantes de LLA se profundizaron en las últimas semanas hasta derivar en su apartamiento de las comisiones.

Aunque durante la sesión no anunció un cambio formal de bloque ni modificó su situación institucional, la decisión de ubicarse junto al oficialismo fue leída como una señal política en medio de la reconfiguración de alianzas dentro del Concejo Deliberante de Balcarce.

La Dirección de Género y Diversidades de Exaltación de la Cruz difundió un comunicado oficial para responder a la polémica generada tras las declaraciones de Denisse Cutro, esposa del concejal opositor Ariel Herling, quien aseguró haber recibido un llamado de esa dependencia para consultarle si había sufrido situaciones de violencia por parte de su marido.

Según relató Cutro en declaraciones publicadas por el medio local El Lugareño, respondió que el edil nunca había ejercido violencia contra ella y vinculó ese contacto con la decisión de Herling de no dar quórum durante una sesión del Honorable Concejo Deliberante. De acuerdo con su versión, el llamado se produjo después de que la oposición impidiera el tratamiento de una compensación de fondos correspondiente a ejercicios anteriores. Además, sostuvo que al concejal "lo están investigando".

Frente a la repercusión de esas declaraciones, el área municipal emitió una aclaración institucional en la que rechazó que sus intervenciones respondan a intereses políticos y explicó cuáles son los principios que rigen su trabajo cotidiano.

Una publicación compartida por Dir. de Género y Diversidades (@generoydiversidades_exaltacion)

"Las acciones desarrolladas se enmarcan en la normativa vigente y responden exclusivamente a criterios técnicos y profesionales, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos, la protección integral de las personas y el abordaje de situaciones de vulnerabilidad, sin responder a intereses político-partidarios", expresaron desde la Dirección.

El organismo también recordó que todas sus actuaciones están alcanzadas por el deber de confidencialidad y reserva profesional, por lo que no puede brindar información ni realizar manifestaciones públicas sobre casos particulares.

"Esta obligación tiene como finalidad resguardar la intimidad, la dignidad y los derechos de las personas involucradas, especialmente cuando se trata de situaciones de violencia o vulneración de derechos", señalaron.

En ese marco, la Dirección pidió actuar con responsabilidad al momento de difundir información vinculada a este tipo de intervenciones para evitar interpretaciones que puedan afectar tanto a las personas involucradas como al desarrollo de futuras actuaciones.

"Por ello, solicitamos a la comunidad actuar con responsabilidad en la difusión de información y evitar interpretaciones que pueden afectar tanto a las personas asistidas, como así también a futuras intervenciones", indicó el comunicado.

Por último, el organismo explicó que interviene cuando toma conocimiento de posibles situaciones de violencia por razones de género, ya sea a través de consultas espontáneas, denuncias, derivaciones de otros organismos públicos, requerimientos judiciales o administrativos, o cuando así lo establece la normativa vigente.

El comunicado cierra con una ratificación del compromiso del área de trabajar con criterios éticos, profesionales y de respeto por los derechos humanos, en el marco de las responsabilidades que le asigna la normativa vigente.