La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), entidad que agrupa a más de 65.000 docentes en la provincia de Buenos Aires con mayor peso en el interior de la provincia, llevará a cabo su congreso electoral el próximo 5 de mayo.

La actual presidenta, Liliana Olivera, de Suipacha, buscará renovar su mandato al frente del gremio. Ingresó a la conducción provincial en 2014. Antes de asumir la presidencia en 2022, se desempeñó como vocal y tesorera. 

La titular del gremio explicó: “he recibido el apoyo del Consejo Directivo para la continuidad de esta gestión, que hemos ido construyendo sobre la base del consenso, el compromiso y el trabajo conjunto”.

Al respecto, Olivera indicó que “en los últimos cuatro años, la conducción de la FEB consolidó un perfil de presencia en toda la Provincia, recorriendo los 135 distritos, visitando escuelas y escuchando las necesidades de los docentes” y agregó que “fuimos uno de los únicos sindicatos docentes que, en dos oportunidades y respetando la voz de cada educador, rechazó propuestas salariales insuficientes del gobierno provincial este año”.

“Nuestra única agenda la definen los docentes en cada Congreso. Esta es una práctica que sostuvimos incluso en las negociaciones más difíciles. La FEB es una herramienta genuina de representación porque no tiene más mandato que el que le dan sus afiliados”, remarcó Olivera.

El proceso eleccionario comenzó a fines del año pasado con la votación en cada distrito de los candidatos que serán elegidos el próximo 5 de mayo. En esta elección, se votarán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Se renueva la mitad del Consejo Directivo de la Federación: cuatro ocuparán los cargos señalados y seis acompañarán la gestión como vocales.

El encuentro tendrá lugar en el Teatro Metro de La Plata (Calle 4 entre 51 y 53) a partir de las 8 horas.

La presidenta del Consejo Escolar de Tandil, Diana Balbín, se refirió a la situación del Servicio Alimentario Escolar y alertó sobre un incremento en la demanda, en un contexto atravesado por cambios en los programas de asistencia. Las declaraciones fueron brindadas al medio La Voz de Tandil.

Uno de los puntos centrales señalados por la funcionaria fue la suspensión temporal del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), una política bonaerense que garantiza la entrega mensual de alimentos a familias de estudiantes. “Recibimos hace un par de días una suspensión temporaria de 90 días de ese programa”, confirmó.

Sin embargo, Balbín destacó que la medida fue acompañada por un incremento en las partidas destinadas a los comedores escolares. “Le dimos muy buena bienvenida al aumento del 30% de las prestaciones”, señaló y explicó que este refuerzo presupuestario permite mejorar la calidad nutricional de los alimentos que se brindan en las instituciones.

En ese sentido, indicó que la actualización posibilitó fortalecer la inclusión de productos claves: “Nos permitió reforzar rubros como carne, fruta y lácteos”, detalló, subrayando que estos alimentos muchas veces no están garantizados en todos los hogares.

Más allá de los recursos, la titular del Consejo Escolar puso el foco en una realidad que se percibe a diario en las escuelas. “Si hablás con el personal de cocina o directoras, te dicen: ‘el lunes hay que venir preparado con una comida fuerte’”, relató, en referencia a la necesidad de cubrir déficits alimentarios que se acentúan tras el fin de semana.

Según explicó, esta situación se repite especialmente al inicio y al cierre de la semana, y también en aquellas instituciones con jornada extendida, donde se incrementa la demanda. En ese marco, remarcó que el Consejo Escolar debe trabajar “de manera muy atenta y muy responsable” en la planificación de los menús.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires autorizaron y difundieron las nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos  que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en provincia los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes para pago de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $32.880 por mes a partir de abril.

En tanto quienes reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $148.660. En el nivel secundario será de $36.200 hasta $193.160 pesos. 

Y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada el Arte tienen una banda de entre $41.790 y $221.070 según se trate de colegios con subsidio de 100% o de 40% respectivamente.

Desde Aiepa recordaron que el sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos. En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal.

Aiepa había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el Gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.

La Provincia había autorizado un incremento del 3% que se aplicó en marzo, y en 2025 el último movimiento de los valores se autorizó el 30 de septiembre y se aplicó el último trimestre del ciclo pasado.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada”. “Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones”, añadió.

No obstante el dirigente aclaró que "las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo aunque el costo del arancel esté por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, para que no se altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados".

Zurita remarcó que en los últimos meses “hemos advertido nuevos factores que dificultan la administración” y mencionó entre ellos "el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros". 

Por último señalaron que en los últimos años se han registrado cierres de instituciones educativas privadas, algunas de ellas en el conurbano, otros en CABA y también en la ciudad de La Plata. Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores.

Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar  los porcentajes de morosidad. “Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, explicó Zurita.

El periodista de policiales de TN, Ignacio “Nacho” González Prieto, dio una clase en la calle en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en medio del conflicto universitario y confirmó que participará de la Marcha Nacional Universitaria convocada para el 12 de mayo.

La escena se dio en el marco de las medidas de visibilización que llevan adelante docentes y estudiantes en distintas casas de estudio. Allí, el periodista —que también ejerce la docencia— se expresó con un mensaje claro en defensa de la educación pública.

“Yo no me olvido. Defiendo mis orígenes y voy a luchar para que todos los argentinos tengan la posibilidad que yo tuve de estudiar, trabajar y ser alguien en la vida”, sostuvo durante la clase abierta.

“DEFIENDO MIS ORÍGENES Y VOY A LUCHAR POR LA EDUCACIÓN” 🎓El periodista Ignacio González Prieto dio una clase en la Universidad Nacional de Avellaneda y reivindicó la educación como herramienta de movilidad social. pic.twitter.com/J5wKsFTKfl

González Prieto remarcó además el valor de la universidad como herramienta de movilidad social y aseguró sentir “orgullo de defender a la educación pública y a mis alumnos”.

La actividad se suma a una serie de clases públicas, protestas y acciones que se vienen replicando en universidades de todo el país, en reclamo por mayor presupuesto y en rechazo a los recortes en el sistema educativo.

En ese contexto, el docente adelantó que será parte de la Marcha Nacional Universitaria del próximo 12 de mayo, una convocatoria que busca volver a poner en agenda la situación crítica que atraviesan las universidades públicas.

Desde este lunes, se lleva a cabo una nueva semana de paro en las universidades nacionales que impactará en el dictado de clases, en un desarrollo de cuatrimestre complicado para las casas de altos estudios.

Ello se produce mientras el Juzgado Contencioso Administrativo Federal II dispuso la suspensión “por el momento” de la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento.

El Juzgado basó su decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo a partir de un recurso extraordinario federal interpuesto por el gobierno nacional ante la Cámara Federal cuando faltaban horas para el vencimiento del plazo para transferir los fondos ($2.5 billones) de las universidades.

Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo una medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios.

El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector no docente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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“Reclamamos el cumplimiento de la orden judicial en la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización del presupuesto y los salarios, y la recuperación de lo perdido frente a la inflación, con retroactividad, tal como establece la norma”, señalaron desde Conadu Histórica en la convocatoria.

Asimismo, desde Conadu, la otra federación mayoritaria, indicaron: “La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”.

Mientras tanto, el sector universitario definió la fecha de la marcha nacional educativa que se realizará el martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo, bajo el lema "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

La directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, se refirió a la serie de amenazas en escuelas registradas en las últimas semanas y pidió abordarlas con protocolos claros, trabajo institucional y acompañamiento de las familias.

Según explicó, las intimidaciones —difundidas a través de pintadas, carteles y redes sociales— generaron temor en estudiantes y familias en distintos puntos del país.

Terigi insistió en la necesidad de evitar la viralización de estos mensajes, ya que su difusión amplifica el miedo y puede favorecer la repetición de las conductas.

En ese marco, explicó que el sistema educativo bonaerense activó protocolos de intervención que incluyen la comunicación inmediata a equipos directivos, la intervención de inspección escolar y la derivación a fiscalías en los casos correspondientes, sin identificación directa de estudiantes en una primera instancia.

También remarcó la importancia del trabajo pedagógico dentro de las escuelas, con intervenciones sobre los grupos de estudiantes involucrados, y el acompañamiento de las familias.

“Una acción reparatoria en un adolescente es una medida efectiva”, señaló, al defender el abordaje educativo por sobre la mirada exclusivamente punitiva, que —según planteó— corresponde a otras áreas del Estado como Seguridad o Justicia.

En ese punto, Terigi diferenció el rol de cada organismo y sostuvo que la escuela debe enfocarse en transformar estos hechos en instancias de aprendizaje y cambio de conducta.

Por otra parte, la funcionaria se refirió al impacto de los discursos de odio en la sociedad y en el ámbito educativo, y advirtió que los mensajes desvalorizadores o violentos “repercuten” en los jóvenes porque forman parte del entorno social en el que crecen.

“Hay un clima de cierta banalización del daño que producen las cosas que se dicen”, afirmó.

En ese sentido, planteó que los estudiantes están expuestos a ese escenario a través de redes sociales y sostuvo que el desafío de la escuela es generar espacios de conversación y reflexión sobre estos contenidos.

Terigi también advirtió que abordar estos temas dentro del sistema educativo puede generar controversias, pero consideró necesario hacerlo para comprender cómo circulan los discursos en el mundo digital.

Finalmente, destacó que muchos adultos —incluidos docentes— se encuentran con situaciones nuevas vinculadas a redes y comunidades virtuales, lo que refuerza la necesidad de fortalecer el diálogo entre escuela y estudiantes.

“Para muchos adultos es bastante sorprendente enterarse de lo que circula en las redes digitales, y en ese sentido la conversación es fundamental para el trabajo educativo”, concluyó.

Docentes de Ituzaingó llevan adelante este lunes 27 de abril un paro distrital en rechazo a los graves hechos de violencia registrados en la Escuela Secundaria N°6, donde la directora Mariana Guil fue víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de familiares de alumnos.

Según publicó el medio local Primer Plano Online, la medida de fuerza fue resuelta tras una serie de episodios que generaron alarma en toda la comunidad educativa. Entre ellos, se denunciaron advertencias de tiroteo por parte de estudiantes, así como también golpes, insultos y amenazas contra la directora y una asistente social del establecimiento.

Uno de los hechos más graves tuvo como protagonista a la madre de un alumno al que le encontraron una manopla dentro de la escuela, situación que derivó en un allanamiento judicial en su vivienda. Tras ese procedimiento, la mujer se presentó en el colegio con una actitud violenta y llegó a amenazar públicamente: “le voy a quemar la casa” a la directora.

La intimidación no solo se dio en persona, sino también a través de medios de comunicación y redes sociales, lo que agravó el escenario. A raíz de esto, Guil realizó la denuncia ante la Justicia, solicitó una restricción perimetral y el cese de hostigamiento. Actualmente, cuenta con custodia policial en la puerta de su domicilio.

Sesde el sector docente advierten que se trata de una escalada de violencia sin precedentes en el ámbito escolar, que pone en riesgo tanto a trabajadores de la educación como a estudiantes.

Además del paro, para este lunes se convocó a una sentada y un abrazo simbólico a la escuela, con participación de docentes, familias y alumnos, en defensa de la institución y para exigir condiciones de seguridad.

El caso vuelve a poner en discusión el deterioro del clima social dentro de las escuelas y la necesidad de respuestas urgentes por parte de las autoridades.

Un nuevo episodio de violencia en el ámbito educativo volvió a encender las alertas en el oeste bonaerense. Esta vez ocurrió en Morón, donde un alumno de 14 años fue allanado tras publicar una amenaza dirigida a la directora del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo.

Según informó Primer Plano Online, el menor escribió en redes sociales: “Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a los compañeros?”. El mensaje generó preocupación entre estudiantes, familias y autoridades escolares, que decidieron radicar la denuncia.

La causa quedó en manos del fiscal Gabriel Crudo Iturri, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, quien ordenó un allanamiento en la vivienda del adolescente tras identificarlo.

El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría 2ª de Haedo en una casa ubicada sobre la calle Curuzú Cuatiá al 200, con orden de la jueza Karina De Luca. La medida incluyó la identificación del menor y de sus responsables legales, además del secuestro del teléfono celular utilizado para realizar la publicación.

Durante el operativo no se registraron incidentes y la madre del joven colaboró con las autoridades. El dispositivo será peritado en el marco de la investigación.

El adolescente quedó imputado por intimidación pública, con el agravante de incitación a la violencia colectiva. Mientras avanza la causa, no podrá asistir de manera presencial al establecimiento educativo y deberá continuar su escolaridad de forma virtual.

Además, no se descarta que el colegio evalúe la continuidad de su matrícula para el próximo ciclo lectivo.

El caso se da en un contexto de episodios recientes que también tuvieron como eje amenazas contra directivos escolares en la región. Días atrás, en Ituzaingó, la directora de la Escuela Secundaria N° 6 fue intimidada por familiares de un alumno.

Tal como informó previamente LaNoticia1, la madre del estudiante llegó a advertir públicamente: “Le voy a quemar la casa”, luego de que su hijo fuera sancionado tras detectarse que llevaba una manopla al establecimiento. La situación derivó en una denuncia penal y en un pedido de restricción perimetral.

Ambos casos reflejan un escenario de creciente conflictividad en el ámbito educativo, donde las amenazas —ya sea por redes sociales o de manera presencial— obligan a la intervención judicial y a reforzar medidas de prevención dentro de las comunidades escolares.

Un nuevo episodio de violencia sacude al ámbito educativo en Ituzaingó. La directora de la Escuela Secundaria N° 6, Mariana Guil, denunció haber sido amenazada públicamente por la madre de un estudiante, quien llegó a advertir: “Le voy a quemar la casa”.

La intimidación fue realizada frente a cámaras de Crónica TV, en las puertas del establecimiento educativo, luego de que se conociera que al alumno le habían encontrado una manopla dentro de la escuela, situación que derivó en un allanamiento judicial en su vivienda.

El conflicto se había iniciado días atrás, cuando Guil y una asistente social acudieron al domicilio del estudiante para notificarle que no podría asistir a clases de manera presencial mientras avanzaba el proceso judicial, debiendo continuar su escolaridad de forma virtual. En ese contexto, ambas fueron agredidas por familiares del joven, quienes además de insultarlas y golpearlas, les sustrajeron pertenencias de acuerdo a la información del medio primeraplanaonline.

La escalada de violencia continuó al día siguiente, cuando la madre del alumno se presentó en la escuela. “Abran la puerta, los vamos a matar”, gritó, mientras golpeaba los portones del establecimiento. Ante la gravedad del hecho, las autoridades debieron comunicarse con el 911.

Además de las amenazas públicas, la mujer también utilizó redes sociales para hostigar a la directora. “Te voy a buscar y vas a pagar todo”, publicó en su cuenta personal.

Tras lo ocurrido, Guil radicó una denuncia formal en la comisaría 2ª de Villa Ariza y solicitó medidas cautelares ante la Fiscalía N° 2 de Ituzaingó. En su presentación, pidió una restricción perimetral tanto para su domicilio como para la escuela, además del cese de hostigamiento por cualquier vía.

“Toda esta situación ocasiona un gran malestar, y temo que estas amenazas puedan cumplirse”, expresó la directora en su denuncia, en la que también remarcó la necesidad de resguardar la integridad de alumnos y docentes. La Justicia deberá resolver en las próximas horas sobre el pedido.

En medio de la seguidilla de amenazas en escuelas, la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, planteó que el abordaje debe ser integral y centrado en la educación y el diálogo, descartando medidas de corte punitivo.

“Esto requiere todos los cuidados, todas las precauciones que tienen que ver con la protección de la vida, pero también tomarlo como una oportunidad para intervenir”, sostuvo. Y agregó: “A veces algo tan aparentemente trivial como un desafío de TikTok no es dimensionado por los chicos en relación con el sufrimiento que produce”.

En ese sentido, advirtió sobre la naturalización de estas situaciones: “Muchos dicen ‘era una broma’, pero es una broma que produce dolor en otros, que produce miedo”, y remarcó la necesidad de un trabajo educativo que permita “reconocer ese daño, que pueda haber alguna reparación y un pedido de disculpas”.

La funcionaria también puso el foco en el rol de los adultos frente al mundo digital: “Los adultos tenemos una cierta ajenidad, una distancia con el mundo social en el que los chicos viven”, explicó. Y agregó: “Creo que lo que hay que hacer es conversar con los chicos, pedir que nos cuenten en qué están y alertarlos sobre las cosas que están ocurriendo”.

En ese marco, sostuvo que la escuela debe incorporar estas problemáticas: “Las redes están en la vida de los chicos, aunque en la escuela no haya un solo celular. Entonces la escuela necesita tomar esto como parte de la educación que tiene que proporcionar”.

En contraste, en la Ciudad de Buenos Aires la gestión de Jorge Macri avanzó con un esquema que combina prevención y respuesta judicial frente a este tipo de episodios. Allí se activaron protocolos específicos de actuación en las escuelas, se realizaron denuncias formales ante la Justicia por las amenazas detectadas y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas de seguridad en los casos concretos.

Además, desde el gobierno porteño se remarcó que estos hechos no deben ser tomados como bromas, sino como situaciones que pueden constituir un delito, lo que derivó en investigaciones y operativos cuando se identificaron responsables.

En ese marco, desde la Provincia marcaron una diferencia en el enfoque. La ministra sostuvo que el abordaje debe darse desde lo educativo y no desde una lógica sancionatoria: “La escuela tiene que seguir siendo una institución educativa”, planteó, al remarcar que el eje está puesto en la prevención, el diálogo y el acompañamiento.

Más allá de esa diferencia, Terigi insistió en la importancia del vínculo con los estudiantes: “Los chicos lo que dicen es ‘queremos que nos escuchen’ y de lo que se trata es de sentarse a conversar”.

En diálogo con C5N, también se refirió a la situación de los bonaerenses: “Muchas familias están teniendo dificultades para compartir tiempo de calidad con sus hijos, porque corren de un trabajo al otro o por la cantidad de preocupaciones que tienen”, señaló.

En relación a las medidas concretas, aclaró que desde la Provincia no se impulsan propuestas como controles generalizados: “Nosotros no estamos diciendo que los chicos tengan que ir con una mochila transparente a la escuela”. Y diferenció: “Otra cosa es cuando hay una orden judicial, que tiene que ser cumplida”.

Además, advirtió sobre la gravedad de las amenazas incluso cuando no hay armas reales: “Aunque vos estés exhibiendo un arma de juguete, estás haciendo un acto de amenaza que pone en riesgo la seguridad del otro y le produce miedo”.

Por último, confirmó que el Gobierno bonaerense convocará a una reunión interministerial para abordar la situación junto a otras áreas, incluida Salud, y subrayó el eje de la salud mental: “Es una preocupación que nosotros tenemos que desarrollar, intensificar y sostener”.

En ese contexto, destacó también el rol de los estudiantes: “Los centros de estudiantes han comenzado a hacer campañas para advertir la gravedad de estos hechos. Es una movida muy esperanzadora”, concluyó.

Desde LANOTICIA1.COM se intentó durante toda la semana establecer contacto con autoridades de la cartera educativa bonaerense para conocer detalles sobre la situación y eventuales medidas, pero hasta el momento no se obtuvieron respuestas oficiales.

Un estudiante de la Escuela Secundaria Instituto Brown de Haedo fue allanado en su vivienda de Ituzaingó luego de publicar en su estado de WhatsApp una amenaza de llevar a cabo un ataque armado en el establecimiento educativo. El hecho generó temor entre sus compañeros, quienes alertaron de inmediato a las autoridades escolares.

Según informó el medio Primeraplanaonline, el joven había compartido una imagen en la que se lo veía con un arma junto a un mensaje intimidante: “Prepárense para los tiros mañana, mangas de hdp para lo que no me comparten pepitos ni auris en clases”. La publicación se viralizó rápidamente entre sus contactos y motivó la denuncia.

A partir de la intervención judicial, se ordenó un allanamiento en la casa del menor, ubicada en un complejo de departamentos en Ituzaingó. El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Guillermo Rodríguez Rey, a cargo de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, y autorizado por la jueza de Garantías del Joven Karina de Luca.

Durante el operativo, la Policía secuestró una gorra similar a la que el joven llevaba en la foto, un anillo dorado, un teléfono celular marca iPhone, otros dispositivos móviles del grupo familiar, una notebook y una pistola de aire comprimido de color negro, que sería la misma exhibida en la imagen difundida.

El adolescente quedó imputado por el delito de intimidación pública y deberá presentarse a declarar junto a sus familiares en las próximas horas. Como medida preventiva, se dispuso que continúe sus estudios de manera virtual y no asista presencialmente al colegio mientras avanza la investigación.

El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Educación” se desarrolló en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, junto al ex director de Cultura y Educación Alberto Sileoni y el intendente local, Jorge Ferraresi.

“El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra un eje central de nuestro pueblo: la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”, afirmó el gobernador Kicillof al encabezar el acto.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno nacional "quiere torcer el destino de los argentinos y, para eso, apuesta a un país sin industria, sin valor agregado ni ciencia y tecnología. Ante eso, repetimos una y otra vez que no hay libertad sin justicia social, y no hay justicia social sin un Estado eficaz y eficiente”.

Y agregó: “Defendemos la educación pública y acompañamos la lucha de los estudiantes y los trabajadores porque queremos una Argentina con desarrollo e inclusión, que les dé dignidad a los 47 millones de argentinos”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Tenemos un Presidente que no solo está ajustando, sino aplicando una política criminal contra la educación: necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”. “Por eso, en la Provincia estamos llevando adelante la transformación del sistema educativo: finalizamos 8.500 obras de infraestructura, inauguramos el equivalente a mil escuelas nuevas y extendimos la jornada escolar”, añadió.

“No alcanza con protestar y resistir, estamos acá para construir un horizonte distinto. Defender la escuela pública es aceptar que tiene problemas, pero que ninguno de ellos se resuelve recortando los presupuestos”, subrayó el mandatario bonaerense y señaló: “Por el contrario, se necesita mayor inversión y compromiso: tenemos que transformar la educación pública en favor de una Argentina productiva y soberana”.

Asimismo, Kicillof afirmó: “Nuestra tarea es ofrecer un proyecto de crecimiento que entusiasme a nuestro pueblo y que dispute contra una derecha que solo propone el abandono”. “Mientras ellos insultan y mienten, nosotros tenemos una responsabilidad: mostrar que hay otro camino y que tenemos la resolución de construirlo militando, escuchando y proponiendo un futuro mejor para todos y todas”.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra.

El gobernador inauguró este jueves un nuevo Centro Municipal de Cuidado Familiar y Comunitario.

Mediante una inversión de $3.920 millones, el nuevo centro cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados en los que se distribuyen seis consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, SUM y oficinas administrativas.

La institución lleva el nombre del doctor Oscar Fariña en reconocimiento a su trayectoria en la implementación de políticas públicas en salud; y beneficiará a más de 4.000 vecinos y vecinas de Villa Inflamable.

Una serie de allanamientos se llevaron a cabo en la ciudad de Necochea en el marco de una investigación por amenazas virtuales, llamados intimidantes y pintadas en establecimientos educativos. Como resultado de los procedimientos, una menor de edad y su madre fueron notificadas de la formación de una causa judicial caratulada como “intimidación pública”.

Los operativos, al menos tres en total, estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Tercera y de la DDI local según informó el medio local elecos.com.ar. Durante las intervenciones, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para difundir imágenes y mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

El caso se originó tras múltiples situaciones de violencia verbal registradas en escuelas del distrito, lo que derivó en denuncias por parte de directivos preocupados por el contenido y el tono de las amenazas.

“Se hicieron allanamientos a partir de amenazas difundidas en redes sociales por alumnos, que provocaron preocupación por el tenor de las expresiones”, señaló con cautela un funcionario policial vinculado a la investigación.

Por el momento, el expediente se encuentra en plena etapa investigativa y reina un fuerte hermetismo entre los encargados del caso. Los investigadores buscan determinar el origen exacto de los mensajes y establecer responsabilidades, a la espera de poder acceder al contenido de los dispositivos secuestrados durante los operativos.

Desde el ámbito judicial, en tanto, llamaron a llevar tranquilidad a las familias: “Hay que tratar de llevar un poco de calma”, indicaron, al tiempo que remarcaron que se trata de una problemática que también se ha replicado en otros puntos del país, afectando la convivencia en el ámbito escolar.

La imagen se repite en cada vez más escuelas bonaerenses: alumnos que ingresan con carpetas en la mano, útiles dentro de bolsas y mochilas que ya no están permitidas. Detrás de esa escena, hay una preocupación creciente por las amenazas de tiroteos que en los últimos días se multiplicaron y encendieron alarmas en toda la comunidad educativa.

Un móvil televisivo mostró de cerca esa realidad en el Instituto Inmaculada Concepción de Villa Domínico. Allí, como en otros establecimientos del conurbano, las autoridades decidieron prohibir el ingreso con mochilas como medida preventiva. Los estudiantes entran con lo mínimo indispensable, mientras padres y docentes intentan adaptarse a una rutina completamente alterada.

La situación ya dejó de ser solo educativa para convertirse en un tema de seguridad. Aunque en muchos casos las amenazas resultaron falsas, el impacto es concreto: miedo en los chicos, incertidumbre en las familias y cambios visibles en la vida escolar.

En la puerta de los colegios, las opiniones reflejan ese clima. Algunos padres respaldan las medidas, aunque con dudas. “Hay que prevenir”, resumió uno de ellos. Otros apuntan a un problema más profundo: el uso de redes sociales y la dificultad para controlar lo que circula entre los jóvenes. “No podés controlar todo, es un problema general”, reconoció otro.

Frente a este escenario, muchas escuelas comenzaron a exigir una mayor participación de los padres: reuniones más frecuentes, seguimiento y diálogo constante con los chicos.

El foco está puesto en lo que pasa fuera del aula. Las redes sociales, los mensajes entre estudiantes y las amenazas que circulan en grupos son señalados como uno de los principales factores. Incluso, el temor ya alcanza a chicos de primaria, que empiezan a entender lo que pasa y manifiestan miedo de ir al colegio.

“Hay que hablar mucho con ellos”, coincidió otra madre. El mensaje se repite: el diálogo en casa aparece como una de las pocas herramientas frente a un problema complejo.

Mientras tanto, las escuelas buscan sostener las clases sin interrupciones, pero bajo nuevas reglas. Mochilas prohibidas, controles más estrictos y familias más involucradas forman parte de una postal que ya se instaló en distintos puntos de la Provincia.

Docentes de Ramallo expusieron su preocupación por la situación en las escuelas en medio de las amenazas de tiroteos que vienen afectando a distintos establecimientos. Según consignó el medio local Diario El Norte, los trabajadores de la educación reclamaron respuestas concretas y cuestionaron la falta de acciones sostenidas por parte de las autoridades.

La manifestación se realizó en la plaza José María Bustos, donde analizaron el impacto que estos episodios generan en la comunidad educativa. Las amenazas obligaron a activar protocolos de emergencia y alteraron el normal desarrollo de las clases, lo que, advirtieron, expone debilidades en los mecanismos de prevención y contención.

En ese marco, los docentes señalaron que, si bien existen protocolos formales, las respuestas resultan insuficientes frente a un problema creciente que afecta tanto la seguridad como el clima escolar. También remarcaron que las escuelas están absorbiendo problemáticas sociales cada vez más complejas sin contar con los recursos necesarios.

Además, plantearon la necesidad de una articulación real entre áreas del Estado, como educación, salud, desarrollo social y seguridad. Según expresaron, la falta de coordinación y la demora en intervenir agravan los conflictos dentro de las instituciones.

Como resultado del encuentro, elaboraron un informe con propuestas que será elevado a las autoridades distritales. Entre los puntos centrales, pidieron la creación de espacios de trabajo conjunto para el seguimiento de situaciones conflictivas y el diseño de estrategias de prevención.

Las medidas que empezaron a aplicarse en escuelas de la provincia de Buenos Aires tras las amenazas de tiroteos abrieron un nuevo frente: la falta de oferta local de mochilas transparentes. Mientras algunas instituciones exigen ese tipo de elementos o directamente reemplazan las mochilas por bolsas, en la industria bonaerense aseguran que no se fabrican y que lo poco disponible proviene del exterior.

El relevamiento entre fabricantes de la Provincia muestra un panorama claro: no hay producción instalada para este tipo de artículos y tampoco una demanda sostenida que justifique reconvertir líneas de trabajo.

Ricardo, de la empresa Promociones Empresarias, con base en La Matanza, explicó que su firma produce mochilas tradicionales, pero no transparentes. “Para hacerlas hay que usar otro tipo de material que no sabemos cómo está en el mercado. Nosotros trabajamos con tela, no con plástico”, detalló.

El empresario consideró que la medida difícilmente se sostenga en el tiempo. “No creo que tenga continuidad. Los chicos tienen que llevar todos los útiles en la mano si no usan mochila. No es práctico”, planteó. Además, remarcó que este tipo de productos “seguramente” provienen del exterior, principalmente de China.

En la misma línea, Mauro, de Logotipo Pilar Merchandising, sostuvo que no recibió consultas por mochilas transparentes en los últimos días y coincidió en que se trata de una situación pasajera. “Esto en unos días se termina. Si fabricás una mochila transparente, después queda guardada”, opinó.

Según explicó, si bien técnicamente se podrían producir, no es viable sin un pedido concreto. “Para hacerlo tiene que haber volumen. Si no, conviene importar. Nadie se va a stockear con algo que no se pide”, afirmó. Como referencia, estimó que una mochila de esas características podría rondar los 25 mil pesos, aunque aclaró que es un valor aproximado.

Desde otra fábrica, Industrias MB S.A., en Munro, la mirada fue más crítica. Su responsable señaló que no están al tanto de pedidos de este tipo y cuestionó la utilidad del producto. “Es una idea ridícula, no va a servir para nada”, lanzó. También puso en duda su durabilidad frente al uso cotidiano de los estudiantes.

En tanto, desde la empresa Elementi, radicada en Capital Federal pero con fuerte presencia comercial en territorio bonaerense, indicaron que tampoco registraron consultas específicas, aunque reconocieron que la problemática de las amenazas “es nacional” y ya impacta en la asistencia escolar.

Ante la falta de producción local, las mochilas transparentes que hoy se consiguen en el mercado son, en su mayoría, importadas. Se comercializan a través de plataformas como Mercado Libre, Amazon o eBay, además de algunas cadenas nacionales como Frávega y Pardo.

Los precios varían ampliamente: van desde los 20 mil hasta los 140 mil pesos, según el tamaño, la calidad del material y la marca.

El escenario se da en paralelo a la implementación de medidas en escuelas bonaerenses, como las registradas este miércoles en Avellaneda e Ituzaingó, donde los estudiantes asisten sin mochilas o con útiles en bolsas transparentes.

Si bien las decisiones buscan reforzar la prevención ante amenazas que en muchos casos resultan falsas, exponen dificultades prácticas y abren interrogantes sobre su sostenibilidad. En ese contexto, la falta de una oferta local de mochilas transparentes suma un problema más a una situación ya atravesada por la preocupación de toda la comunidad educativa.

El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, confirmó que se encuentran en curso entre 15 y 20 causas judiciales vinculadas a amenazas contra establecimientos educativos en Olavarría y otras localidades de la región.

En declaraciones al medio Verte Azul Noticias, Sobrino advirtió sobre la gravedad de la situación y remarcó que, más allá de la edad de los implicados, “el delito existe, no es que porque son menores no existe”. En ese sentido, explicó que las investigaciones buscan determinar si detrás de estos episodios podría haber un “autor ideológico” que incentive este tipo de conductas.

El funcionario judicial señaló que muchas de estas amenazas estarían vinculadas a desafíos virales difundidos a través de redes sociales como TikTok: “Es un hecho muy grave, que confluye a través de la derivación de un reto viral y también la posible responsabilidad de los padres”, sostuvo.

En cuanto al avance de las causas, Sobrino indicó que la Justicia ha procedido a la incautación de teléfonos celulares para analizar su contenido y rastrear el origen de los mensajes. El objetivo es reconstruir la cadena de difusión y, eventualmente, identificar a quienes promueven estas acciones.

En ese sentido, aclaró que, al tratarse de menores inimputables, no se puede avanzar con una persecución penal directa, incluso con la nueva legislación que aún no se encuentra vigente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que los adultos responsables enfrenten consecuencias legales.

Finalmente, el fiscal destacó que se están utilizando herramientas tecnológicas para profundizar las investigaciones y solicitó a las instituciones educativas que activen los protocolos correspondientes ante cada amenaza, con el fin de prevenir situaciones de mayor riesgo.

La vuelta a clases de uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez abrió un fuerte conflicto en la Escuela Secundaria N°41 de La Plata. El joven, que tenía 14 años al momento del hecho en febrero de 2025, es inimputable por su edad y actualmente permanece bajo resguardo judicial en el Instituto Araoz Alfaro.

En ese marco, la Justicia dispuso su reinserción educativa, lo que derivó en una reacción inmediata de padres y madres de alumnos, que cuestionan que comparta el aula con otros estudiantes.

“Los chicos tienen miedo. Nosotros los mandamos a estudiar tranquilos y nos encontramos con esta situación”, expresó José, uno de los padres, en declaraciones televisivas. Según contó, identificaron al adolescente luego de que él mismo hiciera circular un video entre compañeros con contenidos vinculados al caso.

Otra madre, Marisa, aseguró que ya lo había reconocido antes, tras una advertencia de su hijo. “Me dijo que llevaba droga escondida en un fibrón. Hablé con la directora y después nos convocaron a una reunión donde todos entendimos quién era”, relató.

A partir de ese momento, según denunciaron, se registró un ausentismo masivo. “Hay miedo real. También hay amenazas en redes sociales de personas que dicen que van a ir a buscarlo a la salida”, advirtió la mujer, y remarcó que el edificio tiene accesos limitados.

Frente al argumento de que el adolescente tiene derecho a la educación y a la reinserción social, algunos padres plantearon objeciones. “El derecho a estudiar tranquilos lo tienen nuestros hijos. Y derecho tenía Kim”, sostuvo otro de los entrevistados.

Para este miércoles, las familias convocaron a una movilización frente al establecimiento para exigir explicaciones y medidas concretas que garanticen la seguridad dentro de la escuela.

El crimen de Kim Gómez ocurrió el 25 de febrero de 2025 en La Plata, cuando dos adolescentes robaron un auto en el que la nena de 7 años estaba como acompañante. Durante la huida, la menor quedó enganchada al vehículo y fue arrastrada por más de mil metros. Murió como consecuencia de las heridas.

Por ese hecho, el imputado que tenía 17 años fue condenado a 23 años y cuatro meses de prisión por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1. En tanto, el otro acusado fue declarado inimputable por su edad y quedó fuera del alcance del régimen penal juvenil vigente.

Las amenazas de tiroteos en escuelas ya tienen impacto en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En medio de un clima de preocupación creciente, cada vez más instituciones comienzan a aplicar medidas preventivas que alteran la rutina diaria de los alumnos: desde restricciones al uso de mochilas hasta controles con bolsas transparentes.

Algunos de esos casos se registran en el conurbano bonaerense. En el Instituto Concepción Inmaculada de Villa Domínico, en Avellaneda, estudiantes del nivel secundario asisten desde esta semana sin mochilas. Algunos llevan sus útiles en bolsas de supermercado, otros en bolsas de tela y muchos directamente en la mano.

La decisión se tomó luego de una amenaza realizada por un alumno la semana pasada. Aunque luego se comprobó que no era real, el episodio generó preocupación en la comunidad educativa.

Noelia, alumna de quinto año, contó que la medida tiene acompañamiento de las familias, aunque reconoció que resulta incómoda. “Las mamás están de acuerdo, pero es un poco molesto, porque tenemos que llevar las cosas en la mano”, explicó. También confirmó que la amenaza reciente fue el detonante de la decisión.

Una situación similar se vive en el Instituto Lourdes de Ituzaingó, donde directamente se prohibió el ingreso con mochilas. Allí, más de 300 estudiantes deben asistir con útiles en bolsas transparentes o carpetas en la mano, como forma de control visual.

La medida fue adoptada tras la aparición de una pintada con amenazas dentro del establecimiento. Padres y madres, aunque con preocupación, acompañan la decisión.

“Como mamá tengo miedo, pero creo que es lo mejor para los chicos”, expresó Joana, una de las madres. En la misma línea, Claudio, otro padre, consideró que “es lo más acorde por las cosas que están pasando”, aunque advirtió que se trata de una solución provisoria y que el problema de fondo es más complejo.

También Miguel, otro de los padres presentes en el ingreso, describió el clima que se vive: “Es triste llegar a esto. Hay miedo, sobre todo en los más chicos, pero nos tenemos que acostumbrar”.

Las medidas, que en principio serían temporales, buscan garantizar la seguridad sin suspender las clases. Sin embargo, exponen un escenario de creciente preocupación en las escuelas, donde la prevención empieza a imponerse frente a amenazas que, aunque muchas veces resultan falsas, generan un fuerte impacto en toda la comunidad educativa.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvo una reunión con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Seguridad bonaerense, en medio de la creciente preocupación por los episodios de amenazas en escuelas y el impacto de entornos digitales en estudiantes.

Durante el encuentro, los gremios docentes plantearon que las problemáticas que atraviesan las instituciones educativas “se profundizaron en los últimos días”, en referencia a casos recientes donde circularon mensajes que promovían acciones violentas en ámbitos escolares.

En ese marco, advirtieron que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde la escuela. “El impacto de la cultura digital en niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad social que excede a las instituciones educativas”, señalaron.

Entre los principales reclamos, el FUDB pidió la convocatoria urgente a una mesa interministerial a nivel provincial y la reactivación de espacios intersectoriales en cada distrito, con el objetivo de articular políticas entre distintas áreas del Estado.

Además, solicitaron la realización de jornadas institucionales para analizar estas situaciones dentro de las escuelas, el fortalecimiento de las políticas de salud mental, y la generación de instancias de formación tanto para docentes como para equipos directivos.

También propusieron avanzar con talleres para estudiantes y espacios de trabajo junto a las familias y organizaciones de la comunidad, como parte de una estrategia integral de prevención.

Otro de los puntos que generó preocupación fue el señalamiento de que, en algunos distritos, no se habrían aplicado correctamente los protocolos vigentes ante este tipo de situaciones.

Por su parte, desde la cartera educativa bonaerense indicaron que se avanzará en la convocatoria a la interministerial y en la conformación de mesas intersectoriales, además de continuar con el acompañamiento a las escuelas que atraviesan conflictos.

En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió este martes sobre la necesidad de intervenir de manera coordinada frente a este tipo de situaciones, especialmente cuando se originan en redes sociales y pueden escalar rápidamente en la vida real.

El FUDB está integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, y viene siguiendo de cerca la situación en las escuelas bonaerenses, con foco en la prevención y el cuidado de las comunidades educativas.