La expansión de Vaca Muerta no solo está generando una creciente demanda de inversiones y producción energética. También plantea un desafío logístico: la arena es uno de los insumos fundamentales para la estimulación hidráulica de los pozos y buena parte del material que llega hasta los yacimientos debe recorrer cientos de kilómetros por tierra.

Frente a ese escenario, Silos Areneros Buenos Aires, una empresa con 73 años de trayectoria, busca cambiar parte de esa ecuación. La compañía instalará en el Puerto de San Pedro una planta para lavar, clasificar y preparar arena extraída del río Paraná, con la intención de trasladarla posteriormente por vía fluvial y marítima.

“La idea es que San Pedro pueda ser un punto de salida de arena hacia Vaca Muerta y que podamos aprovechar el transporte por agua”, explicó Arosa a LANOTICIA1.COM.

La propuesta consiste en aprovechar la ubicación de San Pedro sobre el río Paraná para procesar allí la arena y luego cargarla en embarcaciones de mayor porte.

La intención es que los barcos puedan transportar el material hacia Bahía Blanca o San Antonio Este, desde donde continuaría su recorrido hacia la zona de Vaca Muerta. Para que el esquema sea competitivo, la escala será fundamental.

“Estamos pensando en barcos de unas 30.000 toneladas, que puedan hacer un viaje por semana”, detalló Arosa.

La empresa analiza además complementar la operación con el Puerto de Ibicuy, en Entre Ríos. El objetivo es que ambos puertos puedan alternar los embarques y sostener una frecuencia regular.

“San Pedro podría cargar un barco una semana y la siguiente hacerlo Ibicuy. Así podríamos tener una frecuencia de un barco por semana”, explicó.

El proyecto también busca integrar a otras empresas areneras para alcanzar el volumen necesario. Para Arosa, la escala es determinante para que la alternativa pueda funcionar.

“Solos no se puede. Tenemos que integrar a las otras areneras y generar una escala que nos permita hacer esto de manera eficiente”, sostuvo.

La iniciativa aparece además en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda de arena en Vaca Muerta. Según explicó el empresario, YPF es actualmente uno de los principales demandantes y la compañía busca avanzar hacia un acuerdo integral que permita darle previsibilidad a la operación.

“YPF es hoy el que más arena demanda y nosotros queremos poder trabajar con ellos de una manera integral”, señaló.

La arena utilizada en la explotación no convencional puede provenir de distintas zonas. Arosa mencionó tres grandes fuentes: arena de cantera de Entre Ríos, arena del río Paraná y materiales obtenidos en zonas más cercanas a Vaca Muerta.

“Hay tres tipos de arena que se están utilizando. Está la arena de cantera de Entre Ríos, la arena del Paraná y después está la arena que se consigue más cerca de Vaca Muerta”, explicó.

Según su análisis, las arenas del Paraná y de Entre Ríos presentan características especialmente apropiadas para la actividad, aunque la distancia obliga a resolver de manera eficiente el transporte.

“Las arenas del río y las de Entre Ríos son mejores para fractura. La arena que está más cerca es más barata por una cuestión logística, pero puede tener alguna limitación en la productividad de los pozos”, afirmó.

Por eso, el proyecto de San Pedro apunta a combinar disponibilidad de arena, capacidad de procesamiento y transporte por agua.

El otro gran eje de la iniciativa está directamente relacionado con el impacto del transporte terrestre.

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta multiplicó la cantidad de camiones que trasladan arena hacia los yacimientos. Para Arosa, ese esquema genera una presión cada vez mayor sobre las rutas.

“La idea es sacar camiones de las rutas y llevar la arena por barco”, resumió.

La diferencia de escala es uno de los puntos centrales. Una embarcación puede transportar decenas de miles de toneladas en un solo viaje, mientras que para trasladar ese mismo volumen por tierra se necesita una gran cantidad de camiones recorriendo largas distancias.

“Los caminos no dan más. La cantidad de camiones que está circulando es enorme y necesitamos buscar otra alternativa”, planteó el empresario.

El transporte fluvial y marítimo permitiría así mover grandes volúmenes de arena con menos viajes terrestres, reduciendo la presión sobre las rutas y modificando una parte de la actual cadena logística.

Para San Pedro, además, la llegada de la planta puede significar una nueva oportunidad para su infraestructura portuaria. El puerto ya cuenta con movimiento de arena y con instalaciones para operaciones de cabotaje y de mayor escala, mientras que su ubicación sobre el Paraná lo convierte en un punto natural de conexión entre la producción arenera y otros destinos portuarios.

“San Pedro tiene una ubicación estratégica y un puerto que puede trabajar con este tipo de cargas. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo”, sostuvo Arosa.

La empresa prevé instalar la maquinaria durante 2026, realizar las pruebas correspondientes y comenzar a operar entre enero y febrero de 2027. El proyecto también comenzó a generar movimiento laboral en la ciudad: ya hay trabajadores de San Pedro contratados y se están recibiendo currículums para cubrir distintos perfiles vinculados con la futura planta.

“Ya tenemos gente de San Pedro trabajando con nosotros y estamos buscando más personas, principalmente para tareas relacionadas con maquinaria vial”, explicó.

La apuesta, en definitiva, excede la instalación de una planta. Se trata de aprovechar una vía natural de transporte para modificar la forma en que un insumo estratégico llega hasta uno de los principales polos productivos del país.

“Queremos que San Pedro sea un hub para la arena que va a Vaca Muerta”, concluyó Arosa.

El desafío será transformar esa idea en una operación de escala: integrar a los productores, sostener embarques regulares y conectar el río Paraná con Vaca Muerta mediante una logística que permita transportar más arena por agua y reducir la cantidad de camiones que hoy deben recorrer las rutas.

En una nueva jornada de trabajo legislativo, distintas comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense avanzaron con proyectos vinculados a los derechos de los consumidores, la prevención de la violencia, la actividad de clubes y asociaciones civiles y el funcionamiento de los colegios profesionales.

Uno de los principales avances se dio en la Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor, que preside el diputado Diego Nanni. Allí obtuvo aprobación una iniciativa de la diputada Ana Luz Balor que busca prohibir en la provincia de Buenos Aires el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda realizados por proveedores de bienes y servicios y agencias de cobranza.

El proyecto apunta a limitar prácticas como las presiones, el acoso y la coacción sobre personas que mantienen deudas, una problemática que tomó mayor dimensión en el contexto de sobreendeudamiento de los hogares.

La iniciativa también contempla impedir el débito compulsivo o las acciones que obstaculicen el normal uso de cuentas de depósito como consecuencia de una deuda con la entidad prestadora.

En la misma comisión avanzó además un proyecto del diputado Ariel Archanco para actualizar la Ley 14.953 y adecuarla a los cambios tecnológicos. La propuesta establece que las piezas publicitarias deberán advertir cuando se utilicen recursos de creación, manipulación o alteración digital de la imagen corporal o la voz de una persona.

También obtuvo aprobación un proyecto de la diputada Romina Braga destinado a reforzar la protección de consumidores, ahorristas e inversores frente a fraudes, estafas piramidales y esquemas financieros irregulares. La iniciativa busca limitar la difusión de entidades que no estén autorizadas por la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central.

Por su parte, la Comisión de Clubes y Asociaciones Civiles, presidida por Luciana Padulo, avanzó con distintos proyectos, entre ellos una iniciativa de la diputada Lucía Iáñez para establecer capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) destinadas a integrantes de asociaciones sociales sin fines de lucro.

La propuesta busca mejorar el acceso a las técnicas de reanimación y generar capacitación permanente para actuar ante situaciones de muerte súbita.

Además, avanzó un proyecto de Alejandra Lordén que establece la obligatoriedad de implementar un protocolo de prevención y actuación frente al acoso en el ámbito deportivo en las instituciones deportivas.

En la Comisión de Mujer, presidida por Ayelén Rasquetti, obtuvo despacho favorable una iniciativa de Lucía Iáñez que propone modificar la Ley 14.050 para establecer un protocolo de prevención e intervención frente a casos de violencia de género, discriminación y abuso sexual en establecimientos bailables y espacios similares.

También avanzó una propuesta de Luciana Padulo, unificada con otra del diputado Carlos Puglelli, para establecer el 23 de septiembre como Día Provincial de los Derechos Políticos de la Mujer.

A su vez, obtuvo respaldo en comisión una iniciativa de Micaela Olivetto para instituir el 10 de enero como Día de las Mujeres Migrantes.

La comisión también dio aval a proyectos para declarar Personalidad Destacada a la profesora Adriana Alicia Geymonat, primera mujer en atravesar los seis pasos del Cruce de la Cordillera de los Andes, y a la arquitecta Elva Pilar Barreiro de Roulet.

Finalmente, la Comisión de Federaciones y Colegios Profesionales, presidida por Maite Alvado, avanzó con una modificación a la Ley 13.074, que establece el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La iniciativa de Luciana Padulo propone incorporar un artículo para que quienes estén matriculados en colegios y consejos profesionales bonaerenses y quieran postularse a cargos electivos dentro de esas instituciones deban presentar un certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

También avanzó un proyecto de Ariel Archanco para modificar la Ley 10.411, correspondiente al Colegio de Técnicos. Entre otros cambios, propone denominarlo Consejo Profesional de Técnicos y Maestros Mayores de Obras de la provincia de Buenos Aires y ampliar las especialidades profesionales contempladas.

Por último, se aprobaron proyectos para establecer el 12 de mayo como Día de la Fonoaudiología y el 14 de mayo como Día del Mediador.

La privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) abrió un nuevo frente de debate en la Legislatura bonaerense. La Comisión de Legislación General del Senado dio despacho favorable a un proyecto que busca garantizar la participación de la Provincia de Buenos Aires en el proceso impulsado por el Gobierno nacional.

La iniciativa fue presentada por el senador Sergio Berni (Fuerza Patria) y establece la designación de representantes del Gobierno bonaerense para intervenir en el procedimiento de privatización de la empresa que opera las centrales nucleares del país.

Además, el proyecto propone conformar una comisión bicameral legislativa de 10 integrantes, con cinco senadores y cinco diputados, que tendrá el carácter de veedora del proceso de privatización.

Durante la reunión, Berni fue invitado a exponer ante los integrantes de la comisión y brindar precisiones sobre los alcances de la iniciativa.

En paralelo, el cuerpo refrendó una declaración del propio Berni mediante la cual se solicita al Poder Ejecutivo bonaerense que exhorte al Gobierno nacional a cumplir con el artículo 11 de la Ley 23.696, con el objetivo de garantizar la participación de la Provincia en el procedimiento.

Durante la reunión, la Comisión de Legislación General también avanzó con modificaciones a distintas normas.

En primer lugar, aprobó una propuesta de Marcelo Feliú (Fuerza Patria) para modificar artículos del Decreto Ley 9020/78, que regula la actividad notarial en la Provincia. Según se explicó, el objetivo es acercar la figura del bien de familia a los grupos familiares que decidan afectar una propiedad con ese carácter, con asesoramiento e información brindada por el notario.

También recibió despacho favorable un proyecto de Pedro Borgini (Fuerza Patria) que modifica artículos de la Ley 14.432, referida a la protección de la vivienda única y de ocupación permanente.

Por otra parte, los senadores aprobaron un proyecto de Laura Clark (Fuerza Patria) que declara a la ciudad de Colón como Capital Provincial del Abrazo Milonguero.

Finalmente, avanzó un expediente proveniente de la Cámara de Diputados que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como lengua natural y originaria.

La reunión se realizó en el Salón Nunca Más del Anexo del Senado bonaerense y estuvo encabezada por el senador Germán Lago (Fuerza Patria), titular de la Comisión de Legislación General.

La crisis laboral en Granja Tres Arroyos sumó este jueves un nuevo capítulo en Capitán Sarmiento, donde trabajadores despedidos mantienen una protesta frente a la planta de la empresa. Hasta allí llegó Cecilia Silva, coordinadora Regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y representante del Gobierno bonaerense en la Segunda Sección Electoral.

La funcionaria, oriunda de Baradero, llevó mercadería para las familias afectadas y escuchó los distintos reclamos. “Estamos ayudando con mercaderías y tratando de que les llegue a todos. Entiendo que algunas familias son más numerosas y tienen distintas problemáticas. Vengo a escucharlos, a quien quiera decir algo que nosotros podamos elevar al Ministerio”, explicó.

Durante la visita, Silva también se refirió a las dificultades que atraviesan los trabajadores para volver a conseguir empleo. “La situación es complicada respecto del acceso al laburo. No hay muchas posibilidades de conseguir, ni acá ni en la zona, porque la situación es difícil en todo el país”, sostuvo.

💥 “Estamos todos rotos”Una trabajadora despedida de Granja Tres Arroyos rompió en llanto al contar la situación que atraviesan los empleados frente a la planta de Capitán Sarmiento.Ante el relato, una funcionaria de Kicillof apuntó contra Milei: “Está rompiendo las… pic.twitter.com/4BqKNUPe1x

En ese marco, la funcionaria apuntó directamente contra el Gobierno nacional. “Recién hablábamos con unos compañeros del sindicato, que uno no quiere politizarlo pero es necesario decir que esto es culpa de un presidente, que es Milei, que está rompiendo las industrias”, afirmó.

Uno de los momentos más fuertes de la jornada se produjo cuando una de las trabajadoras despedidas rompió en llanto al contar lo que atraviesan después de años de trabajo en la empresa.

“De Grazia nos dijo que nos quedemos tranquilos... Y ahora estamos todos rotos y no vinieron ni a dar la cara”, manifestó la mujer, visiblemente afectada.

La trabajadora hizo referencia a Juan Carlos De Grazia, integrante de la conducción de Granja Tres Arroyos, a quien los empleados habían señalado por el acompañamiento que les había transmitido durante el conflicto y de quien ahora reclaman respuestas.

Luego de escuchar su testimonio, Silva volvió a respaldar a los trabajadores y aseguró: “Para mí lo importante es saber que ustedes no son los culpables, sino que hay una decisión política de destruir la industria”.

Además, pidió que mantengan la unidad frente al conflicto. “Lo importante es que ustedes se organicen, que no se queden cada uno por su lado porque eso es lo que ellos quieren. Sé que van a pasar frío, pero manténganse juntos para que su voz se escuche y venga quien tenga que venir”, expresó.

La protesta continúa frente a la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, mientras los trabajadores despedidos reclaman respuestas y buscan sostener el reclamo por sus puestos laborales.

La comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense realizó una nueva reunión en la que aprobó cuatro proyectos de Declaración y avanzó en una agenda de recorridas territoriales por distintos puntos de la Provincia.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Antonio Cafiero y estuvo encabezado por el presidente de la comisión, Sergio Vargas (Unión y Libertad), acompañado por la vicepresidenta María Inés Laurini (Fuerza Patria) y María Emilia Subiza (Hechos). También participaron de manera remota otros integrantes del cuerpo.

Durante la reunión, los legisladores aprobaron una declaración de Interés Legislativo para la Expo Papelera 2026, que se realizará del 16 al 18 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

Además, dieron su beneplácito a BATEV 2026, la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda; ARGENPLAS 2026, vinculada a la industria plástica; y la Exposición Industria y Servicios 2026, organizada por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Uno de los principales puntos del encuentro fue el balance de la visita territorial realizada por la comisión a Azul.

Vargas explicó que durante la recorrida mantuvieron reuniones con distintos actores productivos del Parque Industrial de Azul y con representantes de las cámaras industriales de la ciudad.

También realizaron una visita institucional al Concejo Deliberante, en el marco de una agenda destinada a conocer de primera mano las demandas y propuestas del sector productivo local.

El titular de la comisión calificó como “productivas” las reuniones y destacó que durante la visita se recopilaron distintas propuestas que serán analizadas y trabajadas en el Senado.

En ese marco, Vargas confirmó que la comisión realizará una nueva recorrida territorial el 1° de octubre en Bahía Blanca.

La agenda contempla visitas al Polo Petroquímico, el puerto y el Parque Industrial, además de encuentros institucionales con el intendente Federico Susbielles y autoridades del Concejo Deliberante.

Los senadores también mantendrán reuniones de trabajo con empresarios, industriales y representantes del sector productivo bahiense.

Finalmente, el presidente de la comisión adelantó que la agenda incluirá un encuentro con intendentes de distintos municipios de la Sexta Sección electoral, con el objetivo de relevar las necesidades y propuestas vinculadas al desarrollo industrial de la región.

Durante el acto por el Día de la Industria, celebrado en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo que el análisis de la economía “no puede limitarse a la evolución de la inflación” en el marco de las tensiones que mantiene el sector con el Gobierno y su política económica. Los principales miembros del gabinete del Gobierno Nacional, estuvieron ausentes.

Rappallini pidió “dejar atrás las descalificaciones y agresiones hacia quienes producen". "El respeto tiene que ser parte fundamental de la convivencia democrática”, remarcó. “La industria no le quita nada a ningún otro sector para crecer. Crea valor nuevo y genera riqueza”, sostuvo el dirigente industrial.  “Esto es la economía real”, destacó y agregó: “La economía no puede medirse solamente por la inflación”.

El dirigente industrial tuvo como eje central a la apertura importadora. “La industria le está poniendo el hombro a la estabilización”, advirtió. En ese marco, el dirigente pidió un “puente” para recuperar la actividad durante esta etapa de estabilización, con un plan con siete ejes principales.

Allí mencionó la recuperación de la actividad y el crédito, la competitividad y el costo argentino, la competencia desleal, la necesidad de energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar baja de la morosidad de las empresas con la refinanciación de las deudas, desarrollo de infraestructura para exportar, y consolidar la modernización laboral.

Horas antes de la celebración, Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, tuvo un tono más duro con las políticas actuales, al afirmar que “esta gente no conoce al país” ni lo que es una industria.

Acusó al gobierno de impulsar una política de desindustrialización y cuestionó la falta de apoyo a escuelas técnicas, universidades, CONICET e INTI. 

La crisis que atraviesa la industria del calzado volvió a golpear a la Provincia de Buenos Aires. En Las Flores, la empresa Coopershoes cerró definitivamente su planta ubicada en el Parque Industrial, luego de una serie de despidos que se profundizaron durante agosto.

Según informó el sitio oficial de Uticra, organización sindical que representa a trabajadores de la industria del calzado, la firma concretó el cese total de sus operaciones y dejó sin empleo a los últimos 30 trabajadores que permanecían en el establecimiento.

La situación marca un fuerte retroceso para una planta que llegó a emplear a alrededor de 150 personas durante sus períodos de mayor actividad y que en los últimos meses había reducido de manera significativa su dotación.

El cierre también profundiza el escenario de dificultades que atraviesa el entramado productivo de Las Flores. La situación se suma a la reciente salida de Will Der, otra firma vinculada a la actividad industrial del distrito.

Desde el sector gremial y productivo vienen señalando como factores de preocupación la apertura de importaciones, la caída del consumo interno y el freno de la actividad industrial, un escenario que impacta especialmente en sectores como el calzado y pone en riesgo puestos de trabajo.

La situación de Tres Arroyos sumó nuevos detalles luego del cierre de la planta ubicada en Capitán Sarmiento. Desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) cuestionaron los motivos planteados por la empresa y aseguraron que la actividad avícola en general no atraviesa una crisis.

En diálogo con Radio Provincia, Julio Chamorro, secretario general del STIA en Entre Ríos, explicó que en la planta bonaerense “les cortaron la luz porque Tres Arroyos no podía pagar la factura”.

Según relató, desde el gremio esperaban que el inconveniente pudiera solucionarse, pero eso finalmente no ocurrió. “El viernes la empresa notificó que desde el 31 de agosto la planta cerraba sin nuevo aviso”, señaló.

Chamorro también brindó detalles sobre lo ocurrido dentro del establecimiento y aseguró que la empresa comenzó a retirar parte de los elementos que se encontraban en la planta. “Sacó la maquinaria que era de terceros, es decir, maquinaria alquilada para la actividad de la carga”, explicó.

A su vez, indicó que también se fueron retirando muebles de las oficinas y documentación, por lo que estimó que el cierre podría extenderse durante un período prolongado.

El dirigente recordó que Tres Arroyos también dejó de funcionar en Pilar, Esteban Echeverría y Concepción del Uruguay, aunque rechazó que la situación responda a una crisis generalizada de la actividad.

“El sector avícola no está en crisis y esto es puntual de Tres Arroyos”, sostuvo Chamorro, quien consideró que detrás de las dificultades de la compañía “hay un problema de otro tipo”.

En ese marco, adelantó que las cuatro federaciones del gremio de la alimentación, con el respaldo de la CGT, preparan una movilización para el miércoles 9 de septiembre.

El reclamo estará dirigido al Gobierno nacional para que implemente medidas de respaldo a la industria. “Al igual que financia a los bancos para créditos hipotecarios, también apalanque a la industria”, planteó.

La situación también es crítica en la planta de Concepción del Uruguay, donde, según Chamorro, la actividad está paralizada desde mayo y los trabajadores llevan cuatro meses sin percibir sus salarios.

El dirigente precisó además que hace unos 15 días hubo 270 despidos y que posteriormente se sumaron otros 210.

Por otra parte, cuestionó la explicación financiera brindada por la empresa, que intenta refinanciar una deuda de 350 millones de dólares. Chamorro consideró que el monto genera dudas teniendo en cuenta que, según afirmó, la compañía venía facturando alrededor de 1.400 millones de dólares anuales.

Chamorro también cuestionó los argumentos vinculados a la gripe aviar, el dólar y la apertura de las importaciones como factores que podrían explicar la situación de la empresa.

“La gripe aviar, el dólar planchado, la apertura de las importaciones no se pueden poner sobre la espalda del trabajador”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el sector avícola no atraviesa una crisis general y sostuvo que se trata de una de las actividades industriales que mantiene un nivel relativamente bueno debido al crecimiento del consumo interno.

También señaló que, de acuerdo con la Cámara Avícola, el sector no está en crisis y que el problema sería específico de Tres Arroyos. En cuanto a las exportaciones, indicó que representan apenas entre el 1% y el 2% de la actividad.

“El sector está perfecto y por eso es incomprensible, ya que se trata de la avícola más grande del país”, concluyó.

El Senado bonaerense analiza la creación del Sello de Calidad y Sostenibilidad “Excelencia Bonaerense”, una iniciativa que busca fortalecer la presencia de productos y servicios de la Provincia en los mercados internacionales.

El proyecto fue presentado por el senador Adrián Santarelli (Fuerza Patria) y quedó en estudio durante una reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur, que funciona en la Cámara Alta provincial.

La propuesta apunta a distinguir, promocionar y certificar bienes y servicios producidos mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires que formen parte de la oferta exportable bonaerense.

Según los fundamentos de la iniciativa, el sello buscará convertirse en una herramienta para mejorar la competitividad y el posicionamiento internacional de la producción bonaerense, incorporando criterios vinculados con la calidad, la trazabilidad, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

🏛️La Comisión de Relaciones Internacionales analizó distintos proyectosEl encuentro incluyó el tratamiento de iniciativas vinculadas al comercio exterior, las relaciones internacionales y distintos temas de interés legislativo.🔗 https://t.co/ekpE1sQCoZ pic.twitter.com/lgq2E1m5mb

De esta manera, el proyecto plantea generar una identificación que permita poner en valor el origen bonaerense de los productos y servicios y, al mismo tiempo, reforzar los estándares requeridos para competir en los mercados externos.

Durante la reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur también se abordaron distintos proyectos de declaración, que recibieron el acompañamiento del cuerpo.

Entre ellos se encuentran dos iniciativas vinculadas al 40° aniversario de la inauguración del Puente de la Fraternidad: una propone declararlo de interés legislativo y otra solicita al Poder Ejecutivo que lo declare de interés provincial.

También fueron tratados proyectos relacionados con el III Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y Ética Judicial, el 80° aniversario de la creación de la UNESCO, la situación de los católicos en Nigeria, la distinción obtenida por Gonzalo Ruiz del Castillo en el National Model United Nations (NMUN) y el Festival Mundial de la Juventud de la Federación de Rusia.

Finalmente, la comisión analizó un proyecto que expresa el beneplácito por el respaldo de Chile a los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes.

La iniciativa fue aprobada, aunque no contó con el respaldo de todos los senadores que participaron de la reunión.

El encuentro fue encabezado por Santarelli y contó con la participación presencial de Marcelo Leguizamón Brown (Hechos), Matías De Urraza (La Libertad Avanza), Sergio Berni (Fuerza Patria), Laura Clark (Fuerza Patria) y Sergio Vargas (Unión y Libertad). De manera virtual participaron María Valeria Arata, Marcos Pisano, Marcelo Feliú y Diego Videla, todos de Fuerza Patria.

El frigorífico ArreBeef desafectó a más de 400 trabajadores contratados en su planta de la localidad de Pérez Millán, Ramallo, una medida que fue confirmada por el secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte, Elías Bricca.

Gran parte de estos empleados temporarios residen en el lugar mientras que quienes arribaron desde otras ciudades también se radicaron allí para cumplir con sus tareas laborales.

La desafectación se produjo hace unos 20 días, pero la información trascendió en las últimas horas según contó Bricca a SNR RADIO. “Se trata de más de 400 personas que trabajaban bajo contrato. Ante la baja en la cantidad de carne exportada, que influye directamente en una menor faena, la empresa decidió rescindir los contratos", indicó.

No obstante la empresa dejó una puerta abierta para su reincorporación en el futuro. "Desde la patronal nos expresaron que es una medida temporal hasta solucionar la problemática, y que luego serían reincorporados. Estas situaciones suelen verse al menos una vez al año, pero generalmente ocurren por falta de hacienda o por precios altos, algo que ya sucedió a principios de año. En este caso, responde a la suspensión de las exportaciones a China y a otro factor con Estados Unidos”, informó el gremialista.

En el transcurso de este año, China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef tras detectar un antibiótico prohibido para el consumo humano en un contenedor de 22 toneladas proveniente de nuestro país.

Ante esta situación, el frigorífico quedó bajo la condición de “importación suspendida” de forma temporal mientras avanzan las revisiones técnicas. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) trabaja para destrabar la medida y lograr que la empresa vuelva a exportar a uno de sus principales mercados.

Al mismo tiempo, se habría producido una situación adicional con Estados Unidos -ajena a la empresa, pero que también la habría perjudicado-, lo que derivó en la decisión de desafectar a más de 400 empleados contratados de la planta ubicada en Pérez Millán.

Asimismo, el secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte señaló que a corto plazo se reanudaría la faena para exportar a Israel, lo que traerá una mejora en la situación.

La Jornada sobre maíz, girasol y soja, organizada con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tuvo como eje los desafíos que plantea la actual campaña agrícola, atravesada por condiciones climáticas particulares y por la necesidad de adaptar las estrategias productivas.

Mariano Carrillo -presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén- participó del encuentro desarrollado en el auditorio del Centro de Acopiadores de Cereales, donde se reunieron representantes del sector productivo, acopiadores, especialistas y organismos técnicos.

Durante su intervención, Carrillo destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos actores que integran la cadena agroindustrial, entendiendo a la región como un sistema productivo y logístico integrado.

Al respecto, el máximo funcionario de la autoridad portuaria señaló que “apuntamos a conformar una mancomunidad, una sinergia de intereses entre los públicos y privados, desde la tranquera hacia el muelle, sin limitarnos como Consorcio a la zona intraportuaria”.

En este sentido, remarcó que el desarrollo de la actividad agropecuaria y portuaria requiere una mirada integral del territorio, donde caminos, producción, almacenamiento, transporte y exportación funcionen de manera coordinada.

Carrillo también puso en valor el trabajo articulado que el Consorcio viene desarrollando con distintos organismos para atender las dificultades generadas por las intensas precipitaciones registradas en la región.

A manera de ejemplo, señaló que durante los últimos meses se trabajó conjuntamente con el ente vial para desobstruir caminos afectados por anegamientos, destacando que se trata de una línea de acción que debe sostenerse mediante la cooperación entre los diferentes sectores.

El presidente interino del Consorcio consideró que las situaciones climáticas extraordinarias representan un desafío que requiere nuevas respuestas y una mayor coordinación territorial.

“Este es el desafío de todos nosotros, que hoy nos convoca, y ese es el espíritu con el que trabaja Puerto Quequén”.

La participación de Puerto Quequén en la jornada reafirmó una concepción estratégica del puerto como eslabón de una cadena de valor que comienza en el territorio productivo y culmina en los mercados internacionales.

En ese marco, Carrillo sostuvo que las dificultades actuales también pueden convertirse en una oportunidad para profundizar la cooperación y mejorar la capacidad de respuesta de la región.

“Los problemas llegaron para quedarse”, afirmó, planteando la necesidad de asumirlos como una oportunidad para trabajar con optimismo, fortalecer la articulación público-privada y “estar a la altura de las circunstancias”.

La jornada permitió generar un espacio de intercambio y actualización para productores y actores vinculados a la campaña agrícola 2026/27, reafirmando la importancia de la información, la planificación y el trabajo colaborativo para afrontar un escenario productivo cada vez más complejo.

Puerto Quequén continúa promoviendo una visión integrada del desarrollo regional: producción, infraestructura, logística y exportación trabajando en conjunto para potenciar la competitividad de toda la cadena agroindustrial.

Representantes de las principales entidades que nuclean a comercios y pequeñas y medianas empresas bonaerenses expusieron ante una comisión del Senado provincial sobre el escenario que atraviesa el sector, con especial énfasis en la caída del consumo, la menor demanda y el cierre de establecimientos.

La reunión de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo se realizó en el Salón “Nunca Más” del Anexo del Senado bonaerense y fue encabezada por su presidenta, la senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo.

También participaron la vicepresidenta de la comisión, María Fernanda Raverta, Federico Fagioli y Evelyn Díaz, de Fuerza Patria. De manera virtual estuvieron Pedro Borgini, Laura Clark, Sergio Vargas y Diego Valenzuela.

El encuentro tuvo como disparador el proyecto presentado por el diputado Matías De Urraza, de La Libertad Avanza, que propone derogar la Ley 12.573, que establece el régimen para la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.

La iniciativa busca modificar el marco vigente con el objetivo de favorecer nuevas inversiones y la radicación de comercios. Por el momento, el proyecto quedó en estudio en la comisión.

🏛️ Representantes de FEBA y FABA participaron de la Comisión de Comercio Interior, PyME y TurismoReferentes de ambas entidades brindaron un panorama sobre la situación actual de los comercios y las PyMES en la provincia de Buenos Aires.🔗 https://t.co/sddXymsE1k pic.twitter.com/KlSvJEcBXl

En ese marco, los senadores convocaron a representantes de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) para conocer la situación que atraviesa el sector.

Por FEBA participaron su presidente, Alberto Kahale, de Lomas de Zamora; el vicepresidente primero, Juan Carlos Uboldi, de San Nicolás; el vicepresidente cuarto, Carlos Cappelletti, de Junín; el prosecretario general, Leonardo Tasca, de Mar del Plata; y el protesorero, Guillermo Anso, de Bragado.

La entidad reúne a cámaras empresarias de distintos sectores productivos y cuenta con representación en diferentes municipios bonaerenses.

Por FABA estuvieron su presidente, José Candiota, de Tres de Febrero, y el vicepresidente, Fernando Savore, de Morón. La organización representa principalmente a pequeños y medianos comercios de cercanía, como almacenes y autoservicios.

Durante las exposiciones, los dirigentes realizaron un diagnóstico de la situación del comercio bonaerense y trasladaron a los legisladores las problemáticas que atraviesan distintas regiones de la Provincia.

Entre los principales puntos señalados estuvieron la disminución del consumo y de la demanda, las dificultades para sostener la actividad y el cierre de establecimientos comerciales.

Los representantes también plantearon la necesidad de recuperar niveles de consumo que permitan fortalecer al sector y remarcaron la importancia de la industria nacional, el mercado interno y la generación de empleo.

Si bien la discusión estuvo vinculada al proyecto que plantea derogar la Ley 12.573, las exposiciones se centraron principalmente en un diagnóstico general sobre el escenario económico y comercial que atraviesan los distintos sectores.

Otro de los ejes del encuentro fue la situación particular de cada región. Los representantes de FEBA y FABA plantearon las necesidades y dificultades de sus zonas de procedencia y aportaron una mirada territorial sobre la realidad de los comercios, las pymes y las empresas bonaerenses.

Finalmente, los senadores intercambiaron opiniones con los representantes de ambas entidades, quienes respondieron preguntas y ampliaron sus consideraciones sobre el presente del sector y los desafíos que enfrenta en la Provincia.

El proyecto de derogación de la Ley 12.573 continuará bajo análisis en la comisión del Senado bonaerense.

Vecinos de distintas localidades de la zona sur del Partido de La Costa se concentraron este martes al mediodía frente a las oficinas de Clyfema, en Mar de Ajó, para reclamar por los elevados montos de las facturas de energía eléctrica.

La protesta se produjo en un contexto de reclamos similares que se vienen registrando en distintos puntos del país y de la Costa Atlántica, donde usuarios expresan su preocupación por el impacto de las tarifas en la economía familiar.

Durante la manifestación hubo quema de neumáticos y pintadas en el frente de la cooperativa. Los vecinos reclamaron explicaciones y solicitaron que se revisen las facturas que, según señalaron, presentan montos difíciles de afrontar para numerosas familias.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de una jubilada que aseguró cobrar alrededor de $500.000 por mes y haber recibido una factura de electricidad superior a los $750.000.

En diálogo con FM La Marea, la mujer también cuestionó los intereses aplicados en los planes de financiación y sostuvo que los consumos registrados en su boleta no se corresponderían con el uso habitual de energía de su vivienda.

El reclamo apunta a que Clyfema revise las facturaciones cuestionadas y brinde respuestas ante los elevados montos denunciados por los usuarios.

Los manifestantes sostienen que la situación afecta a un número importante de vecinos de la zona sur del distrito y reclaman alternativas que permitan afrontar el costo del servicio eléctrico sin comprometer los ingresos de las familias.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que contempla la ampliación del complejo industrial de Compañía Mega, con obras que tendrán impacto directo en Bahía Blanca y en la cadena energética vinculada a Vaca Muerta.

Según informó el Ministerio de Economía, la iniciativa representa una inversión de USD 365 millones y permitirá incrementar la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGL), además de generar hasta 800 puestos de trabajo durante las distintas etapas del proyecto.

La ampliación busca fortalecer la industrialización de los líquidos asociados a la producción de petróleo y gas natural de Vaca Muerta y contempla un aumento del 27% en la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de NGL.

NUEVO RIGI APROBADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE MEGASe formalizó el proyecto de inversión de Compañía Mega para ampliar su Complejo Industrial, una iniciativa que incrementará en 1500 toneladas la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGLs).El… pic.twitter.com/TuvItjnWkF

Entre las obras previstas se encuentran nuevas instalaciones e infraestructura en la Planta de Separación de Loma La Lata, en Neuquén, además de trabajos sobre el poliducto Loma La Lata–Bahía Blanca y la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

El proyecto permitirá incorporar nuevos volúmenes de líquidos del gas natural, con una producción adicional estimada en más de 500.000 toneladas anuales de etano, propano, butano y gasolina natural.

Desde Economía señalaron que la inversión también tendrá un impacto sobre el perfil exportador del sector y estimaron una contribución de USD 213 millones a la balanza comercial.

Durante la etapa de construcción, se prevé una demanda de alrededor de 600 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados con tareas de ingeniería, logística, construcción, provisión de equipos y otros servicios asociados a la obra.

Una vez finalizada la ampliación, Compañía Mega podrá elevar su capacidad total de producción de NGL a más de 2,5 millones de toneladas anuales, consolidando su participación en la cadena energética y exportadora del país.

La resolución también habilita para esta ampliación los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI, además de aprobar el listado de mercaderías que podrán ser importadas bajo las franquicias previstas por el régimen.

Un hombre de Bahía Blanca recurrió a la Justicia después de que le robaran su auto mientras su hijo hacía compras en un hipermercado Walmart de la ciudad. El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2008 y el vehículo nunca fue recuperado.

Ese día, el joven había llegado al predio ubicado sobre Avenida Cabrera al 4100 junto a dos amigos, a bordo de un Fiat Uno modelo 1999. Estacionó cerca del ingreso y entró a hacer las compras.

Cuando regresó con las bolsas, cerca del mediodía, descubrió que el vehículo había desaparecido. Tras avisar al personal de seguridad, regresó a su casa y junto a su padre realizó la denuncia policial. Sin embargo, el auto nunca apareció.

El propietario inició entonces una demanda contra la empresa y reclamó una indemnización por el valor del vehículo, una notebook que estaba en el baúl y el daño moral provocado por la situación.

El expediente quedó en manos del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Juan Carlos Tufari, que admitió parcialmente el reclamo.

Según publicó el medio local Canal Siete, la indemnización quedó fijada en $23.730,60, más los intereses correspondientes.

El monto incluye $18.700 por el auto, $5.000 por la notebook y $30,60 por los gastos de baja del automotor.

El reclamo por daño moral fue rechazado. El magistrado consideró que la pérdida de un bien material no implica por sí sola una afectación espiritual que deba ser indemnizada y destacó que el dueño no se encontraba presente al momento del robo.

Respecto de los intereses, se estableció que para el auto y la notebook se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a 30 días, desde la fecha del robo hasta el momento del pago.

Así, 18 años después del robo, el hombre obtuvo un fallo parcialmente favorable, aunque por un capital inicial de apenas $23.730,60, al que deberán sumarse los intereses acumulados durante casi dos décadas.

La propuesta del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para que la empresa bonaerense ABSA participe como gerenciadora en una eventual privatización de AySA recibió una respuesta cautelosa por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que la posibilidad debería analizarse, aunque advirtió que existen importantes diferencias de escala entre ambas compañías.

“La veo difícil por una cuestión de dimensión, de que una empresa pequeña pueda hacerse cargo de una concesión tan grande”, señaló.

Bianco calificó a AySA como una empresa de una dimensión muy superior a ABSA y consideró que ese factor representa uno de los principales obstáculos para avanzar con la propuesta.

2. El acceso a los servicios básicos es un derecho humano fundamental. Por eso, solicité que la Provincia intervenga en la licitación mediante @ABSAOficial. pic.twitter.com/Hp6b6GZksy

El funcionario recordó además que la Provincia ya intentó participar de otro proceso de concesiones impulsado por el Gobierno nacional: el correspondiente a las rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense.

Según Bianco, la Provincia fue excluida de aquella licitación pese a haber presentado una propuesta y posteriormente decidió judicializar la situación.

En ese sentido, diferenció la capacidad de ABSA de la de AUBASA, la empresa provincial que administra corredores viales como la Autopista Buenos Aires-La Plata, las rutas 2 y 11 y la Ruta 6.

“Cuando nos presentamos con una capacidad real, porque AUBASA tenía una capacidad real muy grande de poder manejar todas esas concesiones, como lo estamos haciendo con el Sistema Vial Integrado del Atlántico, hay otra espalda”, explicó.

De todos modos, Bianco dejó abierta la posibilidad de estudiar la propuesta de Gray.

“Habría que analizarlo”, sostuvo, aunque insistió en que el tamaño de AySA hace que la alternativa sea “compleja”.

La discusión se da en el marco del proceso impulsado por el Gobierno nacional para avanzar con la privatización de AySA, empresa que presta el servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Después de más de tres décadas, Magdalena recuperará uno de sus tradicionales encuentros productivos con la realización de Expo Magdalena Produce 2026, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de septiembre.

La exposición se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural de Magdalena, ubicado sobre la Ruta Provincial 11, kilómetro 61,5, y será organizada de manera conjunta por la entidad rural y el Municipio.

Durante las tres jornadas se podrán recorrer espacios dedicados al agro, la ganadería, la apicultura y la agricultura, además de sectores comerciales, gastronómicos y artesanales. También habrá exhibiciones de maquinaria vial y rural y propuestas vinculadas con nuevas tecnologías e innovación. La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas.

El objetivo será reunir y visibilizar a distintos actores del entramado productivo del distrito, generar oportunidades para emprendedores y empresas y mostrar el potencial económico de Magdalena.

La Expo contará con una Carpa Técnica, donde se desarrollarán charlas educativas, capacitaciones y encuentros de formación profesional destinados tanto a los sectores productivos como al público general.

También participarán instituciones del distrito, entre ellas la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Bartolomé Bavio y los Bomberos Voluntarios del Partido de Magdalena.

La apertura oficial será el viernes 4 de septiembre, con un acto inaugural y una recorrida especialmente destinada a establecimientos educativos.

Además de su perfil productivo, la exposición tendrá propuestas para disfrutar en familia, con paseos de compras, puestos gastronómicos y espectáculos en vivo, que tendrán a artistas locales como protagonistas.

La situación laboral en San Miguel del Monte volvió a generar preocupación luego de que, durante los últimos días, al menos 20 trabajadores de la empresa avícola Wade S.A. recibieran telegramas de despido.

La firma, vinculada al grupo Granja Tres Arroyos, comunicó las desvinculaciones en el marco de un proceso de reestructuración de personal en su planta ubicada en el distrito bonaerense. Las notificaciones fueron fechadas el 7 de agosto y llevan la firma del apoderado de la compañía.

La información fue difundida por el medio regional Infozona, a partir de las comunicaciones recibidas por los trabajadores.

Según surge de los telegramas, Wade S.A. invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida en determinadas situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y atribuye la situación a distintos factores que afectaron la producción y la comercialización.

Entre ellos menciona las consecuencias de los brotes de influenza aviar, las dificultades para acceder a mercados internacionales, la caída de las exportaciones y la sobreoferta de productos en el mercado interno. También señala la caída de los precios de los productos avícolas, el aumento de los costos de producción, contingencias operativas y conflictos colectivos.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el artículo invocado por la empresa. Esta modalidad contempla una indemnización equivalente al 50% de la prevista para un despido sin justa causa, siempre que se acrediten las circunstancias establecidas por la legislación laboral.

La invocación del artículo 247 no implica automáticamente que el encuadramiento quede acreditado. Los trabajadores comenzaron a reunir la documentación para analizar las liquidaciones y evaluar eventuales cuestionamientos a la medida.

Los despidos vuelven a poner en el centro de la escena el impacto que la situación de la empresa puede tener sobre el empleo en San Miguel del Monte.

En mayo, el Municipio había convocado a representantes de distintos bloques del Concejo Deliberante para analizar la situación de la compañía. En ese momento se advertía que más de 300 puestos de trabajo locales estaban vinculados a la actividad de la empresa.

Ahora, los nuevos despidos generan incertidumbre entre las familias que dependen directa o indirectamente de la planta y vuelven a poner bajo la lupa el futuro de los puestos de trabajo.

Por el momento, los telegramas alcanzan a al menos 20 trabajadores, aunque no se descartan nuevas novedades en el marco del proceso de reestructuración.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizó una fuerte defensa del Gobierno de Javier Milei durante la apertura del Council of the Americas y sostuvo que el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo forman parte de los costos de la transformación económica.

"Hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo pero ¿saben qué? Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos vivan en un país normal y creíble, yo creo que vale la pena", afirmó.

Durante su discurso, Grinman pidió "reflexionar" sobre el concepto de libertad, al que definió como algo "deseable e imprescindible", aunque advirtió que también "tiene costos muy significativos".

En ese sentido, cuestionó el modelo económico de los gobiernos kirchneristas y criticó lo que definió como un "Estado omnipresente", que "todo lo regulaba y controlaba".

"Durante largos años estuvimos acostumbrados a un Estado omnipresente, que todo lo regulaba y controlaba, decidía cuándo podíamos exportar carne, cuánto tenía que medir la góndola de un supermercado y cómo era la ubicación de productos en una góndola", señaló.

Según el titular de la CAC, ese esquema generaba un Estado sobredimensionado que impedía a muchas empresas crecer. También recordó una frase de Cristina Kirchner sobre la soja y fue contundente: "A ese país no quiero volver".

Grinman sostuvo además que, con un Estado paternalista, había menos responsabilidades individuales porque, ante un resultado negativo, siempre existía alguien a quien culpar.

"Cuando el mercado recobra protagonismo, toca asumir una cuota de responsabilidad, implica salir de la zona de confort y navegar en aguas abiertas", afirmó en declaraciones publicadas en Clarín.

El dirigente empresario destacó que una parte del sector privado asumió "con entusiasmo" esta nueva etapa y celebró la expansión de sectores que, según consideró, durante años fueron desaprovechados.

Sin embargo, reconoció que "las transformaciones significan sacrificio y dolor" y admitió que la situación económica es heterogénea entre las distintas empresas y sectores.

Las declaraciones de Grinman se produjeron mientras representantes de pequeñas y medianas empresas se manifestaban frente a Casa Rosada, en el marco del Día del Empresario Nacional.

Bajo el lema "Las Pymes también son argentinas", los manifestantes reclamaron por la situación del sector y señalaron que más de 30.000 empresas habrían cerrado desde diciembre de 2023.

No es la primera vez que Grinman realiza una defensa contundente del Gobierno de Milei. A comienzos de este año, había advertido que algunas empresas y trabajadores podían "quedar en el camino" debido a las dificultades económicas, aunque sostuvo que se trataba del "precio que hay que pagar para tener una Argentina normal".

En aquella oportunidad, tras reunirse con el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular de la CAC había señalado: "No se está atravesando un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento económico, pero también hay cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante".

La empresa textil IGT33 S.A., responsable de las marcas Rever Pass y Be Rebel, solicitó su concurso preventivo ante la Justicia luego de acumular un pasivo superior a $7.000 millones.

Según informó el medio local El Comercio Online, la compañía tiene más de 40 años de trayectoria, una planta industrial en Ricardo Rojas, más de 100 trabajadores y 13 locales comerciales.

La situación genera preocupación por la continuidad de la actividad, mientras la firma intenta negociar con sus acreedores y sostener su estructura productiva.

Las cuentas de IGT33 reflejan el deterioro de los últimos años. Las ventas cayeron cerca de un 24% entre 2024 y 2025, mientras que las pérdidas pasaron de $515 millones a $4.365 millones.

La empresa atribuye la crisis a una combinación de caída del consumo, aumento de costos, encarecimiento del crédito y avance de las importaciones.

En particular, señala el impacto de plataformas internacionales como Shein y Temu, que venden directamente al consumidor y compiten con las marcas locales con una estructura de costos diferente.

Frente a este escenario, IGT33 decidió modificar su modelo de negocios y combinar producción local con productos terminados importados, con el objetivo de reducir costos y competir en precios.

La crisis también llevó al cierre de algunos locales comerciales y a una mayor concentración en los canales que la empresa considera más eficientes.

El concurso preventivo busca darle margen para ordenar sus deudas y alcanzar un acuerdo con los acreedores, mientras intenta sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.

Para la compañía, el principal desafío será concretar esta reconversión en un contexto de fuerte competencia internacional, mientras busca resolver un pasivo que supera los $7.000 millones.