Fernando Espíndola, delegado de Camioneros en San Pedro, recuperó la libertad tras acordar una pena de seis años de prisión mediante un juicio abreviado en la causa por el bloqueo a la planta de Rey Distribución en 2022. La decisión fue adoptada el jueves 22 de octubre por la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, quien le concedió el beneficio de la libertad condicional.

El dirigente llevaba más de cuatro años y cinco meses privado de su libertad. Su defensa, a cargo del abogado Mauricio Gugger, solicitó la excarcelación luego de que su situación procesal se separara del debate oral en el que fueron juzgados Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de la empresa.

Según el cómputo incorporado al expediente, Espíndola acumulaba cuatro años, cinco meses y nueve días de detención. Ese tiempo le permitió alcanzar el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, calculado sobre los dos tercios de la pena acordada.

La fiscal María del Valle Viviani había prestado su conformidad el miércoles 21 de octubre. La resolución también tomó en cuenta los informes socioambientales y de conducta del Patronato de Liberados, que describieron una evolución favorable en su proceso de reinserción.

La jueza dispuso la excarcelación bajo caución juratoria y estableció una serie de obligaciones. Espíndola deberá fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de cometer nuevos delitos. También tiene prohibido consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes y debe cumplir una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con Gustavo Rey y Ariel Rey, denunciantes en la causa, tanto en sus domicilios como por cualquier otra vía o medio.

Espíndola había sido detenido el 8 de abril de 2022, acusado de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión y tentativa de extorsión. Durante la última etapa de su detención cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La decisión se conoce una semana después de que el juez Alejandro López resolviera favorablemente la situación de Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de Rey Distribución. En ese caso, el magistrado consideró que no se había acreditado la comisión de los delitos atribuidos y encuadró los hechos en el ejercicio legítimo del derecho a huelga.

La causa tuvo un fuerte impacto político y sindical en San Pedro y fue objeto de interpretaciones enfrentadas desde el comienzo. LANOTICIA1.COM siguió el expediente paso a paso, con la cobertura de sus distintas instancias y resoluciones, en un caso atravesado por la disputa gremial y por las lecturas políticas y partidarias que se construyeron alrededor de los acusados.

La Justicia Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de Manaos, en una causa por presunta evasión impositiva. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó la decisión del Juzgado Federal N.º 3 de Morón, según informó Clarín.

La investigación se inició a partir de una denuncia del Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades en el pago del Impuesto a las Ganancias, el IVA y los Impuestos Internos. El expediente también involucra a Norberto Canido, hermano del empresario, y a Refres Now S.A., la firma fabricante de las gaseosas.

La resolución mantiene un embargo preventivo de $250 millones sobre los bienes de Canido y otro por el mismo monto sobre los de la empresa. El empresario continuará en libertad durante el proceso.

Entre las presuntas maniobras investigadas figuran préstamos simulados, deducciones impositivas en exceso, facturación duplicada y declaraciones juradas engañosas. ARCA también pidió investigar comprobantes de venta presuntamente irregulares vinculados a 80 distribuidores, de los cuales 39 figuraban en registros de contribuyentes no confiables durante 2021 y 2022.

La causa contempla distintos períodos fiscales. Algunos hechos correspondientes a determinados ejercicios quedaron fuera de la investigación por la prescripción de la acción penal, tras la aplicación de una normativa más favorable para los imputados.

La historia de la compañía está ligada al oeste del conurbano bonaerense. Refres Now tiene su planta industrial en Virrey del Pino, partido de La Matanza, sobre la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Desde allí fabrica gaseosas, sodas, aguas, bebidas saborizadas y jugos que se distribuyen en distintos puntos del país, según la información publicada por la propia empresa.

La firma, de capitales nacionales, fue fundada en 2004 y construyó su crecimiento con una estrategia basada en precios competitivos y una red de distribución que le permitió expandirse frente a las grandes multinacionales del sector. Antes de lanzar Manaos, la familia Canido ya tenía experiencia comercial en el rubro de las bebidas y desarrollaba actividades en Rafael Castillo, también en La Matanza.

La planta de Virrey del Pino es uno de los principales activos industriales de la compañía. De acuerdo con su sitio oficial, cuenta con 12 líneas de producción de gaseosas, aguas y bebidas saborizadas, además de tres líneas para envases tipo tetra. Su actividad tiene impacto en el entramado productivo del distrito y abastece un mercado que excede ampliamente los límites bonaerenses.

En los últimos años, la empresa también amplió su cartera de productos y marcas. En 2025, Canido adquirió Cunnington y Neuss en una operación de unos US$ 74 millones, de acuerdo con información periodística publicada sobre la compra.

La confirmación del procesamiento representa un nuevo avance en la causa judicial que involucra al empresario y a su firma. Sin embargo, no equivale a una condena: la investigación deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan.

El gobierno nacional aprobó la licitación pública que abrió para vender el 90 por ciento de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA SA). Así lo resolvió el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo tras analizar las ofertas. 

Las novedades quedaron oficializadas en la Resolución 1818/26 publicada en el Boletín Oficial de este jueves. Según la norma, las empresas Rowing S.A. (Walter Román), Arcos Saneamiento e Participações (operadora de Río de Janeiro), Transclor (Mauricio Filiberti) y el fondo de inversión neerlandés PHX resultaron adjudicatarias de las acciones que tiene el Estado nacional en AySA.

Se trata del 90% del total del capital social de la compañía que provee de agua y cloacas a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 10% restante queda en manos de los trabajadores.

Las firmas adquieren 135 mil acciones clase A por un valor nominal de mil pesos cada una. Eso arroja un monto total de 340,2 millones de dólares (sin IVA) que deberán transferir a la Tesorería General de la Nación. De acuerdo a la Resolución de hoy, el 13 de noviembre se va a firmar el contrato para oficializar la compraventa y ya finalizar, definitivamente, el proceso de privatización.

Dicho monto corresponde a una cifra inferior a lo que esperaba el Gobierno nacional. En palabras de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, estimaban como “mínimo, unos u$s 500 millones”, en declaraciones a Ámbito formuladas en el mes de julio.

Por su lado el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció que la Provincia va a participar de la audiencia pública de AySA para impugnar el tarifazo.

Antes que eso, el 26 de octubre, se va a hacer una audiencia pública para presentar la actualización de los coeficientes zonales y el ajuste del precio del metro cúbico del servicio de cloaca en el llamado radio antiguo. Se trata de un cambio que va a generar un aumento de tarifas en el 60 por ciento de los usuarios residenciales de AySA, según estimaciones de la empresa.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya anunció que va a participar de la audiencia pública para impugnar el aumento y también la privatización. “Vamos a impugnar el tarifazo, vamos a reclamar por el plan de obras de expansión por los compromisos que se tienen que cumplir“, avisó Katopodis.

El interrogante de fondo es qué pasará con las tarifas, las inversiones y la extensión de las redes de agua y cloacas una vez que AySA quede bajo control privado.

La crisis del consumo y el aumento de los costos obligaron a cerrar una tradicional heladería de la provincia de Buenos Aires. Malibú, un comercio familiar que funcionó durante 30 años en Castelar, partido de Morón, bajó sus persianas luego de intentar sostener la actividad con promociones y aportes de otros emprendimientos.

“Tratamos de soportar lo más posible, pero con este Gobierno es imposible. Encima no es que se mantiene la crisis: vamos cada vez peor”, sostuvo Rubén, dueño del negocio, en diálogo con Primer Plano Online. Como ejemplo de las dificultades que atravesaba, contó que la última factura de luz llegó a $3,5 millones.

La heladería funcionó durante los últimos ocho años en Arias al 2300, en el centro de Castelar. Antes había atendido en Carlos Casares al 900. En sus últimos días, ofreció promociones de 2x1 para agotar el stock disponible. Además de helados, el local también brindaba servicio de cafetería.

“La gente no tiene un peso. Yo supuse que este proceso económico iba a ser así, pero no pensé que tanto”, expresó el comerciante, de 66 años y vecino de Ituzaingó.

El cierre dejó a cinco trabajadores sin su fuente de ingresos. Según relató Rubén, intentaron mantener el negocio con dinero proveniente de otros comercios, pero la situación empeoró hasta volverse inviable.

“Con esta factura de luz no hay manera de que sea competitiva la actividad”, afirmó. Para dimensionar el incremento, recordó que las boletas habían pasado de $450.000 a $1.250.000, hasta alcanzar los valores actuales.

Pese al cierre, el comerciante no descartó volver a intentarlo si cambian las condiciones económicas. “Si esto cambia, tal vez lo volvemos a intentar”, concluyó.

Una multitud de personas se acercó este martes por la mañana a un mayorista de alimentos de Ezeiza para entregar su currículum y participar de una búsqueda laboral que generó una fila de más de diez cuadras. Muchos aspirantes llegaron desde la madrugada con la expectativa de conseguir uno de los 40 puestos disponibles. La convocatoria fue difundida por Canal 4 Ezeiza.

La búsqueda apunta a cubrir vacantes para la quinta sucursal de la empresa, que abrirá sus puertas a mediados de noviembre sobre la calle Reconquista al 500, cerca de la Ruta 205 y de la esquina con Sargento Cabral.

La recepción de currículums comenzó a las 8.00 y se extenderá hasta las 18.00. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales y reunió a personas con distintas experiencias laborales, incluidos quienes buscan acceder a su primer empleo.

Entre los puestos disponibles se encuentran tareas de reposición, cajeros y personal administrativo. Además, se informó que no hay límite de edad para participar de la selección.

Para postularse, los interesados deben presentar el currículum impreso, el DNI físico y un formulario con sus datos personales. El formulario se entrega en el lugar, aunque también puede llevarse completo para agilizar el trámite.

La empresa dispuso 12 mesas con entrevistadores para recibir los datos de los aspirantes y realizar una primera evaluación. Según la información difundida durante la convocatoria, quienes obtengan una respuesta favorable serán contactados el sábado.

Algunos postulantes comenzaron a hacer la fila durante la noche del lunes, mientras que otros llegaron alrededor de las 4.00 de la madrugada para asegurarse un lugar. También hubo personas que viajaron desde distintas localidades de la zona sur del conurbano bonaerense.

La extensa fila refleja la cantidad de personas que buscan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. En este caso, son 40 las vacantes disponibles para la apertura del nuevo establecimiento en Ezeiza.

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) puso en funcionamiento su primer parque solar en Hudson, partido de Berazategui, para incorporar energía renovable a la operación vial. La planta abastecerá el nuevo Centro de Operaciones y la estación de peaje, en el marco de un plan de sustentabilidad de la empresa estatal bonaerense.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien destacó la iniciativa y la contrastó con la situación de las rutas nacionales.

“Hay que destacar este parque solar con energía renovable, limpia, como también poder destacar todo el trabajo de AUBASA porque se están ampliando y mejorando las autovías, las autopistas, los corredores viales. Algo bien diferente a lo que está pasando con las rutas nacionales”, expresó.

Por su parte, el presidente de AUBASA, José Arteaga, sostuvo que el proyecto constituye el primer paso del Plan Integral de Sustentabilidad, que busca promover la transición energética mediante la incorporación progresiva de fuentes renovables.

La planta está ubicada en el kilómetro 30,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en sentido hacia La Plata, entre el peaje de Hudson y el empalme con la Autovía 2. Cuenta con 160 paneles solares bifaciales, una potencia instalada superior a los 99 kilovatios pico (kWp) y una superficie de 432,2 metros cuadrados.

Según las estimaciones de la empresa, el parque permitirá cubrir la totalidad del consumo eléctrico diurno del peaje y sus oficinas. En términos anuales, abastecerá más del 57% de la demanda eléctrica de esas instalaciones. Los excedentes podrán inyectarse a la red, según las variaciones estacionales.

El responsable del área de Sustentabilidad, Sergio Federovisky, destacó que la iniciativa se suma a otras medidas de la empresa, como el retiro de asbesto y la colocación de paneles acústicos para proteger a trabajadores y vecinos.

“Todo enmarcado en un plan de sustentabilidad que consiste en políticas públicas, en una empresa pública, en un gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene compromiso con la política ambiental y no descree del cambio climático”, afirmó.

El parque de Hudson es el primero de una serie de proyectos que AUBASA prevé desarrollar en otros corredores bajo su administración, entre ellos las rutas provinciales 2, 6 y 11. El objetivo es reducir el impacto ambiental de sus operaciones e incorporar progresivamente energías renovables a la infraestructura vial bonaerense.

La necesidad de conseguir empleo quedó reflejada este lunes en Moreno, donde una multitud hizo largas filas bajo la lluvia para dejar su currículum en un nuevo bazar que busca cubrir 30 puestos de trabajo. La convocatoria se viralizó en redes sociales y reunió a personas de distintas edades, muchas de ellas con varios meses de desempleo.

La búsqueda de personal de CityStore contemplaba vacantes para tareas de reposición, depósito y administración. Durante la mañana, la fila llegó a superar las 10 cuadras y hubo personas que incluso pasaron la noche en la calle para intentar ser de las primeras en entregar sus antecedentes laborales.

La recepción de currículums estaba prevista hasta las 16, pero las puertas del local se cerraron a las 17, cuando todavía quedaba gente esperando sobre la calle Victorica. Quienes no pudieron ingresar tuvieron la posibilidad de entregar sus CV al personal de reclutamiento que salió a recibirlos.

Entre las personas que se acercaron estaba Gabriela, de 50 años, quien viajó desde Merlo con la expectativa de conseguir un empleo. “Mi último laburo fue hace 6 meses en un kiosco, vendieron el fondo de comercio y quedé afuera. Anteriormente, estuve un año y pico sin trabajar”, contó en declaraciones a Clarín.

La mujer explicó que la falta de oportunidades y su edad se convirtieron en obstáculos para volver al mercado laboral. Actualmente, la familia vive de los ingresos de su marido y ella busca completar los aportes que necesita para jubilarse. “Me quedan 10 años para jubilarme y quiero tener los aportes que me faltan”, agregó.

Otra de las postulantes fue Natalia Pintos, de 49 años, quien llevaba cuatro meses sin trabajo. Llegó al lugar a las 9 de la mañana y, durante la espera, entabló relación con otras mujeres que atravesaban una situación similar.

“Pensábamos que íbamos a lograr entrar para entregar en mano y que nos hicieran preguntas, pero ahora lo que nos queda es que ellos vean los currículums y nos llamen”, relató.

Ailén Guzmán, de 23 años, también buscaba una oportunidad laboral después de que cerrara el local de indumentaria donde trabajaba. Según contó, se quedó sin empleo hacía tres meses y desde entonces realiza trabajos ocasionales de pestañas cuando consigue clientes.

La situación se repitió entre otros postulantes. Melissa Chauvet, de 27 años, había perdido su trabajo como cuidadora de una mujer mayor tres semanas antes, mientras que Mayra Ángel, de 28, se había quedado sin empleo en una sanguchería de Paso del Rey hacía un mes.

“No sabemos ni cuánto vamos a ganar y, sin embargo, dejamos CV igual”, expresó Mayra, quien señaló que ni siquiera conocían las condiciones salariales de los puestos ofrecidos.

Agustín Martín, de 26 años, llevaba seis meses sin trabajo fijo y realizaba algunas changas de electricidad para ayudar a sus padres. “Es complicado porque si vas a entregar en mano no te lo toman, y si mandás por internet no te llaman”, sostuvo.

El joven también describió las dificultades económicas que atraviesa su familia: “A gatas llegamos para comer. Me esperaba que fuera así de masivo porque hay necesidad de trabajo por todos lados”.

No es la primera vez que una convocatoria laboral genera una concurrencia de estas características en Moreno. En mayo, el frigorífico Cabaña Don Theo había llamado a cubrir 60 vacantes y recibió una cantidad inusual de postulantes, con una fila que superó los 1.000 metros. Al igual que ocurrió con el bazar, aquella búsqueda se difundió masivamente a través de las redes sociales.

“Prácticamente estamos mendigando, porque esa plata es nuestra, pero la estamos mendigando”. La frase de Fernando, un trabajador que pasó ocho años en Granja Tres Arroyos, resume el reclamo de los despedidos que este viernes protestan frente a la planta de La Lonja, en el partido bonaerense de Pilar.

Los trabajadores exigen el pago de los salarios adeudados, el aguinaldo y las indemnizaciones. La protesta se produce en medio del conflicto por los 1.250 despidos en distintas plantas de la compañía avícola, que dejó a cientos de familias sin sus ingresos habituales.

En declaraciones televisivas, Fernando aseguró que les deben seis meses de sueldo, además del aguinaldo y la indemnización. También cuestionó la falta de respuestas de la empresa y afirmó que sus representantes no se presentan a las instancias de mediación.

“Venimos a reclamar lo que es nuestro. No venimos a pedir que nos regalen nada, porque esa plata nosotros la trabajamos”, sostuvo.

El trabajador, que tiene dos hijas, contó que actualmente sobrevive haciendo changas, mientras su esposa aporta ingresos con un emprendimiento vinculado con eventos durante los fines de semana. Según relató, la familia intenta sostenerse con esos trabajos mientras espera cobrar lo adeudado.

Fernando también cuestionó la falta de contacto con los responsables de la empresa. Según su testimonio, los directivos estaban en el acceso a la planta, pero no se acercaron a dialogar con los manifestantes.

Luis, otro de los trabajadores despedidos, contó que llevaba siete años en la planta y describió la incertidumbre que atraviesan sus compañeros.

“Lo mismo que sentimos todos, creo que esto no tiene salida para ningún lado. Nos echaron a todos, nos dieron la espalda, nos dejaron a la deriva sin nada”, expresó.

El operario aseguró que no cobra desde mayo y sostuvo que tampoco recibió ayuda para atravesar la situación. En su caso, explicó que el sueldo de su esposa permite afrontar algunos gastos esenciales, como la comida, las cuentas pendientes y el colegio de su hija.

“Changa, changa, lo que salga”, respondió cuando le preguntaron cómo consigue ingresos desde que perdió su empleo. Mencionó trabajos de pintura, albañilería y electricidad, según las oportunidades que aparezcan.

También describió las dificultades de algunos compañeros que recurren a las aplicaciones de transporte. Según relató, quienes alquilan un vehículo para trabajar pueden llegar a pagar $400.000 por semana y necesitan manejar entre nueve y doce horas diarias para intentar obtener una ganancia.

Marcela, quien trabajaba en el servicio médico de la planta, también participó de la protesta. La mujer aseguró que fue despedida y cuestionó al gremio por su actuación durante las asambleas.

“Cuando el gremio nos mentía en la cara, yo era la única que abría la boca”, afirmó. Según su relato, esa postura generó conflictos con la representación sindical.

Marcela dijo que tampoco recibió los pagos pendientes y contó que su situación financiera se agravó por las deudas que acumuló mientras intentaba sostener sus ingresos.

“Yo debo más de 21 millones de tarjetas, porque había sacado un auto para trabajar de Uber”, relató.

La trabajadora explicó que había tomado préstamos antes de que se agravaran los atrasos salariales. También cuestionó que se facilitaran créditos a los empleados mientras, según denunció, la empresa dejaba de cumplir con el pago de los sueldos.

“Todo fue muy planificado, una maldad”, sostuvo, al expresar su interpretación de lo ocurrido.

Los testimonios exponen las consecuencias de los despidos más allá de la pérdida del puesto de trabajo. Los operarios describieron hogares que deben sostenerse con ingresos informales, los salarios de sus parejas y nuevas deudas, mientras esperan cobrar lo que consideran que les corresponde.

La protesta en La Lonja se suma al conflicto que atraviesan los trabajadores de Granja Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires. En las distintas plantas afectadas, los reclamos se centran en las desvinculaciones y en las obligaciones salariales pendientes.

En Pilar, los trabajadores insisten en que no están pidiendo un beneficio extraordinario, sino el pago por los años trabajados. Mientras buscan alternativas laborales para sostener a sus familias, esperan una respuesta concreta sobre los salarios adeudados, el aguinaldo y las indemnizaciones.

El Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, realizó la apertura de las ofertas económicas mediante la cual se seleccionará al operador estratégico de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y cuyo capital a entregar corresponde al 90% del paquete accionario.

La oferta económica presentada por Rowing S.A. (Walter Román), Arcos Saneamiento e Participações (operadora de Río de Janeiro), Transclor (Mauricio Filiberti) y el fondo de inversión neerlandés PHX, fue de USD 340.200.000 mientras que ROGGIO ROAS S.A.- Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros presentó una oferta por un monto de USD 285.000.000.

La apertura de las ofertas constituye un nuevo paso en la privatización de AySA, que contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Sin embargo, la mayor oferta corresponde a una cifra inferior a lo que esperaba el Gobierno nacional. En palabras de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, estimaban como “mínimo, unos u$s 500 millones”, en declaraciones a Ámbito formuladas en el mes de julio.

Según el comunicado del Ministerio de Economía, AySA, que presta servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense, “era un modelo de disfunción administrativa”.

“Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD13.400 millones . Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%. El gobierno nacional del presidente Javier Milei está comprometido a cuidar los recursos de los pagadores de impuestos y de cuidar los servicios que reciben los Argentinos”, señalaron.

Y precisaron que “uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es el compromiso obligatorio de inversión” ya que “el nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio, indicaron.

Las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente.

La oposición en el Congreso objeta el proceso que está llevando adelante el gobierno no sólo con AySA sino con todas las privatizaciones de las empresas públicas. Integrantes de la bicameral que debe controlar el proceso de venta, solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que se investigue al mencionado Chaher, al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del BICE por "graves irregularidades en las privatizaciones de empresas públicas". Los opositores advirtieron que "cambiaron el método de valuación y declararon secretas todas las tasaciones, desplazando al Tribunal de Tasaciones", además de no informar a la Comisión Bicameral.

❗️ATENCIÓN Las diputadas de nuestro bloque @AnaMariaIanni @florcarignanook, que integran la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, denuncian graves irregularidades y oscurantismo en el proceso de privatizaciones de las empresas públicas. 📄 • La denuncia formal se presentó ante la Procuración de Investigaciones Administrativas. ⬇️

Por otro lado, el exdiputado provincial y exinterventor del Ente Regulador de la Energía, Walter Martello, señaló que se presentó a la justicia federal con un amparo colectivo y un pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275) donde intenta saber cuánto vale AySA y cuál es su pasivo ambiental, información que quedó reservado a los oferentes privados, según dijo.

Además señaló que uno las empresas del consorcio que presentó la oferta más alta, Rowing, integra el holding Equo Capital, y dos empresas de ese mismo holding, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025, según los registros de la Cámara Nacional Electoral.

También que según información del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que le daría un flujo de caja extra de US$93 millones por año. “Es decir: quien compra ya sabe qué ingresos extra vienen, y quien paga la factura todavía no sabe cuánto pagará”, advirtió.

En las mediciones analizadas, Personal obtuvo una velocidad media de descarga en dispositivos móviles de 85,02 Mbps y una velocidad media de descarga 5G de 525,93 Mbps.  Por su parte, la red fija de fibra registró una velocidad media de descarga de 218,50 Mbps, reflejando el desempeño de su infraestructura de conectividad en todo el país, se informó oficialmente.

En tanto, Personal Fibra fue reconocida por brindar la mejor experiencia de internet fija del país, liderando los indicadores de experiencia de juego y streaming de video entre los proveedores de servicios de Internet de Argentina.

Este reconocimiento valida la calidad y confiabilidad de la red de Personal, así como su compromiso con ofrecer una conectividad diferencial para sus clientes. Una experiencia de internet fija superior permite disfrutar contenidos en streaming sin interrupciones, realizar videollamadas de alta calidad, trabajar y estudiar a distancia de manera eficiente y conectar múltiples dispositivos simultáneamente con un desempeño óptimo.

Personal continúa expandiendo su red de fibra óptica al hogar (FTTH) en distintas localidades del país, con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de conectividad de sus clientes. Las redes de Personal son reconocidas por la solidez y capacidad, que se centra en la infraestructura convergente, con una fuerte expansión de fibra óptica, que ya supera los 100.000 kilómetros desplegados entre FTTH y HFC. Mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la evolución constante de sus redes fija y móvil, Personal incrementa la capacidad de sus servicios y ofrece conexiones más rápidas, estables y confiables. 

La situación laboral en Zárate y Lima genera preocupación entre los trabajadores de la construcción. En medio de un fuerte parate de la actividad, la UOCRA tiene puesta buena parte de sus expectativas en el proyecto que Toyota anunció para la producción de vehículos eléctricos, aunque todavía busca precisiones sobre los plazos de ejecución y, fundamentalmente, sobre la cantidad de trabajadores que podría demandar.

Julio González, secretario general de la UOCRA de Zárate, explicó que el gremio mantendrá una reunión con representantes de la automotriz en los próximos días para conocer en detalle el proyecto. “Queremos saber a ciencia cierta cuál es el proyecto del que se está hablando y qué cupo de mano de obra va a estar demandando”, señaló.

La expectativa por Toyota convive, sin embargo, con una preocupación de fondo: qué ocurrirá con los trabajadores cuando avance la finalización de la extensión de vida de Atucha I. Según explicó González, la obra se encuentra actualmente en torno al 50% y todavía resta una parte importante de los trabajos.

“Como faltar, falta mucho”, afirmó el dirigente, aunque aclaró que desde el gremio buscan ser cuidadosos con las expectativas. Recordó que desde 2023 se hablaba de que el proyecto podía llegar a generar entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, una cifra que finalmente nunca se alcanzó.

“Nosotros esperábamos un proyecto para 2.500 compañeros y eso nunca pasó. El proyecto siempre se mantuvo en un nivel de 1.500, 1.300 compañeros”, explicó González. En ese sentido, sostuvo que desde la UOCRA prefieren contar con información concreta antes de transmitir números que después no se correspondan con la realidad.

El dirigente también se refirió a la situación de los trabajadores que actualmente se desempeñan en Atucha I. Algunos sectores de la obra van finalizando y eso genera bajas de personal, aunque existe la posibilidad de que determinados trabajadores puedan volver a ingresar en los próximos meses, dependiendo de la demanda de cada oficio.

“Si bien tenemos circuitos que van terminando y eso va dejando algunos compañeros afuera del proyecto, tenemos la posibilidad de que en pocos meses, hablando de diciembre-enero, se puedan reingresar estos compañeros por la demanda del mismo oficio”, explicó.

A la vez, la UOCRA sigue de cerca una licitación vinculada con la renovación de contratos de empresas que trabajan en la central. González señaló que actualmente existen inquietudes entre los trabajadores por la posibilidad de que cambien las firmas contratistas.

“Para nosotros no es un problema que ingresen otras empresas. Lo que sí tienen que garantizarnos desde Nucleoeléctrica es que las empresas que vengan cumplan con todas las condiciones como lo están cumpliendo las empresas que hoy están”, remarcó.

El principal interrogante del gremio está puesto en qué obra podrá ocupar a los trabajadores cuando termine la extensión de vida de Atucha I. González sostuvo que, más allá de los distintos anuncios que se realizaron durante los últimos años sobre nuevos proyectos nucleares, todavía no observan una iniciativa concreta que permita garantizar esa continuidad laboral.

“La realidad es que desde que asumió este gobierno son muchos los proyectos que se han nombrado, pero nada se ha concretado”, afirmó. También mencionó los anuncios vinculados con un nuevo reactor y con un eventual financiamiento de Estados Unidos, aunque aclaró que todavía existen pasos y autorizaciones que deberían cumplirse.

“Nosotros vemos con mucha anticipación que el proyecto de extensión de vida tiene un inicio y un final y no vemos que haya un proyecto en la región, y mucho menos en el plano nuclear, un proyecto que pueda acaparar la cantidad de mano de obra que pueda llegar a quedar desocupada”, advirtió.

Para González, el problema excede a los trabajadores de la construcción porque una obra de la magnitud de Atucha tiene un fuerte impacto sobre toda la economía de la zona. “Nos preocupa como nos preocupó cuando finalizaba Atucha II. No tener en cuenta el impacto socioeconómico que genera la terminación de una obra con tanta mano de obra involucrada”, sostuvo.

La situación se suma al parate general de la construcción, que según el dirigente se siente con fuerza tanto en Zárate como en otras regiones del país. “Hace muchísimo tiempo no nos pasaba este parate. Hace muchísimos años que no nos pasaba este parate, no solamente en la región sino en todo el país”, afirmó.

González aseguró que la caída del empleo también alcanza a actividades vinculadas con la construcción y la industria. “Puesto que se cae, no se recupera”, resumió, y describió la situación de los trabajadores que diariamente se acercan a la seccional en busca de un puesto.

En las últimas semanas, la recuperación de algunas obras viales permitió generar nuevas oportunidades laborales a partir de trabajos de repavimentación y bacheo en rutas nacionales, aunque desde el gremio consideran que ese movimiento resulta insuficiente para revertir la caída general del empleo.

“No es la solución la obra vial para la situación que tenemos de desocupación en todo el país y también en nuestra región”, aclaró.

En ese contexto, Toyota aparece como una expectativa concreta, aunque todavía pendiente de mayores precisiones. La reunión que mantendrá la UOCRA con representantes de la empresa buscará determinar cuándo comenzará el proyecto, cuál será su dimensión y qué cantidad de mano de obra requerirá.

“Una vez que tenga la realidad del arranque del proyecto, la dimensión del proyecto, te mando un mensajito y nos ponemos en contacto y te transmitimos”, anticipó González.

La expectativa del gremio está puesta ahora en obtener esos datos y conocer si la obra de Toyota puede convertirse en una alternativa laboral de magnitud para una región que, mientras mira hacia el futuro de Atucha, enfrenta una de las etapas de mayor caída del empleo en la construcción.

Después de 28 años de actividad, Bodega La Pequeña anunció que cerrará sus puertas el próximo 30 de noviembre en Coronel Pringles. La decisión volvió a poner en el centro de la escena la situación que atraviesan los comercios de distintas localidades del interior bonaerense, en un contexto de caída del consumo y dificultades para sostener la actividad.

La empresa comunicó la decisión a través de una carta dirigida a sus clientes y a la comunidad. Allí explicó que se trataba de una determinación que venía siendo analizada desde hacía tiempo y señaló como factores los cambios en los formatos de venta, el desgaste de tantos años de actividad y la situación económica actual del país.

La bodega continuará atendiendo normalmente hasta fin de noviembre. Durante las próximas semanas, sus vendedores, repartidores y personal administrativo se contactarán con los clientes para ordenar cuentas, cobranzas y otros trámites pendientes.

La noticia tuvo una fuerte repercusión entre los vecinos, que dejaron numerosos mensajes en la publicación de Diario El Orden de Coronel Pringles.

Más allá de la despedida a un comercio conocido, varios comentarios reflejaron la preocupación por la cantidad de actividades y comercios tradicionales que tienen dificultades para sostenerse. Algunos vecinos hablaron directamente de una ciudad que pierde movimiento y oportunidades, mientras otros relacionaron la situación con la caída del consumo y el contexto económico.

“Pringles se viene abajo”, resumió uno de los comentarios, en una expresión que sintetizó el malestar de parte de la comunidad ante la pérdida de comercios y fuentes de trabajo.

Otros vecinos recordaron el vínculo que Bodega La Pequeña mantuvo durante años con instituciones y actividades de la ciudad y localidades cercanas. Entre los mensajes también aparecieron testimonios de personas que trabajaron allí y de clientes que destacaron la atención y la trayectoria del comercio.

El cierre se produce además en un escenario en el que los pequeños y medianos comercios del interior bonaerense enfrentan cambios en los hábitos de consumo, menor movimiento y una competencia cada vez mayor por el avance de las importaciones, factores que impactan especialmente en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos.

En su despedida, los propietarios de Bodega La Pequeña evitaron extenderse sobre el futuro y concentraron el mensaje en agradecer a quienes los acompañaron durante casi tres décadas.

“Más que simplemente despedirnos, queremos agradecerles de corazón por la confianza, el acompañamiento y fidelidad durante todo este tiempo”, expresaron.

El 30 de noviembre, después de 28 años, la persiana de Bodega La Pequeña se bajará definitivamente. Para muchos vecinos, no será solamente el cierre de un comercio: será también otra señal de las dificultades que atraviesa la actividad económica en una ciudad del interior bonaerense.

La industria bonaerense perdió 30.748 puestos de trabajo registrados entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, una caída del 5,7%. En ese contexto, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) realizará este miércoles en Quilmes una jornada por el Día de la Industria, con empresarios y dirigentes sindicales.

El encuentro tendrá como eje el panel “Producir en Argentina: competitividad, empresa y realidad”, donde se analizarán las dificultades que atraviesan las fábricas bonaerenses y las condiciones necesarias para sostener la producción y el empleo.

Uno de los principales reclamos del sector está relacionado con el ingreso de productos importados, que según plantean los industriales genera una competencia desigual para las empresas que producen en el país. A esa situación suman el pedido a la administración de Axel Kicillof para reducir la presión impositiva que soportan las empresas bonaerenses.

La UIPBA está encabezada por Alejandro Gentile, empresario vinculado a Techint, quien viene planteando ante integrantes del Gobierno provincial la necesidad de revisar los tributos que afectan a la actividad industrial.

Los números difundidos por la entidad muestran que la caída se profundizó durante 2025. Entre el último trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, la industria bonaerense registró 18.222 puestos de trabajo menos, una reducción del 3,5%.

Al cierre de ese período, el empleo industrial privado en la Provincia alcanzaba los 509.739 puestos registrados.

El retroceso no fue igual en todas las ramas de actividad. En la comparación interanual de fines de 2025, la única actividad del cuadro sectorial que aumentó su cantidad de trabajadores fue la fabricación de productos de petróleo.

Entre los sectores más afectados estuvieron la industria textil, que perdió 2.570 puestos; la fabricación de calzado y productos de cuero, con 2.150 empleos menos; y la producción de otros productos de metal, que registró una caída de 2.142 puestos.

También se redujo el empleo en la fabricación de caucho y plástico, con 1.917 puestos menos, mientras que el sector de confecciones terminó el período con 937 trabajadores menos.

La situación también generó un acercamiento entre industriales y dirigentes sindicales. La CGT de la Provincia de Buenos Aires comparte la preocupación por el impacto de la caída de la actividad sobre las fuentes laborales y ya mantuvo contactos con representantes empresarios.

El encuentro de este miércoles en Quilmes se realizará en ese contexto, con empresarios y dirigentes sindicales que buscarán poner en común los problemas que atraviesa la industria bonaerense y discutir alternativas vinculadas con la competitividad, la producción y el empleo.

La empresa Granja Tres Arroyos, que supo ser la mayor avícola de la Argentina, cerró sin acuerdo la última instancia de negociación con el gremio y dejó firme los 1.250 despidos en sus plantas ubicados en provincia de Buenos Aires.

La definición llegó luego del vencimiento de la conciliación obligatoria entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin que las partes lograran una salida.

La empresa, que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, ratificó las desvinculaciones que había comunicado a comienzos de septiembre, unos 700 trabajadores de la fábrica de Capitán Sarmiento, 50 de la de Pilar y 500 de Esteban Echeverría.

La compañía justificó la decisión en “la necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”, rechazó las denuncias de vaciamiento y atribuyó parte de sus dificultades financieras a la afectación de fondos y cobranzas vinculadas con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.

Asimismo, planteó que, más allá del vencimiento de la conciliación obligatoria, “las empresas mantienen su disposición al diálogo para evaluar alternativas viables que permitan atender la situación de los trabajadores y sostener la continuidad de la actividad, sin asumir obligaciones adicionales carentes de respaldo ni renunciar a las posiciones expuestas”.

Por su parte, representantes sindicales afirmaron que los despidos quedaron vigentes, pero hasta que no se asigne el juzgado que llevará adelante los concursos, los trabajadores no podrán acceder al pago de las indemnizaciones, que se realizarán bajo el artículo 247.

El Banco Provincia renovó durante octubre las promociones de Cuenta DNI, con descuentos en distintos rubros y beneficios especiales para las compras de alimentos, productos de uso cotidiano, gastronomía y otros consumos.

El esquema fue repasado este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa semanal. Según destacó, la billetera digital ya cuenta con más de 11 millones de usuarios bonaerenses.

Entre las promociones vigentes se encuentra el descuento del 20% en comercios de cercanía, de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

También hay un 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona. El mismo porcentaje de descuento rige para comercios adheridos de universidades, entidades educativas y clubes, también con tope semanal.

Durante octubre también hay promociones especiales en supermercados. Banco Provincia informó descuentos de hasta 20% en más de 15 cadenas de toda la provincia, con distintas condiciones según el comercio.

Además, este mes se incorporó una promoción especial en Chango Más y Día, con 20% de descuento sin tope pagando con tarjetas de crédito del Banco Provincia mediante tecnología NFC.

Por otra parte, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro de alimentos, mediante QR desde la aplicación.

Los fines de semana también hay beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI.

En gastronomía, el descuento es del 25% los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para pet shops, la promoción alcanza el 30% todos los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona.

También hay un 30% de descuento todos los días en comercios de marcas destacadas, con un tope de reintegro de $15.000 mensuales por persona.

A estos beneficios se suman promociones específicas en supermercados, librerías, farmacias, perfumerías y otros comercios adheridos.

Durante la conferencia, Bianco destacó el impacto de las promociones en el presupuesto de las familias y sostuvo que un uso combinado de los beneficios permite alcanzar un ahorro significativo durante el mes.

El funcionario estimó que una persona puede llegar a ahorrar más de $160.000 utilizando de manera estratégica las distintas promociones disponibles.

Los beneficios, días de vigencia, topes y comercios adheridos pueden consultarse en la información oficial de Cuenta DNI del Banco Provincia.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, volvió a poner el foco en los indicadores económicos y sostuvo que los datos conocidos durante la última semana muestran un escenario de caída de la actividad, el empleo y el consumo.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, Bianco afirmó que Argentina atraviesa una situación de recesión económica y planteó que los distintos indicadores que se vienen conociendo muestran un deterioro en diferentes sectores productivos.

Entre los primeros datos mencionados, señaló una caída del 3% de la actividad industrial en el acumulado interanual entre enero y agosto. A su vez, indicó que en agosto la actividad industrial retrocedió 0,3% mensual, con bajas particularmente fuertes en algunos rubros: la producción metalmecánica cayó 4% y la producción de acero, 7%.

El funcionario bonaerense también se refirió a los indicadores de inversión y citó datos de la consultora Orlando Ferreres. Según expuso, la inversión cayó 7,9% interanual acumulado a agosto, mientras que en la comparación interanual de agosto registró una baja del 5,4%.

Dentro de ese indicador, Bianco destacó una caída del 7,1% en la construcción y del 11,4% en maquinaria y equipo, dos sectores que consideró especialmente afectados por el actual escenario económico.

Otro de los sectores señalados por el ministro fue el textil, cuya actividad registró una caída interanual del 22,6% durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con el indicador que mencionó de la Federación de Industrias Textiles de la Argentina.

Bianco sostuvo además que el sector habría perdido más de 28.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En la industria automotriz, el ministro destacó la caída de los patentamientos de vehículos. Según los datos que presentó, en septiembre retrocedieron 11,4% y acumularon una baja del 13% en el año.

A esto sumó otro dato que, según su análisis, impacta particularmente sobre la industria nacional: el 69% de los vehículos patentados fueron importados.

“Esto impacta muchísimo en la industria local automotriz, que gran parte se localiza en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Bianco durante la conferencia.

En materia laboral, el ministro señaló que seis de los ocho sectores que registraron crecimiento de actividad también perdieron puestos de trabajo.

Como ejemplos, mencionó a la minería, que según los datos expuestos creció 16% pero perdió 8.500 empleos, y a la intermediación financiera, que creció 19% y registró una pérdida de 8.600 puestos.

En tanto, Bianco indicó que la industria perdió 86.500 puestos de trabajo, mientras que la construcción acumula una pérdida de 44.600 empleos desde diciembre de 2023.

El consumo de los hogares también apareció entre los indicadores negativos. Según los datos mencionados por el ministro, cayó 1,1% interanual en agosto, mientras que las ventas de productos lácteos retrocedieron 3,4% respecto de julio.

Sobre el cierre de su exposición, Bianco sumó indicadores vinculados con la percepción de la situación económica y la gestión nacional.

Según señaló, el índice de confianza en el Gobierno cayó 5,9%, mientras que una encuesta de la Universidad de Buenos Aires mostró que el 53% de los consultados considera mala o muy mala la situación económica.

Además, indicó que el 56% considera que la situación empeoró respecto de 2025 y que la mitad de los encuestados cree que la economía empeorará durante el próximo año. Entre las principales preocupaciones mencionó la falta de trabajo y los bajos salarios.

“Todos para abajo, todos mal”, resumió Bianco al repasar los indicadores de actividad, producción, consumo y empleo.

A partir de estos datos, el ministro sostuvo que “se consolida ya la situación de recesión en la economía argentina” y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. “La culpa la tiene estrictamente quien está a cargo del Ejecutivo nacional”, afirmó.

En octubre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a descuentos en diversos rubros, con promociones orientadas a mejorar la capacidad de compra de alimentos y otros productos esenciales para las familias. Entre los beneficios vigentes se destacan los ahorros en comercios de cercanía, marcas seleccionadas, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía y pet shops, entre otros rubros.

La novedad de este mes es una nueva promo en supermercados: 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de descuento, pagando con tarjeta de crédito mediante NFC.

Para quienes utilicen tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI, rige la posibilidad de hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.  

Quienes cobran jubilaciones y pensiones a través de la app cuentan con un 5% de descuento adicional en las promociones con dinero en cuenta.

Los dos nuevos beneficios con tarjeta de crédito desde la app:

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires prorrogó por cinco días la conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), en medio del conflicto generado por los despidos de unos 1.200 trabajadores.

La decisión se tomó luego de una nueva audiencia entre las partes que se extendió durante más de cuatro horas y se realizó este lunes en la sede de la cartera laboral, en La Plata. La conciliación continuará vigente hasta el viernes, cuando está prevista una nueva reunión.

La medida obliga a la empresa a reincorporar a los trabajadores alcanzados por los despidos dispuestos a comienzos de septiembre en sus establecimientos de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar.

Sin embargo, durante la audiencia el STIA manifestó su rechazo a una nueva prórroga, al señalar que la conciliación obligatoria impide que los trabajadores puedan acceder a un fondo de desempleo.

El gremio también sostuvo que, a la fecha, los trabajadores no estarían percibiendo sus salarios, que los despedidos no fueron efectivamente reincorporados y que tampoco se les asignaron tareas.

Por parte de la empresa, el apoderado Walter Carrizo volvió a plantear la delicada situación económica, financiera y productiva del grupo y puso el foco en los concursos preventivos de sus compañías.

Según consta en el acta de la audiencia, Granja Tres Arroyos reclama ante la Justicia Comercial que los concursos preventivos de WADE y Granja Tres Arroyos SA, a los que se suma la cordobesa Avex SA, sean abiertos y tramitados de manera conjunta.

La empresa también solicitó la apertura urgente de los procesos concursales para avanzar con la designación de una sindicatura y adoptar medidas judiciales destinadas a normalizar su situación financiera y operativa.

Los pedidos fueron presentados ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda. El magistrado había remitido el expediente al Juzgado Comercial N°1, cuyo titular, Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió la causa.

Ahora, Páez Castañeda deberá resolver cómo continúa el trámite de los concursos.

Durante la audiencia con el sindicato, Carrizo también señaló que una parte importante de los fondos y cobranzas de las empresas se encuentra afectada por embargos, medidas cautelares y mecanismos de cobro vinculados con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.

Según la explicación de la compañía, esa situación provoca una fuerte restricción de liquidez y afecta la disponibilidad de recursos para afrontar las obligaciones corrientes y sostener el nivel de actividad.

Mientras tanto, la conciliación obligatoria continuará hasta el viernes, cuando representantes de Granja Tres Arroyos y el STIA volverán a reunirse en busca de una salida al conflicto que afecta a los trabajadores de las tres plantas bonaerenses.

Después de más de cuatro años de investigación, comenzó el juicio oral contra Maximiliano Cabaleyro, exconcejal de San Nicolás por el Frente de Todos y dirigente regional del Sindicato de Camioneros, por la causa originada a partir del conflicto con Rey Distribución, una empresa familiar de San Pedro.

La primera audiencia tuvo como principal protagonista a Gustavo Rey, uno de los titulares de la firma, quien declaró durante más de cinco horas ante el tribunal y ratificó las denuncias que dieron origen al expediente. Durante su exposición se reprodujeron audios, videos y registros de comunicaciones relacionados con los episodios investigados.

Según el relato del empresario, las presuntas presiones comenzaron antes de los bloqueos y estuvieron vinculadas con pedidos de dinero para permitir el normal funcionamiento de la empresa. Rey sostuvo que, cuando esos pagos dejaron de realizarse, se produjeron medidas que terminaron afectando el ingreso y egreso de vehículos de la distribuidora.

La causa tiene como uno de sus principales antecedentes el bloqueo de la planta de Rey Distribución en febrero de 2021. En aquel momento, Camioneros había colocado un micro frente al acceso de la empresa e impedía el ingreso y egreso de vehículos.

La situación llevó a la entonces fiscal de San Pedro María del Valle Viviani a presentarse personalmente en la planta. Allí le pidió a Cabaleyro que retirara el vehículo que obstruía el acceso y permitió que la empresa pudiera continuar trabajando. La intervención de Viviani quedó registrada por LaNoticia1.com y se convirtió en uno de los primeros episodios públicos de una causa que después adquiriría mayor dimensión judicial.

Meses después, la investigación avanzó con un allanamiento a la sede del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Viviani había reunido testimonios y otros elementos de prueba a partir de la denuncia presentada por Rey Distribución. En ese momento, Cabaleyro, entonces concejal del Frente de Todos y referente regional del gremio, aparecía junto a Fernando Espíndola, dirigente de Camioneros en San Pedro, entre los principales denunciados.

El expediente tuvo su momento de mayor repercusión en abril de 2022, cuando Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos e indagados por la Justicia. La fiscal Viviani había solicitado la prisión preventiva y la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui intervino en las decisiones vinculadas con la situación procesal de ambos dirigentes.

La causa también generó una fuerte disputa pública. La abogada Florencia Arietto, representante del particular damnificado, intervino en el expediente y tuvo un papel activo en la denuncia contra dirigentes vinculados al gremio. En 2022, Arietto incluso denunció públicamente presuntas presiones sobre integrantes del Poder Judicial que intervenían en la causa.

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El expediente siguió avanzando pese a los distintos planteos de las defensas. En marzo de 2023, Viviani solicitó la elevación a juicio de la causa contra Cabaleyro y Espíndola, luego de considerar reunidos elementos de prueba sobre los hechos investigados.

Cabaleyro permaneció detenido y posteriormente obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En 2024, incluso solicitó autorización para realizar actividades laborales en el propio Sindicato de Camioneros, pedido al que se opuso la fiscal Viviani.

Finalmente, la causa llegó a la instancia de juicio oral. Espíndola resolvió su situación mediante un juicio abreviado, por lo que no forma parte del debate que comenzó esta semana.

Además de Cabaleyro, están involucrados seis exempleados de Rey Distribución: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Su situación está vinculada con la participación que se les atribuye en los bloqueos a la planta.

La acusación que llegó al debate contempla turbación de la posesión, dos hechos de coacción y tres de extorsión, según la imputación sostenida por la fiscalía. La defensa, en cambio, sostiene que las medidas cuestionadas formaron parte de un reclamo gremial y niega que hayan constituido los delitos que se les atribuyen.

Durante la primera audiencia, Rey también hizo referencia a entregas de dinero en efectivo y cheques que, según su denuncia, se habrían realizado en el marco del conflicto. Esos elementos deberán ser analizados junto con el resto de la prueba durante el debate.

El juicio continuará con la declaración de testigos propuestos por la fiscalía y las defensas, además de la incorporación de documentación, registros audiovisuales y otros elementos reunidos durante la investigación.

Las audiencias están previstas hasta el 6 de octubre. Al finalizar el debate, el tribunal deberá evaluar la prueba producida y determinar las responsabilidades penales que correspondan en cada caso.

Ante un escenario económico complejo caracterizado por el cierre de firmas y la caída en la producción, el Municipio de San Martín ha puesto en marcha un plan de asistencia integral destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs). La medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, busca mitigar el impacto de la crisis en un distrito con una fuerte identidad industrial.

La iniciativa fue presentada por el intendente Fernando Moreira durante un acto realizado en el marco del mes de la industria, donde estuvo acompañado por representantes gremiales, empresarios y funcionarios provinciales. El jefe comunal fundamentó la decisión en los indicadores negativos que atraviesa el sector, destacando que la capacidad industrial utilizada en la región se encuentra actualmente por debajo del 50 por ciento.

“San Martín registra cifras críticas en cierre de empresas, desempleo y capacidad industrial utilizada, que hoy es inferior al 50%”, sostuvo Fernando Moreira al explicar la urgencia de la normativa. El paquete de medidas busca aliviar la carga impositiva y administrativa que enfrentan los comercios e industrias locales en este contexto de recesión.

Uno de los pilares de la ordenanza es el esquema de beneficios fiscales. Se ha dispuesto una bonificación extraordinaria del 20% en la Tasa de Seguridad e Higiene, la cual alcanzará a los contribuyentes de menores ingresos y a aquellos que se encuentren encuadrados dentro del Régimen Simplificado. Asimismo, con el objetivo de fomentar la apertura de nuevos negocios, se estableció una bonificación del 100% en los derechos correspondientes a nuevas habilitaciones y permisos para comercios e industrias.

Según informó el medio local Zona Norte Visión, el programa también contempla una ampliación del Plan de Alivio Fiscal ya vigente, ofreciendo herramientas de regularización de deudas y nuevos planes de facilidades de pago. Estas medidas están diseñadas para otorgar aire financiero a las PyMEs que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias municipales debido a la caída en sus niveles de facturación.

En un gesto destinado a preservar la continuidad operativa de las empresas, la normativa establece la suspensión transitoria de nuevas acciones judiciales por deudas municipales. En aquellos juicios que ya cuentan con un trámite iniciado, el Ejecutivo municipal se comprometió a solicitar la suspensión temporal y a no impulsar la ejecución forzada de bienes, evitando así el remate o la pérdida de activos productivos.

Además del alivio impositivo, el Municipio mantendrá el programa “Compre Local”, una política que prioriza la contratación de empresas radicadas en San Martín para las compras y licitaciones de la administración pública. Complementariamente, se promoverán acciones para reducir costos y mejorar la productividad, tales como clínicas tecnológicas, rondas de negocios, capacitaciones y programas de eficiencia energética.

Para asegurar el seguimiento de la situación, se conformará un Comité de Crisis integrado por representantes del Municipio, cámaras empresarias, sindicatos y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Este espacio tendrá la función de monitorear el impacto de la crisis económica y proponer medidas de alerta temprana ante posibles nuevas complicaciones.

“Sabemos que la situación es más que apremiante”, afirmó el intendente Fernando Moreira, quien destacó la capacidad de resistencia del empresariado y de los trabajadores locales mientras se espera una salida política a la crisis.

Con estas acciones, el gobierno local intenta sostener el entramado productivo del distrito, apostando a la articulación entre el sector público, la academia y los privados para atravesar el periodo de emergencia económica que afecta a la región.