Mientras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires empresas reducen recorridos, recortan frecuencias o directamente abandonan servicios, una firma del interior decidió ir a contramano: apostar por una nueva conexión de colectivos en uno de los corredores más productivos del país.

Se trata de Vía Rosario, la empresa que reactivará la histórica línea 228B para unir Zárate con San Nicolás a lo largo de la Ruta 9, pasando por Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro y Ramallo. Y no solo eso: según confirmó su titular, Norberto Fenoglio, en diálogo con LANOTICIA1.COM, ya trabajan para extender el recorrido hasta Rosario “de forma prácticamente inmediata”.

“Esperemos que sea una buena noticia”, dijo Fenoglio durante la entrevista. Y enseguida explicó por qué la empresa decidió avanzar en un contexto complejo para el transporte: “La necesidad palpable es real, no hay duda”.

El empresario sostuvo que el corredor mantiene una intensa circulación diaria por cuestiones laborales, sanitarias, comerciales y educativas. Destacó que muchas de las localidades tienen una fuerte interrelación entre sí: Zárate y Lima por su perfil industrial y productivo; Baradero y San Pedro por el movimiento comercial y sanitario; Ramallo por su conexión permanente con San Nicolás; y Rosario por la oferta universitaria y laboral. “San Nicolás concentra parte de la actividad administrativa pública, San Pedro tiene una fuerte referencia en salud y además está todo el corredor productivo. Estamos hablando prácticamente de la zona más productiva del país”, remarcó.

La nueva línea provincial contará inicialmente con cinco unidades —más una de respaldo— y tendrá horarios amplios, con servicios desde la madrugada hasta cerca de la medianoche. Según detalló Fenoglio, el esquema fue pensado para cubrir principalmente las necesidades de trabajadores y estudiantes.

“Los horarios están distribuidos de forma tal que se cubra la mayor expectativa de la gente. Hay servicios muy temprano por cuestiones laborales, administrativas y de salud, y otros que regresan tarde”, explicó.

Además, destacó que varios trayectos serán relativamente rápidos para tratarse de un servicio provincial. Algunos unirán Zárate con San Nicolás en unas tres horas, aunque ciertas frecuencias ingresarán a localidades como Ramallo, lo que demandará algunos minutos extra.

Fenoglio también reveló que la empresa analiza, a mediano plazo, extender el servicio hasta Vicente López y conectar con el Área Metropolitana de Buenos Aires, algo que hoy realizan otras compañías desde Puente Saavedra y Plaza Miserere.

“No va a ser inmediato, pero podría ser una alternativa concreta”, señaló. “Hay muchas localidades que necesitan conectarse con mayor agilidad porque muchas veces los servicios existentes están colmados”, agregó.

Fenoglio también quiso despejar dudas sobre la operación del nuevo servicio y aclaró que la reactivación de la línea no estará a cargo de otras empresas mencionadas en redes sociales. "Este servicio de la 228B lo prestará exclusivamente Vía Rosario. No tiene relación ni con La Nueva Metropol ni con Micro Ómnibus Tigre. Vimos que hubo mucha confusión y queremos que los pasajeros tengan la información clara", remarcó.

Detrás del proyecto aparece también el impulso político del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien convocó a la empresa tras la discontinuidad del servicio que hasta ese momento prestaba Metropol en el corredor. En ese marco, y con la demanda de los usuarios en aumento, comenzaron las gestiones para reactivar la conexión. “Nos citaron para tratar de darle solución a una extrema necesidad que tenía la gente”, contó Fenoglio.

La puesta en marcha de la línea también implicará la incorporación de trabajadores, en un contexto donde el sector del transporte suele registrar recortes de personal. “Algunos choferes serán nuevos seguramente”, adelantó el empresario, quien señaló además que buscarán sumar conductores de las propias localidades del corredor para distintos recorridos. De esta manera, el servicio no solo ampliaría la conectividad, sino que también generaría nuevas oportunidades laborales.

Pese al contexto económico y las dificultades que atraviesa el sector, Fenoglio aseguró que la empresa apuesta al crecimiento apoyada en su experiencia de más de cuatro décadas en el transporte de pasajeros.

“Llevamos más de 40 años en el rubro y creemos que lo podemos llevar adelante de forma exitosa”, concluyó.

El concejal de Unidad por Chascomús (Fuerza Patria), Lucio Alfonsín explicó en esta entrevista con LANOTICIA1.COM el proyecto de “círculo de ahorro previo”, una iniciativa que busca que los vecinos se organicen junto al municipio para costear obras viales ante la falta de financiamiento nacional.

—Están proponiendo un proyecto que se llama “círculo de ahorro previo” para pavimentar barrios de Chascomús, una especie de cooperativismo vecinal. ¿En qué consiste?—Ante la ausencia de financiamiento del Estado nacional, sobre todo para obras grandes como puede ser el pavimento, crear este programa de ahorro previo para infraestructura vial, a través del cual los vecinos puedan ir invirtiendo. Se tienen que poner de acuerdo los vecinos de la cuadra, hasta el 70% de los frentistas. Y ahí invertir en la compra de materiales para que la municipalidad, una vez que está el 50% de eso recaudado, pueda ejecutar la obra.—En términos prácticos, vamos a suponer que hay una cuadra que se quiere pavimentar. ¿Cómo se organizan los vecinos? ¿Cómo interviene la política?— En principio, el proyecto está ingresado por el bloque oficialista. Ingresó al Concejo Deliberante. La idea es que se trabaje en las comisiones del Concejo Deliberante y que se pueda ir mejorando y obteniendo consenso. Lo que dice el proyecto puntualmente es que se crea ese programa que, para pavimentar una cuadra, requiere del 70% de adhesión de los frentistas. Se fija un valor en unidades de metros de asfalto. El valor va a ser equivalente al costo de un metro cuadrado de la obra proyectada al momento del pago, eso para evitar hablar de cifras, que en este país es imposible poner en un proyecto una cifra por el tema de la inflación.Después, el plan tiene distintas etapas. La primera es la suscripción, que es cuando abonan una cuota de ingreso y mensualidades hasta completar el 50% del total de la obra. Después viene la licitación, los sorteos. El municipio garantiza el inicio de la obra y después la ejecuta, ya sea el municipio directamente o terceros, o sea, una empresa tercerizada. Y finalmente, en la cuarta etapa, viene el pago del saldo restante por parte de los vecinos a través de esta cuenta abierta para el inicio.—O sea, por ejemplo, hay vecinos que quieren hacer asfalto en su cuadra, ellos inician el pedido y ahí interviene el municipio para organizar esto.—Sí, exactamente. La idea es eso, que los vecinos voluntariamente se asocien entre sí, que presenten el programa. Va a haber cuadras que van a tener prioridad por sobre otras, en relación a la infraestructura previa. Hay muchos barrios de Chascomús que ya tienen, por ejemplo, cordón cuneta, eso facilita mucho que se puedan iniciar las obras, y hay otros en donde no hay. Entonces, también eso termina redundando en el valor de la obra y en el tipo de intervención que se va a hacer.Se puede hacer asfalto en calles sin cordón cuneta, como hay en algunos casos acá, manteniendo las zanjas, pero es una obra distinta. Puede ser asfalto negro o intertrabado también, que es una alternativa que han hecho varios vecinos en un esquema similar hace muchos años. Pero la idea es que sea voluntaria la adhesión. De todas maneras, interviene la política a través de las áreas de relaciones institucionales y demás de la municipalidad, para coordinar con los diferentes grupos de vecinos y que se puedan organizar.

—Hago mención a la política porque al principio Milei decía que los vecinos se organicen y hagan lo que tengan que hacer pero acá, la pata municipal es fundamental. —Sí. Acá no es que le estamos haciendo caso a Milei. En realidad, no nos queda otra porque el gobierno nacional cortó la obra pública, entonces hay que buscar alguna alternativa. La provincia de Buenos Aires está ayudando muchísimo en la medida de sus posibilidades, pero acá tenemos más de 10 obras que se ejecutaban con fondos nacionales paralizadas, que tienen que ver con asfalto y con otras muchas cosas.Ante esta ausencia del Estado nacional, se promueve esto, pero es algo mixto. No es que los vecinos solos se organizan y tiran asfalto en la calle, que es pública. La idea es que sea una tarea coordinada entre el Estado municipal y los particulares. De hecho, se propone una parte activa del municipio, no solo organizando a los vecinos, sino creando la cuenta para el círculo de ahorro y después siendo quien contrata o ejecuta la obra.—¿Y el 30% restante? Si se alcanza el 70% y hay un 30% que no está de acuerdo, ¿Cómo funciona?—Mirá, lo que está puesto, y esto es algo que vamos a discutir en comisiones, es que para la apertura del círculo se requiere la adhesión voluntaria de al menos el 70% de los frentistas de la cuadra. Después de alcanzado ese quórum, la adhesión será obligatoria para la totalidad de los frentistas bajo el régimen de contribución por mejoras.—¿Y si no pueden afrontar el pago?—Esa es la cuestión que va a surgir. Puede quedar como una contribución por mejora que tenga que pagar como una tasa municipal.—¿Tienen un costo estimado?—Sí, entre 60 y 80 millones de pesos por cuadra.—¿Y dividido entre los frentistas es pagable?—Es menos de un millón por frentista. No es algo que alguien pueda pagar de una sola vez, pero en este círculo de ahorro, con el tiempo, al menos al valor actual, sí.—¿Qué plazo se estima para una obra?—La verdad que no lo tengo especificado. No son obras sencillas. Depende mucho del trabajo previo que tenga la calle.—¿Esto implica empleo local?—Sí, la idea es avanzar en eso, que las empresas que se contraten sean locales, para generar empleo a nivel local, ya que la paralización de la obra pública dejó a muchas empresas con menos trabajo.—¿Qué es la “cuenta afectada”?—Es la cuenta donde va a ingresar el dinero. Se crea para que el vecino confíe en que no va a ir a la cuenta general del municipio. Solo se puede usar para este fin.

—¿Los vecinos pueden hacer un seguimiento de los fondos?—Sí. Todas las cuentas municipales tienen carácter público. Se pueden seguir desde el Concejo Deliberante y también hay mecanismos de acceso para los vecinos.—¿Habrá informes públicos de avance?—Sí, esa sería la idea.—¿Es solo para pavimento?—En principio sí, para pavimento, ya sea asfalto o intertrabado.—¿Hay consenso político para aprobarlo?—Entiendo que sí. Es una iniciativa del bloque oficialista, que está en minoría, e ingresó recientemente. Fue girado a tres comisiones. Ahí se trabajará, se convocará a especialistas y al Ejecutivo. Creo que con el tiempo se van a lograr los consensos necesarios.—¿Qué le dirías a un vecino que duda en sumarse?—Que es una forma de organizarse entre vecinos para llevar adelante mejoras. En Chascomús ya hay experiencia en esto, por ejemplo con obras de gas o cloacas. La dificultad principal es tener capacidad de ahorro, pero la idea es que sea transparente y que tenga continuidad en el tiempo con consenso político.Me parece importante el consenso con todos los bloques políticos para que sea una política de estado y que el día de mañana, si gobierna otro intendente, que se sepa que estas obras podrían tener continuidad.—¿Hay experiencias similares?—Sí, en otras localidades se han ensayado. La idea de la contribución por mejoras y la organización vecinal ya existe.—¿Cuándo podría avanzar el proyecto?—Vamos a pedir que se trabaje rápidamente. Si avanza, podría llegar al recinto entre mayo y junio para ser votado.

La senadora provincial de Unión por la Patria, María Rosa Martínez, advirtió que el endurecimiento de penas por falsas denuncias podría tener un efecto contrario al buscado como desalentar a las víctimas a acudir a la Justicia. Según planteó, denunciar hechos de violencia, especialmente de género, sexual o infantil, ya implica atravesar procesos largos, dolorosos y revictimizantes. 

En ese contexto, consideró que el proyecto en discusión no solo es innecesario, sino que forma parte de una “construcción política” que profundiza obstáculos estructurales y pone en riesgo los avances logrados en materia de derechos.

—¿Vos por qué considerás que es problemático un proyecto que busca endurecer este tipo de penas?

Porque es muy engorroso, muy difícil denunciar. Primero, por las dificultades de acceso a la justicia, y después por lo que significa poner en voz propia una situación que, en general, es de violencia de género, de violencia sexual, de abuso, de abuso infantil. Es muy doloroso.

De hecho, los estudios hablan de un 0,25% de estas situaciones. Entonces, creo que un proyecto de estas características lo que provocaría es mayor silencio. Tenemos corroborados casos de personas que han denunciado a su agresor y tardaron nueve años en obtener una definición de la justicia. Por lo tanto, durante todo ese proceso hay revictimizaciones y se revive una situación que no solo impacta en la persona afectada directamente, sino también en su entorno familiar y de amistades.

Es muy doloroso denunciar, es una exposición muy grande. Entonces, una ley de estas características lo que va a provocar, seguramente, es mayor silencio. No todas las violencias se denuncian. Hay personas que, cuando he estado en algunos lugares de gestión en el Ejecutivo, he escuchado situaciones de quince años sin denunciar violencias y abusos por parte de mujeres. Es casi una cronicidad de la situación.

Entonces, creo que poner una ley de estas características lo más probable es que genere silencio. Y la verdad es que las mujeres hemos estado silenciadas demasiado tiempo como para volver cien años atrás.

—Entonces, ¿vos creés que este proyecto responde a una necesidad real o es una construcción política del tema?

Creo que es una construcción política que intenta silenciar más que resolver un problema. No es un problema el de las falsas denuncias. Además, las falsas denuncias ya están penalizadas. Hay legalidad para eso; no se necesita hacer una ley especial con penas más graves para denuncias en contextos de violencia. Ya existe legislación.

—Decías que hay víctimas que no denuncian. ¿Esto a qué se debe?

Muchas veces a la exposición que implica una situación de estas características. Otras veces, al control que ejerce el victimario sobre la víctima. A veces, cuando la afectada es una mujer, trata de proteger a sus hijos y, mientras tanto, soporta, tolera, banca esas situaciones de violencia o abuso. Entonces, es difícil denunciar. No es un trámite sencillo.

Me parece que es una construcción política que sigue buscando penalizar a las víctimas y silenciarlas. Es horrible, porque la sensación es que las mujeres nos hemos convertido casi en un foco de desobediencia para un gobierno a nivel nacional que es tan autoritario.

—Desde tu postura han planteado que este tipo de iniciativas no aborda los obstáculos reales de acceso a la justicia. ¿Cuáles son esos obstáculos?

Mirá, hay muchos, de diversa índole. Incluso algunos son arquitectónicos: no encontrar el lugar donde tenés que denunciar. Pero, sobre todo, tienen que ver con los tiempos. A veces se llega a una denuncia, después hay que volver a plantearla, luego te atiende una persona que casi nunca es el juez, y el procedimiento es larguísimo. Nosotros hemos acompañado a víctimas que denunciaron por sus hijos y cuyos casos se extendieron durante nueve años. Con cámara Gesell, con pruebas, con peritos.

Otro tema que plantea esta ley, y que en la provincia de Buenos Aires se viene discutiendo en gremios y en la justicia, es que los ataques también alcanzan a los peritos. Entonces, muchos tienen temor de decir lo que ven o escribir lo que escuchan, porque también son atacados.

Todo esto entorpece el proceso más que agilizarlo. Creo que hay que lograr celeridad en la justicia. Es muy lenta, y cuando se vuelve tan lenta, casi produce una gran injusticia.

—Sí, bueno, incluso en los casos de violencia infantil, los chicos tienen que declarar. Es una situación muy traumática también.

Es horrible. Además, los abusos ocurren muchas veces con personas cercanas a la vida cotidiana y familiar de los chicos. Eso implica un desprendimiento muy doloroso. Los chicos declaran en cámara Gesell hasta tres o cuatro veces. Van a psicóloga, cuentan, reafirman, y muchas veces esos informes no son suficientes para el juez. Cuando hay padres muy poderosos, en términos de vínculos o posicionamiento, es aún más complicado.

Creo que hay que trabajar con una escucha que interprete, que se ponga en el lugar del otro y que, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, respete esa situación particular.

¿Por qué un chico tiene que declarar cinco veces? ¿Dónde se vio? Si ya lo grabaste, ya está esa declaración. Si no fue clara, se hace una vez más, pero no reiteradamente.

—¿Y qué diferencia hay entre una falsa denuncia y una denuncia que no puede ser probada?

Hay diferencias. Si la denuncia no puede ser probada, hay que verificar qué datos son comprobables y cuáles no, pero es otro tema. No se puede comparar la falta de prueba con una falsa denuncia. Muchas veces los abusos y la violencia ocurren en ámbitos de intimidad. Entonces, es la palabra de la víctima frente a la del agresor. También pasa en casos de violencia económica, cuando la mujer tiene que demostrar gastos sin tener siempre comprobantes.

—Sí, incluso en esos casos, ¿Qué herramientas existen?

En 2022, en un trabajo bastante interesante con el INDEC, se elaboró un índice de crianza que establece cuánto cuesta criar un hijo según su edad. Eso está actualizado y debería ser una orientación para los jueces en causas por alimentos. Debería funcionar como un parámetro, porque hoy hay bastante discrecionalidad al definir los montos.

Ese índice fue muy importante. El problema es que hoy hay una desvirtuación de muchos indicadores. Los salarios no alcanzan, hay multiempleo, hay empleo no registrado, pero aun así son referencias necesarias. No puede recaer únicamente en las mujeres la obligación de probar todos los costos de la vida cotidiana cuando eso ya está medido de manera estadística.

—Y de manera positiva, ¿Qué políticas podrían implementarse para mejorar el sistema?

Tiene que haber una transformación fuerte en la justicia. Venimos planteando hace tiempo una reforma judicial con perspectiva de género. Esto implica respeto, escucha, cercanía y aceleración de los procesos. Tenemos una legislación muy rica en este sentido. La ley nacional 26.485, con sus modificaciones, permite identificar distintas formas de violencia, especialmente la violencia sexual. También hubo avances con la violencia vicaria. El problema no es la falta de legislación, sino el funcionamiento de la justicia. Incluso hubo pedidos internacionales, como de la CEDAW, para que se retire este proyecto de ley, y parece que el gobierno no escucha. Me parece que el problema va por ahí.

—¿Qué mensaje darías a las víctimas que dudan si denunciar o no?

Creo que la denuncia pone luz, da pistas y da certezas de que la víctima es creíble, y eso la revaloriza y dignifica. Hay que denunciar. También hay que denunciar esta falsa ley, que lo único que hace es generar más silencio, porque no nos va a ayudar. La denuncia libera, deja en claro lo que pasó. Y creo que, más temprano que tarde, las mujeres lo sabemos, aunque sea costoso. Y, sobre todo, la fraternidad: estar cerca de las personas que denuncian, el acompañamiento es central. Eso es muy fuerte entre las mujeres y es un aliento importante a la hora de denunciar.

Las amenazas de tiroteos y las pintadas intimidantes en escuelas encendieron la alarma en distintas comunidades educativas del país. En los últimos días se repitieron evacuaciones, suspensión de clases y activación de protocolos, en un escenario que ya desbordó lo estrictamente preventivo y empezó a golpear de lleno en lo emocional.

El fenómeno no distingue territorio: se registraron casos tanto en grandes municipios del conurbano bonaerense como en pequeñas localidades del interior, lo que refuerza la preocupación y evidencia un patrón que se replica.

Para la psicóloga Lic. Daniela Gasparini, especializada en Trata de Personas, Género y Derecho (UBA, M.N. 50.200), lo que está ocurriendo no puede leerse como hechos aislados ni como “bromas de mal gusto”. “No es una amenaza más. Es algo que irrumpe después de un hecho real y muy cercano, como el tiroteo en una escuela de Santa Fe. Eso genera un impacto mucho más profundo y una sensación de desprotección muy grande”, advierte.

La especialista describe un escenario de desconcierto generalizado. Familias que no saben si mandar a sus hijos a la escuela, instituciones que reaccionan sobre la marcha y un Estado nacional y provincial que, según plantea, “llegan tarde”. En ese contexto, la falta de herramientas se vuelve cada vez más visible en la comunidad educativa.

Gasparini pone el foco en un elemento clave: el origen digital del fenómeno. Explica que muchas de estas amenazas funcionan como retos virales que se multiplican por “efecto contagio”. “Hay algo que traspasa la pantalla. Lo que empieza en una red social termina apareciendo en una escuela. Y el mensaje es hiperviolento”, señala.

En ese recorrido, advierte sobre espacios digitales donde circulan contenidos extremos. “Hay grupos que promueven odio, misoginia y hasta una especie de fascinación por las masacres. Eso no siempre se ve en las plataformas abiertas, sino en redes más cerradas como Telegram o Discord”, explica. Y agrega que, a mayor exposición digital, mayores son los riesgos: “No porque estén en casa con un celular están más seguros que en la calle”.

Frente a este escenario, cuestiona el enfoque predominante. “Los protocolos que se están aplicando son más sancionadores que preventivos. Se castiga, pero no se explica ni se trabaja en cómo evitar que esto pase”, afirma. Si bien reconoce que las medidas de seguridad son necesarias, advierte que resultan insuficientes: “Ordenan un poco la emergencia, pero no resuelven el problema de fondo”.

Al mismo tiempo, subraya la importancia de no minimizar las amenazas. “Ante una situación así, lo primero es no relativizarla y dar aviso inmediato a las autoridades”, remarca, en línea con la necesidad de actuar con rapidez.

Ese fondo, según plantea, está ligado a una crisis más amplia. “Esto es un síntoma de época. Hay una crisis en salud mental y estamos llegando tarde”, dice. En ese sentido, reclama políticas integrales, que incluyan prevención, regulación del entorno digital y acompañamiento a las familias.

También introduce un concepto clave: la crianza digital. “La escuela no reemplaza a la familia y la familia sola no puede. Necesitamos herramientas para acompañar a los chicos en el uso de la tecnología”, sostiene. Y advierte que cualquier intento de limitar ese consumo sin preparación puede generar reacciones complejas: “Hay chicos totalmente inmersos en el mundo digital. Retirar eso de golpe puede generar síntomas, incluso situaciones de abstinencia”.

En ese marco, la especialista recuerda que la adolescencia es una etapa de cambios y búsqueda de identidad. “El adolescente necesita despegarse de las figuras parentales y busca reconocimiento entre sus pares”, explica. Y advierte que, en ese proceso, el rol de los adultos sigue siendo clave para marcar límites y acompañar.

Gasparini insiste en que no se puede minimizar lo que está pasando. “Hay que habilitar la palabra. Los chicos también tienen miedo. A veces los adultos estamos asustados, pero nos olvidamos de que ellos también lo están”, plantea. En esa línea, remarca la importancia de escuchar, preguntar y acompañar, incluso cuando las respuestas sean esquivas.

Otro punto crítico es la falta de espacios de contención dentro de las escuelas. “No hay gabinetes psicológicos en la mayoría de las instituciones. Si existieran, muchas situaciones podrían detectarse y prevenirse a tiempo”, advierte.

Finalmente, alerta sobre el riesgo de naturalizar estas escenas. “Que los chicos tengan que ir a la escuela con mochilas transparentes o pensando que puede haber un tiroteo deja una marca. Así como antes se naturalizó el bullying, hoy podemos estar naturalizando otras formas de violencia”, reflexiona.

Y deja una advertencia directa: “No ver los síntomas es negar la realidad”.

En medio de la incertidumbre, el mensaje es claro: no alcanza con reaccionar ante la amenaza. El desafío es más profundo y exige respuestas urgentes antes de que el problema escale.

Por Walter Albarracín

Recientemente brindó un mensaje a los vecinos sobre la caída en los ingresos que está recibiendo el municipio que usted gobierna. ¿Qué panorama tiene hoy Viamonte?

Un panorama complejo porque la coparticipación está cubriendo la masa salarial y el resto de los gastos del municipio se cubren con las tasas municipales que tienen bajo cobro y que bueno, los montos son escasos. Entonces, la verdad es que hoy por hoy lo vemos con preocupación la situación. Pero no escapamos a la realidad del resto del municipio, ¿no?

¿Esto lo lleva a tener que hacer ajustes con los sueldos y en el futuro? ¿Cómo lo ve esto con el pago del aguinaldo y demás?

Con el tema del aguinaldo, la verdad que estamos preocupados porque no hemos podido hasta ahora juntar ni un peso para el aguinaldo. Además, llegamos justo a fin de mes a pagar los sueldos. Así que bueno, con preocupación para lo que viene. Por supuesto que internamente hemos empezado a hacer algunos reacomodamientos y reordenamientos. Bajamos muchos de los gastos que veníamos realizando, algunos programas. Tratando de, por supuesto, lo que es prioritario, como es la salud, desarrollo social y el acompañamiento a la gente no se vea resentido. Así que bueno, estamos día a día mirando el presupuesto.

¿Tiene algún plazo de mejora? ¿Una expectativa de que esto tome otro rumbo en unos meses? ¿O cómo lo ve?

No, la esperanza es la que se plantea a veces desde Nación. Pero la realidad que vemos hoy en día de que esto no va tan bien la situación que hoy tenemos. Así que bueno, estamos con preocupación sobre el asunto. No vemos de que vaya a mejorar la recaudación nacional ni la provincial. Por lo cual, como dependemos mucho de eso, bueno, estaremos los próximos meses sujetos a esa realidad y a prestar los servicios básicos.

Hay un tema que ha surgido en los últimos meses, también queriendo instalarlo el Gobierno Nacional, que es el tema del cobro de tasas. ¿Usted ha tenido problemas con vecinos o en la justicia del municipio tiene algún asunto a resolver en ese sentido? ¿Qué opina del tema?

Primero que el Gobierno Nacional está claro de que tiene un desconocimiento total de cómo funciona el Estado Municipal y lo que son las tasas. Las tasas son prestación de servicio. Así que nosotros hacemos una contraprestación por lo que se paga. Cuando a veces han instado a los ciudadanos a que nos paguen la tasa es una barbaridad.

La verdad que nosotros no tenemos ninguna demanda ni nada por el estilo. Hacemos todas las contraprestaciones. Es más, todos los servicios son deficitarios. Los servicios urbanos, si cobráramos el 100% de los contribuyentes, de todas maneras tendríamos un déficit del 50% de lo que cuesta el servicio. La tasa vial el año pasado hubo que poner arriba de lo que se recaudó, 400 millones de pesos. Así que en nuestro caso, al revés, han sido deficitarios. 

¿Tiene obras paradas del Gobierno Nacional en su distrito o en la región?

Del Gobierno Nacional, la Ruta 7 está parada, pero que no pasa por el distrito de Viamonte. Ahora, en nuestro distrito no había ninguna obra de nación.

Pero está al tanto de que hay otros municipios que sí reclaman. ¿Qué opinión le merece de que esa obra pública se haya parado?

Sí, justamente ayer tuvimos Foro de intendentes radicales y muchos municipios tienen obras paradas, por lo cual vamos a instar a juntarnos con el Gobierno Nacional para pedirles que se termine y finalicen estas obras nacionales. Una vez que uno empieza una obra hay que terminarla. No hay vuelta uno puede entender la situación económica, pero si no el día de mañana esta obra va a costar muchísimo más. Así que no puede ser un costo mayor.

Ya que lo mencionó, hubo un foro de intendentes en Tandil, y anunciaron que se van a pedir reuniones. ¿El diálogo con la provincia cómo es?

El diálogo es muy bueno con la mayoría de los funcionarios y el gobernador es muy bueno. Así que el problema es recibir los fondos. La provincia no tiene fondos y eso es lo que nos manifiestan. Así que es muy bueno el diálogo, pero no tenemos los recursos que necesitamos para seguir operando como veníamos haciendo. Acompañamos, por supuesto, el reclamo a nación de los fondos que le pertenecen a la provincia, porque eso no es una cuestión partidaria, sino de todos los bonaerenses. Y en eso también creemos que los fondos que son de la provincia de Buenos Aires tienen que estar en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, quería consultarle sobre estas futuras internas de la UCR. ¿Usted qué posición tiene al respecto? ¿Quiere ser candidato?

Yo creo que el radicalismo tiene que tener un proyecto de poder. Ojalá que encontremos unidad en el partido, pero creo que la mayor dificultad es que nosotros estamos en un sector donde pensamos que el radicalismo tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires. Y creemos que la mayor diferencia está en eso. El otro sector no está pensando en gobernar, sino en acompañar a otras fuerzas políticas.

¿Y usted quiere ser candidato en las próximas elecciones?

Sí, yo lo he dicho además. Creo que todos los intendentes tenemos una obligación de ser candidatos. Todos los intendentes son candidatos naturales para la gobernación. Así como los gobernadores tendrían que ser candidatos naturales a la presidencia. Así que ese compromiso lo tenemos que asumir todos. Yo estoy además en una posición, en un grado de compromiso que quiero llevar adelante.

¿Tiene reelección? ¿O va por otro lado su intención?

No, no hay más reelecciones. En esta se termina.

Con críticas duras al gobierno de Javier Milei y fuertes definiciones sobre el presente del peronismo, la senadora bonaerense de Unión por la Patria, Mónica Macha, no esquiva ningún tema. “Milei es un tipo que trae la crueldad como método de gestión”, dispara. Desde el impacto de la crisis en la vida cotidiana hasta la feroz interna en Morón —donde califica como “insólita” la decisión del intendente Lucas Ghi de romper su propio bloque— y respalda a su compañero de vida y referente político, Martín Sabbatella, la dirigente traza un diagnóstico preocupante del país. Psicóloga y especialista en salud pública, también defiende el liderazgo de Cristina Kirchner —“sigue siendo una conductora intocable y estamos trabajando para que pueda recuperar la libertad”— y advierte que “el candidato peronista de 2027 no está definido, es una discusión que requiere tiempo”. En diálogo con LANOTICIA1.COM, además, reivindica el rol de los medios en democracia y reconoce: “La batalla por evitar monopolios y garantizar la pluralidad la perdimos”.

Creo que estamos en un momento muy complejo y difícil. La presidencia de Milei ha profundizado un empobrecimiento que afecta a todos los sectores, aunque de manera distinta. Más allá de los debates sobre la pobreza o los datos del INDEC, en los territorios se siente cómo las familias deben cambiar su alimentación, enfrentar dificultades para pagar el alquiler y ver limitados sus proyectos de vida.

A esto se suma la caída de puestos de trabajo, el cierre de PyMEs y comercios, que agravan la situación día a día. Además, aunque la crueldad y la falta de cuidado social no son invento de Milei, su gestión exacerba estos problemas. Es un tipo que trae la crueldad como método de gestión. El maltrato, la burla y el bullying desde los lugares de poder terminan repercutiendo en la convivencia cotidiana y generando un daño profundo.

Estamos en un momento muy difícil también por la violencia y los conflictos globales; nada de esto ocurre en una isla. Episodios como lo sucedido en la escuela de Santa Fe muestran hasta qué punto la crueldad, cuando se naturaliza, puede tener consecuencias graves.

Parte de lo que necesitamos pensar para un próximo gobierno es una mirada seria sobre la violencia de género, una violencia enquistada en los vínculos. Antes habíamos logrado visualizarla y generar acciones, pero este gobierno las desarmó todas. Esto provoca aumento de femicidios y situaciones de violencia que muchas veces no se denuncian porque no hay alternativa.

El tema de salud mental también es clave. El padecimiento en la población es muy alto y requiere una política seria, con inversión real y formación de personal capacitado. La ley de salud mental plantea que el 10% del presupuesto de salud debe ir a este área, y eso es lo que necesitamos: cuidar y acompañar a cada persona desde una perspectiva de cuidado. No es imposible; solo hace falta voluntad y recursos.

🎙 "Cristina sigue siendo una conductora intocable"@MoniMacha defendió el liderazgo de la ex presidenta y aseguró: “Estamos trabajando para que pueda recuperar la libertad”. También cuestionó con dureza al Gobierno de Milei y habló del futuro del peronismo.👉 Entrevista… pic.twitter.com/CGj4yruIjn

En la Provincia de Buenos Aires, la diferencia clave es que desde la gobernación de Axel Kicillof se intenta mantener un Estado presente, con políticas públicas que sostienen la industria, la educación y la salud. Sin embargo, todo se complica porque la Nación no envía los fondos que debería, lo que hace que la crisis económica y social se sienta más fuerte en los territorios.

Hoy la gente necesita más presencia del Estado, no menos. Cuando el acceso a alimentos o a medicamentos se reduce, el Estado provincial tiene que responder y cubrir esos vacíos. Esto recarga económicamente al gobierno provincial, que busca sostener tratamientos oncológicos y de enfermedades crónicas, a pesar de que los presupuestos no se ajustan al nivel de empobrecimiento que afecta a la población. En definitiva, se hace todo lo posible, pero en un contexto muy difícil.

Como espacio legislativo, nuestra principal herramienta es dar visibilidad a los problemas que se viven en cada territorio y acompañar a los vecinos y trabajadoras y trabajadores en sus luchas cotidianas. No podemos resolver la situación económica directamente, pero sí generar acciones políticas, presencia y apoyo institucional.

Gran parte depende de los presupuestos disponibles, pero también hay otras formas de actuar: articulación, eficacia y visibilidad. Por ejemplo, trabajamos en conjunto con organizaciones y sindicatos, como FATE, para acompañar a las fábricas y empresas en crisis.

Además, tenemos una preocupación especial por las adolescencias y la niñez, que en este contexto están muy vulnerables. Es fundamental que las políticas provinciales se articulen de manera integral para garantizar un cuidado comunitario y social, algo que hoy está presente, pero todavía frágil.

Lo que vemos en la Cámara refleja una degradación social que se traslada a la política. La llegada de La Libertad Avanza, con figuras como Javier Milei y Victoria Villarruel, exacerbó este proceso. Se trata de un espacio que se monta sobre la destrucción del Estado y la antipolítica, aunque sus integrantes sean políticos y participen de elecciones.

Antes, incluso con debates fuertes y bloques antagónicos, había un marco democrático y códigos claros de convivencia. Ahora, lo insólito se naturaliza, y se rompen los acuerdos sociales y democráticos que sostienen la vida en comunidad. Esto no solo ocurre en la política; tiene un reflejo en la sociedad y muestra cómo se fragiliza la democracia y los derechos que construimos tras la Segunda Guerra Mundial.

Milei es la cara más explícita de esta desigualdad: favorece a ciertos sectores mientras complica la vida de la mayoría. Su gestión no busca transformar, sino romper los códigos que permiten la vida social y los proyectos de vida, debilitando instituciones que sostienen la movilidad social y la convivencia cotidiana. Esto genera un efecto desordenador que llega hasta lo más básico para cada persona.

Creo que Milei encarna una postura que va en contra de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Su discurso, que a veces recurre a la teoría de los dos demonios, minimiza la gravedad de la violencia estatal y debilita políticas de Estado que fueron clave durante los gobiernos de Néstor y Cristina para garantizar justicia.

Esto tiene consecuencias concretas: hay menos financiamiento para la búsqueda de hijos e hijas apropiados, menos impulso político para sostener los juicios, y se abre la puerta a la impunidad, algo que impide que el país pueda crecer y consolidar la seguridad y la convivencia democrática.

Los juicios y la sanción a los responsables son esenciales no solo por justicia, sino también por reconstruir el tejido social que la dictadura destruyó. Negar el terrorismo de Estado o igualar todas las violencias vuelve a poner en riesgo esa reconstrucción y envía un mensaje muy peligroso a la sociedad.

Me parece muy valiosa la insistencia de los hijos de desaparecidos en reclamar una memoria completa: saber qué pasó con sus padres, dónde están sus cuerpos, dónde están los chicos desaparecidos. Esto no es solo historia; es un tema presente, que define cómo entendemos la Argentina hoy y en el futuro.

El testimonio de uno de los hijos en un video del gobierno es un ejemplo impactante: relata cómo un bebé fue dejado por un militar en una casa sin saber su identidad. Esa experiencia muestra la magnitud de la dictadura y también evidencia un adultocentrismo propio del patriarcado: los niños eran tratados como objetos, sin derechos ni voz.

Para nosotros como sociedad, procesar estas historias solo es posible desde la justicia. Sin justicia, no hay manera de tramitar esos traumas ni de construir un presente sólido.

Todas las causas que la acusan son difíciles y muy armadas. Cristina ha planteado la necesidad de un juicio justo, no uno parcial o políticamente condicionado. Lo que se busca, en muchos casos, es sacarla del juego político, cuestionar su conducción y limitar su voz.

Para mí y muchos militantes, Cristina sigue siendo intocable por lo que representa, por sus logros y su mirada sobre la nación y la geopolítica. Me preocupa la especulación y la pérdida de lealtad y convicciones, que reflejan la degradación de códigos y valores que atraviesa la política hoy.

Vemos esto como una condena y persecución judicial injusta, y estamos trabajando para que esta injusticia no pierda visibilidad y, eventualmente, se pueda recuperar la libertad de Cristina. Es un objetivo total.

Las decisiones de Cristina siempre se tomaron en contextos complejos y heterogéneos, con diferentes sectores dentro del espacio político: kirchnerismo, kicillofismo y Frente Renovador. No siempre pudo actuar solo por lo que hubiera querido, sino buscando generar consenso y mantener la conducción del espacio.

Por ejemplo, con Alberto Fernández, su designación fue una propuesta de consenso que permitió ganar la elección, aunque luego algunas decisiones del gobierno repercutieron políticamente. Con Aníbal Fernández, la campaña sucia hizo que sufriera daños externos que afectaron el resultado, más allá de la voluntad del espacio.

La conducción implica escuchar, evaluar y decidir en medio de tensiones y diferentes intereses. Más que autocrítica individual, lo importante es la reflexión permanente sobre decisiones y estrategias para avanzar en la política y en la gestión, aprendiendo de lo que funcionó y de lo que no.

El desafío ahora es definir candidaturas centrales y estrategias, aunque no creo que eso se resuelva en el corto plazo; es un proceso que todavía está en marcha y se irá profundizando.

A pesar de que hay sectores que buscan debilitar a Cristina, su vigencia sigue siendo enorme, y es mucho más fuerte en el pueblo que entre algunas dirigencias. Su experiencia como presidenta, su presencia en situaciones de crisis y la implementación de políticas como la Asignación Universal destacan su capacidad de gestión y cercanía con la gente.

Por eso, su figura sigue siendo clave para el peronismo, y su liderazgo será un factor central en cualquier reconfiguración del espacio de cara a las elecciones.

No, eso todavía no está definido. Es una discusión que está en curso y requiere tiempo. Hay distintos procesos e instancias que se están desarrollando, pero todavía no hay un candidato confirmado. Se deberá construir y evaluar quién podrá asumir ese rol.

Para mí, lo que hace Lucas es insólito y desconcertante. Es, quizás, el único intendente del país que, teniendo un bloque mayoritario, lo rompe y se queda con una minoría. Esto no solo resta poder al oficialismo, sino que al fragmentar el bloque fortalece a la oposición, en este caso La Libertad Avanza. Políticamente, no lo entiendo, porque usualmente la ruptura de bloques ocurre en otros distritos cuando la intendencia pertenece a otro espacio, y ahí se puede comprender como una cuestión de identidad o estrategia. Pero en este caso, le quita poder a su propio bloque.

Para mí, lo que hace Lucas Ghi es insólito. Se recuesta en dirigentes peronistas rousselotistas, revive algo que en Morón parecía cerrado hace treinta años, y lo hace sin tener en cuenta lo que votó la gente.

Además, su secretario de Seguridad es un exdiputado del PRO, lo que marca una transformación política inentendible. Llega al cargo con el respaldo de Fuerza Patria y del Nuevo Encuentro, el partido más importante de Morón, que lo apoyó, y hoy está en un claro enfrentamiento con Martín y nuestro espacio político.

El resultado: despidos de compañeros y destrucción de equipos de gestión que funcionaban muy bien. Incluso en política sanitaria puso a alguien sin formación adecuada, lo que está provocando estragos en la gestión pública local.

Yo creo que los medios tienen un rol central en nuestra cultura como formadores de opinión. Cada vez es más común que no se trate solo de información, sino de la mirada editorial de esos medios, muchas veces jugando políticamente con determinados sectores.

Lo que se intentó desde el AFSCA, con Martín como presidente, fue evitar monopolios y garantizar pluralidad, una batalla democrática muy importante. Esa batalla la perdimos. Y desde entonces esos monopolios se han fortalecido, lo que dificulta la democracia, porque la gente termina recibiendo una única visión de la realidad, un adoctrinamiento permanente que refuerza los sectores de poder.

Hoy, además de la tele y la radio, las redes sociales tienen un rol muy fuerte. Los algoritmos no son neutros: también responden a intereses, son arbitrarios y patriarcales. Por eso es clave que los ciudadanos tengamos herramientas propias y pensamiento crítico para escuchar y decidir, sin que los medios y las redes “hablen por nosotros”.

Destaco que las universidades nacionales han generado pensamiento crítico y eso es fundamental: si lo perdemos, los medios y las redes dominan nuestra percepción de la realidad.

Sí, me parece que los periodistas deben poder entrar al Senado. Yo ya había estado en el Senado bonaerense entre 2013 y 2017, y colegas me contaban que ahora no pueden acceder. No está bien impedirlo: todos deberían poder escuchar las sesiones en persona.

No importa quién lo haga: cuando lo hace Menem en el Congreso o cualquier otra persona como puede ser ahora una compañera en la Legislatura, me parece igualmente criticable.

Nunca es lo mismo quién gobierna: eso marca la diferencia entre un gobierno que acompaña a la gente y uno que profundiza desigualdades. Un gobierno justo busca transformar realidades; uno que no lo es impone miedo y reprime.

La política tiene un lugar central: permite que las clases trabajadoras y quienes más dificultades tienen puedan aspirar a cambios. Sí, hay políticos que no actúan bien, pero también hay muchos que donan tiempo y vida para el bien común.

Cuando se dice que la política no sirve, es un intento de quitar poder al pueblo, porque un pueblo organizado y militante puede discutir, pensar críticamente y transformar su realidad. La política en sí misma no es buena ni mala; lo que importa es la acción de las personas. Por eso, fortalecer las organizaciones y la actividad política es clave para cualquier transformación.

Este miércoles a las 19.00, en el microestadio de Lanús (Av. 9 de Julio 1680), el espacio Consolidación Argentina realizará su primer Encuentro Federal, una convocatoria que busca dar el puntapié inicial a un armado político con proyección nacional y un objetivo concreto: impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel para 2027.

Según informaron desde la organización, el encuentro servirá para presentar las mesas promotoras regionales y provinciales que integrarán la estructura del espacio en todo el país. Participarán dirigentes, trabajadores, referentes sociales y empresariales.

Aunque el propio Gebel no estará presente y aún no confirmó si dará el salto a la política, quienes impulsan su figura aseguran que el objetivo es “convencerlo”.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Horacio Calculli —integrante de Consolidación Argentina y miembro de la comisión directiva de Aeronavegantes— dio detalles del armado, el origen del vínculo con el conductor y la mirada política que buscan instalar.

—Este es el primer encuentro que se da de manera federal. Lo que vamos a hacer es presentar el esquema de organización a nivel nacional, que se va a dividir en mesas promotoras. En un principio, vamos a tener siete grandes mesas regionales y dentro de cada una van a estar las mesas promotoras provinciales. Hoy ya vamos a anunciar algunos coordinadores por regiones que tenemos definidos. La idea es que, a partir de este encuentro y de este lanzamiento, podamos empezar a armar en toda la Argentina, empezar a tener referencias en todas las provincias y en todas las ciudades. Es un primer paso fuerte en términos organizativos.

—En principio, lo que estamos haciendo es promoverlo. Todavía Dante no dijo que sí. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Esta movida, justamente, es intentar convencerlo. Es instalar la idea, generar un movimiento que lo empuje, que le muestre que hay un espacio, que hay gente con ganas de acompañarlo y que hay una estructura posible.

—Consolidación Argentina se crea alrededor de Dante Gebel. Nosotros veníamos trabajando hace tiempo con una agrupación que se llama Fuerza Argentina, donde ya hablábamos de la necesidad de construir algo distinto. Cuando llega el momento de salir a discutir esto en la opinión pública, se da una alianza con otros dos espacios y terminamos conformando Consolidación Argentina, pero siempre con la idea de promover a Dante.

—Existe una relación bastante cercana con Dante a través de Juan Pablo Brey, actual secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que tiene una amistad de muchos años con él. Además, nosotros venimos acompañando, a través de una fundación que se llama Ambición Argentina, muchas de las actividades solidarias que él realiza. Participamos en la reconstrucción de un colegio en Mar del Plata, de un club en Tres de Febrero y en varias otras acciones. Desde ese lugar, desde ese vínculo y viendo el compromiso que tiene con el país, empezó a surgir esta idea.

—Creemos que, más allá de que es una excelente persona, es alguien que tiene una vocación real de ayudar. No viene de la política ni está buscando un negocio. Es un tipo que, si puede dar una mano, lo va a hacer. Y eso, en este contexto, para nosotros tiene mucho valor. A partir de ahí surge esta idea de decirle: “¿Por qué no sos presidente?”.

—No es que no vive en Argentina. Dante tiene domicilio en el país y, de hecho, en los últimos dos años pasó mucho tiempo acá. Es cierto que tiene su vida desarrollada en Estados Unidos por una cuestión laboral, pero es un tipo de la provincia de Buenos Aires, de Billinghurst, en el partido de San Martín. Y como te decía antes, tiene una vocación muy fuerte de ayudar. Si puede dar una mano para volver a unir a los argentinos y hacer crecer al país, es algo que le nace naturalmente.

—Es un proyecto con una mirada muy humanista. Es una persona que cree en el bienestar del ser humano. Tiene puntos en común con el peronismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia social, con la mirada sobre la clase trabajadora. Pero la idea no es pararse en un lugar partidario clásico, sino construir algo que abrace a todos. Queremos bajar un cambio en la confrontación, tratar de unir a los argentinos, hacer amigos entre nosotros y dejar de pelearnos.

—La grieta existe, en Argentina y en todo el mundo. Siempre va a haber diferencias, como al que le gusta el chocolate blanco o el negro. Acá se transformó en una herramienta política muy fuerte. Nosotros creemos que hay que salir de esa lógica y construir algo que una, no que divida.

—El primer encuentro lo hicimos en Capital Federal, en diciembre. Y con la idea de empezar a federalizar el espacio, nos parecía importante hacerlo en el conurbano bonaerense. Es un gesto, una señal. Lanús, en el primer cordón, es un lugar muy representativo, muy cercano a la gente. Nos pareció adecuado arrancar por ahí en esta etapa.

—La verdad es que hay poca crítica y bastante acercamiento. Se han acercado muchos dirigentes. Hay expectativa, interés. Es un espacio bastante heterogéneo.

—Hay gente de la política, gente de los sindicatos, de organizaciones sociales y también mucho empresariado. Es un mix interesante, con miradas distintas, pero con una misma intención de construir algo nuevo.

—No sé si de otros espacios políticos, quizás más de algunos comunicadores. Pero la verdad es que no recibimos mucha crítica. Al contrario, te diría que hay bastante acercamiento. Desde el peronismo, por ejemplo, se acercaron muchos intendentes, gobernadores, diputados, senadores, con expectativa. Y también de otros partidos. Sinceramente, la repercusión es buena.

—No, para nada. Y te digo más: incluso dentro del mundo evangélico hubo críticas desde el principio. En la Argentina hay dos grandes asociaciones y las dos salieron a hablar mal de Dante. Él no va a jugar con una estructura evangelista. Después, puede haber gente que lo apoye porque comparte valores, como pasaría con cualquier candidato, pero no es un armado religioso.

—Sí, estamos conscientes de cada paso que damos y de cada cosa que puede llegar a pasar. Pero sinceramente no nos preocupa. Estamos lejísimos de esas representaciones y creemos que eso se responde con hechos. No es algo que nos quite el sueño ni mucho menos.

—Él es conocido sobre todo en el mundo latino, no tanto en el estadounidense. Pero sí tiene mucha relación con el empresariado, con figuras públicas, con medios. Es una persona con mucha llegada, con mucha capilaridad. Eso puede ser un valor a la hora de pensar en un proyecto más amplio.

—La idea es expandirnos a todos los territorios, también en la provincia. Entendemos que la capilaridad territorial es importante, pero no queremos salir a pelear territorios ni a confrontar. Lo que buscamos es instalar la figura de Dante como presidente y generar acuerdos, no entrar en discusiones locales.

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Los profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptaron por amplia mayoría la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense y, en paralelo, pondrán en marcha una campaña de visibilización por la recategorización salarial, uno de los reclamos históricos del sector.

El acuerdo, aprobado en el Congreso Provincial de Delegados realizado el viernes 13 de marzo, contempla un aumento del 9% en tres tramos, con revisión en mayo y reapertura de la negociación en junio. Además, incluye mejoras específicas para quienes cumplen funciones en guardias, uno de los puntos más sensibles del sistema.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el secretario gremial del gremio, Juan Martín Miranda, explicó que el entendimiento “es similar a los últimos meses”, aunque destacó que en esta oportunidad “se logró un refuerzo adicional para el sector de guardia”. “Es una situación crítica que se viene viviendo desde hace tiempo y comenzamos un camino para fortalecer salarialmente a quienes cumplen esas tareas en los hospitales provinciales”, señaló.

En ese sentido, detalló que el incremento en la Bonificación de Guardia impactará de manera directa en el salario de bolsillo, con subas que rondarán el 13,4% desde abril en esos cargos.

Otro de los ejes del acuerdo es la conformación de una Mesa Técnica en abril para discutir cambios en la estructura salarial de la Ley 10.471, lo que abrirá el camino hacia una recategorización del salario básico. “Es un reclamo histórico. La categoría que viene implica un salto importante en nuestra estructura salarial y esperamos poder avanzar”, afirmó Miranda.

Según precisó, el contexto actual complejiza aún más la situación. “Se viene dando un aumento de la demanda en todos los hospitales públicos. Mucha gente perdió su obra social o no puede pagar una prepaga, y eso hizo que el sistema público absorba cada vez más pacientes”, explicó.

De acuerdo a los cálculos del gremio, la demanda creció entre un 30% y un 50% en el último tiempo. Sin embargo, ese incremento no fue acompañado por una expansión proporcional en la planta de profesionales ni en la infraestructura. “Todo recae sobre la espalda de los trabajadores”, advirtió.

El dirigente también puso el foco en las guardias, donde el impacto se siente con mayor fuerza. “Es un sistema que tiene que estar disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Cualquier dificultad para cubrir cargos se siente mucho más. En muchos lugares es muy difícil reemplazar a un profesional”, sostuvo.

En cuanto a las condiciones edilicias y de equipamiento, Miranda describió un escenario dispar. Si bien reconoció avances en los últimos seis años —como la incorporación de tomógrafos, resonadores y equipos de diagnóstico—, aclaró que “no alcanza para cubrir el aumento de la demanda” y que persisten problemas estructurales en varios hospitales.

En este contexto, uno de los datos que más interés genera tras el acuerdo es el nivel salarial. Según detalló el propio dirigente, un médico que ingresa al sistema de salud bonaerense tras finalizar la residencia percibe actualmente alrededor de 1,4 millones de pesos en planta, mientras que aquellos que realizan guardias pueden alcanzar aproximadamente 1.600.000 pesos mensuales con una carga de 36 horas semanales.

En paralelo, los números oficiales de la paritaria indican que un profesional ingresante con Bonificación por Trayectoria Formativa cobrará $1.620.319 en marzo y $1.658.366 en abril, mientras que quienes cuentan con dedicación exclusiva y mayor carga horaria pueden superar los $2,2 millones.

Además, el acuerdo incluye el pase de 3.800 becarios de contingencia a Planta Transitoria, una medida que busca regularizar la situación laboral de trabajadores incorporados durante los años más críticos de la pandemia.

Por último, desde CICOP confirmaron que iniciarán una campaña de visibilización para impulsar la recategorización salarial y participarán de las movilizaciones en el marco de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar, en articulación con centrales sindicales y organismos de derechos humanos.

Mientras tanto, el foco sigue puesto en una ecuación compleja: salarios que buscan recomponerse, un sistema exigido por la creciente demanda y un reclamo de fondo que vuelve a escena —la necesidad de reordenar la estructura salarial de los profesionales de la salud en la provincia.

El secretario general de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) y titular del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, advirtió en diálogo con LANOTICIA1.COM que el sector atraviesa una crisis histórica marcada por la caída del consumo, el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo.

Según explicó, el rubro panadero no siempre refleja lo que muestran los índices oficiales de inflación. “Nosotros nunca tomamos en cuenta el tema de la inflación porque nunca fue de la mano con lo que vivimos. Cuando los índices marcaban un 1,5%, a nosotros las cosas nos aumentaban entre un 8 y un 12% todos los meses”, señaló.

En ese contexto, el dirigente aseguró que el consumo de pan y productos panificados registra una caída muy fuerte. “En este primer trimestre del año, comparado con el mismo período del año pasado, ya tenemos una baja del 45% en el consumo. Y si miramos los últimos dos años, el pan cayó cerca del 55%, mientras que la pastelería, tortas o sándwiches de miga bajaron hasta un 85%”, explicó.

El impacto de esa caída se refleja directamente en el mapa del sector. Pinto aseguró que en todo el país cerraron unas 2.000 panaderías en los últimos dos años, lo que implicó la pérdida de alrededor de 16.000 puestos de trabajo directos.

En la provincia de Buenos Aires, el panorama también es crítico. “Tenemos 630 panaderías cerradas en dos años, algo que no pasó jamás en la historia de nuestro gremio”, remarcó.

Además, advirtió que el impacto laboral es mayor si se consideran los trabajos indirectos que dependen de la actividad. “No es solo el empleado de la panadería. Está el electricista, el fletero, el que arregla las máquinas, el pintor o el albañil que hacía trabajos en el local. Son muchísimos puestos de trabajo que también se pierden”, explicó.

Pinto sostuvo que el cambio en el consumo es evidente dentro de los locales. Según relató, el pan sigue siendo el producto central, pero el resto de la oferta prácticamente desapareció.

“Nosotros siempre ponemos el foco en el pan porque es algo simbólico. El argentino se puede prohibir muchas cosas, pero un pan con mate cocido engaña el estómago en cualquier almuerzo o cena”, afirmó.

Sin embargo, la pastelería y los productos elaborados quedaron relegados. “Hoy lo que se vende es lo básico: pan, alguna factura, galletitas o bizcochos. Todo lo demás prácticamente desapareció”, describió.

Ante esta situación, muchas panaderías cambiaron su forma de trabajar y dejaron de producir productos elaborados para stock. “Ahora hacemos todo por encargo. Tortas, sándwiches de miga o productos especiales ya no se hacen para tener en la heladera porque no se venden”, contó.

Para ilustrar la situación, relató una experiencia reciente: “Tuve una torta siete días en la heladera y nadie preguntó por ella. La tuve que sacar y regalar. Eso te muestra que el poder adquisitivo de la gente está por el piso”.

La caída de las ventas se combina con un fuerte aumento de los costos fijos. Pinto explicó que muchas panaderías debieron reducir personal o reorganizarse para poder sostener la actividad.

En su propio caso, detalló que el ajuste fue inevitable. “En 2023 tenía cinco empleados en mi panadería de Merlo. Hoy tengo uno solo, que encima es mi cuñado. Bajé mi producción un 60% y tuve que sacar empleados para poder sostener la pequeña empresa”, contó.

También mencionó el fuerte aumento de alquileres y tarifas. “Antes pagaba entre 500 y 600 mil pesos de alquiler, hoy pago entre 1,6 y 1,8 millones con impuestos. La luz pasó de 58 mil pesos a 1,2 millones, y el gas de 70 mil a 1,5 millones”, enumeró.

“Lo más difícil es que todo eso lo pagamos trabajando un 60% menos que antes. Si estuviera vendiendo el doble, uno paga contento, pero hoy la producción cayó muchísimo”, agregó.

El dirigente panadero aseguró que incluso los referentes históricos del sector coinciden en que la situación actual no tiene antecedentes.

“Dentro de nuestra comisión hay gente grande que vivió la dictadura, el 2001, la pandemia. Les preguntamos cuándo pasó algo así y todos nos dicen lo mismo: jamás pasó esto”, afirmó.

“En 2001 cerraron dos o tres panaderías. En la pandemia no cerró ninguna porque éramos esenciales y nos reinventamos con delivery. Pero lo que estamos viviendo ahora es histórico”, agregó.

En ese sentido, también señaló el impacto humano detrás de los cierres. “Hay colegas que vienen y te dicen que su bisabuelo llegó escapando de la guerra en Europa, abrió una panadería, se crió su abuelo, su papá, él mismo y ahora le toca cerrarla. Eso es durísimo”, relató.

Por último, Pinto marcó diferencias entre las panaderías tradicionales y algunas cadenas comerciales que funcionan con otra estructura.

“Las cadenas tienen otra espalda económica. Compran grandes volúmenes de harina y tienen maquinaria que automatiza casi todo. Nosotros trabajamos de manera artesanal, todo a mano”, explicó.

Y concluyó: “Una panadería de barrio compra lo justo para trabajar el día. No puede competir con esas estructuras. Por eso el golpe lo sentimos mucho más”.

En medio de ese escenario, el dirigente advirtió que el futuro del sector dependerá de una recuperación del consumo. “Si no come pan la gente, la verdad es que estamos complicados”, resumió.

La dificultad para alimentarse durante la jornada laboral se volvió una realidad cada vez más extendida entre los trabajadores argentinos. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina reveló que el 83,5% de los asalariados sufre algún tipo de vulnerabilidad alimentaria en el trabajo, ya sea porque reduce la cantidad de comida o porque resigna su calidad nutricional por motivos económicos.

El estudio, basado en una encuesta nacional a 1.171 trabajadores, muestra que apenas el 16,5% está libre de privaciones alimentarias durante su jornada laboral.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, la investigadora del ODSA Lucrecia Freije, licenciada en Relaciones Internacionales, explicó que se trata de la primera encuesta nacional enfocada específicamente en la alimentación de los trabajadores.

“Es la primera encuesta nacional sobre alimentación de los trabajadores asalariados en Argentina. Se relevaron aproximadamente 1.200 casos con representatividad nacional para analizar en qué condiciones se alimentan los trabajadores”, explicó.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el peso que tiene el almuerzo en el presupuesto mensual.

“Uno de los datos más relevantes que encontramos fue el impacto económico que tiene la alimentación durante la jornada laboral. Para quienes comen en el trabajo, almorzar implica un gasto significativo”, señaló Freije.

Según el informe, el 80% de los trabajadores gasta hasta 10.000 pesos por día en su comida durante la jornada laboral.

La investigadora explicó que ese gasto puede tener un peso muy alto en el ingreso.

“Si pensamos en salarios que rondan entre 800.000 y 1.000.000 de pesos mensuales, ese gasto puede representar alrededor de una cuarta parte del ingreso destinado únicamente al almuerzo durante la jornada de trabajo”, detalló.

“Esto demuestra que incluso entre trabajadores registrados la alimentación cotidiana se vuelve un costo importante que condiciona qué y cómo se come”, agregó.

El informe también revela que muchos trabajadores terminan modificando su dieta por razones económicas.

Según los datos relevados, el 61,1% de los asalariados se saltea comidas y el 78,5% opta por alimentos menos nutritivos para abaratar costos.

Cuando ambas situaciones se combinan aparece el cuadro más crítico: el 56,2% sufre lo que los investigadores denominan “doble privación alimentaria”, es decir, saltearse comidas y consumir alimentos de menor calidad nutricional.

“Más de la mitad de los trabajadores, en concreto un 56%, sufre esta doble privación: por un lado se saltea comidas y por otro elige alimentos menos nutritivos por motivos económicos”, explicó Freije.

La problemática afecta con mayor intensidad a algunos sectores.

“Esto impacta especialmente en mujeres, trabajadores jóvenes, personas con menor calificación y también en regiones más vulnerables como el noreste y el noroeste argentino”, detalló.

Uno de los hallazgos que más sorprendió a los investigadores fue la situación de algunos ámbitos laborales.

“Tuvimos un dato que nos llamó mucho la atención: en el sector público, especialmente en áreas como la salud y la educación, los niveles de privación eran aún más altos que en el sector privado”, señaló Freije.

De acuerdo con el informe, en el sector público la doble privación alimentaria alcanza al 70% de los trabajadores, una cifra muy superior a la registrada en el sector privado.

Para la investigadora, esto muchas veces se relaciona con las condiciones de trabajo.

“No solo estamos hablando de un problema de ingresos. También influyen los ritmos acelerados de trabajo, el poco tiempo para comer y la falta de espacios adecuados”, explicó.

Freije contó que durante el relevamiento aparecieron ejemplos muy concretos de la vida cotidiana laboral. “Por ejemplo, muchas maestras que trabajan jornada completa en dos colegios nos contaban que en el horario del almuerzo en realidad están viajando de una escuela a otra. Entonces directamente no comen o terminan reemplazando la comida por algo rápido”, relató.

Las condiciones laborales también influyen en cómo y dónde se alimentan los trabajadores.

Entre quienes sí comen durante la jornada, el 41,5% lo hace en su propio escritorio o puesto de trabajo, muchas veces por falta de infraestructura adecuada.

Además, solo el 32,4% de los trabajadores tiene acceso a un comedor en su lugar de trabajo.

Pero el dato más alarmante es otro: el 22,6% de los asalariados directamente no come durante su jornada laboral.

Freije señaló que, en la práctica cotidiana, esto suele traducirse en hábitos muy comunes entre los trabajadores.

“En algunas respuestas abiertas aparecía algo muy típico: trabajadores que reemplazan el almuerzo por mate y algo rápido, como bizcochitos”, contó.

También aparecen otras estrategias para abaratar costos. “Muchos trabajadores terminan recurriendo a promociones muy baratas, como las de tres empanadas con gaseosa que ofrecen algunas cadenas de comida rápida que se expandieron mucho en el conurbano”, explicó.

“Eso muestra cómo la decisión de qué comer no siempre está guiada por lo nutricional sino por lo que alcanza con el bolsillo”, agregó.

La investigadora advirtió que estas prácticas terminan teniendo consecuencias en la salud.

“Si los trabajadores comen alimentos de bajo valor nutritivo y alto contenido calórico o se saltean comidas, muchas veces cuando llegan a sus casas terminan comiendo en exceso, con alimentos que no siempre son los más saludables”, explicó.

El informe muestra que más de un tercio de los trabajadores reconoce que su dieta es poco saludable, mientras que el 23,1% presenta obesidad.

Además, entre quienes casi nunca pueden tomarse una pausa para comer, la obesidad alcanza al 35,8%, casi el doble que entre quienes sí logran hacerlo.

“El lugar de trabajo aparece como un espacio clave para promover hábitos alimentarios más saludables”, sostuvo Freije.

Para la investigadora, el tema debería comenzar a discutirse con mayor profundidad en el ámbito público y laboral.

“Creemos que es un tema que debería empezar a ponerse en agenda. La alimentación en el trabajo no es solo un beneficio para el trabajador, también tiene impacto en la empresa y en la sociedad porque es una inversión en salud y desarrollo”, afirmó.

El informe muestra además que el 80,4% de los trabajadores desearía recibir algún tipo de aporte del empleador para la alimentación, como tarjetas o contribuciones económicas.

Sin embargo, Freije advirtió que esa medida por sí sola no resolvería el problema.

“No tenemos que ser ingenuos pensando que una herramienta económica va a solucionar por sí sola la problemática. Tiene que ir acompañada de políticas de concientización, educación alimentaria y otras estrategias más amplias”, concluyó.

Observatorio Presentacion Informe Alimentacion Asalariados 10.3 by La Noticia 1

Por Walter Albarracín

Senador Matías De Urraza, de qué se trata el proyecto reciente que ha presentado La Libertad Avanza sobre tasas municipales, en más de 100 municipios. Ha cosechado críticas también este proyecto, ¿qué les responde?

En primer lugar, es una posición política que tiene la Libertad de Avanza que vimos necesario que se presente en todos los municipios al mismo tiempo. El gran trabajo está en eso y es que 116 bloques en todos los municipios presentaron al mismo tiempo pedidos tanto de reducción como de eliminación de tasas que no tienen una contraprestación efectiva.

Ustedes saben que las tasas -necesariamente- tienen que tener una contraprestación para la cual se crean. Y ahí fue donde descubrimos que el 81% de las tasas que hay en la Provincia de Buenos Aires, que se cobran los municipios de la Provincia de Buenos Aires, no tienen contraprestación efectiva.

Y ahí fue donde empezamos a avanzar y nos encontramos con algunas que están totalmente obsoletas, como la tasa de COVID-19 en Morón, que es la tasa insignia que encontramos para este estudio. Eso es lo que de golpe genera un rechazo del lado del oficialismo provincial y algunos intendentes también. Nosotros lo que tenemos que explicar también es que no es que queremos desfinanciar los municipios, sino que no queremos que al ciudadano bonaerense le cobren por un servicio que no está recibiendo.

Pero los intendentes lo han tomado como una afrenta a la autonomía de poder cobrar estas tasas, ¿qué le responde a eso?

No, la afrenta no está. Si realmente quieren autonomía, los invito a que vengan al Senado Provincial, a la Cámara de Diputados, que vayan al Gobierno Provincial con una propuesta de autonomía municipal real, tener autonomía no es cobrar más o menos tasas.

Coincido con que tener dominio de los recursos, de alguna forma, es tener autonomía, pero no es tener más autonomía cobrar por una tasa COVID cuando no hay pandemia, como había hace cinco años. No podemos estar cobrando tasas por algo que podría llegar a suceder. Es el problema que tenemos. Ahora, si vamos a discutir autonomía real, vamos a tener que discutir todo el sistema impositivo.

¿También el sistema impositivo provincial?

Por supuesto. Pero también qué responsabilidades van a estar en cabeza de cada uno de los intendentes. ¿Van a administrar salud, educación y seguridad? ¿Cuáles son las cosas que ellos tienen capacidad de administrar o de ejecutar como política pública?

Bueno, ya han pasado unos días del discurso de Axel Kicillof en la Apertura de sesiones, está hoy en su última parte del Gobierno. ¿Qué mirada tiene de la gestión provincial?

La verdad que nosotros tenemos una mirada muy crítica, porque nos paramos del lado totalmente contrario al del Estado presente por estar presente. En el sentido de que si el Gobernador hablase de un Estado presente y el Estado tuviese eficiencia y eficacia para resolver los problemas de los bonaerenses, fantástico. Pero eso no está ocurriendo y lo vemos en déficit de infraestructura en los hospitales y en las escuelas que tienen que atender el Gobernador como primer frente.

Lo vemos también en que no se hizo cargo de los déficit atencionales que está teniendo IOMA en este momento. No se hace cargo de que la provincia está pagando un 4% en honorarios de abogados por la cantidad de juicios que está afrontando la provincia por su ineficacia. Vimos el otro día el embargo que había de 157.000 millones de pesos por el tema de los desechos cloacales en la región capital. 

Vamos a terminar con el cáncer impositivo en la Provincia de Buenos Aires.Mientras @JMilei extermina impuestos basura las tasas municipales crecen en la provincia que gobierna #Kicilost.

Pasando a otro tema, la coordinación política de La Libertad Avanza. ¿Cómo lo están viendo de cara al 27? Hay un referente en la provincia que es Sebastián Pareja, aunque tenga cuestionamientos después de lo que habían sido las elecciones de septiembre, reivindicándose luego en octubre. ¿Cómo está La Libertad Avanza Buenos Aires ahora?

Como todo espacio en crecimiento, tiene un proceso de ordenamiento interno, de división de funciones, de coordinación de equipo de trabajo. Tenemos bloques parlamentarios que han crecido mucho en su cantidad de miembros y en la diversidad de temas para atender.

La verdad que estamos preparados para gobernar la provincia de 2027, estamos formando los equipos de gobierno que van a ser parte de ese gobierno en el 2027.

Por otro lado estamos escuchando a los vecinos, o sea, estos 116 proyectos con los que empezamos esta conversación son fruto de casi 400 concejales que escuchan a los vecinos en los 120 distritos donde tenemos representación política institucional en los concejos deliberantes.

Sobre la figura de Pareja, ¿ustedes lo ven como alguien candidateable para el '27? ¿Son solamente especulaciones?

Es uno de los que está en la grilla. Es para mi gusto, por cómo veo su actuar, una persona con un liderazgo muy importante, con la capacidad de armar equipos muy grande, con una visión moderna de lo que queremos en LLA para la provincia, con mucha solidez también desde lo intelectual, con una visión territorial y comunicacional distinta, pienso que tiene grandes posibilidades de ser candidato.

En las últimas horas, hubo una polémica sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni por un viaje privado y también por un viaje en el avión presidencial con su esposa. ¿Tiene alguna opinión al respecto o aclaración?

La verdad, vi que hay noticias por todos lados, en los medios, sobre el tema. Me parece que es algo que, en este tipo de casos, tiene que aclarar a quien se le cuestiona y él sabrá bien dar las explicaciones del caso. La verdad que venimos de unos días de muchísimo trabajo, nosotros por este tema de las tasas, que siguen habiendo repercusiones, también porque estuvimos en Expoagro y muchas otras cosas más, con lo cual no pude interiorizarme bien en lo que estuvo sucediendo. Sé que hay algunos cuestionamientos, pero entiendo también nadie mejor que él para para saber dar respuesta a eso que le están cuestionando o consultando.

Usted es dirigente de la capital bonaerense, ¿qué opina de la gestión de Julio Alak? También se lo ha mencionado como alguien candidateable a gobernador.

Alak es una persona con mucha experiencia, está en su quinto mandato como intendente, pero también tiene una visión muy centrada en el casco urbano de la ciudad, es un municipio que ha crecido exponencialmente desde que él se fue hasta ahora que volvió, y la periferia merece una atención que él no le está dando.

Me parece que todavía La Plata tiene que crecer muchísimo más, es una ciudad con cuatro universidades, que tranquilamente podría ser pionera en todo el tema de inteligencia artificial, y todavía tenemos en la ciudad un retraso en las cuestiones administrativas muy grande. La verdad que todavía estoy esperando que arranque la gestión después de dos años, de donde lo único que hemos visto fue la inauguración de plazas en el casco urbano, cuando tenemos una periferia totalmente abandonada, con mucho bacheo que hay que hacer, con falta de luminaria, con mucha inseguridad. Parece que todavía hay mucho para dar en esta ciudad.

Siempre se ha mencionado un problema con las veredas en La Plata. ¿Siguen teniendo el mismo problema o eso se pudo mejorar? 

La ciudad de La Plata es una ciudad muy agresiva para con los discapacitados y para con los niños que van en cochecito con sus padres, y lo sigue siendo. Ese es un problema muy difícil de resolver porque se respetan, en general, las especies de los árboles fundacionales.

Nosotros tenemos distintas especies por cuadras, es decir, en la calle 47 hay naranjos, en la calle 46 tenemos tilos, y así van variando. En otras calles tenemos plátanos. Son árboles, en muchos casos ya centenarios, que rompen las veredas, porque tienen raíces muy grandes de muchos años.

Entonces, nos debemos un debate para ver qué vamos a hacer, qué ciudad queremos respecto de los discapacitados, de los adultos mayores, de los niños que van en cochecitos. Ahí tenemos todo un tema que tenemos que trabajar y que la verdad hay una deuda de la política para con la sociedad.

Por Ramiro Pablo Gómez

La exsenadora bonaerense Lorena Mandagarán es una de las impulsoras de la ley que regula el uso de celulares en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires. La normativa, que comenzó a aplicarse este año, busca limitar el uso de pantallas durante la jornada escolar y promover un uso responsable de los dispositivos. En esta entrevista explica cómo surgió la iniciativa, qué problemas detectaron en las aulas y cómo se está implementando la medida en las instituciones educativas.

—La ley 15.534 sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas primarias bonaerenses ya está en vigencia. Es una iniciativa que impulsaste el año pasado. ¿Cómo surgió la idea de trabajar este tema? ¿Cuál fue la motivación?

Nosotros veníamos investigando el tema porque estábamos preocupados por lo que estaba pasando con los chicos y las pantallas. Yo, de hecho, soy mamá de un adolescente y una preadolescente, así que lo vivo en carne propia. Pero además parte del equipo estaba analizando con atención esta problemática.

Una de las chicas del equipo, por otra circunstancia, había tenido contacto con el médico Mauricio Pedazoli, que es neurólogo infantil, y él también manifestó su preocupación porque veía el problema en el consultorio. De hecho, estaba por publicar su libro Adictos en pañales. Entonces nos pusimos en contacto con él y empezamos a trabajar en la propuesta del proyecto.

Nosotros presentamos la iniciativa y, al poco tiempo, también se presentó otra a través del senador Emanuel González Santalla. Cuando tomamos conocimiento decidimos trabajar ambas propuestas en conjunto y hacer una sola, lo que también reflejaba la preocupación de dos espacios políticos distintos y ayudaba a generar consenso para el tratamiento.

—¿Qué problemas concretos detectaron en la relación entre el celular y los estudiantes?

En principio empezamos a dialogar con docentes. Muchos nos hablaban de la falta de atención y de la desconcentración en el aula. Tenían que estar constantemente diciéndoles a los chicos que dejaran el celular y prestaran atención.

También conversamos con profesores de educación física fuera del ámbito escolar, en actividades deportivas privadas, y nos manifestaban lo mismo, que los padres llevaban a los chicos para que hicieran deporte y, ante el menor descuido, estaban con el celular.

Además, cuando empezamos a hablar del tema con otros colegas y compañeros del Senado, todos tenían alguna anécdota o experiencia vinculada al uso excesivo de los dispositivos y a la falta de límites, tanto desde las familias como desde las escuelas.

Los docentes también planteaban que no tenían una herramienta legal que les permitiera exigir que se dejara de usar el celular en el ámbito educativo, incluso en los recreos. Por eso la ley también funciona como un marco normativo para las instituciones que ya veían el problema. Algunas escuelas habían empezado a implementar cajas para dejar los celulares, pero todo era voluntario, sin respaldo legal.

—Ahora que la ley está en vigencia, las escuelas primarias pueden prohibir el uso de celulares. ¿Cómo se está implementando en la práctica?

La reglamentación está a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación. Lo que sabemos es que se dejó cierto margen para que cada escuela lo aplique según su comunidad educativa y el vínculo con las familias.

Algunas instituciones enviaron notas por escrito explicando la normativa y otras lo comunicaron directamente a los alumnos en el aula. En cuanto a la implementación, hay dos modalidades principales.

En algunos casos se les pide a los chicos que dejen el celular en la mochila y que no lo saquen durante la jornada. Si necesitan comunicarse con sus padres, lo hacen a través del docente, como sucedía antes.

En otras escuelas colocan un cesto o una caja donde los chicos dejan los celulares al entrar, aunque son menos. Muchas prefieren que el celular quede en la mochila por una cuestión de resguardo personal. En definitiva, depende del vínculo entre docentes, alumnos e institución.

Lo que sí se controla es que no se usen durante las clases ni en los recreos, que era algo que estaba ocurriendo.

—Quizás el control en los recreos sea lo más complejo.

Sí, claro, es más difícil que dentro del aula. Pero también tiene que ver con concientizar. Muchas veces los chicos son más permeables que los adultos; las resistencias suelen venir más de los grandes.

Por eso la ley no solo regula el uso del celular, sino que también plantea la necesidad de una fuerte campaña de difusión y sensibilización dirigida tanto a los chicos como a los adultos.

La ley establece que haya campañas en centros de salud, espacios culturales, deportivos y recreativos. Es una estrategia más amplia. Recién está empezando a implementarse porque, si bien se aprobó en noviembre del 2025, tenía 180 días para su reglamentación.

Sabemos que habrá resistencias y que llevará tiempo, pero estamos convencidos de que lo que está pasando con el uso del celular en las infancias es un problema de salud pública. Hay muchos estudios científicos, tanto nacionales como internacionales, que muestran los daños del uso excesivo de pantallas en los chicos.

—Como decías recién, la ley también habla de campañas de difusión y cartelería. ¿Eso lo deben hacer las escuelas o el Gobierno provincial?

Eso le corresponde al Gobierno provincial. La ley establece que el Ejecutivo debe realizar campañas a través de sus canales oficiales y también difundir el material en distintos espacios, como por ejemplo las salas de espera de centros de salud pediátricos.

Una vez que ese material esté disponible, obviamente podrá ser utilizado por escuelas u otras instituciones públicas o privadas que quieran reforzar el mensaje.

—Algunos críticos dicen que prohibir los celulares puede aislar a la escuela del mundo digital actual. ¿Qué opinás de ese planteo?

Primero hay que aclarar que no se está prohibiendo el uso del celular. La ley es muy clara: se plantea un uso responsable dentro del espacio escolar y que solo pueda utilizarse con fines pedagógicos. Es decir, si el docente o la institución lo requieren para una actividad educativa, se puede usar. Por otro lado, como adultos tenemos que sincerarnos: ¿sabemos qué páginas miran nuestros hijos?, ¿en qué plataformas pasan gran parte del día? La mayoría de las veces no lo sabemos.

Y cuando uno revisa esos dispositivos, la realidad es que lo que encuentran los chicos son plataformas recreativas, juegos online o redes sociales. Nada de eso necesariamente aporta al desarrollo pedagógico o científico.

Incluso hoy vemos problemas nuevos, como la ludopatía online en adolescentes. Y la inteligencia artificial muchas veces se usa solo para resolver consignas en segundos, copiando y pegando, sin analizar contenidos.

Entonces tenemos que asumir una responsabilidad que en muchos casos delegamos en los dispositivos. Hemos depositado parte de la crianza y del entretenimiento de los chicos en la tecnología.

La ley no prohíbe, sino que establece que en el ámbito educativo el uso del celular debe ser responsable y con fines pedagógicos.

—Esta ley sólo abarca a la primaria. ¿Por qué no incluyeron la secundaria?

Cuando elaboramos el proyecto hicimos en paralelo otro enfocado en adolescentes y jóvenes. Decidimos separarlos porque los problemas son distintos según la edad. En la infancia el impacto tiene que ver con el desarrollo neurológico, social y con problemas de salud mental a edades tempranas. En cambio, en los adolescentes los principales problemas que detectamos son la ludopatía online, la violencia digital y el bullying.

Nuestra idea era que ambos proyectos se trataran al mismo tiempo, pero no ocurrió. En el caso del proyecto para adolescentes se tocaban intereses vinculados a la publicidad, a Loterías y Casinos y a la regulación de ciertas páginas, por lo que era una discusión más compleja.

—De todos modos, ahora hay un proyecto para extender la regulación a la secundaria.

Sí. A los pocos días de aprobarse la ley para primaria se presentó un proyecto para ampliarla al nivel secundario en lo referido al uso del celular. Incluso nos consultaron nuestra opinión y, obviamente, nos pareció correcto. Sé que tiene media sanción en Diputados, así que entiendo que pronto será tratado en el Senado.

La idea es avanzar hacia un uso responsable y limitado en las aulas del nivel secundario, algo que ya está vigente en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Salta y Neuquén.

—Ojalá se pueda aplicar de manera correcta porque parece ser un problema que se le fue de las manos a la sociedad, a las familias, a las escuelas. Está descontrolado.

Coincido en que es un problema grande. Muchas familias dicen que no pueden manejarlo y entiendo que las escuelas también sienten que se les cargan muchas responsabilidades.

Pero es un problema enorme y hay que empezar a abordarlo. Los chicos pasan gran parte de su desarrollo en las instituciones educativas, por lo que también es un ámbito adecuado para comenzar a trabajar el tema, sin dejar de involucrar a las familias, que son fundamentales.

Las declaraciones del presidente Javier Milei en Estados Unidos —donde afirmó que “vamos a ganar la guerra” y se definió como “el presidente más sionista del mundo”— generaron críticas desde la oposición. Uno de los que salió al cruce fue el exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista / Frente de Izquierda Unidad), quien en 2025 integró la Flotilla Global Sumud que llevó ayuda humanitaria a Gaza, por lo que afirma conocer de primera mano el conflicto en Medio Oriente.

“Estamos repudiando las declaraciones de Milei en Estados Unidos diciendo ‘vamos a ganar esta guerra’, involucrando al pueblo argentino en los bombardeos criminales que están protagonizando Estados Unidos e Israel”, sostuvo Giordano.

El dirigente de izquierda advirtió que ese tipo de afirmaciones implican comprometer al país en un conflicto internacional. “Milei compromete al pueblo argentino porque habla en nombre de la Argentina. Por eso decimos claramente: no en nuestro nombre”, afirmó.

En ese sentido, también cuestionó que el Presidente haya afirmado que es “el presidente más sionista del mundo”. “Se vuelve a poner en contra del pueblo palestino y a apoyar lo que nosotros denunciamos como una limpieza étnica sobre ese pueblo”, señaló.

Giordano también advirtió sobre lo que considera un alineamiento del gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos e Israel. “Todo esto es de una peligrosidad enorme, porque implica involucrar a nuestro país en una guerra imperialista contra Irán”, expresó.

Durante sus declaraciones, el exdiputado bonaerense trazó además un paralelismo con la política exterior argentina de los años noventa y recordó las consecuencias que tuvo el alineamiento del país con Estados Unidos en ese período.

“Ya sabemos lo que ocurrió en la década del noventa cuando el gobierno de Carlos Menem involucró a la Argentina en la Guerra del Golfo. Después vinieron los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, hechos completamente repudiables”, recordó.

En esa línea, sostuvo que esos antecedentes muestran los riesgos de involucrarse en conflictos internacionales. “Precisamente tenían ese origen: el involucramiento de la Argentina en un conflicto internacional poniéndose del lado del imperialismo”, afirmó.

El dirigente del Frente de Izquierda también cuestionó los argumentos utilizados por Estados Unidos e Israel para justificar la ofensiva contra Irán. “Se viene repitiendo desde hace años la mentira de que hay que terminar con el terrorismo o que Irán tiene armas nucleares”, señaló.

“Nosotros repudiamos a la dictadura capitalista de Irán y todas las barbaridades que ha hecho, pero eso no le da ningún derecho al gobierno imperialista de Trump ni a Netanyahu para hablar de terrorismo”, agregó.

Giordano también sostuvo que los bombardeos recientes provocaron víctimas civiles y cuestionó la política militar de las potencias occidentales en Medio Oriente. “Con ese criterio de hablar de terrorismo han asesinado niñas y niños. Ya llevan cientos de muertos en distintos ataques”, afirmó.

El exlegislador también se refirió a la cuestión nuclear en el conflicto. “Dicen que Irán podría tener armas nucleares, pero esa es otra mentira. Estados Unidos tiene miles de ojivas nucleares e Israel también tiene armamento nuclear”, sostuvo.

“Además, Estados Unidos e Israel no firmaron el tratado de no proliferación de armas nucleares, mientras que Irán sí lo firmó y es controlado permanentemente”, agregó.

Por último, Giordano adelantó que desde su espacio continuarán impulsando movilizaciones contra la política exterior del gobierno argentino y convocó a participar de las marchas del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del último golpe de Estado.

“Tenemos una oportunidad para salir a las calles y repudiar este alineamiento con las guerras imperialistas. Vamos a seguir denunciando estas políticas y diciendo con claridad: no en nuestro nombre”, concluyó.

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano “Lucho” Bugallo, oriundo de General Arenales y productor rural, analizó distintos temas de la agenda política bonaerense en diálogo con LANOTICIA1.COM. El legislador —que proviene del sector agropecuario— se refirió a la presencia del gobernador Axel Kicillof en Expoagro, cuestionó su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura, opinó sobre el pase de Héctor “Toty” Flores —con quien compartió espacio político durante años— al gabinete del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y defendió el proyecto de su espacio que impulsa la eliminación de la VTV en la provincia de Buenos Aires.

—Expoagro es la mejor vidriera para los políticos para llegar al productor agropecuario. Por eso es normal que todos quieran su foto cerca del campo. El tema es que el productor ni es boludo ni come vidrio. Así que por más que Kicillof ahora se haga el amigo del campo, todos saben que él representa todo lo opuesto a lo que necesitamos.

—Porque él fue y es responsable directo de gran parte de los problemas que hoy atravesamos como país, desde lo económico, social y productivo. Tiene todo el derecho de recorrer la muestra, aprender e informarse de todo lo que ignora, sobre todo siendo gobernador de la principal provincia productiva del país. Pero que no se confunda: por más que sea recibido con respeto por los productores, porque así somos en el campo, forma parte de lo más nefasto que nos pasó en la Argentina.

—Es realmente una pena. Una incoherencia absoluta en su historial político. Una gran decepción para quienes lo hemos acompañado o compartido un largo recorrido en las últimas dos décadas.

—Porque además veníamos del mismo espacio político y de muchas batallas compartidas. Uno puede tratar de entender los motivos detrás de semejante incoherencia, pero nada justifica irse con lo peor del kirchnerismo, lo peor del peronismo. En definitiva, con lo peor de la política argentina.

—Fue un acto de campaña. Pretende mostrarse como lo opuesto a Milei, como si eso fuera un logro de gestión. Describió un país que la mayoría de los argentinos no vemos y le adjudicó a Milei la responsabilidad de problemas económicos de los que él es responsable directo, por responsabilidades pasadas.

—Nos vendió una provincia de Buenos Aires en la que los bonaerenses no vivimos. Vive en una nube de pedos.

—Es un proyecto presentado por el senador Andrés De Leo que acompañamos porque coincidimos absolutamente en sus fundamentos. La falta de VTV no es responsable de los accidentes que suceden en nuestras rutas.

—Es una medida 100% recaudadora. Es una gigante caja de corrupción para amigos del poder y funcionarios corruptos. Además no resuelve los principales problemas por los cuales hay accidentes: el estado de las rutas, la falta de educación vial y la ausencia de controles reales.

En el marco de una nueva movilización por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la diputada provincial del Frente de Izquierda Unidad por la Tercera Sección, Mónica Schlotthauer, participa de la marcha convocada este lunes desde el Congreso hacia Plaza de Mayo y sostuvo que la principal consigna es rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, la legisladora oriunda de La Matanza y delegada ferroviaria del ferrocarril Sarmiento explicó que la convocatoria reúne a organizaciones sindicales, políticas y feministas con el objetivo de visibilizar el impacto que, según advirtió, tendrán las reformas laborales y el ajuste económico sobre las mujeres.

Schlotthauer señaló que desde el sector ferroviario vienen participando activamente de las movilizaciones del movimiento feminista desde sus inicios. “Estamos trabajando con las compañeras ferroviarias para estar otra vez. Siempre estamos presentes desde el primer Ni Una Menos y en la lucha por el cupo femenino”, afirmó.

Según planteó, el eje central de la movilización es el rechazo a los cambios en el régimen laboral. “Esta marcha tiene como consigna unitaria, además de que cada cual lleve su bandera, oponerse a la reforma laboral y al ajuste de Milei y del FMI”, explicó.

Para la diputada bonaerense, la flexibilización del trabajo tendrá un impacto particular sobre las mujeres, que ya concentran gran parte del empleo informal y las tareas de cuidado. “Las pocas que conquistamos entrar en el mercado laboral formal ahora podemos quedar expulsadas. La llamada ‘bolsa de horas’ desorganiza completamente nuestra vida”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de que las empresas modifiquen horarios o exijan más disponibilidad afectará directamente la organización familiar. “Si el patrón puede cambiarte el horario o hacerte trabajar más horas, te impide organizar la maternidad: llevar a los chicos al médico, al club o a la escuela”, señaló.

Schlotthauer también cuestionó lo que definió como un nuevo esquema de “salario dinámico”, donde los ingresos dependen de la cantidad de horas trabajadas. “Eso implica trabajar cada vez más, incluso resignando descansos, para poder sostener el salario. Y eso golpea más fuerte a las mujeres, que seguimos teniendo la mayor carga de tareas domésticas y de cuidado”, sostuvo.

La legisladora consideró que estas condiciones laborales también impactan en decisiones familiares y sociales. “Después se preguntan por qué baja la natalidad, pero la realidad es que con salarios bajos, múltiples trabajos y horarios flexibles es muy difícil sostener la maternidad”, planteó.

Durante la entrevista también se refirió al recorte de políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género. Según indicó, programas como el plan Acompañar sufrieron una fuerte reducción en su alcance. “De asistir a más de 100 mil mujeres pasó a unas 474. Es una caída drástica”, aseguró.

Schlotthauer vinculó estos recortes con un contexto social más complejo. “Los ajustes en salud, educación y programas sociales afectan directamente la vida cotidiana de las mujeres. Se vuelve más difícil acceder a anticonceptivos, a la interrupción legal del embarazo o a tratamientos hormonales”, señaló.

Además, manifestó preocupación por el aumento de los femicidios y transfemicidios. “Hay un crecimiento muy fuerte, especialmente de los travesticidios. Y eso también está relacionado con un discurso de odio que se instala desde el poder”, sostuvo.

Por último, la diputada se refirió a la situación de las políticas de género en la provincia de Buenos Aires. Reconoció que el gobierno bonaerense mantiene el Ministerio de las Mujeres, pero cuestionó el nivel de recursos asignados. “El presupuesto ronda el 0,05%, claramente es insuficiente”, afirmó.

“Que exista un ministerio es una conquista de la lucha de las mujeres, pero eso por sí solo no resuelve el problema. Se necesitan políticas concretas y presupuesto real para aplicar las leyes que ya existen”, concluyó.

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de femicidio volverán a movilizarse frente al Congreso de la Nación para visibilizar los casos y reclamar políticas públicas de prevención. La convocatoria será el lunes 9 de marzo desde las 10 de la mañana y está impulsada por el colectivo Atravesados por el Femicidio, integrado por familias de todo el país que perdieron a una mujer en hechos de violencia de género.

En diálogo exclusivo con LANOTICIA1.COM, Marcela Morera, madre de Julieta Mena, asesinada en 2015 en Ramos Mejía por su pareja Marcos Mansilla, explicó que la jornada tendrá un fuerte contenido simbólico. Durante todo el día montarán una muestra frente al Parlamento con los rostros de las víctimas.

“Vamos a volver a colgar de las rejas de la plaza las imágenes de nuestras chicas. Son caras en negro, y debajo está el nombre de cada una. Son doscientas mujeres que ya no están”, contó.

La exposición, que ya había sido presentada el 3 de junio pasado, reúne fotografías de mujeres asesinadas cuyos casos están atravesados por historias judiciales muy distintas: algunas lograron condenas, otras todavía esperan justicia.

Morera recordó que Atravesados por el Femicidio está formado por familiares que viven la misma tragedia. “Somos madres, padres, hermanos. Familias que perdimos una mujer en estas circunstancias y que decidimos organizarnos para ser la voz de quienes ya no pueden hablar”, señaló.

Uno de los reclamos centrales del colectivo apunta al funcionamiento del sistema judicial. Según Morera, muchas familias se enfrentan a investigaciones lentas o a causas que directamente no avanzan.

“Nos encontramos con una justicia lenta, dura y patriarcal, que muchas veces no investiga como corresponde”, afirmó.

También denunció que en algunos casos los femicidios terminan caratulados como suicidios, lo que impide avanzar en las investigaciones. “Es una de las excusas más comunes de los femicidas: decir que la mujer se mató sola. Y a veces se limpian las escenas y después es mucho más fácil cerrar la causa”, sostuvo.

“Es mucho más fácil cerrar una causa como suicidio que investigar lo que realmente pasó”, agregó.

Incluso señaló que hay situaciones en las que las propias familias quedan al margen del proceso judicial. “Ayer hubo una sentencia en un caso y la familia no pudo conectarse por Zoom porque la Justicia nunca le envió el link. Son cosas que lastiman mucho”, explicó.

El colectivo reúne actualmente a unas 200 familias que atravesaron situaciones similares. En el caso de Morera, la causa por el femicidio de su hija tuvo condena.

Julieta Mena fue asesinada en 2015 en Ramos Mejía. Dos años después, en 2017, la Justicia condenó a Marcos Mansilla a prisión perpetua.

“Nosotros tuvimos esa sentencia, pero no todos los familiares tuvieron la misma suerte. A veces parece que también es cuestión de suerte que la justicia investigue”, reflexionó.

Morera también expresó preocupación por lo que considera un retroceso en materia de políticas públicas vinculadas a la violencia de género.

“Hoy tenemos un gobierno que no cree en la figura del femicidio”, sostuvo.

“Los femicidios existen y no son un invento de las feministas. Las mujeres siguen muriendo en manos de hombres violentos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que actualmente hay menos recursos para asistir a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

“Hoy hay menos recursos para ayudar a las mujeres a sentirse seguras y denunciar”, advirtió.

También señaló que, desde su mirada, hubo un retroceso en políticas públicas vinculadas al tema. “Estamos teniendo un retroceso en materia de género”, dijo.

Y agregó una reflexión sobre las decisiones políticas en torno a estas áreas: “Había cosas que mejorar, pero no destruir todo”.

El colectivo aclaró que su presencia frente al Congreso será pacífica y centrada en la visibilización.

“Nosotros no cortamos calles ni hacemos acciones violentas. Nos plantamos en la plaza, colgamos la muestra y hablamos con la gente que se acerca”, explicó Morera.

La convocatoria se realiza el 9 de marzo, ya que este año el 8M cae domingo. Durante toda la jornada, las familias permanecerán frente al Congreso acompañando el paso de la movilización general por el Día de la Mujer.

“Queremos que se entienda que somos la voz de nuestras hijas, de nuestras madres, de nuestras hermanas. Mujeres a las que les arrebataron la vida”, concluyó.

La secretaria de Comunicaciones de SUTEBA, María Elisa Semino, confirmó que este jueves el gremio realizará asambleas en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires para definir si acepta o rechaza la propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense en la paritaria docente.

En declaraciones a LANOTICIA1.COM, Semino explicó que la oferta será debatida por los afiliados en cada distrito y que la decisión final se conocerá cuando los secretarios generales lleven los mandatos al plenario del sindicato.

“Hoy SUTEBA va a realizar asambleas en toda la provincia, en los 135 distritos, donde los afiliados y afiliadas van a decidir por la aprobación o el rechazo de la propuesta salarial que presentó ayer el gobierno en el ámbito de la paritaria”, señaló.

Según detalló, la oferta contempla un aumento total del 9% distribuido en tres tramos. El esquema incluye la consolidación del 1,5% otorgado en febrero, un 5% de incremento en marzo y otro 2,5% en abril.

“Esto suma un total de un 9%, cosa que es muy importante, además del compromiso de volver a abrir la paritaria en junio”, indicó.

La dirigente sindical también destacó que la propuesta incorpora una cláusula de monitoreo, que permitirá revisar la evolución del acuerdo en caso de que los salarios queden por debajo de la inflación.

“Hay una cláusula de monitoreo que hace que se vaya viendo si el aumento pasa a estar por debajo de la inflación. Entonces hay un compromiso de volver a reunirse inclusive durante el mes de mayo”, explicó.

Semino explicó que, antes de votar, en cada asamblea se realiza una exposición detallada de la propuesta y se abre un debate entre los docentes.

“En nuestro caso es consultarlo en asambleas presenciales donde se vota a mano alzada y donde previamente a la votación hay un debate y una exposición de cuáles son las condiciones”, señaló.

La respuesta formal del gremio todavía no fue comunicada al Gobierno provincial, ya que todos los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense decidieron poner la oferta a consideración de sus órganos internos.

“Todos los sindicatos aceptamos poner la propuesta a consideración, pero la respuesta al gobierno todavía no está dada”, remarcó.

Durante la entrevista, la dirigente de SUTEBA también apuntó contra el Gobierno nacional por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según sostuvo, la deuda acumulada ya equivale a 26 meses sin ese pago para los docentes.

“Pedimos y exigimos que a nivel nacional se pague esa deuda porque nos han robado el fondo de incentivo docente desde que asumió este gobierno, que hoy serían 130 mil pesos”, afirmó.

La propuesta presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ante el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) contempla un aumento bimestral para marzo y abril, además de una bonificación vinculada al FONID.

Entre los puntos principales se destacan:

Según la propuesta oficial, el salario de un maestro de grado inicial pasaría a $800.084 en marzo y $850.053 en abril.

La decisión de los docentes se conocerá en las próximas horas, cuando el plenario de secretarios generales de SUTEBA reúna los mandatos surgidos de las asambleas realizadas en cada distrito de la provincia.

En el marco de un paro nacional convocado por el Sutna —el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático Argentino, que representa a los operarios del sector— este miércoles 4 de marzo los trabajadores se movilizan a la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir que no cierre FATE y que no haya despidos.

Desde la provincia de Buenos Aires, donde la empresa tiene fuerte peso industrial y laboral, el conflicto genera preocupación por el impacto en cientos de familias. En diálogo con LANOTICIA1.COM, Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste —con representación en el conurbano bonaerense— confirmó que en un gesto de solidaridad, los ferroviarios del Sarmiento participarán de la jornada junto al Plenario del Sindicalismo Combativo y otras organizaciones.

“El objetivo es respaldar a los trabajadores de FATE, que la están pasando muy mal”, señaló. Y apuntó directamente contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, a quien acusó de haberse beneficiado durante años del trabajo de los operarios y ahora avanzar con despidos para preservar sus intereses. “Cuando ve que puede perder privilegios, despide trabajadores”, sostuvo.

Sobrero enmarcó la situación en un contexto económico más amplio. Habló de despidos diarios, cierre de pymes y pérdida del poder adquisitivo. Según su mirada, existe “una política a nivel nacional que va en contra de los trabajadores” y advirtió que la crisis “la quieren hacer pagar a los laburantes”.

También cuestionó el argumento empresario sobre la imposibilidad de sostener la actividad. “Los que quiebran no son los empresarios, son los trabajadores que se quedan sin empleo”, afirmó, al remarcar que quienes conducen las compañías conservan su patrimonio mientras las familias pierden su sustento.

Consultado sobre el desarrollo de la movilización, dijo que esperan que sea pacífica, aunque admitió que estarán atentos ante posibles provocaciones y de infiltrados. “Estamos acostumbrados a que el Gobierno necesite la represión para callar reclamos”, expresó.

Para el dirigente ferroviario, la jornada busca además enviar un mensaje político claro: que los trabajadores no aceptarán pasivamente medidas que afecten el empleo o el salario. “Tenemos que ponernos hombro a hombro para defender los puestos de trabajo”, concluyó.

En apenas 58 días, la Argentina registró 43 víctimas fatales de la violencia de género. De ese total, 17 casos corresponden a la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país.

El dato surge del relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que monitoreó los hechos entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2026. En diálogo con LANOTICIA1.COM, su directora, Raquel Vivanco, advirtió que “los femicidios han sido una constante” y que hoy existe “un amesetamiento de casos que no significa una baja”.

“Hasta acá, los esfuerzos que hubo no fueron suficientes para lograr una disminución considerable. Y ahora tenemos un Estado que se ha retirado de manera muy clara de estas políticas”, sostuvo.

Según el informe, en lo que va del año hubo 35 femicidios directos, 5 femicidios vinculados, 2 instigaciones al suicidio y 1 travesticidio/transfemicidio. Además, se registraron 72 intentos de femicidio, es decir, un intento cada 21 horas.

“En esos intentos nosotras observamos una motivación clara de asesinato por razones de género. No se concretaron, pero la intencionalidad estuvo. Eso también es violencia extrema”, explicó Vivanco.

Al menos 23 niñas y niños quedaron sin madre en este inicio de 2026. “Son chicos que quedan absolutamente a la buena de la suerte. Y el Estado debería estar ahí con políticas de reparación. La Ley Brisa se creó para eso, pero hoy no hay datos claros sobre su implementación”, remarcó.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires suma 17 víctimas en menos de dos meses. Sin embargo, cuando se analiza la incidencia cada 100 mil mujeres, el territorio bonaerense no encabeza el ranking nacional.

Las provincias con mayor tasa proporcional son Santiago del Estero (0,56 cada 100 mil mujeres), Río Negro (0,52) y Catamarca (0,46). Buenos Aires no figura entre las diez jurisdicciones con mayor incidencia.

“Por supuesto que en números absolutos la Provincia va a tener más casos, porque es la más grande y la más poblada. Pero cuando medimos cada 100 mil mujeres, no es la que tiene mayor tasa. Es importante aclararlo para no hacer lecturas equivocadas”, señaló.

Vivanco también apuntó contra el escenario nacional. “El gobierno parte de una concepción negacionista de las violencias motivadas por el género. No solo cerró el Ministerio, sino que fue desmantelando todos los programas que se habían creado para prevenir y asistir”, afirmó.

“Por ejemplo, el Programa Acompañar ya no se ejecuta. Era fundamental porque brindaba ayuda económica y asistencia psicológica. Muchas mujeres necesitan esa autonomía económica para poder salir de la violencia”, agregó.

Y profundizó: “En un contexto de empobrecimiento y precarización, esa dependencia económica se agrava. Muchas mujeres terminan conviviendo con sus agresores porque no tienen a dónde ir. Cuando el Estado se corre, la vulnerabilidad es mucho mayor”.

Sobre el discurso oficial, fue categórica: “Negar los femicidios y decir que son homicidios como cualquier otro es desconocer la motivación de género. No es lo mismo una pelea en la vía pública que un hombre que mata a su pareja porque no acepta la separación”.

También advirtió sobre el impacto simbólico: “Los discursos de odio no son neutros. Cuando se banaliza o se niega la violencia, eso tiene efectos concretos en la realidad. Se fomenta un clima que termina avalando estas prácticas”.

En contraste, marcó una diferencia con la provincia de Buenos Aires. “Es la única que mantiene la jerarquización de las políticas de género a nivel ministerial.  Y agregó una aclaración clave sobre los números bonaerenses: “En la Provincia hay más casos porque hay más población, pero no es la que tiene mayor tasa.”

Para Vivanco, el distrito que gobierna Axel Kicillof se convirtió en una excepción dentro del escenario nacional. “La provincia de Buenos Aires es hoy un territorio de resistencia en materia de políticas de género.”

Aun así, evitó triunfalismos: “No está resuelto el problema en la Provincia, pero hay un Estado presente que se ocupa.”

El informe también revela que 8 de las víctimas habían hecho denuncias previas y que 5 tenían medidas judiciales vigentes.

“Ahí hablamos de femicidios evitables. La mujer fue a denunciar y el sistema no garantizó su seguridad. Cuando hay una advertencia previa y no se actúa, la responsabilidad institucional es muy clara”, subrayó.

Mientras tanto, las cifras siguen creciendo. “No es un problema del pasado ni una discusión teórica. Son mujeres que están muriendo hoy”, concluyó Vivanco, quien indicó que “detrás de cada una de las muertes, hay una historia que ya no puede contarse”.

El paro docente de 48 horas que marca el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires dejó una fuerte definición desde uno de los sectores opositores a la conducción de SUTEBA. “Tenemos los peores salarios del país y por eso muchas maestras hacen Uber”, lanzó Paula Arkerfeld, docente de SUTEBA Tigre, en diálogo con LANOTICIA1.COM.

La medida se da en el marco del paro nacional convocado por CTERA, pero en territorio bonaerense se sumó una jornada más impulsada por seccionales Multicolor, espacio opositor a Roberto Baradel. Es la primera vez en seis años de gestión que el gobernador Axel Kicillof comienza las clases con una huelga docente.

Arkerfeld describió un escenario salarial que, según afirmó, atraviesa a todo el país pero golpea con fuerza en Buenos Aires. “El salario mínimo docente nacional está clavado en 500.000 pesos. Es una miseria total. En la provincia estamos dentro de los cuatro peores salarios del país, en la provincia más rica”, sostuvo.

En relación a la última oferta salarial, indicó que el aumento propuesto ronda el 3%. “Eso equivale a mil pesos por día. Obliga a miles de maestras a trabajar dos o tres cargos y seguir endeudadas para pagar los servicios básicos”, aseguró.

El reclamo del sector es un salario inicial de $1.300.000, cifra que —explicó— equivale a la canasta de pobreza. “Hemos perdido más del 34% del poder adquisitivo. Esta es la primera paritaria en seis años que la conducción provincial rechaza, pero llega tarde y es limitada”, señaló en referencia a la dirigencia que encabeza Baradel.

Desde las seccionales opositoras remarcan que la continuidad del paro fue votada en un plenario provincial de delegados. “La conducción llama a un paro en el marco de CTERA, pero nosotros votamos continuar la jornada. Tenemos disposición a profundizar las medidas si no hay una propuesta acorde”, advirtió.

La docente también hizo foco en la sobrecarga laboral y el impacto en la calidad educativa. “Las maestras trabajan diez horas por la quinta hora y después muchas salen a hacer Uber, venden cosas o buscan changas. Somos el 80% mujeres, muchas jefas de hogar. La situación es muy crítica”, describió.

Además del salario, mencionó problemas de infraestructura escolar y del presupuesto destinado a comedores escolares. “No es solo el sueldo. Es el estado de las escuelas y la miseria que llega a los comedores en una crisis social profunda”, afirmó.

Arkerfeld sostuvo que buscan el acompañamiento de las familias. “Sabemos que también están pasando momentos muy difíciles. Pero esta pelea es por la educación de sus hijos. Si una docente trabaja todo el día y después tiene que salir a manejar para completar ingresos, ¿en qué momento planifica, corrige o se capacita?”, planteó.

Mientras el Gobierno bonaerense convocó a una nueva instancia paritaria para los próximos días, el conflicto mantiene en tensión el arranque de clases en todo el territorio provincial. El reclamo salarial, esta vez, se mezcla con cuestionamientos a la conducción sindical y con un malestar que, según describen desde las escuelas, viene acumulándose desde hace años.