La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán, que había sido reelecto en esos comicios, y dispuso la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días en el que se volverá a realizar la votación.

La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal laboral, integrada por Víctor Pesino y María Dora González, que además declaró nulos los comicios realizados en la seccional Campana de la UOM, por lo cuales se había originado de una causa impulsada por la opositora Lista Naranja, que había denunciado irregularidades en el proceso electoral realizado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

La resolución judicial sostuvo que las elecciones en Campana y la nacional celebrada el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda. “Si una es nula, también la otra lo es”, afirmó el juez Pesino en el voto al que adhirió González.

Es así que la Cámara ordenó el “cese inmediato” de Furlán como secretario general nacional de la UOM, junto con el resto de las autoridades electas en marzo pasado. También dejó sin efecto las designaciones realizadas por esa conducción desde su asunción.  

Además, el tribunal declaró la acefalía de la organización sindical y designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.  

Según la sentencia, una de las principales irregularidades detectadas estuvo vinculada a la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes de inviolabilidad del voto.   

El fallo fue calificado por el gremio como una “una operación política, judicial y empresaria”, a través de un comunicado titulado “La intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores”, en el cual se rechazan todos los argumentos de la resolución dictada por “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei”, en referencia al levantamiento de la cautelar contra la reforma solicitada por la CGT.

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Para la conducción metalúrgica, los mencionados magistrados “avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización” y al que calificaron como “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses”.

Esa “operación” tiene “un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”, denuncia la UOM en la ya citada declaración de prensa.

Los estatales bonaerenses vuelven a sentarse con el Gobierno de Axel Kicillof este viernes a las 12.30 horas como parte de la mesa de monitoreo que ambas partes acordaron en la última paritaria.

Para los trabajadores del Estado provincial, el acuerdo firmado el 4 de marzo con los gremios —ATE, UPCN y FEGEPPBA— estableció un incremento escalonado total del 9% total para el primer cuatrimestre. El esquema fue: 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril.

Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC marcó para el mes de abril un 2,6%, con una variación acumulada en lo que va de 2026 del 12,3%.

Si bien la instancia del viernes es de monitoreo, en junio está prevista la reapertura formal de la paritaria, donde gremios y Gobierno volverán a negociar un nuevo esquema de aumentos para el segundo semestre.

Sin embargo, si la brecha inflacionaria se sostiene, los gremios tienen argumentos para exigir una corrección antes de la reapertura.

Momentos de máxima tensión se vivieron este miércoles en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la avenida 25 de Mayo, en el partido bonaerense de San Martín, durante una protesta encabezada por ATE contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

La movilización, que incluyó trabajadores estatales, gremios y representantes de pymes, terminó con incidentes, corridas y empujones cuando efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron para despejar la zona. En medio del operativo hubo gas pimienta, personas golpeadas y escenas de caos.

Corridas y empujones en la colectora de la General Paz, a la altura de la avenida San Martín, durante una protesta de ATE pic.twitter.com/plLFcyyg7i

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quedó cara a cara con los efectivos y pidió que frenaran la represión. Las cámaras de televisión mostraron al funcionario en la primera fila mientras avanzaba el cordón policial.

“Esto genera violencia”, se escuchó reclamar en medio de los empujones, mientras manifestantes denunciaban que la protesta era pacífica y que la intervención policial buscaba “provocar caos”.

Durante los incidentes también resultó herido un oficial de la Policía de la Ciudad, que cayó al piso en medio de los forcejeos y debió ser retirado por otros efectivos. Según relataron desde el lugar, no podía mantenerse en pie.

Hay un policía herido durante las corridas y empujones en la colectora de la General Paz: se trata de un oficial de la Policía de la Ciudad. pic.twitter.com/0llqoFxKFu

Además, varios manifestantes denunciaron haber sido golpeados. “Me dieron un golpe en la cabeza, no veo muy bien”, dijo uno de los participantes mientras era asistido tras los enfrentamientos.

La protesta había sido convocada por ATE Nacional y contó con la presencia de su secretario general, Rodolfo Aguiar, junto al dirigente sindical Oscar de Isasi.

Entre los reclamos, los manifestantes denunciaron el cierre de pymes y la pérdida de puestos de trabajo. “Estamos en San Martín, capital nacional de la pyme. No podemos permitir que esto siga pasando”, expresó uno de los participantes.

"Me dieron un golpe en la cabeza": hay manifestantes heridos durante la protesta. Incidentes y tensión en la General Paz pic.twitter.com/UxUVNjfpXt

También habló una dirigente del gremio textil local, quien aseguró: “Hemos perdido 20 mil trabajadores textiles en toda la República Argentina y cerraron 25 mil comercios”.

La tensión se mantuvo durante varios minutos sobre la colectora de la General Paz, mientras la Policía intentaba liberar la circulación y los manifestantes resistían el avance de los efectivos. Hasta el momento no hubo información oficial sobre el operativo ni sobre quién dio la orden de intervenir.

La crisis golpea de lleno a la empresa alimenticia Alijor y mantiene en alerta a cientos de trabajadores. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, denunció retrasos salariales y una situación que ya lleva varios meses sin resolución.

“El conflicto es prolongado y la empresa viene pagando los salarios de manera incompleta y fuera de término”, aseguró el dirigente gremial en declaraciones al medio regional Lo Nuestro. La firma, reconocida por la elaboración de pan de molde y tapas para empanadas, tiene una planta en Garín donde trabajan cerca de 180 empleados.

Desde el sindicato advirtieron que sostendrán “todas las medidas necesarias hasta lograr la regularización salarial y la continuidad productiva” de la empresa.

En medio del conflicto, dirigentes del STIA mantuvieron una reunión con el vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Senado bonaerense, Fernando Coronel, quien se comprometió a llevar el tema al ámbito legislativo provincial.

Durante el encuentro, Escalante, junto al secretario gremial Gustavo Salas y Ramón Molina, expusieron el deterioro de las condiciones laborales y reclamaron una solución urgente para los trabajadores de la planta de Garín.

“Detrás de cada salario impago hay familias que no pueden cubrir alquiler, alimentos, medicamentos ni transporte”, afirmó Escalante.

Según detallaron desde el gremio, ya hubo casi 20 audiencias sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Frente a ese escenario, el sindicato reclama el pago de los salarios en tiempo y forma, garantías para sostener los 180 puestos laborales, la conformación de una mesa tripartita de seguimiento y el freno a posibles “despidos encubiertos”.

Alijor es una empresa alimenticia argentina, fundada en 1989, dedicada a la producción y elaboración de productos panificados, pastas frescas envasadas, tapas de empanadas y pascualinas. Su actividad principal está centrada en la Provincia de Buenos Aires y elabora productos para la marca La Salteña.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) eligió a sus nuevas autoridades y marcó el cierre de una etapa histórica: después de más de dos décadas, Roberto Baradel no fue candidato en las elecciones del gremio docente más importante de la provincia y uno de los más numerosos del país.

La lista oficialista Celeste-Violeta se impuso ampliamente y consagró como nueva secretaria general a María Laura Torre, hasta ahora secretaria general adjunta y principal referente del espacio que conducía Baradel.

Según los resultados provisorios, con más del 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo obtuvo cerca del 76% de los votos, muy por encima de la Lista Multicolor, integrada por sectores de izquierda, que alcanzó el 19%. En tercer lugar quedó la Azul y Blanca, vinculada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), con el 4%.

La elección tuvo una fuerte carga política no solo para el sindicalismo bonaerense, sino también para el gobernador Axel Kicillof. La continuidad de la conducción alineada con Baradel garantiza al mandatario mantener un canal de diálogo aceitado con uno de los gremios más poderosos de la provincia, clave en las negociaciones salariales y también en el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Más de 90 mil afiliados estuvieron habilitados para votar en unas 2.023 mesas distribuidas en 113 distritos bonaerenses. Además de Torre, compitieron María Elisa Salgado por la Lista Multicolor y Laura Moramarco Terrarossa por la Azul y Blanca.

Tras conocerse los primeros resultados, desde SUTEBA celebraron la jornada electoral y destacaron que se desarrolló “con total normalidad”, en un “clima de transparencia, participación y respeto”.

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Sin embargo, desde la oposición denunciaron supuestas irregularidades en el padrón y realizaron presentaciones judiciales. La Lista Multicolor cuestionó incorporaciones de afiliados en distintas seccionales y en La Plata denunció la inclusión “irregular” de 260 personas en el padrón. Luego de una revisión, se eliminaron 110 nombres.

Mientras tanto, uno de los datos que destacó la oposición fue el desempeño en algunas seccionales clave. Desde la Multicolor aseguraron haber retenido Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, y también adjudicaron un triunfo en La Matanza en alianza con sectores de la Azul y Blanca.

María Laura Torre será la nueva secretaria general de SUTEBA tras la salida de Roberto Baradel, quien condujo el gremio durante más de 20 años.

Hasta ahora secretaria general adjunta y una de las dirigentes más cercanas a Baradel, Torre encabezó la lista Celeste-Violeta, que retuvo la conducción del sindicato docente más importante de la provincia de Buenos Aires y uno de los más poderosos del país.

Su desembarco al frente del gremio llega en un escenario complejo para el sector docente. Deberá construir liderazgo propio en medio de la caída del poder adquisitivo, las discusiones salariales y el fuerte enfrentamiento entre los sindicatos y el gobierno nacional de Javier Milei.

Entre los principales reclamos que continuará impulsando SUTEBA aparecen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el rechazo a los proyectos que buscan declarar a la educación como servicio esencial, una medida cuestionada por los gremios porque limitaría el alcance de los paros docentes.

Además, Torre tendrá el desafío de sostener la hegemonía de la lista Celeste-Violeta en un contexto donde sectores opositores de izquierda lograron retener o ganar algunas seccionales importantes como Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz y La Matanza.

El conflicto en la línea 148, con una paralización del servicio y un “lockout patronal” denunciado por los choferes, mantiene a la espera de una solución también a miles de pasajeros del sur del conurbano que se ven afectados.

Es por ello que desde la secretaría de Trabajo se dictó la conciliación obligatoria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa La Central de Vicente López ("Misión Buenos Aires") que opera desde algunas semanas la línea 148.

La medida durará quince días a partir de las 18 horas de este miércoles 13 de mayo, período durante el cual “las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto”.

“En ese sentido, la organización sindical deberá cesar toda medida de acción directa, mientras que la empresa deberá dejar sin efecto los despidos efectuados y garantizar el normal otorgamiento de tareas. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en el marco de la Ley N° 14.786, con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad del servicio y promover una instancia de diálogo entre las partes”, se indicó.

La línea 148 conecta Plaza Constitución con zonas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y San Francisco Solano, por lo que la interrupción del servicio impacta de lleno en miles de pasajeros.

“No hay ninguna abstención de tareas. Nosotros vinimos a cumplir horario y no nos dejaron entrar”, aseguró Gabriel, un chofer con más de 30 años de antigüedad en la línea. Los trabajadores explicaron que el conflicto se agravó luego de reclamar condiciones mínimas en las cabeceras, principalmente la falta de baños. “Terminábamos haciendo nuestras necesidades atrás de un paredón o arriba del colectivo porque no había dónde ir. Eso no es digno”, relató el conductor.

Según la versión de los choferes, el problema comenzó cuando varios trabajadores regresaron al predio para utilizar los sanitarios ante la falta de baños en las terminales.

“Empezaron a venir acá porque no teníamos baño en las cabeceras y ahí un encargado se enojó, le sacó la llave a un coche y dijo: ‘No sale más nadie’”, contó Gabriel al canal C5N.

Desde entonces, aseguran que les bloquearon el ingreso y que incluso colocaron rejas en sectores donde habitualmente descansaban entre recorridos.

Los trabajadores también apuntaron contra la nueva operadora,  que tomó el control recientemente tras meses de crisis en la empresa anterior, ya que les deben el pago de salarios atrasados.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) renueva este miércoles su conducción provincial en una elección signada por la ausencia del histórico dirigente Roberto Baradel como candidato.

Son tres las listas que disputarán por el nuevo mandato al frente del gremio mayoritario de docentes en territorio bonaerense. Una la encabeza María Laura Torre, por el sector de Baradel; hay otra del trotskismo que lidera María Elisa Salgado (Multicolor, conduce el Suteba de Tigre); y una tercera, con Myriam Marinozzi (Azul y Blanca, referenciada en el Partido Comunista Revolucionario, del Suteba Berazategui).

Torre es la actual secretaria adjunta del sindicato y una de las dirigentes de confianza de Baradel, quien preside la entidad desde 2004.

El gremialista, de 58 años, ha sido preceptor en escuelas públicas de Valentín Alsina y Lomas de Zamora, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y comenzó su carrera gremial cuando era docente en Lomas.

Pese a su anuncio, Baradel no se retirará de la actividad sindical ya que mantiene su rol como secretario general adjunto de Ctera, el sindicato docente nacional, y como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, la central obrera alterna a la CGT.

Los afiliados elegirán en estos comicios el Consejo Ejecutivo Provincial, integrado por 67 miembros titulares, de los cuales 39 integrarán el Secretariado Ejecutivo, 13 el Secretariado de Niveles y Modalidades de la Educación y 10 serán Vocales Titulares.  La convocatoria también abarca la totalidad de los cargos de todos los Consejos Ejecutivos de Seccional.

El conflicto en la línea 148 sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión. Luego de la paralización del servicio que afecta a miles de pasajeros del sur del conurbano bonaerense, los choferes denunciaron que la empresa directamente les impide ingresar a trabajar y hablaron de un posible “lockout patronal”.

La situación se vive en las instalaciones de la empresa en Quilmes, donde desde temprano hubo presencia de Infantería y trabajadores apostados en la puerta del predio.

“No hay ninguna abstención de tareas. Nosotros vinimos a cumplir horario y no nos dejaron entrar”, aseguró Gabriel, un chofer con más de 30 años de antigüedad en la línea.

Los trabajadores explicaron que el conflicto se agravó luego de reclamar condiciones mínimas en las cabeceras, principalmente la falta de baños.

“Terminábamos haciendo nuestras necesidades atrás de un paredón o arriba del colectivo porque no había dónde ir. Eso no es digno”, relató el conductor.

Según la versión de los choferes, el problema comenzó cuando varios trabajadores regresaron al predio para utilizar los sanitarios ante la falta de baños en las terminales.

“Empezaron a venir acá porque no teníamos baño en las cabeceras y ahí un encargado se enojó, le sacó la llave a un coche y dijo: ‘No sale más nadie’”, contó Gabriel al canal C5N.

Desde entonces, aseguran que les bloquearon el ingreso y que incluso colocaron rejas en sectores donde habitualmente descansaban entre recorridos.

La línea 148 conecta Plaza Constitución con zonas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y San Francisco Solano, por lo que la interrupción del servicio impacta de lleno en miles de pasajeros.

#AHORA🚨 LINEA 148 SIN SERVICIO NO DEJAN ENTRAR A LOS CHÓFERES! No se sabe la razón.•informacion en desarrollo...@AmbaTransporte @CiudadDeBondis @AtrasMire @BondisATR @Bondis_y_Mas https://t.co/o77c92ZICS

Los trabajadores también apuntaron contra la nueva operadora, Misión Buenos Aires, que tomó el control recientemente tras meses de crisis en la empresa anterior.

“Nos dijeron que venían a mejorar las cosas, pero seguimos sin cobrar deudas y ahora ni siquiera nos dejan trabajar”, sostuvo Federico, otro de los choferes afectados.

El conductor contó que todavía le deben tres salarios y que atravesó los últimos meses gracias a ayuda familiar y ahorros.

“Es el peor momento que me tocó vivir desde que trabajo en el transporte”, afirmó.

Los choferes de la línea 148 volvieron a denunciar incumplimientos de la empresa Misión Buenos Aires y este miércoles 13 de mayo el servicio amaneció paralizado. Aunque los trabajadores habían acordado circular con normalidad hasta una reunión prevista para el mediodía, aseguran que no los dejaron ingresar a las cabeceras para iniciar los recorridos.

La medida afecta a miles de usuarios bonaerenses que utilizan diariamente la línea 148 para viajar entre distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. La línea conecta Plaza Constitución con localidades del sur bonaerense como Avellaneda, Quilmes, Bernal, Florencio Varela y San Francisco Solano, siendo utilizada especialmente por trabajadores y estudiantes.

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Según denunciaron los delegados, la nueva operadora de la línea incumple el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Los reclamos incluyen demoras en el pago de salarios y graves problemas de infraestructura en las terminales.

“Les recordamos a todos los trabajadores que se encuentren en cabeceras y las mismas no cuenten con baño, deberán dirigirse a las instalaciones de la empresa a realizar sus necesidades”, expresaron los delegados en un comunicado difundido en las últimas horas.

Desde las redes oficiales de la línea habían informado previamente que el servicio iba a funcionar normalmente este miércoles mientras continuaban las negociaciones. Sin embargo, durante la madrugada y primeras horas de la mañana los choferes denunciaron que no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo y el conflicto volvió a escalar.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales encabezarán un movilización este martes junto a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores.

Será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo a las 17.00, y los discursos comenzarán a las 18.00.

Las principales demandas tienen que ver con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la desobediencia de fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley (que refieren a la recomposición de salarios y becas), la caída del financiamiento del sector y los salarios en baja, entre otros puntos.

La movilización tendrá lugar después de que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitara al Gobierno a llevar la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario directamente a la Corte Suprema de Justicia, con efecto suspensivo sobre la cautelar que obligaba al Estado a transferir fondos al sistema universitario.

El servicio de colectivos comenzó a normalizarse este lunes en Mar del Plata luego de casi tres días de interrupción a raíz de una medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor por el atraso en el pago de salarios a los choferes.

Las unidades de corta y media distancia comenzaron a salir nuevamente desde las cabeceras para retomar de manera paulatina los recorridos habituales en el partido de General Pueyrredon.

De acuerdo a lo trascendido, durante las primeras horas del lunes empezó a acreditarse parte de los salarios adeudados a los trabajadores, situación que permitió avanzar con el levantamiento del paro y la reactivación progresiva del servicio.

El conflicto se había iniciado el viernes por la tarde, cuando las empresas de transporte no abonaron los salarios antes del cierre del último día hábil de la semana. Desde la UTA ya habían advertido que, si los choferes no percibían sus haberes antes de las 18.00, se pondría en marcha una retención de tareas.

Finalmente, al no concretarse el pago en el horario previsto, comenzó la medida de fuerza. Las últimas unidades dejaron las cabeceras después de las 18.00 del viernes y desde ese momento el servicio permaneció totalmente interrumpido durante todo el fin de semana, coincidiendo además con jornadas de condiciones climáticas adversas.

La paralización afectó a miles de usuarios del transporte público y volvió a poner sobre la mesa la compleja situación económica que atraviesa el sistema de colectivos en la ciudad.

Semanas atrás, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros había solicitado una actualización del boleto por encima de los $2.500, argumentando un fuerte incremento de los costos operativos, especialmente en combustible y salarios. Actualmente, el valor del pasaje en Mar del Plata es de $1.550.

El conflicto del transporte público en Mar del Plata continuará al menos hasta las primeras horas del lunes, pese al compromiso asumido por las empresas de abonar los salarios adeudados a los trabajadores.

La situación fue abordada este sábado durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) aseguró que conseguirá los fondos necesarios para efectuar los pagos mediante un crédito privado.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que la medida de fuerza será levantada únicamente cuando los salarios estén efectivamente acreditados en las cuentas de los choferes.

De esta manera, el paro iniciado el viernes por la tarde seguirá vigente hasta que se concrete el pago comprometido por las empresas.

La retención de tareas fue impulsada por el gremio que nuclea a los conductores ante la falta de cobro de los haberes correspondientes. La medida dejó sin servicio de colectivos a miles de usuarios durante todo el fin de semana.

La audiencia contó con la participación del delegado regional de Trabajo, Daniel Buccico, y del coordinador regional Raúl Calamante, quienes encabezaron las negociaciones entre las partes.

Tras el encuentro, la cámara empresaria informó que espera transferir los fondos a las cuentas sueldo de los trabajadores en las primeras horas del lunes. Mientras tanto, desde la UTA señalaron que los choferes aguardarán en las estaciones de cabecera hasta comprobar la acreditación de los salarios y recién entonces se normalizará el servicio.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, a cargo de Macarena Marra Giménez, dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional.

La resolución sostuvo que Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia, que había dictado la cautelar carecía de competencia y que no estaban reunidos los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma.

De esta forma, la magistrada resolvió “dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30/3/2026" en un fallo donde recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había definido previamente que la competencia correspondía al fuero contencioso administrativo y no al laboral.

Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/wsJ2sO5Tve

En ese marco, Marra Giménez citó la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que establece que “los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia”.

La resolución cuestionó además el alcance de la cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que había suspendido artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.

La jueza señaló que “la accionante persigue a título cautelar la suspensión de artículos mediante los cuales se regulan una amplia gama de cuestiones de una variedad y complejidad tal que excede el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar deducido” y que “realizar un examen a título cautelar sobre la arbitrariedad o inconstitucionalidad de 81 artículos de una ley dictada por el Congreso Nacional resultaría un claro abuso del instituto cautelar”.

Marra Giménez también enfatizó que “las leyes gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente” y consideró que el planteo de la CGT requiere “un examen profundo de estudio sobre los derechos involucrados”.

El fallo añadió que no existía peligro en la demora que justificara mantener la suspensión de la ley, debido a que la causa tramita bajo el procedimiento sumarísimo, con plazos abreviados para arribar a una sentencia definitiva.

Finalmente, la jueza aclaró que la decisión no implica adelantar opinión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán resueltas en la sentencia definitiva.

Luego de varios días de tensión e incertidumbre, el Sindicato de Camioneros alcanzó un acuerdo con la empresa Santa Elena y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que permitió garantizar la continuidad laboral de 45 trabajadores que se encontraban al borde del despido.

Según informó el medio local Sector Informativo, el conflicto se resolvió tras una reunión entre las partes, en la que se acordó la aplicación de programas provinciales de asistencia laboral que subsidiarán una parte de los salarios para sostener las fuentes de trabajo.

El conflicto había escalado en los últimos días en medio de la incertidumbre por la continuidad del servicio de barrido manual en Villa Gesell. Desde el sindicato apuntaron sus críticas hacia el intendente Gustavo Barrera, dirigente cercano al gobernador Axel Kicillof.

Según denunciaron desde el gremio, el jefe comunal vinculó la continuidad del contrato de barrido manual a la aprobación del nuevo presupuesto municipal, una instancia que ya sufrió cinco intentos fallidos en el Concejo Deliberante.

De esta manera, los empleados que hasta ayer enfrentaban la posibilidad de quedar desvinculados finalmente conservarán sus puestos laborales.

Familiares de ex trabajadores de Bicontinentar convocaron a una movilización para este jueves en Chivilcoy para reclamar por la situación de quienes perdieron su empleo tras el cierre de la planta y aún no cobraron lo que les corresponde.

La convocatoria fue impulsada por Claudia, madre de un ex empleado, quien explicó que la marcha se realizará cerca de las 13.00 en la salida del Parque Industrial. “La idea es que se movilice un poco, porque no se entrega la nave. Si se liberara, podrían instalarse otras fábricas y generar trabajo”, sostuvo en diálogo con Radio Chivilcoy.

Según contó, su familiar trabajó durante 20 años en la planta y fue uno de los últimos empleados que permaneció en el lugar. “No le pagaron sueldo, aguinaldo ni vacaciones. No cobró absolutamente nada”, denunció.

La mujer aseguró que el cierre de la fábrica golpeó fuerte a la ciudad y remarcó que hay muchos jóvenes sin empleo. “Tiramos currículums por todos lados, pero está todo colapsado”, afirmó.

Además, pidió que se reactive la planta o que el predio sea liberado para que otra empresa pueda instalarse. “Hay muchísima gente desocupada en Chivilcoy”, señaló en diálogo con el medio local La Razón de Chivilcoy.

Finalmente, dejó una frase que resumió el reclamo de las familias afectadas: “La dignidad te la da el trabajo, y eso es lo que falta hoy en Chivilcoy”.

La Justicia avanzó en el conflicto por el “lock out” patronal en FATE y comenzará a hacer efectivos los pagos de salarios con fondos embargados a la empresa vinculada a Javier Maldades Quintanilla.

Así lo informó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) desde donde señalaron que “a pesar de las trabas impuestas por la empresa”, el Juzgado N°17 dispuso que el 16 de mayo se realicen las primeras transferencias a los trabajadores que iniciaron el reclamo en la Seccional San Fernando.

También se notificó que algunos casos deberán corregir datos para poder percibir los haberes.

Desde el sindicato informaron que los trabajadores habilitados serán convocados para completar la planilla correspondiente, la cual deberán presentar antes del viernes en el juzgado para acceder al cobro. En paralelo, continúan sumándose adhesiones al reclamo salarial: hasta el momento se contabilizan 811 firmas, cifra que crece día a día en el marco del conflicto por la paralización de la planta.

SUTNA sostuvo que la medida judicial refuerza los “argumentos jurídicos” contra la empresa y refleja un “creciente respaldo de la opinión pública y de distintos sectores del poder político” a la necesidad de reabrir la fábrica.

En ese contexto, remarcaron que FATE es la única productora de neumáticos para camiones y colectivos del país y vincularon el conflicto con el aumento del desempleo, el hambre y la desigualdad, en un escenario de fuertes críticas tanto al gobierno nacional como a otros actores políticos. Además, reiteraron el pedido de reunión al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El gremio ratificó que la empresa ejerce un “lock out ilegal”, al no haber presentado quiebra ni convocatoria de acreedores, y advirtió que la firma continúa resguardando la marca FATE, que en mayo de 2025 fue capitalizada por 1.900 millones de dólares.

En ese marco, impulsan un proyecto de “ocupación temporal” en la Legislatura bonaerense para intervenir el directorio sin costo estatal, sosteniendo que la compañía cuenta con liquidez suficiente para operar.

Finalmente, anticiparon nuevas acciones gremiales, judiciales, parlamentarias y de alcance internacional, en continuidad de un plan de lucha que, según informaron, solo se detendrá con la reapertura de la planta y la garantía de todos los puestos de trabajo. “FATE no se cierra”, concluyeron.

Residentes y profesionales del Hospital Posadas realizaron una protesta para visibilizar lo que describen como una situación crítica en el principal hospital público del país. Denuncian salarios insuficientes, sobrecarga laboral, recortes en residencias, falta de insumos y fallas en equipamiento esencial.

“Hace un año que no nos aumentan el sueldo, no hay diálogo con el Ministerio de Salud, faltan insumos y hay despidos”, señaló una médica residente de terapia intensiva.

📌 Otro reclamo de trabajadores del Hospital Posadas: "Estamos 30 horas atendiendo sin poder descansar" 🐦 #C5N📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/XcRLRv9gS4

Según los testimonios, las condiciones de trabajo incluyen guardias de 24 horas que, con el nuevo esquema, podrían extenderse aún más. “Son casi 30 horas seguidas sin dormir atendiendo pacientes críticos”, explicaron.

Los residentes también remarcaron la situación salarial: “No llego a ganar ni un millón de pesos siendo R4. Antes no llegábamos a fin de mes, ahora no llegamos ni a la mitad”.

Todo el apoyo a Residentes del Hospital Posadas. Denuncian salarios de pobreza, recorte de puestos de trabajo y largas jornadas laborales que afecta a ellos como médicos y a pacientes deteriorando la calidad de la salud Docentes junto a la comunidad rodeamos de apoyo pic.twitter.com/GaMFT4Ie7a

Otro de los puntos más graves es la falta de equipamiento. Aseguran que el hospital llegó a quedarse sin tomógrafos operativos, lo que obliga a derivaciones externas incluso en casos de urgencia. “Un paciente con trauma de cráneo no puede esperar 4 o 5 horas por una derivación”, advirtió un médico de emergencias.

También denunciaron recortes en residencias y despidos de personal en los últimos años. “Se cerraron cupos en odontología, farmacia y otras especialidades. En terapia intensiva somos la mitad”, señalaron.

#Ahora Arranca el abrazo al Posadas. Convocado por @ResisPosadas por la situación catastrófica en la que se encuentra el Hospital Posadas. Acá la comunidad apoyando la defensa del gigante del oeste. Necesitamos de todo el apoyo! pic.twitter.com/AdOxEJfH3g

Los profesionales afirmaron además que existen presiones para evitar protestas: “Nos ofrecieron bonos a cambio de no hacer paros, pero no se cumplieron y seguimos sin respuestas”.

En ese marco, describen un sistema de salud al límite. “Somos quienes sostenemos el hospital las 24 horas, pero trabajamos en condiciones que no garantizan ni la atención del paciente ni nuestra propia salud”, resumieron.

Un profundo dolor sacude a los extrabajadores de ILVA tras conocerse la muerte de Javier López, operario del área de control de procesos que había sido despedido luego del cierre de la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar, ocurrido a fines de agosto de 2025.

López, conocido entre sus compañeros como “La Oveja”, integraba el grupo de más de 300 trabajadores que desde hace más de ocho meses reclaman el pago de salarios e indemnizaciones tras el cierre repentino de la empresa.

Según publicó el medio local Pilar de Todos, se quitó la vida tras arrojarse a las vías del ferrocarril luego de salir de su casa. Sus restos fueron velados en José C. Paz, donde familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós.

El hecho fue confirmado por sus propios compañeros, quienes difundieron la noticia con profundo pesar en redes sociales. “Un compañero despedido de Ilva se quitó la vida porque no pudo soportar más lo que estamos padeciendo”, señalaron.

El impacto entre quienes compartieron años de trabajo con López fue inmediato. “Lo vamos a extrañar, era una gran persona, un buen compañero”, expresó Marcelo Barrionuevo, recordando los años compartidos dentro y fuera de la fábrica.

En medio del dolor, también surgieron fuertes cuestionamientos hacia la empresa. “Esto es lo que los dueños de Ilva nos hicieron moralmente y físicamente”, remarcaron.

La situación, sostienen, refleja un escenario de angustia creciente. “Estamos viviendo una angustia e incertidumbre enorme tras estos despidos”, advirtieron, al tiempo que reclamaron respuestas urgentes.

Desde la familia, el pedido también fue claro. “Que ningún otro empleado pierda su vida. Hablen, compartan su dolor, busquen ayuda”, escribió Adriana López, hermana del trabajador.

El caso fue reflejado también por el medio Identidad Sindical, que señalaron el fuerte impacto que generó la noticia y el contexto de angustia que atraviesan los despedidos tras meses sin respuestas.

A ocho meses del conflicto, los extrabajadores continúan exigiendo el pago total de las indemnizaciones, mientras el proceso de quiebra dilata las soluciones.

El conflicto se remonta a fines de agosto del año pasado, cuando la empresa despidió a todo su plantel —unos 300 trabajadores— y cerró la planta de manera sorpresiva.

Desde entonces, las familias atraviesan una situación económica crítica. Muchos dependen del Fondo de Desempleo, mientras otros recurren a changas o trabajos informales para generar ingresos. 

Desde el cierre, los trabajadores mantienen un acampe en los portones de la planta, primero con la esperanza de retomar la actividad y luego para evitar un posible vaciamiento. En estos meses llevaron adelante distintas medidas de protesta, como bloqueos en el Parque Industrial y cortes en la autopista Panamericana.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), entidad que agrupa a más de 65.000 docentes en la provincia de Buenos Aires con mayor peso en el interior de la provincia, llevará a cabo su congreso electoral el próximo 5 de mayo.

La actual presidenta, Liliana Olivera, de Suipacha, buscará renovar su mandato al frente del gremio. Ingresó a la conducción provincial en 2014. Antes de asumir la presidencia en 2022, se desempeñó como vocal y tesorera. 

La titular del gremio explicó: “he recibido el apoyo del Consejo Directivo para la continuidad de esta gestión, que hemos ido construyendo sobre la base del consenso, el compromiso y el trabajo conjunto”.

Al respecto, Olivera indicó que “en los últimos cuatro años, la conducción de la FEB consolidó un perfil de presencia en toda la Provincia, recorriendo los 135 distritos, visitando escuelas y escuchando las necesidades de los docentes” y agregó que “fuimos uno de los únicos sindicatos docentes que, en dos oportunidades y respetando la voz de cada educador, rechazó propuestas salariales insuficientes del gobierno provincial este año”.

“Nuestra única agenda la definen los docentes en cada Congreso. Esta es una práctica que sostuvimos incluso en las negociaciones más difíciles. La FEB es una herramienta genuina de representación porque no tiene más mandato que el que le dan sus afiliados”, remarcó Olivera.

El proceso eleccionario comenzó a fines del año pasado con la votación en cada distrito de los candidatos que serán elegidos el próximo 5 de mayo. En esta elección, se votarán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Se renueva la mitad del Consejo Directivo de la Federación: cuatro ocuparán los cargos señalados y seis acompañarán la gestión como vocales.

El encuentro tendrá lugar en el Teatro Metro de La Plata (Calle 4 entre 51 y 53) a partir de las 8 horas.

Los 20 trabajadores del Correo Argentino en Mar del Plata que habían sido despedidos a comienzos de la semana serán finalmente reincorporados, tras un acuerdo alcanzado entre el gremio y las autoridades de la empresa.

La decisión fue confirmada por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) y permitió desactivar las medidas de fuerza que se habían anunciado en rechazo a los despidos.

El conflicto se había iniciado apenas dos días atrás, cuando la empresa desvinculó a un grupo de empleados, lo que provocó la inmediata reacción sindical. Desde el gremio habían convocado a un paro de 48 horas previsto para la próxima semana, en reclamo por la reincorporación de los trabajadores.

Sin embargo, las partes lograron acercar posiciones y se comprometieron a retrotraer la medida, lo que llevó a la suspensión de la protesta.

En Mar del Plata, el Correo Argentino cuenta con alrededor de 350 empleados. En ese contexto, semanas atrás se habían realizado asambleas para discutir la situación salarial del sector, donde los trabajadores denunciaron que en las categorías más bajas el sueldo básico ronda los 700.000 pesos.

Según explicó Jorge Váttimo, secretario general de la Foecyt, tras esas asambleas la empresa interpretó que se trataba de una retención de tareas y envió telegramas en tono “intimidatorio” a los empleados.

Esa situación derivó en una audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde no se logró un acuerdo entre las partes. Posteriormente, los trabajadores participaron de un congreso nacional del gremio, en el que se definieron medidas de fuerza ante la pérdida del poder adquisitivo. Horas más tarde, recibieron los telegramas de despido que finalmente quedaron sin efecto tras la negociación.