La posibilidad de evitar el cierre definitivo de Papelera del Sur sufrió un nuevo revés, luego de que los representantes de la compañía rechazaran las alternativas de asistencia presentadas durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense. La decisión mantiene en vilo a unos 160 trabajadores y sus familias en la localidad de Tornquist.

"La verdad que en el Ministerio no nos fue muy bien. La fábrica tiene una postura muy firme de seguir con el cierre de sus puertas", confirmó Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato de Papeleros, en declaraciones a La Brújula 24.

El encuentro había sido convocado por las autoridades provinciales con el objetivo de encontrar una salida al conflicto laboral y evitar el cierre de una industria que representa una de las principales fuentes de empleo privado de la zona.

Según explicó el dirigente gremial, durante la reunión se presentaron distintas propuestas para sostener el funcionamiento de la planta, con la participación de representantes sindicales, funcionarios provinciales y autoridades municipales.

"Se le demostró de parte del Ministerio y obviamente de la parte sindical, y el tema del gobierno local y de Provincia, brindándole ayuda, y no quieren saber nada", lamentó Lanaro.

Pese a la falta de avances, los representantes de los trabajadores consiguieron una prórroga hasta el próximo jueves 12 de noviembre, cuando se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Uno de los principales pedidos del sindicato es que participen directamente los propietarios del grupo Interpack, al que pertenece Papelera del Sur. La intención es que los responsables de tomar la decisión sobre el futuro de la compañía se sienten a negociar con los trabajadores.

"Lo único que conseguimos es que nos den una prórroga hasta el jueves y volver a hacer otra audiencia en el Ministerio. Le pedimos por favor que bajen los empresarios, los dueños del grupo Interpack", explicó el dirigente.

Entre las alternativas planteadas figuran una reducción de impuestos y tasas, además de otras herramientas que podrían analizarse desde el sector sindical, incluso mediante acuerdos vinculados con el convenio laboral.

El objetivo es encontrar algún mecanismo que permita sostener la producción y preservar los puestos de trabajo.

Sin embargo, Lanaro reconoció que las expectativas de alcanzar un entendimiento son bajas. "Obviamente, no con muchas expectativas", admitió.

El conflicto representa un nuevo golpe para los trabajadores, que llevan aproximadamente dos años y medio atravesando suspensiones periódicas y reducciones en el nivel de actividad, con la expectativa de que la situación pudiera revertirse.

La compañía comunicó el jueves su decisión de cerrar la planta de Tornquist, dedicada a la fabricación de cartulina reciclada utilizada para envases de alimentos y medicamentos.

De acuerdo con lo señalado por el sindicato, el grupo empresario mantendría operativas sus instalaciones de impresión en Buenos Aires y recurriría a materia prima importada para abastecer esa actividad.

La decisión generó preocupación en toda la comunidad, ya que la fábrica tiene más de 60 años de historia y constituye una pieza importante del entramado productivo local.

La posible desaparición de Papelera del Sur también encendió las alarmas en el gobierno municipal. La intendenta Estefanía Bordoni advirtió que el cierre no afectaría solamente a los empleados directos, sino también a comercios, proveedores y otras actividades económicas que dependen del movimiento generado por la industria.

El cierre de Papelera del Sur, en Tornquist, que dejó a unos 160 trabajadores sin empleo, generó la intervención del Gobierno bonaerense y un reclamo sindical. Elministro de Trabajo provincial, Walter Correa, se comunicó en vivo con el programa Bahía Hoy, de La Brújula 24, mientras el secretario general del sindicato papelero, Gustavo Lanaro, relataba la situación de los empleados.

Durante la entrevista, Correa confirmó que el Ministerio de Trabajo intervino de oficio y convocó a una audiencia en Bahía Blanca, con el objetivo de que la empresa explique los motivos de la decisión y las circunstancias que rodearon el cierre.

"Estamos en una situación sumamente adversa en términos de industria", sostuvo el funcionario, quien vinculó el caso con el escenario que atraviesa el sector manufacturero y cuestionó el impacto de la apertura de importaciones sobre la producción nacional.

El ministro también señaló que la Provincia mantiene conversaciones con el Ministerio de Producción para analizar posibles alternativas y reclamó que la firma asuma las responsabilidades que tiene con la comunidad.

"Lo que le exigimos a la empresa es la responsabilidad social que tiene para con toda la comunidad", expresó Correa, quien manifestó su expectativa de que los representantes de Papelera del Sur concurran a la audiencia.

Por su parte, Lanaro agradeció la intervención del Gobierno bonaerense y manifestó su malestar por la decisión empresarial. El dirigente recordó que durante los últimos años los empleados aceptaron suspensiones y reducciones salariales para intentar sostener las fuentes de trabajo.

"Nosotros cuando había que poner el hombro lo pusimos y ahora que estamos dispuestos a seguir haciéndolo, la fábrica realmente decide importar", cuestionó.

El sindicalista explicó que la planta de Tornquist se dedicaba a fabricar cartulina reciclada utilizada en envases de alimentos y medicamentos. Según detalló, el grupo empresario mantendrá en funcionamiento otras instalaciones destinadas a la impresión, pero dejará de producir el papel y la cartulina que hasta ahora elaboraba la fábrica bonaerense.

"Solamente lo que cerramos somos nosotros, o sea, cierra la fábrica de papel, de cartulina. Ellos van a seguir imprimiendo", señaló.

El reclamo apunta a que la compañía habría optado por reemplazar la producción nacional con materia prima importada, una decisión que, según el gremio, se tomó sin generar instancias previas de negociación con los trabajadores.

Lanaro también puso el foco en la trayectoria de la papelera, que tiene alrededor de 60 años de historia en Tornquist y atravesó distintas crisis económicas, incluso la pandemia, sin llegar hasta ahora a una decisión de cierre como la anunciada.

Durante la comunicación radial, Correa relacionó el conflicto con la situación de otras industrias de la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que provoca el cierre de establecimientos productivos.

El funcionario sintetizó su posición con una definición sobre el escenario industrial: "Sin industria nacional no hay salida".

Mientras tanto, los trabajadores esperan que la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo permita conocer las razones de la empresa y abrir una instancia de diálogo para intentar encontrar una alternativa al cierre que dejó a 160 familias de Tornquist frente a la pérdida de sus fuentes de ingresos.

En la CTA de los Trabajadores (CTA-T) hubo elecciones internas y se impuso Roberto Baradel con comodidad sobre la lista opositora de Romina del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda para la Nación. En tanto que en simultáneo las elecciones de la CTA-T en la provincia de Buenos Aires, la Lista 10 “Pablo Masciángelo”, encabezada por el dirigente del SUTEBA Raúl Calamante, obtuvo un contundente triunfo con el 93% de los votos.

En LANOTICIA1.COM entrevistamos a Calamante quien destacó la contundencia del resultado, con la perspectiva de “construir esa máxima unidad” que les “permita enfrentar hoy un ataque sistemático de la derecha a lo que es el recorte de derechos de la clase trabajadora”.

Respecto a las elecciones 2027 y un eventual proyecto político opositor sostuvo que la clase obrera debe ser parte inclusive en las listas así como el actual gobernador Axel Kicillof es el candidato que apoyan.

Además, las paritarias. Apunta al “recorte feroz” de Nación y plantea que la provincia “no genera los dólares ni la emisión”. “No somos un país pobre, somos un país hoy saqueado y empobrecido donde hay una decisión política del gobierno nacional de que esos recursos en vez de destinarse para resolver las cuestiones del pueblo argentino sean destinados a los acuerdos que hay con los grupos internacionales, con lo que se tiene hoy que pagar una deuda ilegítima”, aseguró.

—¿Qué evaluación hace de esta elección donde se ha impuesto con un porcentaje contundente?

Fue una elección importantísima. Esta elección se llevó a cabo en el plano nacional, donde se eligieron autoridades nacionales. En el caso nuestro, el que encabezaba la lista 10, que fue ganadora por el 95% es el compañero Roberto Baradel y en la provincia de Buenos Aires me tocó encabezar a mí, acompañado de Silvana Scali, compañera de Cicop y Hugo Russo, compañero secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Nosotros ganamos por el 93% de los votos en toda la provincia y nos impusimos también en las 44 regionales de la CTA.

Así que nosotros evaluamos como que fue un respaldo enorme por parte del conjunto de las y los trabajadores, y que es un compromiso que vamos a llevar adelante, que es profundizar la unidad del movimiento obrero y la organización del movimiento obrero porque estamos convencidos de que en esta etapa debemos construir esa máxima unidad y fortalecer una herramienta que nos permita enfrentar hoy un ataque sistemático de la derecha a lo que es el recorte de derechos de la clase trabajadora, a la destrucción del empleo, como estamos viviendo en Argentina.

Un modelo que prioriza la especulación financiera, la entrega de los recursos naturales sin valor agregado, por lo tanto, estamos viendo cómo se destruye el mercado interno y cómo se están perdiendo miles de puestos de trabajo en forma cotidiana. Han cerrado más de 32.000 pequeñas pymes y se han perdido como trabajo formales casi 400,000 puestos de trabajo. Eso sin contar lo que son los trabajos informales que no aparecen en el registro.

Así que creemos que la respuesta a eso tiene que ser la unidad del movimiento obrero, la posibilidad de construir con otras organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales y desde ahí también entender de que no va a haber posibilidad de solución gremial si no hay también una solución política en Argentina.

Creemos que el movimiento obrero tiene que aportar también al proceso de transformación política que se va a dar y que se tiene que ver un resultado: que en el 2027 tengamos un gobierno que cambie este panorama. Y en eso, estamos totalmente comprometidos porque entendemos que no es solamente lo que nos corresponde a nosotros es resistir al modelo, sino también entender de que el modelo se va a cambiar cuando cambiemos precisamente el proyecto político y queremos no solamente luchar contra este modelo, sino queremos ser partícipes del proceso político que viene. Es decir, no hay solución gremial sin solución política y para nosotros no puede haber solución política sin la participación comprometida de la clase trabajadora.

Em ese sentido estamos trabajando. Creo que los tiempos que vienen son tiempos alentadores. El proceso que se vivió en Brasil con el triunfo de Lula, la situación que se vivió en Estados Unidos, donde se dijo que no a esas políticas de concentración de la riqueza en el 1% más rico del mundo. Hay que construir un mundo mucho más justo y en ese sentido la clase trabajadora organizada, y en el caso nuestro la Central, bueno, tenemos mucho para aportarle a esa cuestión.

—Usted ha hecho un panorama más bien también de la parte política. ¿Cuál considera que hasta ahora son los conflictos más urgentes que tiene que intervenir la CTA? En las últimas horas también ha aparecido el tema del ex Iosfa, respecto a la base de Punta Indio y también preguntarle, ¿Cómo es el tema de las paritarias en provincia donde también es difícil de alcanzar un consenso también en los salarios?.

En principio, todo lo que tenga que ver con la reducción del Estado, hoy se sacan herramientas del estado que son fundamentales para la defensa de los derechos en materia de educación, lo que estamos viendo con la universidad pública. La situación que se está viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires específicamente, con el recorte feroz que ha hecho el gobierno nacional sobre las cuentas de la provincia de Buenos Aires, donde adeuda varios billones de pesos, eso significa menos recursos para lo que es el salario.

Para nosotros, en ese sentido, no hay posibilidad de resolver esa situación si no se resuelve la ecuación financiera de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no genera los dólares. Los dólares hoy, los recursos y la emisión la genera el gobierno nacional. El gobierno nacional hoy está utilizando miles de millones de dólares que vienen de Vaca Muerta, que vienen de la extracción de la minería, que recibe de las retenciones del agro que en vez de destinarse hacia adentro para fortalecer la educación, la obra pública, con la necesidad de realizar el mantenimiento que hoy no se realiza -tenemos las rutas destruidas, falta de inversión en muchas áreas, en lo que tiene que ver la logística y la infraestructura- todo eso, es lo que permitiría la generación de puestos de trabajo. Se está priorizando hoy que esos recursos salgan del país a través del RIGI, a través de inclusive de la especulación financiera, que eso va en desmedro de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Por otro lado, mientras aumentan las tarifas, a personajes como (el presidente de Mercado Libre, Marcos) Galperin se le eximen de miles de millones de pesos de impuestos. Entonces así no hay posibilidad de resolver las cuestiones que tienen que ver con cómo generamos poner un salario como corresponde a la mayoría, no solamente a los trabajadores estatales, porque también está pasando en el sector privado. Hoy todo el sector asalariado formal hoy que es lamentablemente estamos en el 50%, y casi el 50% de trabajadores informales, pero el sector de trabajo informal hoy como no le alcanza presiona también sobre el sector informal. Es decir, un trabajador que tiene un trabajo registrado termina después de su horario intentando sumar algún peso más para llegar a fin de mes haciendo Uber, alguna changa, y eso presiona sobre el mercado informal.

Pero a la vez todos se ven perjudicados porque cae el poder adquisitivo, el 70% del producto bruto interno de la Argentina siempre fue el mercado interno y bueno y ese hoy, ese mercado interno está deprimido y se traduce cada vez en que cada vez menos poder adquisitivo, también menos posibilidad de recaudación de los municipios, de las provincias. No somos un país pobre, somos un país hoy saqueado y empobrecido donde hay una decisión política del gobierno nacional de que esos recursos en vez de destinarse para resolver las cuestiones del pueblo argentino sean destinados a los acuerdos que hay con los grupos internacionales, con lo que se tiene hoy que pagar una deuda ilegítima.

¿Cuál es la defensa que tenemos los trabajadores más allá de organizarnos, movilizarnos? El voto. Si hoy dijéramos bueno si hoy los que votaran a este modelo fueran solamente los que se ven beneficiados directamente y no sacaría más del 10% de los votos. Ahora, si es competitivo y llegó a ganar, es porque muchos trabajadores y trabajadoras que hoy son víctimas de este modelo creyeron precisamente que ese era el camino y creyeron las promesas que le hizo un gobierno que les mintió y que los está robando en la cara.

Es un debate que tiene que ver también con una posición este política donde el Gobierno lo que alimenta es el anti peronismo, el antisindicalismo, el individualismo. Si nosotros no damos una batalla cultural en ese sentido, y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros con nuestras propias compañeras y compañeros.

Ahora si el compañero vos vas a discutir con un compañero y te dice: "No, no, si a mí todo esto no me importa, yo lo que quiero que me den aumento", y bueno, ¿qué podes hacer? Y podríamos llevar a medidas de fuerza parar a todo el a todos los trabajadores pero no resolveríamos la cuestión de fondo, que es cómo hacemos para que el Estado resuelva la cuestión de que existan esos ingresos. El ingreso hoy no es que no existe, hoy existe, pero se lo están apoderando un porcentaje mínimo de aquellos que hoy viven precisamente de un modelo de esta característica.

—Bien, este proyecto político que quieren ustedes ser partícipes, ¿tiene un candidato, un nombre? ¿o es solamente de un programa que están hablando ustedes desde la CTA?

Nosotros creemos que tiene que haber una discusión política en el cual el movimiento obrero no solamente está por decirlo para resistir, sino que está también para ser partícipe de esos espacios. O sea, nosotros creemos que las y los trabajadores tienen que formar parte de la discusión y también formar parte de las listas. Ahora, estamos convencidos de que por lo menos el espacio que yo represento, de que en la Provincia de Buenos Aires tenemos un candidato que es el mismo Gobernador Axel Kicillof, que es quien hoy está en mejor posicionamiento dentro del peronismo para poder ofrecer un proyecto alternativo como el que estamos planteando.

De última, es una decisión que tendrán que tomar. Si hay otros candidatos se tendrá que discutir democráticamente, para eso creemos que están las PASO, tendrá que haber un debate y tendremos que llevar en el marco de unidad el mejor candidato posible. Lo que ya está claro que esa resolución no puede ser a dedo y que evidentemente cuando lo intentamos a dedo no nos fue muy bien. Así que creemos que la unidad no es solamente la foto, la unidad requiere el apoyo fundamental del conjunto de los de los votantes y bueno, creemos que la propuesta tiene que ser una propuesta concreta que contenga y que le diga claramente al conjunto de la sociedad cómo vamos a resolver los problemas que hoy estamos sufriendo y quiénes son los que lo provocan.

—Desde ya agradeciéndole por la entrevista, una última pregunta es si piensan en una medida de fuerza a nivel país, ¿está en carpeta antes de fin de año o que vaya todo para el 2027?

Mira, nosotros venimos planteando y es el debate que venimos dando con las otras centrales de que tenemos que construir un gran movilización federal y un gran paro federal. Ahora, eso es un tema que no lo resuelve la dirigencia, hay que construirlo. Porque si hoy los únicos que pudieran parar fuera aquellos que tienen la posibilidad de estar sindicalizados y que no corran riesgos de perder el trabajo y bueno, los que pararían serían muy pocos. La verdad que no se sentiría una medida de fuerza porque nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras como yo te digo que hoy no están enrolados sindicalmente, pero que son trabajadoras y trabajadores y los desocupados son trabajadores y trabajadoras. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo construimos con el conjunto de las centrales una gran movilización.

Nosotros ya venimos trabajando y recorriendo la provincia realizando plenarios en todos lados y todo el mundo te dice lo mismo: hay que construir una gran movida, una gran movilización y un paro que tiene que ser no solamente un paro general, sino que tiene que ser un paro comunitario donde inclusive también se sumen aquellos sectores que son las pequeñas y las medianas empresas, los cuentapropistas, donde den una señal muy clara de que no quieren seguir con un modelo que los sigue expoliando y que lo sigue llevando a la desesperación.

El conflicto en la empresa La Nueva Perla continúa desde el lunes 2 de noviembre y mantiene paralizado el servicio de media distancia que brinda en Pergamino.

El servicio conecta la ciudad con las localidades de El Socorro, Manuel Ocampo y Mariano Benítez. La medida de fuerza responde a reclamos de pagos salariales pendientes por parte de los trabajadores..

La interrupción afecta a vecinos que utilizan diariamente los colectivos para trasladarse hasta Pergamino. Cabe remarcar que la continuidad de la medida de fuerza se resolvió luego de que una reunión entre representantes de la empresa, trabajadores, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Ministerio de Trabajo bonaerense y el Municipio, que finalizó sin acuerdo.

Desde la compañía señalan que necesitan de la asistencia del municipio, el cual también sugiere que tiene dificultades para ayudarla. Para el ejercicio 2026, el Ejecutivo municipal presupuestó $577 millones en concepto de subsidios. Los problemas salariales que derivaron en la nueva medida de fuerza aún persisten.

Los trabajadores de la planta de Bunge en Campana realizan una protesta frente a la Delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ubicada en Sívori 730. La movilización se desarrolla mientras representantes de la empresa y delegados gremiales mantienen conversaciones para intentar obtener respuestas sobre el cierre de la fábrica, una decisión que tomó por sorpresa al personal.

Según informó El Campanense Diario, los trabajadores se concentraron en el lugar mientras se desarrollaba un nuevo encuentro entre representantes de la compañía y delegados sindicales. La expectativa estaba puesta en conocer qué explicación brindaría la empresa y si existía alguna posibilidad de encontrar una salida al conflicto.

La medida generó un fuerte impacto entre los empleados, que se enteraron del cierre mientras la planta atravesaba una parada programada de mantenimiento. Desde entonces, reclaman explicaciones y cuestionan que la compañía haya comunicado el cese de actividades sin anticipar previamente la decisión.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Bichos de Campo, Bunge atribuyó el cierre a la falta de competitividad frente a productos importados, especialmente los provenientes de China, los costos fijos de funcionamiento y las dificultades para conseguir azufre, una materia prima necesaria para el proceso industrial.

En Campana se fabricaba tiosulfato de amonio, comercializado bajo la marca SolMix, un fertilizante líquido utilizado en el sector agropecuario. La planta también producía amoníaco, tanto para abastecer esa elaboración como para vender los excedentes.

El conflicto alcanza a unos 135 trabajadores directos, además de personal de servicios tercerizados. Por ese motivo, desde el sindicato estimaron que el impacto podría involucrar a unas 250 personas.

La organización gremial presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y reclama la reapertura de la planta. Ahora, los trabajadores esperan que las conversaciones con la compañía permitan conocer con mayor precisión los motivos de la decisión y qué alternativas existen para preservar los puestos laborales.

La empresa Papelera del Sur cerró sus puertas y dejará a más de 160 trabajadores sin empleo en Tornquist, en una decisión que generó conmoción entre los empleados y preocupación por el impacto económico que tendrá en toda la comunidad.

La noticia fue confirmada por Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato, quien relató que los representantes gremiales fueron convocados a una reunión en Bahía Blanca por responsables de Recursos Humanos de Interpac, firma a cargo de la planta.

Los trabajadores se encontraban suspendidos luego de que la fábrica paralizara su actividad durante esta semana. Sin embargo, no esperaban recibir una comunicación definitiva sobre el futuro de la empresa.

"Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos arrimarnos a Bahía. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar porque no nos habían adelantado nada. Cuando llegamos nos dieron la noticia", contó Lanaro, en declaraciones al medio Noticiastornquist.

El dirigente reconoció que la situación de la papelera atravesaba dificultades desde hacía tiempo, aunque todavía mantenían expectativas de poder sostener la actividad. "Veíamos que la veníamos porfiando, que las cosas obviamente no venían de la mejor manera, pero también teníamos esperanza. La verdad que hoy nos dieron esta noticia y estamos helados", expresó.

Según detalló Lanaro, alrededor de 110 trabajadores se encuentran comprendidos dentro del convenio colectivo, entre afiliados y empleados que habían ingresado a prueba. A ellos se suman aproximadamente 50 empleados fuera de convenio.

"Seríamos unas 110 personas bajo convenio. Después tenemos, fuera de convenio, unas 50 personas. O sea que alrededor de 160 personas se quedarían sin trabajo", precisó.

El impacto del cierre también alcanzará a contratistas, transportistas y otras actividades vinculadas al funcionamiento cotidiano de la fábrica, por lo que las consecuencias económicas podrían extenderse mucho más allá del personal que se desempeñaba dentro de la planta.

En ese sentido, el secretario general del sindicato advirtió sobre las repercusiones que tendrá la decisión en la economía local.

"Para el pueblo también va a hacer ruido. Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist", señaló.

Durante el encuentro con los representantes sindicales, la empresa explicó que la actividad dejó de ser rentable y que la competencia con los productos importados volvió inviable la continuidad de la producción.

Lanaro indicó que uno de los problemas centrales está relacionado con la antigüedad de la maquinaria de la planta y las dificultades para competir en cantidad y costos con la cartulina que ingresa desde el exterior.

"Dicen que esto no es rentable, que sobra papel en todo el mundo y que es imposible competir. Nosotros tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos", explicó.

Respecto de la situación de los empleados, el dirigente sindical sostuvo que la intención comunicada por la firma es completar las indemnizaciones y liquidaciones antes de finalizar noviembre.

"Nos dijeron que la idea es liquidar todo antes de fin de mes", indicó.

Además, confirmó que la planta ya había quedado cerrada este miércoles. Según relató, un trabajador que se encontraba en el establecimiento observó que habían colocado seguridad patrimonial y un candado en los accesos.

"Básicamente hoy ya está cerrada la fábrica", afirmó.

La noticia generó un fuerte impacto entre los representantes gremiales, que tampoco esperaban un desenlace de estas características.

Lanaro describió el momento con angustia y reconoció que todavía no lograba procesar lo ocurrido.

"Todavía no caigo si estoy enojado, si estoy triste, si quiero agarrar todo a patadas. Es como que uno está helado. Como sindicalista nunca se me ocurrió que iba a tener que dar esta noticia", manifestó.

También hizo hincapié en el arraigo de los trabajadores con la localidad y en la dimensión que tendrá el cierre para Tornquist.

"Acá somos alrededor de 150 familias que decidimos y elegimos toda la vida vivir en Tornquist. Para el pueblo, una fábrica de esta dimensión va a ser un ruido impresionante", sostuvo.

Tras regresar de Bahía Blanca, los representantes sindicales tenían previsto reunirse con los trabajadores y convocar a una asamblea para comunicar oficialmente la situación y analizar los pasos a seguir.

"Ahora cuando lleguemos nos vamos a juntar y llamaremos a una asamblea. Trataremos de comunicar todo y ver qué medidas podemos tomar", adelantó.

Finalmente, Lanaro reconoció que existe incertidumbre sobre las posibilidades de revertir la decisión empresarial y remarcó que el pago de las indemnizaciones no alcanza para llevar tranquilidad a quienes pierden su fuente laboral.

"Ellos te dicen que te tenés que quedar con la tranquilidad de que te van a pagar todo, hasta el último centavo, pero eso obviamente no te deja tranquilo porque básicamente te estás quedando sin trabajo", concluyó.

En la CTA de los Trabajadores (CTA-T) hubo elecciones internas y se impuso Roberto Baradel con comodidad sobre la lista opositora de Romina del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda.

Con esta victoria, reemplazará al frente de la central obrera a Hugo Yasky, que llevaba 20 años a cargo de la secretaría general de la central obrera que dividió en 2010 entre la de los Trabajadores y la Autónoma.

Según informó Baradel a través de un comunicado, ganó con el 95% de los votos y se impuso en todas las seccionales. Para alcanzar este resultado fue determinante el importante caudal de votos aportado por la provincia de Buenos Aires, territorio en el que se concentraba el 80% de las candidaturas de la lista opositora.

En tanto que también se desarrollaron en simultáneo las elecciones de la CTA-T en la provincia de Buenos Aires, donde la Lista 10 “Pablo Masciángelo”, encabezada por el dirigente del SUTEBA Raúl Calamante, obtuvo un contundente triunfo con el 93% de los votos.

“La elección demostró una importantísima participación en las 44 regionales bonaerenses, consolidando a la CTA-T como un potente espacio de organización y articulación de sindicatos y movimientos sociales, con una fuerte presencia y expansión territorial en toda la provincia”, se indicó.

En territorio bonaerense, la Lista 10 llevó como candidatos a secretarios generales adjuntos a Silvana Scali, dirigente de CICOP, y Hugo Russo, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). La nómina se enfrentó a la Lista 6 Multicolor, encabezada por Olga Ortigoza, dirigente de la oposición de SUTEBA La Matanza. 

Con este resultado, Calamante sucederá a Baradel al frente de la CTA-T bonaerense. Al respecto, el nuevo secretario general electo destacó el significado político del resultado electoral: “El resultado de esta elección es un claro mensaje de la militancia de la CTA-T para continuar por el camino de la unidad, fortalecer la resistencia al gobierno de Milei y construir una alternativa política para 2027, con un fuerte protagonismo de las y los trabajadores”.

El dirigente también realizó un balance de la campaña electoral, que incluyó una extensa recorrida por las distintas regionales de la provincia de Buenos Aires. “Durante esta campaña pudimos recorrer casi la totalidad de las regionales de la provincia, compartiendo encuentros, plenarios y actos con compañeros y compañeras de distintos sindicatos, organizaciones y movimientos sociales. En cada uno de esos lugares pudimos percibir la difícil situación económica y social que atraviesan nuestras comunidades, pero también nos llenó de esperanza la voluntad, la fuerza y la firmeza de la militancia para seguir dando la pelea”, expresó.

En ese sentido, Calamante remarcó la importancia de fortalecer la organización sindical frente a las políticas del Gobierno nacional y avanzar en la construcción de una alternativa política. “Tenemos por delante el enorme desafío de seguir enfrentando las políticas de ajuste de Milei, defender la provincia de Buenos Aires y construir una esperanza con muchísima fuerza para el año que viene. Tenemos que poner fin a esta etapa de entrega, destrucción de derechos y pérdida de soberanía. La CTA-T va a ser protagonista de esta nueva etapa”, afirmó.

La reconocida fábrica de caramelos Lipo, ubicada en Lanús, atraviesa un fuerte conflicto laboral tras el despido de 25 trabajadores y las denuncias por irregularidades en el pago de salarios. A la situación se sumó la paralización de la producción durante esta semana por falta de azúcar, uno de los principales insumos para la elaboración de sus productos.

Los exempleados apuntaron contra la nueva gestión de la empresa, encabezada por el inversor Telmo Contrera. Según denunciaron, la firma habría recurrido a supuestas causas disciplinarias para evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El conflicto también alcanza a los trabajadores que continúan en la planta. Según sus testimonios, cobran sus salarios de manera fraccionada, no reciben los aumentos acordados en las paritarias y sufren descuentos que consideran injustificados.

La situación tiene consecuencias sobre las familias de los despedidos, que además de perder sus ingresos dejaron de contar con la cobertura de salud. Algunos exempleados advirtieron que tienen hijos que necesitan tratamientos médicos permanentes.

En ese contexto, los trabajadores realizaron un reclamo en las puertas de la planta de Lanús. También cuestionaron que las dificultades laborales convivan con un importante nivel de comercialización de los productos.

Según consignó el medio local El Termómetro, la empresa declaró haber vendido 120.000 toneladas de productos y tendría previsto instalar una nueva máquina para fabricar gomitas. Mientras tanto, la producción permanece paralizada por la falta de azúcar y los trabajadores reclaman respuestas sobre su situación laboral.

El paro nacional fue convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) luego de que se encontrara sin vida a Nancy Estela Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, Corrientes. La docente estaba desaparecida desde el 7 de octubre.

La convocatoria incluye una jornada de duelo, cese de actividades y movilizaciones. En territorio bonaerense, la adhesión de los gremios docentes y de otros trabajadores de la educación alteró el funcionamiento de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, aunque el alcance varía según cada establecimiento.

En Mar del Plata, se informó que la medida afecta el dictado de clases en establecimientos públicos provinciales y municipales por la adhesión de gremios docentes y trabajadores municipales. También hubo reportes sobre la situación de escuelas privadas, aunque el funcionamiento debe verificarse con cada institución.

En Pergamino, el diario La Opinión informó que la mayoría de las escuelas públicas no tendría clases por la adhesión de los docentes. En Balcarce, SUTEBA confirmó su participación y convocó a una concentración en la plaza Libertad. Multimedios Balcarce reportó un 95% de acatamiento durante el turno mañana.

La medida también repercute en Baradero, donde medios locales informaron un acatamiento superior al 90%; Pehuajó, donde SUTEBA confirmó su adhesión y anunció una concentración y una marcha; y Mar Chiquita, donde se reportó una fuerte participación que afectó el dictado de clases.

En Roque Pérez, se comunicó la adhesión de SUTEBA y la FEB, aunque el funcionamiento de cada establecimiento depende de la participación de sus trabajadores. En Brandsen, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 anunció que no tendría clases durante la jornada. Una situación similar se informó en Castelli, donde la Escuela Secundaria N.º 1 suspendió las actividades en todos sus turnos.

También hubo convocatorias y reportes de adhesión en Necochea, donde se anticipó la participación de docentes y auxiliares nucleados en ATE; Coronel Rosales, con una actividad de SUTEBA en Punta Alta; Bahía Blanca, donde se llamó a una concentración en la plaza Rivadavia; y Bragado, donde se organizó un homenaje a la docente bajo la consigna “Una tiza por Nancy”.

A estos casos se suman La Plata, donde el diario El Día informó que algunas escuelas se vieron afectadas por la adhesión gremial; Tandil, con adhesiones de SUTEBA y FEB; Junín, donde se convocó a una marcha en la plaza 25 de Mayo; Chacabuco, con adhesión de gremios docentes; y Patagones, donde también se informó la participación de auxiliares de educación nucleados en ATE.

La lista reúne algunos de los reportes difundidos por medios locales y no constituye un relevamiento completo de la Provincia. La convocatoria es nacional y la adhesión puede variar entre municipios e incluso entre establecimientos de una misma localidad.

El paro no implica una suspensión general de clases dispuesta por el Gobierno bonaerense. El funcionamiento depende de la adhesión de docentes, directivos y auxiliares en cada escuela, por lo que se recomienda a las familias consultar los canales oficiales de cada establecimiento.

Un dirigente sindical fue baleado en la puerta de su casa en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien recibió un disparo en una rodilla cuando se disponía a retirar su automóvil del garaje de su vivienda.

El ataque ocurrió el miércoles por la mañana, minutos antes de las 9, en inmediaciones de Pedro Pico al 1500, en el barrio San Martín. Según la reconstrucción difundida por medios locales, el agresor llegó en una motocicleta, intercambió algunas palabras con Pérez y luego le disparó.

Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia. En las imágenes se observa el movimiento de dos personas junto a un automóvil estacionado frente a la vivienda, antes de que el atacante escapara del lugar.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el sospechoso circulaba en una moto roja de 110 centímetros cúbicos, llevaba casco y vestía una campera. Tras efectuar el disparo, huyó por la calle Pedro Pico en dirección a la avenida Arias.

Pérez fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Allí le realizaron estudios radiográficos y quedó bajo observación médica. Según informó el medio local La Brújula 24, la herida tenía orificios de entrada y salida y no le había provocado pérdida de movilidad en la pierna afectada.

Uno de los elementos que analiza la investigación es que el atacante no intentó sustraer ninguna pertenencia del dirigente, por lo que el episodio no presenta las características habituales de un robo.

Por el momento, no se informó la identidad del responsable ni se confirmó el motivo de la agresión. Entre las hipótesis que se investigan figuran un posible conflicto personal y una eventual vinculación con la actividad sindical de Pérez.

La Policía trabaja para identificar al atacante y esclarecer las circunstancias del hecho.

Trabajadores nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) realizaron este martes por la mañana un corte total de tránsito en la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Ezpeleta, en el partido de Quilmes.

El reclamo está orientado a mejoras salariales y laborales pero que no se limitó a ello sino también alcanza a pedidos sobre el IOMA. La protesta provocó caos vehicular.

No es el primer reclamo de este año de los municipales que, en general, protestan en vías importantes de comunicación como el acceso al Puerto de Bahía Blanca, la Panamericana y ruta 19 y el Puente Pueyrredón.

La medida fue impulsada por la Regional Conurbano Sur, que reúne a los sindicatos de Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Presidente Perón y Ezeiza. También participó el secretario general de la Federación, Hernán Doval.

Más allá de un pedido de mejores salarios, también levantaron las banderas contra el desfinanciamiento del IOMA y el IPS y exigieron la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, establecido por la Ley 14.656. Este organismo, que formado hace una década, nunca funcionó. Y si bien semanas atrás el Gobierno lo puso en marcha, aún no oficializó el llamado a funcionar, algo que se daría recién en marzo.

“Las medidas continuarán hasta tanto haya una respuesta por parte del Gobierno Provincial y el Ministerio de Trabajo de la provincia frente a la grave situación que viven los Trabajadores Municipales”, señalaron.

Tras cerrar el acuerdo salarial con la mayoría de los docentes y los estatales, ahora la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El gremio sostuvo que la oferta del 6% en dos cuotas que recibieron en paritarias fue aceptada “por amplísima mayoría” en todas las asambleas.

La propuesta aceptada contempla un incremento de 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con en noviembre, a cobrar en diciembre. Ese mes, en tanto, la administración provincial se comprometió a reabrir las negociaciones.

Con este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F, porcentaje que crece progresivamente en las restantes subcategorías hasta llegar al 38,9% en la A1, correspondiente a los trabajadores de mayor antigüedad, se indicó.

La única diferencia entre los judiciales y el resto de los sectores afecta a los empleados pasivos. Sucede que el Instituto de Previsión Social (IPS) cerró el calendario de liquidación de las jubilaciones y pensiones antes de que se alcance un acuerdo. En este contexto, la Provincia va a pagar ambos tramos del aumento juntos con los haberes de noviembre, es decir, en diciembre.

Fernando Espíndola, delegado de Camioneros en San Pedro, recuperó la libertad tras acordar una pena de seis años de prisión mediante un juicio abreviado en la causa por el bloqueo a la planta de Rey Distribución en 2022. La decisión fue adoptada el jueves 22 de octubre por la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, quien le concedió el beneficio de la libertad condicional.

El dirigente llevaba más de cuatro años y cinco meses privado de su libertad. Su defensa, a cargo del abogado Mauricio Gugger, solicitó la excarcelación luego de que su situación procesal se separara del debate oral en el que fueron juzgados Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de la empresa.

Según el cómputo incorporado al expediente, Espíndola acumulaba cuatro años, cinco meses y nueve días de detención. Ese tiempo le permitió alcanzar el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, calculado sobre los dos tercios de la pena acordada.

La fiscal María del Valle Viviani había prestado su conformidad el miércoles 21 de octubre. La resolución también tomó en cuenta los informes socioambientales y de conducta del Patronato de Liberados, que describieron una evolución favorable en su proceso de reinserción.

La jueza dispuso la excarcelación bajo caución juratoria y estableció una serie de obligaciones. Espíndola deberá fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de cometer nuevos delitos. También tiene prohibido consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes y debe cumplir una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con Gustavo Rey y Ariel Rey, denunciantes en la causa, tanto en sus domicilios como por cualquier otra vía o medio.

Espíndola había sido detenido el 8 de abril de 2022, acusado de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión y tentativa de extorsión. Durante la última etapa de su detención cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La decisión se conoce una semana después de que el juez Alejandro López resolviera favorablemente la situación de Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de Rey Distribución. En ese caso, el magistrado consideró que no se había acreditado la comisión de los delitos atribuidos y encuadró los hechos en el ejercicio legítimo del derecho a huelga.

La causa tuvo un fuerte impacto político y sindical en San Pedro y fue objeto de interpretaciones enfrentadas desde el comienzo. LANOTICIA1.COM siguió el expediente paso a paso, con la cobertura de sus distintas instancias y resoluciones, en un caso atravesado por la disputa gremial y por las lecturas políticas y partidarias que se construyeron alrededor de los acusados.

La Campagnola, compañía controlada por el Grupo Arcor, interrumpirá la producción en dos de sus establecimientos de Mar del Plata y suspenderá a, por lo menos, 60 trabajadores.

La decisión afectará principalmente a operarios comprendidos en el convenio colectivo de trabajo que se desempeñan en la zona portuaria de la ciudad.

La medida responde a la acumulación de mercadería en los depósitos, producto de la baja de las ventas, y la falta de materia prima (magrú) para sostener la elaboración de conservas de pescado en su predio de Av. Edison y Ayolas.

Hasta el momento, el personal había podido desarrollar sus tareas con cierta normalidad gracias a la llegada de lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Al mismo tiempo, la línea de producción se mantuvo activa mientras la flota fresquera de altura comenzaba a prepararse para la temporada de caballa.

Los empleados de las plantas de Edison y Ayolas quedarán alcanzados por el mecanismo previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, entre otros supuestos previstos por la normativa.

Así lo explicó Daniel Maggio, delegado de la planta industrial, a Revista Puerto quien confirmó que la empresa y los trabajadores todavía negocian las condiciones económicas de la medida.

Por el momento, resta definir qué porcentaje de los salarios percibirán los empleados afectados durante la interrupción de las actividades.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) lleva adelante este jueves 22 de octubre la primera jornada de un paro de 48 horas, aunque la fecha de la segunda jornada todavía debe ser definida por el Consejo Directivo del sindicato. La medida fue resuelta por el congreso extraordinario de la organización, luego de que sus delegados rechazaran la última oferta salarial del Gobierno provincial.

La propuesta contempla un aumento del 6%, distribuido en dos tramos del 3% para octubre y noviembre. Sin embargo, para Olivera, el incremento resulta insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo. En una entrevista con el programa Palabras Más, Palabras Menos, de FM 103.5, la dirigente afirmó: “Hoy empatarle a la inflación es perder; lo que los docentes quieren y por lo que nosotros luchamos es por una verdadera recomposición de salario, y esta oferta no alcanza de ninguna manera”.

Según explicó, el aumento representa una suba mensual de $27.541 para esos dos meses. Con la propuesta, el salario de un maestro de grado que recién se inicia queda en $945.980, mientras que el de un docente con diez años de antigüedad alcanza los $1.049.132.

El rechazo de la FEB la dejó como el único gremio del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que no aceptó la oferta. SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP dieron su aval al acuerdo.

El lunes 19 de octubre, durante su conferencia de prensa semanal, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, agradeció la “colaboración, entendimiento y comprensión” de los representantes gremiales que aceptaron el aumento del 6%. El funcionario destacó el acuerdo alcanzado en un contexto de dificultades económicas y financieras para la Provincia y confirmó que la paritaria se reabrirá en diciembre.

La decisión de la FEB generó cuestionamientos dentro del Gobierno bonaerense. Según publicó el diario El Día, desde la Provincia reprocharon que el sindicato convocara al paro luego de que los otros gremios aceptaran el aumento, con el argumento de que los docentes cobrarán igualmente la mejora acordada. “Se hacen los picantes con el aumento en el bolsillo”, fue la frase que, de acuerdo con ese medio, utilizaron funcionarios provinciales.

Consultada sobre esas declaraciones por 221 Radio, Olivera las calificó de “desafortunadas” y rechazó que el gremio busque confrontar con el Ejecutivo. “Nuestra organización nunca ha sido picante, como dice el gobierno, ni nos hacemos los picantes”, respondió.

La titular de la FEB también defendió el mecanismo de consulta a las bases que derivó en la medida de fuerza. Sostuvo que las decisiones sobre las propuestas salariales corresponden a los docentes y no a las conducciones sindicales. Según explicó, los delegados que participaron del último congreso llevaron los mandatos surgidos de las bases y resolvieron rechazar la oferta por unanimidad.

Además del reclamo salarial, la FEB señaló problemas vinculados con la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo. El sindicato también reclama la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una mayor inversión educativa y la protección de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Desde la Provincia insisten en que la negociación salarial con los gremios bonaerenses volverá a abrirse en diciembre.

Una importante institución sanitaria de la región norte de la provincia de Buenos Aires obtuvo una resolución judicial determinante en el litigio que mantiene contra la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) por el cobro de prestaciones médicas adeudadas.

La medida fue dictada por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, Dr. Hernán Víctor Prat, quien ordenó trabar un embargo preventivo sobre todas las cuentas corrientes, cajas de ahorro o colocaciones a plazo fijo de la entidad sindical hasta cubrir la suma de $1.000.000.000 (mil millones de pesos).

La causa caratulada "Fundación Vidas SADIV c/ O.S.P.R.E.R.A. s/ Cobro Sumario de Pesos" (Expte. N° SN-8298-2023) se originó a raíz de deudas acumuladas por servicios de atención médica y prestaciones asistenciales. En el expediente, la abogada patrocinante de la prestadora de salud, Dra. Sofía Sanjurjo, había solicitado inicialmente una cautelar por una cifra actualizada en torno a los $650 millones. Sin embargo, el magistrado decidió extender la cobertura cautelar a $1.000 millones para garantizar no solo el capital adeudado, sino también la depreciación y los intereses que continúan corriendo durante el proceso judicial.

Tras la firma de la orden y la confección de los oficios correspondientes dirigidos al Banco de la Provincia de Buenos Aires a finales de septiembre, la inmovilización de fondos se tornó efectiva en las últimas horas. La confirmación del bloqueo financiero complicará aún más las cuentas de la entidad que ya ha sido intervenida e investigada en varias ocasiones por el manejo de los fondos que se traducen en la falta de prestaciones indispensables a sus afiliados.

El oficio librado a la entidad bancaria dispone además que, en caso de no registrarse fondos suficientes al momento de la notificación, el embargo deberá mantenerse activo sobre cualquier ingreso futuro en las cuentas de Osprera hasta cubrir en su totalidad la cifra fijada por el juez.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la última propuesta salarial de la gestión de Axel Kicillof y anunció un paro docente de 48 horas. La decisión se tomó este martes durante el Congreso Extraordinario del sindicato, luego de las consultas realizadas a las bases en distintos distritos bonaerenses.

#Anticipo EL CONGRESO DE LA FEB DEFINIÓ 48 HORAS DE PARO EN RECHAZO A LA ÚLTIMA PROPUESTA SALARIAL Las primeras 24 horas se efectivizarán este jueves 22 de octubre en toda la Provincia. https://t.co/mcXzTKGpad

La oferta presentada por el Ejecutivo provincial el viernes pasado contemplaba un incremento del 6% en dos tramos, calculado sobre los salarios de septiembre. Sin embargo, la propuesta no logró la aceptación de los afiliados de la FEB. El gremio confirmó que las primeras 24 horas de paro se cumplirán este jueves 22 de octubre en todo el territorio bonaerense.

El rechazo de la FEB se suma a las protestas de sectores docentes disidentes a SUTEBA. La Asociación de Maestros convocó a un paro para este martes, mientras que la agrupación Multicolor de SUTEBA anunció una medida de fuerza para el miércoles 21 y una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) el jueves 22, en reclamo de mejoras salariales y educativas.

El lunes, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, defendió la política salarial de la administración bonaerense y señaló que los acuerdos se alcanzan en un contexto de dificultades financieras, marcado por los recortes de fondos nacionales y la caída de la recaudación. También sostuvo que el Ejecutivo volverá a revisar los salarios en diciembre.

En una entrevista reciente con LANOTICIA1.COM, el diputado nacional del PRO y exministro de Educación Alejandro Finocchiaro había cuestionado la relación entre SUTEBA y el Gobierno provincial. “SUTEBA controla el Ministerio de Educación bonaerense”, afirmó al referirse a la política educativa de la gestión de Kicillof.

Con el rechazo de la FEB, el conflicto salarial docente suma un nuevo capítulo. El sindicato anunció dos jornadas de paro, aunque por el momento solo precisó que la primera se realizará este jueves. La evolución de las negociaciones y las definiciones de los demás gremios marcarán cómo continuará el reclamo en la provincia.

El acuerdo salarial que el gobierno de Axel Kicillof alcanzó con los principales gremios docentes no logró desactivar el conflicto en las escuelas bonaerenses. Mientras el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aceptaron la propuesta oficial, sectores opositores a esas conducciones anunciaron nuevas medidas de fuerza para esta semana.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires convocó a un paro para este martes 20 de octubre y anunció una olla popular para el miércoles 21 frente a la Gobernación bonaerense, en La Plata. Por su parte, la lista Multicolor de SUTEBA llamó a una huelga provincial para el miércoles y a una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) el jueves 22.

El reclamo se centra en el monto de la recomposición salarial, que los sectores disidentes consideran insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. También cuestionan el modo en que se resolvió la negociación paritaria.

El acuerdo contempla un aumento del 6% en dos tramos, correspondientes a octubre y noviembre, calculados sobre los salarios de septiembre. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió el entendimiento y agradeció la “colaboración, entendimiento y comprensión” de los representantes gremiales que aceptaron la propuesta.

Durante su conferencia de prensa semanal, Bianco explicó que la negociación se desarrolló en un contexto de dificultades financieras, marcado por la caída de la recaudación provincial y de los recursos provenientes de la Nación. Además, confirmó que la próxima revisión salarial será en diciembre.

Desde la Asociación de Maestros calificaron de “miserable” la oferta y cuestionaron los componentes del incremento. Según el desglose difundido por la organización, la propuesta contempla $10.491 de aumento al básico, $4.256 correspondientes al código 455 y $921 por incentivo docente. El sindicato sostuvo que parte de esas sumas se paga por fuera del básico y concluyó: “No es aumento, es ajuste”.

La entidad también cuestionó al Frente de Unidad Docente Bonaerense. Según denunció, el acuerdo ya estaba cerrado el 13 de octubre, de acuerdo con el acta paritaria, aunque dos días después las conducciones sindicales habrían presentado la negociación como si continuara abierta.

En declaraciones a 0221, el secretario general de la Asociación de Maestros, Claudio Vigne, expresó su rechazo a la recomposición salarial y manifestó su malestar con la representación gremial del sector.

Los cuestionamientos a la conducción sindical también aparecieron días atrás en una entrevista de LANOTICIA1.COM con el diputado nacional del PRO y exministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Al analizar la situación educativa bonaerense, el legislador sostuvo que SUTEBA es “socio” del Gobierno provincial y afirmó que el gremio “controla el Ministerio de Educación bonaerense”. Sus declaraciones se dieron en el marco de sus críticas a la política educativa y al vínculo entre las autoridades provinciales y la conducción sindical.

Con el acuerdo salarial ya cerrado con los gremios mayoritarios, la atención estará puesta en el alcance de las medidas de fuerza y en la respuesta que dé el Gobierno bonaerense a los reclamos de los sectores disidentes. La revisión salarial prevista para diciembre será otra instancia clave para evaluar si la negociación logra contener el conflicto.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó la actitud de los representantes sindicales para alcanzar el acuerdo salarial con los trabajadores estatales y docentes, en medio de las dificultades económicas y financieras que atraviesa la Provincia.

“Con muchísimo esfuerzo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires” y con “mucha colaboración, entendimiento y comprensión” de los representantes gremiales, se logró cerrar el acuerdo, señaló el funcionario durante su conferencia de prensa semanal.

Bianco explicó que el entendimiento se alcanzó en un escenario complejo, tanto por la situación económica general como por la caída de los recursos públicos. “En lo que respecta a las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires, estamos siendo fuertemente golpeados”, afirmó.

En ese sentido, apuntó contra los recortes de fondos nacionales y la eliminación de programas que se ejecutaban en territorio bonaerense. Pero también advirtió sobre la disminución de los ingresos propios y de los recursos que llegan por coparticipación nacional.

“Tenemos una caída del 8,4% de esos impuestos respecto de la situación del año pasado”, precisó Bianco en referencia a la recaudación provincial. Además, explicó que la baja se registra especialmente en Ingresos Brutos, un tributo que representa alrededor del 70% de los recursos bonaerenses.

El ministro vinculó ese comportamiento con la actividad económica y señaló que la Provincia también recibe menos fondos por coparticipación. De esta manera, describió un escenario de menores ingresos para afrontar los gastos de la administración pública.

Al referirse al acuerdo, Bianco contrastó la política salarial bonaerense con la del Gobierno nacional. “A diferencia del Gobierno nacional, que no llama paritarias libres, que determina salarios muy por debajo de la inflación, hemos hecho un esfuerzo muy importante”, sostuvo.

El entendimiento contempla un aumento del 6% en dos tramos del 3%, correspondientes a octubre y noviembre, calculados sobre los haberes vigentes en septiembre. La suba alcanza a los trabajadores de la administración pública central y del sector docente, y también se extiende a la Policía bonaerense y al Servicio Penitenciario provincial.

Según detalló el funcionario, al sumar los incrementos previos otorgados durante el año, las subas acumuladas llegarán al 22,5% en octubre y al 26% en noviembre.

En el sector docente, además de la recomposición salarial, se acordaron mejoras en las condiciones laborales. Entre ellas, la simplificación de tareas administrativas mediante la implementación del boletín digital y del registro digital de asistencia, modificaciones al régimen académico del nivel secundario y la ampliación del régimen de licencias parentales.

Bianco confirmó que la próxima revisión salarial será en diciembre. “El compromiso ahora es reabrir durante diciembre, volver a revisar la situación”, afirmó.

Por último, indicó que el Gobierno bonaerense continúa negociando con los sectores que todavía no cerraron un acuerdo, entre ellos los profesionales de la salud y los trabajadores judiciales, además de otros regímenes salariales de la administración pública provincial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo acuerdo de aumento salarial para los trabajadores docentes y de la Ley 10.430 del 6% escalonado, 3% en octubre y 3% en noviembre, sobre los salarios de septiembre.

Tras la aceptación confirmada por los estatales, las organizaciones docentes Amet, Sadop, Suteba y Udocba llevaron a cabo reuniones y plenarios de secretarios generales para analizar la propuesta. En los distintos cuerpos orgánicos y, luego de debates, se aprobó por mayoría la propuesta paritaria provincial, que incluye una oferta salarial y de condiciones de trabajo.

El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026. En el caso de los docentes, más allá de la propuesta salarial, se avanzó en puntos importantes en relación a la simplificación de los procedimientos administrativos y avance en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios alcanzan este acuerdo gracias al diálogo, en el marco de una compleja situación económica y financiera para el estado provincial, debido a la caída de la recaudación producto de una menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional, particularmente las transferencias no automáticas”, se indicaron desde el Ejecutivo.

Asimismo remarcaron desde el Gobierno “reafirma su compromiso con el empleo público provincial, y continuará realizando los mayores esfuerzos para sostener las fuentes de trabajo y garantizar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores de la Provincia”.

El detalle de la propuesta es del 6 % de incremento, a cobrarse en dos tramos, 3 % en octubre y 3 % en noviembre, sobre la base del sueldo de septiembre. Los docentes podrán percibir el aumento el quinto día hábil de noviembre.

Además, como plantea el Acta Paritaria, se recibieron propuestas que inciden en la mejora de las Condiciones Laborales Implementación del Boletín Digital para niveles primario y secundario; Modificación del Régimen Académico de Secundaria para favorecer una mejor organización institucional; Avanzar en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo; y Ampliación de las Licencias Parentales.