Una inspección realizada en un establecimiento rural del partido de Coronel Pringles detectó presuntas graves irregularidades laborales y condiciones habitacionales deficientes para los trabajadores. Como resultado del operativo, las autoridades labraron actas de infracción y anticiparon que volverán al lugar para verificar el cumplimiento de las exigencias legales.

Según informó el medio local Diario El Orden, el procedimiento se llevó a cabo en el establecimiento rural "La Legua" y contó con la participación de la Delegación Bahía Blanca de UATRE, el Ministerio de Trabajo, inspectores de RENATRE, personal de Seguridad e Higiene de Tres Arroyos, el subdelegado regional Cristian Coccia y el secretario general de la seccional Coronel Pringles de UATRE, Hugo Fitere.

Durante la inspección fueron relevados 14 trabajadores y se detectaron diversas presuntas infracciones. Entre ellas, la falta de entrega de ropa de trabajo, incumpliendo la obligación de proveer los elementos correspondientes, y errores en la liquidación de las horas extras, que afectaban la remuneración del personal.

Además, el informe señala que los trabajadores habitaban viviendas con severas filtraciones de agua y altos niveles de humedad, condiciones que fueron calificadas como incompatibles con una vivienda digna.

Los inspectores también constataron que una de las viviendas era ocupada por menores de edad y que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad, situación que quedó asentada en las actuaciones realizadas durante el operativo.

Tras la inspección, las autoridades competentes confeccionaron las actas de infracción correspondientes y adelantaron que regresarán al establecimiento en los próximos días para verificar que la empresa implemente de manera urgente las medidas exigidas por la normativa vigente.

Los trabajadores nucleados en Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aprobaron por amplia mayoría en asambleas la propuesta salarial presentada en la última paritaria, aunque el acuerdo no desactivó los reclamos estructurales del sector.

La propuesta aprobada consiste en un incremento salarial del 7% en dos tramos, ambos calculados sobre los salarios de junio de 2026, de un 5% de incremento en julio y 2% de incremento en agosto.  La Reapertura de la negociación paritaria será en septiembre. 

Se expresaron por la Aceptación de la propuesta las departamentales: San Martín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mercedes, Mar del Plata y Bahía Blanca.   Por el rechazo a la propuesta lo hicieron Dolores, Junín, Moreno - Gral. Rodríguez y San Nicolás.

La AJB indicó que al esquema general de la paritaria salarial aprobado por las asambleas se suma la implementación completa del esquema de actualización de las subcategorías establecido en los acuerdos 4093 y 4225.

Ya se implementó la subcategoría E y continuó con el incremento de los porcentajes correspondientes a las subcategorías A, B, C y D.

Ahora, este proceso culminará con el cobro junto con los salarios de julio de la nueva subcategoría A1, destinada a las compañeras y los compañeros con más de 30 años de antigüedad.

Por otro lado, el gremio alertó en la reunión sobre el incremento de la litigiosidad en todos los fueros y reclamó la cobertura de las vacantes existentes y la creación de nuevos cargos para afrontar la creciente sobrecarga laboral.

Además, pidió la concreción de una mesa técnica con la participación del Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las autoridades del IOMA, para abordar la grave crisis en la prestación de los servicios de la obra social.

Una caravana de trabajadores de la empresa Fate, histórica fábrica argentina de neumáticos cerrada el 18 de febrero y cuyos más de 900 empleados fueron desvinculados, desembarcó este jueves en las calles de La Plata.

La protesta, que denuncia una ola de despidos así como el cierre definitivo de la planta de San Fernando, ingresó a la capital bonaerense por la bajada de la Autopista, paró frente a la sede del Ministerio de Trabajo, la Legislatura provincial, rodeó Plaza Rocha y finalmente confluyó frente a la Gobernación.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) estiman que todavía quedan unos 250 empleados sosteniendo el reclamo gremial y legal. El resto acordó su salida.

Los trabajadores expresaron que tienen un proyecto presentado en la Legislatura que podría encauzar el conflicto, partiendo de la ocupación temporaria con intervención estatal para preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo.

Por otro lado, los representantes sindicales remarcaron que el pedido para ser recibidos por el gobernador Axel Kicillof fue presentado hace cuatro meses sin obtener respuestas oficiales, advirtiendo que el desenlace de esta crisis podría sentar un peligroso precedente para toda la industria manufacturera del país.

Semanas atrás, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la vigencia del acuerdo firmado entre Fate y el SUTNA hasta el 30 de junio de 2026. Este fallo obligó a la compañía a abonar los salarios adeudados y dictaminó que debe continuar pagando los sueldos habituales mientras se resuelven las apelaciones de fondo sobre el cierre de la planta, según informó El Día.

La primera jornada del paro docente de 48 horas convocado por sectores disidentes de SUTEBA tiene un fuerte impacto en Mar del Plata, donde los organizadores aseguraron que la adhesión supera el 60% en distintos establecimientos educativos del distrito.

La medida de fuerza es impulsada por SUTEBA Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), que rechazaron el último acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno bonaerense y los gremios mayoritarios. Según sostienen, el incremento salarial acordado no alcanza para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

De acuerdo con un relevamiento realizado por los sectores convocantes, el nivel de acatamiento en Mar del Plata supera el 60%, aunque hasta el momento no se difundieron cifras oficiales del Gobierno bonaerense sobre el impacto de la huelga.

La delegada de SUTEBA Multicolor en Mar del Plata, Nadia Martín, afirmó que la propuesta salarial deja a un preceptor con un sueldo de $781.000 y a un maestro con $909.000 en septiembre, montos que, según señaló, representan poco más de la mitad del valor de la canasta familiar. Además, sostuvo que muchos docentes deben desempeñarse en dos o tres cargos para alcanzar un ingreso suficiente.

Además del reclamo salarial, los sectores disidentes exigen la cobertura de cargos vacantes, especialmente en los equipos de orientación escolar, mejoras en las prestaciones de IOMA y un incremento de las partidas destinadas al Servicio Alimentario Escolar (SAE). También cuestionan que la última oferta salarial haya sido aceptada por las conducciones sindicales sin una consulta previa a las bases.

La protesta continuará este miércoles con actividades de debate en las escuelas para elaborar un pronunciamiento sobre la situación educativa. Asimismo, los organizadores adelantaron que, si no obtienen respuestas a sus reclamos, impulsarán un no inicio de clases tras el receso invernal.

El paro forma parte de la medida de fuerza de 48 horas convocada por los sectores opositores de SUTEBA en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, en rechazo al acuerdo salarial alcanzado entre el Ejecutivo bonaerense y los gremios docentes mayoritarios.

La profundización de las restricciones al suministro de gas para grandes usuarios comenzó a impactar de lleno en la actividad industrial de la provincia de Buenos Aires. En Cañuelas, la empresa Cerámica Cañuelas busca suspender a unos 100 trabajadores debido a la interrupción total del abastecimiento de combustible.

La medida se da en medio del incremento de la demanda residencial de gas por la ola de frío, un escenario que obligó a profundizar las restricciones para la industria con el objetivo de garantizar el suministro a los hogares y servicios esenciales.

De acuerdo a lo que publicó el medio local InfoCañuelas, el delegado del Ministerio de Trabajo en Lobos, Dardo Alberto Mansilla, confirmó que la empresa impulsa un acuerdo con el sindicato en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

"La empresa Camuzzi les redujo la provisión de gas a cero. En otras plantas se la redujeron al 50%, pero en Cañuelas es cero. Por lo tanto, quieren adecuarse al artículo 223 bis, lo que debe ser homologado por el sindicato", explicó el funcionario.

La audiencia se realizó el lunes en la sede local del Ministerio de Trabajo para analizar la propuesta de la empresa, que contempla suspensiones rotativas de aproximadamente 100 operarios durante 28 días, con vigencia hasta el 9 de agosto.

El artículo 223 bis de la LCT establece que, ante una falta o disminución de trabajo o por causas de fuerza mayor no imputables al empleador, las empresas pueden acordar con el sindicato el pago de una prestación no remunerativa para los trabajadores suspendidos. Ese mecanismo requiere la homologación de la autoridad laboral.

Mientras el Gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró la negociación paritaria con la mayoría de los gremios docentes y acordó un aumento salarial del 7% en dos tramos, sectores disidentes de SUTEBA iniciarán este martes un paro de 48 horas que se extenderá hasta el miércoles en distintos establecimientos educativos bonaerenses.

La medida es impulsada por Suteba Multicolor, espacio opositor a la conducción provincial del sindicato, junto con la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA). Ambos sectores rechazan el acuerdo salarial alcanzado con la administración de Axel Kicillof y sostienen que el incremento es insuficiente.

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Desde AMPBA aseguraron que la huelga fue notificada formalmente al Ministerio de Trabajo bonaerense y a la Dirección General de Cultura y Educación, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la legalidad de la medida. Según explicaron, presentaron las actuaciones correspondientes mediante notas dirigidas al ministro Walter Correa y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

El paro tendrá impacto principalmente en escuelas de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, donde los sectores opositores cuentan con mayor representación. Sin embargo, el nivel de adhesión dependerá de cada establecimiento educativo y de la decisión de los docentes de cada distrito.

Además del cese de actividades, los gremios convocantes anunciaron una movilización para este miércoles. La concentración comenzará a las 10.00 frente a la Gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata, y luego se trasladará hacia la sede de la Dirección General de Cultura y Educación.

La medida de fuerza se produce pocos días después de que el Gobierno bonaerense alcanzara un acuerdo salarial con los gremios mayoritarios del sector. Mientras la conducción oficial de SUTEBA aceptó la propuesta, los sectores disidentes resolvieron rechazarla y avanzar con un paro de 48 horas para visibilizar sus reclamos.

La situación de 30 trabajadores de la empresa textil Khamsin S.A., ubicada en Florida Oeste, partido de Vicente López, generó un conflicto laboral luego de que denunciaran que les fue impedido el ingreso a la planta donde desempeñan sus tareas.

Segúbn publicó el medio local El Comercio Online, los empleados permanecen frente al establecimiento, ubicado en Florentino Ameghino 1280, en reclamo por la continuidad de sus puestos de trabajo y el pago de los haberes que, según afirman, permanecen adeudados.

El delegado de la Asociación Obrera Textil (AOT), Emanuel Vizgarra, sostuvo que el conflicto también incluye el incumplimiento en el pago de parte de los salarios y del medio aguinaldo, situación que afecta a las familias de los trabajadores.

Desde el gremio indicaron que hasta el momento no lograron abrir una instancia de negociación con la empresa. Según señalaron, realizaron distintos intentos para establecer un diálogo con las nuevas autoridades de la firma, pero no obtuvieron respuesta.

Los trabajadores explicaron que la empresa estaba anteriormente bajo la titularidad de Diego Niebisky y sostienen que actualmente quedó en manos de Gabriel Corigliano, a quien vinculan con la firma Mom Sport.

Mientras continúa la permanencia frente a la planta, desde la AOT afirmaron que cuentan con documentación y testimonios para respaldar las denuncias realizadas. Además, solicitaron la intervención de las autoridades para facilitar una mesa de diálogo, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y regularizar el pago de los salarios y el aguinaldo adeudados.

Tras la aceptación de la mayoría de las asociaciones gremiales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se confirmó un nuevo acuerdo de aumento salarial para los trabajadores docentes y trabajadores del estado de la Ley 10.430 del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio.

Al respecto, el ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, aseguró: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales."

"Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial”, agregó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales".

"Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas”, remarcó.

En el caso docente, la propuesta aprobada hoy incluye la titularización de docentes de Educación Técnica y Agraria, el mejoramiento del sistema de Licencias Médicas, el proceso de revisión del Régimen Académico de Educación Secundaria, y la necesidad de implementar propuestas estratégicas referidas al impacto de la baja de natalidad. No obstante, desde FEB, Liliana Olivera, titular del gremio, señaló que la aprobación por poco margen en el Congreso sindical "habla a las claras de una evidente preocupación dentro del sector".

Los acuerdos también contienen la incorporación de una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

En el caso de la Ley 10.430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.

Los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires aceptaron la oferta salarial del 7% en dos cuotas propuesta por el Gobierno de Axel Kicillof para los trabajadores de la Ley 10.430.

Junto con docentes, de esta forma el Ejecutivo logra cerrar las paritarias al menos hasta septiembre, cuando volverán a sentarse a la mesa de negociación para buscar un nuevo acuerdo.

La oferta concreta es de 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, y fue aprobada en principio por UPCN, el sindicato que conduce Fabiola Mosquera, y ATE, de Claudio Arévalo.

Desde UPCN señalaron que la oferta “contempla incrementos salariales, la reapertura de la negociación en septiembre y avances en materia de estabilidad laboral y carrera administrativa”.

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También se acordó con la Provincia:

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó, por mínima diferencia, la última propuesta salarial presentada el lunes por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que incluye un 7% de incremento para los meses de julio y agosto, además de otros puntos relacionados con las condiciones laborales del sector.

“El margen estrecho de aprobación habla a las claras de una evidente preocupación dentro del sector docente por diversas cuestiones que exceden lo salarial”, aseguró Liliana Olivera, presidente de la FEB, el segundo gremio de docentes provinciales más grande y que tiene mayor peso en el interior bonaerense.

Y agregó que “sabemos que los salarios docentes han sido muy golpeados por los avatares económicos, pero también entendemos que se ha llegado a esta propuesta de incremento luego de arduas negociaciones”.

Luego de las consultas y asambleas realizadas en cada distrito, los congresales aprobaron este mediodía la oferta salarial entregada por el Ejecutivo bonaerense, manifestando distintos reclamos que los docentes vienen realizando en sus distritos.

Hoy el ministro de Trabajo, Walter Correa, manifestó su expectativa de alcanzar el consenso y volvió a apuntar contra la administración nacional por el impacto de sus políticas sobre las cuentas provinciales. El titular de la cartera laboral responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por las dificultades al denunciar un "ahogo financiero y económico" y sostuvo que la gestión nacional "focaliza toda su estrategia en ir en contra del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires".

Por su lado, Olivera sostuvo: “Creemos que además de los salarial, esta propuesta aborda estrategias para enfrentar las numerosas situaciones de violencia que sufren los docentes en sus lugares de trabajo, una cuestión que es de suma importancia y que venimos reclamando desde hace años, con la implementación del Acuerdo de Resguardo y Reparación pero también con una acción concreta del Estado”.

La propuesta aprobada hoy incluye un incremento salarial del 7% a cobrar en dos tramos: el primero, de un 5%, en el mes de julio. Y el segundo, del 2%, a cobrar con los salarios de agosto. Además, la titularización de docentes de Educación Técnica y Agraria, el mejoramiento del sistema de Licencias Médicas, el proceso de revisión del Régimen Académico de Educación Secundaria, y la necesidad de implementar propuestas estratégicas referidas al impacto de la baja de natalidad.

Asimismo, Olivera indicó que “seguimos reclamando la garantía en las prestaciones del IOMA, el avance sobre un Convenio Colectivo de Trabajo específico para nuestro sector y la defensa irrestricta de nuestro IPS".

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aseguró que espera cerrar esta semana un acuerdo salarial con los gremios docentes en el marco de las negociaciones paritarias que lleva adelante el Gobierno de Axel Kicillof. El funcionario se mostró optimista respecto de las conversaciones y volvió a apuntar contra la administración nacional por el impacto de sus políticas sobre las cuentas provinciales.

En declaraciones radiales, Correa sostuvo que existe un buen vínculo con las organizaciones sindicales y expresó su confianza en alcanzar un entendimiento tanto con los docentes como con los trabajadores estatales.

"Creo que vamos a llegar a un entendimiento", afirmó el ministro, al tiempo que remarcó que los gremios "son testigos y dan testimonio" de la situación económica que atraviesa la Provincia.

En ese contexto, el titular de la cartera laboral responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por las dificultades financieras de la administración bonaerense. Denunció un "ahogo financiero y económico" y sostuvo que la gestión nacional "focaliza toda su estrategia en ir en contra del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires".

Las declaraciones se producen mientras los gremios docentes y estatales analizan la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial.

La oferta contempla un incremento del 7% escalonado sobre los salarios de junio, distribuido en un 5% para julio y un 2% para agosto, además del compromiso de reabrir la negociación en septiembre.

En el caso de los docentes, la propuesta fue debatida en asambleas realizadas en distintos distritos de la provincia y este miércoles los sindicatos definirán si aceptan o rechazan la oferta. Si bien los dirigentes evitaron anticipar una postura, reconocieron que las restricciones presupuestarias condicionan la negociación, aunque mantienen el reclamo por una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Para los trabajadores estatales, además del aumento salarial, la propuesta incluye el pase a planta permanente de unos 8.000 empleados que actualmente revisten como planta transitoria y que ingresaron hasta diciembre de 2025, junto con la implementación de un cronograma de mesas técnicas sectoriales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los gremios docentes un nuevo aumento salarial del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, y los representantes llevarán la propuesta para ponerla a consideración de las bases. 

La propuesta contempla los siguientes salarios para diferentes escalafones:

“Asimismo se incorporaron medidas vinculadas a los requerimientos planteados por nuestro Frente, sobre condiciones laborales de trabajo”, según informó el Frente de Unidad Docente. “La propuesta presentada por el Gobierno Provincial será evaluada por las bases y seguiremos impulsando la defensa de la educación pública y lograr soluciones que respondan a las necesidades de las y los trabajadores de la educación”, agregó en un comunicado. La oferta incluye el compromiso de la reapertura de las negociaciones en septiembre.

Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó propuestas concretas para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas.

En ese sentido, se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

“En todos los casos en que una trabajadora o trabajador de la educación sea víctima de agresiones físicas, lesiones, daños, amenazas, intimidaciones u otros hechos que pudieran configurar delito, ocurridos durante o en ocasión del ejercicio de sus funciones, la Dirección General de Cultura y Educación, a través del Inspector Jefe Regional, Distrital o Areal y el delegado de la Dirección Legal y Técnica Educativa, presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Las denuncias penales serán puestas en conocimiento de la Fiscalía de Estado para su intervención y seguimiento en representación del Estado Provincial”, detalló el FUDB.

Los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, rechazaron por “insuficiente” la oferta presentada por los funcionarios de la administración de Axel Kicillof de un aumento del 2,5%.

La nueva convocatoria paritaria llegó apenas días después del paro docente que registró una adhesión cercana al 95% en toda la provincia. La medida de fuerza se convirtió en la segunda del año y volvió a poner en el centro de la discusión la actualización salarial y las condiciones laborales en las escuelas bonaerenses, sobre todo en lo que respecta a actos de violencia contra trabajadores de la educación.

Ahora las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio. “Desde nuestro Frente esperamos una pronta convocatoria a Paritaria a fin de que haya una solución efectiva a dichos requerimientos”, se indicó en un comunicado.

“El FUDB volvió a poner sobre la mesa de negociación el repudio absoluto antes los hechos de violencias que ingresan a las escuelas y la necesidad de abordar de manera integral esta problemática, reclamando la implementación efectiva del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación, así como también la incorporación de políticas y medidas por parte del Estado Provincial que hagan frente a dicho flagelo, tanto escuelas de gestión estatal como privada”, se informó.

Y agregó que “se exigió un tratamiento serio de una nueva propuesta salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector, junto con la resolución de la sobrecarga laboral y del régimen académico, y políticas de inclusión que garanticen derechos. Se hizo hincapié en la urgencia de hacer efectiva la titularización total de la educación técnica y agraria”.

Por último, desde el FUDB también plantearon que “no se avance en la reforma previsional impulsada por el Estado Nacional, que afectaría a las y los jubilados del IPS", que “el IOMA garantice las prestaciones de salud para las y los docentes bonaerenses” y ”la convocatoria a la Comisión de Salud para el abordaje del tema de licencias".

Por otro lado, más tarde se desarrolló la reunión pautada con los trabajadores estatales de la Ley 10.430; instancia donde el resultado también resultó ser negativo con el mismo porcentaje de incremento.

Allí acudieron representantes de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Buenos Aires.

Respecto a los reclamos de los trabajadores de la Ley 10.430, el secretario gremial de la UPCN BA, Juan Pablo Martín Oyarzábal, había señalado que el gremio reclamaba "un aumento salarial al sueldo básico que contemple el mes de junio", algo que no sucedió.

El conflicto laboral en una empresa del Parque Industrial de Pilar volvió a escalar luego de que el Sindicato de Trabajadores Químicos denunciara una nueva tanda de despidos. Según informó el medio local Pilar de Todos, la firma Cascia, dedicada al rubro de gases comprimidos, desvinculó a otros tres empleados, que se suman a los cesanteados durante los últimos meses.

De acuerdo con el gremio, el proceso de despidos comenzó a fines de abril y ya alcanza a seis trabajadores. La organización sindical sostiene que las cesantías fueron aplicadas sin causa y que afectan principalmente a empleados afiliados.

"Tienen un ensañamiento con los compañeros que están sindicalizados. Los echan inventándoles causas", denunció Sixto Desanto, integrante del sindicato que conduce Sergio González, durante una protesta realizada en el ingreso a la planta ubicada sobre la Calle 17 del Parque Industrial.

Desde el Sindicato también señalaron que el Ministerio de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria con el objetivo de abrir una instancia de diálogo entre la empresa y los trabajadores. Sin embargo, aseguraron que la firma avanzó igualmente con nuevas desvinculaciones.

"Es una situación de extrema gravedad: los despidos se habrían dirigido exclusivamente hacia personal afiliado", manifestaron desde la organización gremial.

Frente al recrudecimiento del conflicto, trabajadores despedidos y representantes sindicales realizaron una protesta frente a la empresa y advirtieron que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta.

"Estas personas no quieren empleados, quieren esclavos. Nosotros, hasta que no se revierta la situación, vamos a seguir acá, incluso acampando si es necesario", afirmó Desanto.

El ministerio de Trabajo bonaerense, comandado por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto en la planta de la empresa Tenaris SIAT de Lanús por un periodo de 15 días.

Trabajo intervino al tomar conocimiento de la acción directa dispuesta por la empresa siderúrgica, y según indicó el ministro Correa, “con las herramientas que están a nuestro alcance, se dispuso la concurrencia de inspectores para verificar el estado de situación”.  De esta forma se retrotrae la situación al inicio del conflicto y se deja sin efecto el despido de 150 trabajadores.

La disposición indica que el conflicto fue generado por los despidos masivos, lo que derivó en una situación de “extrema gravedad” y, en ese contexto, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación con el objetivo de “promover una solución pacífica legal al conflicto existente”.

Con la disposición, dio inicio al período de conciliación obligatoria por 15 días, en los cuales deben cesar todas las medidas que las partes llevaran a cabo. En este lapso, el gremio debe dejar sin efecto las medidas de acción directa, mientras que la empresa empleadora debe “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal”, retrotrayendo las medidas que dieron inicio al conflicto.

El secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral dependiente del ministerio, Ezequiel Berrueco, señaló en declaraciones a Radio Provincia que tienen "un compromiso con el pueblo bonaerense de, no solamente estar presente como Estado, si no también acompañar la paz social como una herramienta de bienestar de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que Tenaris es el principal contribuyente del municipio”.

A su vez, recordó que se trata de “una empresa que ha tenido que ver con el gasoducto Presidente Néstor Kirchner y tiene personal calificado”. Por lo tanto, la definición “no tiene que ver con la capacidad o productividad de los trabajadores porque en el último tiempo, el gasoducto generó U$D 7.000 mil millones”.

Frente a los 150 despidos por parte de la siderúrgica Tenaris, desde @TrabajoPBA ya pusimos a disposición las herramientas para revertir la situación. En un marco de crisis generalizada, destrucción del empleo, de la producción y de la capacidad productiva, es fundamental…

Una protesta protagonizada por trabajadores despedidos de Fate, Georgalos y Lustramax provocó este martes por la noche un corte total de la autopista Panamericana, a la altura de Uruguay, en el Acceso Tigre, lo que generó importantes demoras y un fuerte congestionamiento durante varias horas.

La manifestación comenzó en la planta de Fate, ubicada en San Fernando, donde los operarios se concentraron antes de movilizarse hacia la autopista para sumarse a trabajadores de Georgalos y Lustramax, empresas que también atraviesan conflictos laborales.

En un primer momento, los manifestantes bloquearon uno de los carriles con sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Con el correr de la protesta y la llegada de familiares, la Policía y Gendarmería dispusieron el corte total de la Panamericana en ambos sentidos para controlar la situación. Según informaron las autoridades, se registraron filas de vehículos de hasta seis kilómetros. Cerca de las 21.00, el piquete comenzó a levantarse.

Además de la protesta sobre la autopista, los trabajadores de Fate ratificaron que continuarán dentro de la planta de San Fernando en defensa de sus puestos de trabajo, mientras esperan una definición de la Justicia de San Isidro sobre un posible pedido de desalojo del establecimiento.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el trabajador despedido de FATE, Sebastián Tesoro, había anticipado la protesta y cuestionado la falta de intervención del Gobierno bonaerense. "Desde la Provincia, donde Kicillof dijo que iba a ser un escudo contra el ajuste de Milei, le entraron todas las balas al escudo", sostuvo. Además, remarcó que los operarios continuarán resistiendo dentro de la fábrica: "No nos vamos a ir porque estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo".

La participación de los trabajadores de Lustramax en el corte de la Panamericana se dio luego de una nueva jornada de protesta frente a la planta de Tortuguitas. Tal como informó LANOTICIA1.COM, los delegados denunciaron un nuevo despido que elevó a nueve la cantidad de cesantías y cuestionaron la modalidad de las desvinculaciones. "Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren", denunció el delegado Leandro Gómez, quien además aseguró que la empresa ofrece acuerdos de pago en cuotas.

Los tres conflictos tienen características diferentes, aunque comparten el reclamo por la defensa del empleo. Fate, una de las principales fabricantes de neumáticos del país, permanece cerrada desde mediados de febrero. En Lustramax, empresa dedicada a la fabricación de artículos de limpieza, ya se registraron nueve despidos, entre ellos delegados gremiales. En tanto, los trabajadores de Georgalos denuncian cesantías, recortes salariales y la implementación de suspensiones rotativas.

La presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, confirmó que el paro provincial docente de hoy alcanzó una adhesión contundente del 95% en todo el territorio bonaerense y aseguró que “esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia y la falta de recomposición salarial”.

La dirigente sindical fue tajante respecto a la situación actual de los salarios. En esa línea consideró que “empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”.

Olivera explicó que la intención del gremio es llegar a un aumento que esté por encima del IPC, ya que “la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador”.

Además, Olivera reiteró el reclamo por la restitución del FONID, eliminado por el gobierno nacional, y exigió “una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial con la Provincia para recomponer los salarios docentes".

Sobre la violencia en las escuelas, la dirigente fue contundente: “Entran los padres, golpean a los docentes, los alumnos también. El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”. Y agregó que “en las últimas dos semanas registramos 6 o 7 casos de violencia graves en los distritos. Es un flagelo que requiere un abordaje multisectorial y urgente”.

Olivera recordó que, si bien la Provincia firmó un acuerdo de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia, “no está dando resultados”, y remarcó la necesidad de implementar herramientas ya acordadas y aplicar la legislación vigente para que estos delitos sean penalizados.

Los trabajadores de FATE volverán a salir este martes a la calle en el marco del conflicto que mantienen desde hace más de cuatro meses con la empresa. La jornada incluirá un corte en el cruce del Acceso Norte de Panamericana y Uruguay, seguido de una caravana por distintos puntos de la zona norte, para rechazar el intento de desalojo de la planta de San Fernando.

La protesta se realiza luego de que la empresa apelara el rechazo judicial al pedido de desalojo de los trabajadores que permanecen dentro de la fábrica desde el 18 de febrero. Los operarios sostienen que la planta fue cerrada mediante un "lock out patronal" y reclaman que se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el trabajador despedido Sebastián Tesoro explicó que el conflicto lleva "cuatro meses y medio" y que continúan resistiendo dentro de las instalaciones.

"Seguimos adentro de la fábrica, algunos compañeros estamos en los techos y otros permanecen en una carpa junto a nuestras familias. No nos vamos a ir porque estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo", afirmó.

Según detalló, además del conflicto judicial por el desalojo, 24 trabajadores fueron citados a declaración indagatoria por la Justicia de San Fernando, situación que consideran parte de una persecución contra quienes encabezan la protesta.

"La acción de hoy tiene que ver con denunciar cualquier intento de desalojarnos y también la persecución a los que luchamos por poner comida arriba de la mesa", sostuvo.

Durante la entrevista, Tesoro también apuntó contra el gobierno bonaerense por la falta de intervención en el conflicto.

"Desde la Provincia, donde Kicillof dijo que iba a ser un escudo contra el ajuste de Milei, le entraron todas las balas al escudo", cuestionó.

El trabajador aseguró que presentaron un proyecto para que la Provincia intervenga de manera temporal la empresa y permita reactivar la producción, pero afirmó que nunca obtuvieron una respuesta.

"Le presentamos un proyecto de ocupación temporal para que la Provincia intervenga el directorio y vuelva a poner en marcha la fábrica. No nos dieron ni siquiera una reunión", señaló.

También cuestionó que el gobernador "quiera resolver los problemas de los 45 millones de argentinos" mientras, según dijo, "no puede resolver el problema de una fábrica".

Tesoro aseguró que los trabajadores mantendrán la permanencia dentro de la planta pese a la posibilidad de que se dicte una nueva orden de desalojo.

"La última trinchera de lucha es FATE y nosotros la vamos a enfrentar. No nos van a sacar de esa fábrica", remarcó.

Finalmente, sostuvo que durante estos meses recibieron el respaldo de organizaciones sindicales, sociales y políticas, aunque afirmó que "desde el primer día" no tuvieron acompañamiento de los gobiernos nacional, provincial ni municipal.

El conflicto en la fábrica Lustramax volvió a escalar este martes con un nuevo despido que elevó a nueve la cantidad de trabajadores cesanteados. En ese marco, empleados y delegados realizaron una protesta frente a la planta ubicada en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, para exigir las reincorporaciones, reclamar el pago completo del aguinaldo y denunciar presuntas irregularidades laborales.

La concentración comenzó durante la mañana y, según adelantaron los trabajadores, permanecerán frente a la empresa hasta obtener una respuesta. Además, tenían previsto presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el delegado Leandro Gómez aseguró que la empresa continúa avanzando con los despidos y cuestionó la forma en que se llevan adelante las desvinculaciones.

"Hoy ya son nueve los despidos. No te mandan telegrama. Llegás a la puerta y te dicen que no podés ingresar. Después te citan a Recursos Humanos para que firmes un arreglo en 12 cuotas", afirmó.

Según explicó, esos acuerdos incluyen conceptos como el aguinaldo y hasta el salario, lo que, según denunció, busca presionar a los trabajadores para aceptar la propuesta.

Pero el aspecto que más cuestionó fue la modalidad de pago ofrecida por la empresa.

"Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren", sostuvo Gómez, en referencia a los productos que fabrica Lustramax.

El delegado también denunció una persecución sindical y recordó que la empresa intentó impedirle el ingreso a la planta mediante un pedido de desafuero.

"Esa causa ya fue archivada. No hay ninguna razón para que no me dejen entrar, pero la empresa sigue negándome el ingreso", aseguró.

Además, afirmó que la firma mantiene otras presuntas irregularidades laborales.

"No está pagando la obra social ni los aportes jubilatorios. Los descuentos los hacen en el recibo, pero después no los depositan. Ese es el reclamo de fondo que venimos haciendo", señaló.

Durante la entrevista, Gómez también volvió a apuntar contra la exlegisladora Florencia Arietto, a quien identificó como representante legal de la empresa.

"Todo el plan legal lo lleva adelante Florencia Arietto. La causa de desafuero se cayó y el juzgado denunció irregularidades en ese expediente", expresó.

Mientras esperan una respuesta de la empresa, los trabajadores aseguraron que mantendrán las medidas de fuerza y continuarán con las presentaciones administrativas para reclamar la reincorporación de los despedidos.

Los gremios docentes bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA anunciaron un paro provincial para el próximo martes 30 de junio en reclamo de mejoras salariales, mayor seguridad en las escuelas y respuestas a una serie de demandas que, según señalaron, permanecen sin resolución.

La medida de fuerza fue convocada en un contexto que las organizaciones sindicales describieron como de "ahogo financiero" hacia la provincia de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional, al que además acusaron de aplicar un fuerte ajuste sobre la educación pública.

Entre los principales reclamos figura la convocatoria urgente a una nueva paritaria provincial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por la Nación. Los sindicatos advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo afecta de manera directa las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación.

Otro de los ejes del paro es la creciente preocupación por los hechos de violencia registrados en establecimientos educativos. En ese sentido, exigieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, junto con un protocolo complementario para abordar estas situaciones.

Además, reclamaron la aplicación de la legislación vigente para sancionar los delitos y contravenciones ocurridos en las escuelas, la realización de jornadas institucionales y la adopción de medidas que garanticen la integridad física y psicológica de docentes, estudiantes y del conjunto de la comunidad educativa.

Los sindicatos también denunciaron la sobrecarga de tareas que enfrentan los docentes y solicitaron que se garantice el derecho a la desconexión fuera del horario laboral. En ese marco, reclamaron modificaciones al Régimen Académico y pidieron derogar las resoluciones 3367 y 333, al tiempo que exigieron que ningún docente pierda su puesto de trabajo ante la baja de la natalidad.

En el plano nacional, las organizaciones manifestaron su rechazo al desfinanciamiento de la educación técnica y reclamaron la restitución de las partidas presupuestarias destinadas al sostenimiento de las escuelas técnico-profesionales.

Además, expresaron preocupación por las modificaciones que el Gobierno nacional analiza para el sistema previsional, al considerar que podrían afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los trabajadores de la educación.

Otro de los puntos incluidos en la convocatoria está relacionado con la obra social IOMA. Los gremios exigieron que garantice prestaciones "adecuadas y oportunas" para los docentes bonaerenses.