Las demoras y cancelaciones que afectaron este lunes a las líneas Sarmiento, Roca y Mitre tuvieron su origen, según explicó el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, en un cambio implementado de manera repentina en el sistema de controles de alcoholemia y drogas para maquinistas y guardas.

El secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste del ferrocarril Sarmiento, por la lista Bordó, aseguró en diálogo con LANOTICIA1.COM que el nuevo procedimiento generó demoras de hasta 40 minutos y terminó afectando directamente la salida de las formaciones durante la mañana.

“La empresa cambió de un día para el otro el protocolo de alcoholemia y un control que llevaba cuatro minutos pasó a demorar 40”, explicó Sobrero.

Según relató, los trabajadores deben realizar el control antes de comenzar su jornada y recién pueden subir a la formación una vez que reciben el resultado. La demora en ese procedimiento provocó que maquinistas y guardas quedaran esperando, mientras los trenes permanecían detenidos y los pasajeros se acumulaban en las estaciones.

Sobrero sostuvo que el nuevo sistema comenzó a aplicarse durante la mañana y que, después de advertir las consecuencias que estaba generando sobre el servicio, la empresa decidió volver al mecanismo anterior.

“El sistema que instalaron es tan malo que duró dos horas. Después de que vieron que se cancelaban los trenes y todo eso, tuvieron que volver al sistema viejo”, afirmó.

Para el dirigente, el problema no está en la realización de controles de seguridad a los trabajadores ferroviarios, sino en la forma en que se decidió modificar el procedimiento.

“Está perfecto que haya controles. Lo que no puede haber es improvisación ni decisiones unilaterales que desorganicen el servicio”, sostuvo.

El dirigente ferroviario también apuntó contra la reducción de personal y explicó que el nuevo sistema requería más tiempo y tareas administrativas.

“Antes vos tenías dos personas para hacer eso y ahora tenés una sola, por la reducción de personal que hubo. Obviamente así es imposible”, afirmó.

Según Sobrero, el protocolo anterior permitía completar el control de alcoholemia en aproximadamente tres o cuatro minutos, mientras que el nuevo procedimiento incorporaba más pasos, entre ellos la carga de datos de cada trabajador en una computadora.

“Tenés que cargar en la computadora nombre, apellido, todo eso. Hacer algo más complicado y con menos gente y, obviamente, ¿qué iba a pasar? Esto”, cuestionó.

En ese sentido, remarcó que si se pretende implementar un sistema más sofisticado, debe existir la cantidad de trabajadores necesaria para evitar que el control termine afectando la circulación de los trenes.

El impacto de las demoras cobra otra dimensión si se tiene en cuenta la cantidad de personas que utilizan diariamente el ferrocarril Sarmiento.

“Nosotros tenemos entre 250 mil y 350 mil pasajeros, depende de la época del año”, explicó Sobrero.

El dirigente advirtió que una demora de estas características durante el horario de mayor movimiento termina trasladándose directamente a los usuarios, muchos de los cuales llegan tarde a sus trabajos.

“Hay mucha gente que hoy va a tener que dar explicaciones en sus trabajos de por qué llegó tarde”, señaló.

Sobrero también vinculó el episodio con una situación más general dentro del sistema ferroviario y cuestionó la cantidad de trabajadores que dejaron sus puestos en los últimos años.

“Se fueron 5.500 trabajadores. ¿Vos te creés que eso no afecta el servicio?”, planteó.

Según indicó, solamente en el ámbito del Sarmiento se fueron alrededor de 500 trabajadores, muchos de ellos técnicos, ingenieros y personal especializado.

“Todo te afecta”, sostuvo.

El dirigente también relacionó la situación con los recientes problemas registrados con la carga de la tarjeta SUBE, al señalar que la reducción de personal alcanzó también a las boleterías.

“Cuando hablan de plan motosierra, es eso. Después se ve en educación, se ve en salud, se ve en los trenes, en los colectivos”, cuestionó.

Sobre el final, Sobrero insistió en que el cambio de protocolo podría haberse implementado sin afectar el servicio si se hubiera consultado previamente a los trabajadores ferroviarios.

“Si nos hubiesen consultado a nosotros, nosotros hubiésemos dicho cómo hacerlo. Pero no nos consultaron”, afirmó.

Y resumió su cuestionamiento al nuevo sistema: “Podés ser idóneo y no tener herramientas. Antes tenías dos personas para hacer un control de alcoholemia más sencillo. Ahora es una sola y más complicado porque tenés que hacer todos los trámites administrativos”.

De acuerdo con su relato, las quejas de trabajadores y usuarios terminaron obligando a la empresa a regresar al protocolo anterior, en una mañana en la que miles de pasajeros volvieron a sufrir las consecuencias de las demoras en el transporte ferroviario del AMBA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires solicitó de manera formal al Ministerio de Trabajo del distrito la “urgente” reapertura de la negociación paritaria, a fin de continuar con la discusión salarial correspondiente al último tramo del año.

El pedido se fundamenta en “el escenario que impone el gobierno de Javier Milei sobre nuestro país en general y, en particular, sobre nuestra provincia, trasladando el supuesto “éxito del superávit fiscal” a las provincias, no es ni más ni menos que un recorte fenomenal de las transferencias de recursos, que impacta directamente sobre las cuentas provinciales y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de las y los trabajadores bonaerenses.”

El reclamo es luego del acuerdo alcanzado en julio entre el Gobierno bonaerense y los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430, que estableció un aumento del 7% en dos tramos y contempló el compromiso de volver a discutir los salarios durante septiembre. La mejora se estableció tomando como base los salarios de junio: un 5% a partir de julio y un 2% en agosto.

Además el sindicato expresó “esta situación está generando un gravísimo nivel de endeudamiento en nuestras familias, que ya no recurren al crédito para capitalizarse o proyectar mejoras, sino para poder afrontar los gastos básicos: pagar los servicios públicos, el alquiler o, simplemente, garantizar un plato de comida en la mesa.”

En este contexto el sindicato solicitó al Gobierno Provincial que realice los mayores esfuerzos posibles para continuar acompañando a las y los trabajadores bonaerenses, adoptando las medidas necesarias para sostener y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, frente al constante incremento del costo de vida.

La crisis laboral en Granja Tres Arroyos sumó este jueves un nuevo capítulo en Capitán Sarmiento, donde trabajadores despedidos mantienen una protesta frente a la planta de la empresa. Hasta allí llegó Cecilia Silva, coordinadora Regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y representante del Gobierno bonaerense en la Segunda Sección Electoral.

La funcionaria, oriunda de Baradero, llevó mercadería para las familias afectadas y escuchó los distintos reclamos. “Estamos ayudando con mercaderías y tratando de que les llegue a todos. Entiendo que algunas familias son más numerosas y tienen distintas problemáticas. Vengo a escucharlos, a quien quiera decir algo que nosotros podamos elevar al Ministerio”, explicó.

Durante la visita, Silva también se refirió a las dificultades que atraviesan los trabajadores para volver a conseguir empleo. “La situación es complicada respecto del acceso al laburo. No hay muchas posibilidades de conseguir, ni acá ni en la zona, porque la situación es difícil en todo el país”, sostuvo.

💥 “Estamos todos rotos”Una trabajadora despedida de Granja Tres Arroyos rompió en llanto al contar la situación que atraviesan los empleados frente a la planta de Capitán Sarmiento.Ante el relato, una funcionaria de Kicillof apuntó contra Milei: “Está rompiendo las… pic.twitter.com/4BqKNUPe1x

En ese marco, la funcionaria apuntó directamente contra el Gobierno nacional. “Recién hablábamos con unos compañeros del sindicato, que uno no quiere politizarlo pero es necesario decir que esto es culpa de un presidente, que es Milei, que está rompiendo las industrias”, afirmó.

Uno de los momentos más fuertes de la jornada se produjo cuando una de las trabajadoras despedidas rompió en llanto al contar lo que atraviesan después de años de trabajo en la empresa.

“De Grazia nos dijo que nos quedemos tranquilos... Y ahora estamos todos rotos y no vinieron ni a dar la cara”, manifestó la mujer, visiblemente afectada.

La trabajadora hizo referencia a Juan Carlos De Grazia, integrante de la conducción de Granja Tres Arroyos, a quien los empleados habían señalado por el acompañamiento que les había transmitido durante el conflicto y de quien ahora reclaman respuestas.

Luego de escuchar su testimonio, Silva volvió a respaldar a los trabajadores y aseguró: “Para mí lo importante es saber que ustedes no son los culpables, sino que hay una decisión política de destruir la industria”.

Además, pidió que mantengan la unidad frente al conflicto. “Lo importante es que ustedes se organicen, que no se queden cada uno por su lado porque eso es lo que ellos quieren. Sé que van a pasar frío, pero manténganse juntos para que su voz se escuche y venga quien tenga que venir”, expresó.

La protesta continúa frente a la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, mientras los trabajadores despedidos reclaman respuestas y buscan sostener el reclamo por sus puestos laborales.

La protesta de los trabajadores de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, en medio del conflicto laboral que atraviesa a la empresa avícola, tuvo un inesperado momento de tensión.

Durante la manifestación, la empresaria local Nancy Gallo y el periodista Julio Antonio Graña protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Según lo ocurrido durante la protesta, ambos intercambiaron insultos y amenazas. En medio del cruce, se escuchó a la empresaria dirigirse al periodista y decirle: “No te cago a trompadas porque sos un pobre viejo”.

La situación elevó la tensión durante algunos minutos y terminó desplazando momentáneamente del centro de la escena el reclamo que llevaban adelante los trabajadores.

El episodio quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y muestran parte del enfrentamiento entre ambos.

Mientras tanto, los trabajadores de Granja Tres Arroyos continúan con su reclamo en medio del conflicto laboral que atraviesa a la planta.

Trabajadores nucleados en ATE paralizarán 27 aeropuertos durante 48 horas, en una medida que incluirá movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias: De 9.00 a 12.00 y de 18.00 a 21.00. Según se informó, durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Se prevén demoras extensas y cancelaciones masivas de vuelos.

El alcance de la protesta abarca los principales nodos del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque la medida fue planteada con carácter federal.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

El Gobierno de Javier Milei profundizó su enfrentamiento con uno de los sectores gremiales más combativos del Hospital Garrahan. Las autoridades del centro pediátrico anunciaron la desvinculación de Norma Lezana, nutricionista y titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quien había encabezado buena parte de las protestas y movilizaciones durante el conflicto que atravesó la institución el año pasado.

La decisión fue tomada luego de un sumario administrativo iniciado para determinar si Lezana había cumplido con sus funciones durante 2025. Desde el hospital señalaron que durante la investigación se tomó declaración a trabajadores y que no pudieron acreditar que la dirigente hubiera realizado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período.

En cambio, las autoridades aseguraron que sí constataron su participación en actividades gremiales.

Desde el Ministerio de Salud nacional fueron más contundentes y señalaron que Lezana “no registró atención a pacientes durante todo 2025”. También afirmaron que ninguno de los trabajadores entrevistados manifestó haberla visto desempeñando tareas asistenciales.

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El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la decisión a través de sus redes sociales. Bajo el título “Afuera por no trabajar”, sostuvo que la actividad sindical “no es un privilegio” y cuestionó que pueda utilizarse como argumento para no cumplir con las tareas laborales.

“Bajo la conducción del presidente Milei, se terminó la impunidad de quienes pretendían vivir del Estado sin trabajar”, afirmó Lugones.

Desde la cartera sanitaria también remarcaron que los representantes sindicales con tutela gremial tienen determinadas horas mensuales para desarrollar actividades sindicales, pero sostuvieron que en el caso de Lezana no existían registros de atención a pacientes durante 2025.

Lezama defendió la lucha del Garrahan. Hoy la echaronhttps://t.co/xtn5ydozUs https://t.co/K5GmmsIo6J

Norma Lezana es nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, uno de los gremios que tuvo mayor protagonismo durante el conflicto del año pasado.

La dirigente se convirtió en una de las caras visibles de los reclamos por las condiciones laborales y salariales del personal del hospital, en un proceso que comenzó con las protestas de los residentes y luego sumó a distintos sectores de trabajadores.

El conflicto escaló durante 2025 y derivó en asambleas, movilizaciones, paros y finalmente una toma de la Dirección del hospital, ocurrida el 31 de octubre.

La protesta provocó una fuerte reacción de las autoridades y derivó en una investigación interna sobre las personas que participaron de la toma. Según la información oficial, se abrieron alrededor de 40 sumarios administrativos.

AFUERA POR NO TRABAJARUn sumario acreditó que durante el 2025, la referente gremial del Hospital Garrahan, Norma Lezana, no atendió a ningún paciente ni cumplió las funciones por las que recibía un salario, mientras el personal asistencial sostenía la atención de los chicos.… https://t.co/srTh9wd9By

La dirigente gremial, sin embargo, sostuvo que no fue despedida formalmente porque no recibió ninguna notificación.

“No he sido notificada de la cesantía. No estoy despedida porque no fui notificada y, además, soy secretaria general de la APyT del Garrahan, electa y en funciones”, afirmó Lezana.

La nutricionista también remarcó que cuenta con tutela sindical y que, según su interpretación, cualquier desvinculación requiere la intervención de la Justicia.

“Lo que está ocurriendo demuestra el ensañamiento hacia el sindicato y hacia mí en el rol que represento”, aseguró en declaraciones publicadas en La Nación.

Además, Lezana cuestionó el manejo de los recursos del hospital y afirmó que existen denuncias judiciales contra funcionarios vinculados a la conducción del Garrahan. Según sostuvo, la decisión de desvincularla busca “desviar el eje” de esos cuestionamientos.

Mientras tanto, la APyT convocó a una asamblea urgente para este jueves en el hospital, en medio de una nueva escalada entre la conducción del Garrahan y el gremio que encabezó buena parte de las protestas durante 2025.

El conflicto, así, vuelve a poner al Hospital Garrahan en el centro de la disputa entre el Gobierno nacional y los sindicatos que cuestionan su política sanitaria y laboral.

La situación de Tres Arroyos sumó nuevos detalles luego del cierre de la planta ubicada en Capitán Sarmiento. Desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) cuestionaron los motivos planteados por la empresa y aseguraron que la actividad avícola en general no atraviesa una crisis.

En diálogo con Radio Provincia, Julio Chamorro, secretario general del STIA en Entre Ríos, explicó que en la planta bonaerense “les cortaron la luz porque Tres Arroyos no podía pagar la factura”.

Según relató, desde el gremio esperaban que el inconveniente pudiera solucionarse, pero eso finalmente no ocurrió. “El viernes la empresa notificó que desde el 31 de agosto la planta cerraba sin nuevo aviso”, señaló.

Chamorro también brindó detalles sobre lo ocurrido dentro del establecimiento y aseguró que la empresa comenzó a retirar parte de los elementos que se encontraban en la planta. “Sacó la maquinaria que era de terceros, es decir, maquinaria alquilada para la actividad de la carga”, explicó.

A su vez, indicó que también se fueron retirando muebles de las oficinas y documentación, por lo que estimó que el cierre podría extenderse durante un período prolongado.

El dirigente recordó que Tres Arroyos también dejó de funcionar en Pilar, Esteban Echeverría y Concepción del Uruguay, aunque rechazó que la situación responda a una crisis generalizada de la actividad.

“El sector avícola no está en crisis y esto es puntual de Tres Arroyos”, sostuvo Chamorro, quien consideró que detrás de las dificultades de la compañía “hay un problema de otro tipo”.

En ese marco, adelantó que las cuatro federaciones del gremio de la alimentación, con el respaldo de la CGT, preparan una movilización para el miércoles 9 de septiembre.

El reclamo estará dirigido al Gobierno nacional para que implemente medidas de respaldo a la industria. “Al igual que financia a los bancos para créditos hipotecarios, también apalanque a la industria”, planteó.

La situación también es crítica en la planta de Concepción del Uruguay, donde, según Chamorro, la actividad está paralizada desde mayo y los trabajadores llevan cuatro meses sin percibir sus salarios.

El dirigente precisó además que hace unos 15 días hubo 270 despidos y que posteriormente se sumaron otros 210.

Por otra parte, cuestionó la explicación financiera brindada por la empresa, que intenta refinanciar una deuda de 350 millones de dólares. Chamorro consideró que el monto genera dudas teniendo en cuenta que, según afirmó, la compañía venía facturando alrededor de 1.400 millones de dólares anuales.

Chamorro también cuestionó los argumentos vinculados a la gripe aviar, el dólar y la apertura de las importaciones como factores que podrían explicar la situación de la empresa.

“La gripe aviar, el dólar planchado, la apertura de las importaciones no se pueden poner sobre la espalda del trabajador”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el sector avícola no atraviesa una crisis general y sostuvo que se trata de una de las actividades industriales que mantiene un nivel relativamente bueno debido al crecimiento del consumo interno.

También señaló que, de acuerdo con la Cámara Avícola, el sector no está en crisis y que el problema sería específico de Tres Arroyos. En cuanto a las exportaciones, indicó que representan apenas entre el 1% y el 2% de la actividad.

“El sector está perfecto y por eso es incomprensible, ya que se trata de la avícola más grande del país”, concluyó.

Los municipales bonaerenses lanzaron un plan de lucha con foco en Cañuelas. Reclaman aumentos salariales, el fin de la precarización laboral y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal. 

La primera medida fue impulsada por sindicatos pertenecientes a una de las regionales Centro y a la Regional Conurbano Oeste de la organización. La protesta, que incluyó piquetes, forma parte del programa de acciones anunciado por el secretario general de FeSiMuBo, Hernán Doval, durante las reuniones regionales desarrolladas en distintos puntos de la Provincia.

En este marco, Doval anticipó que las medidas no quedarán limitadas a las acciones tradicionales del sindicalismo y definió el programa como “total o integral, permanente y prolongado”.

Con los bloqueos realizados en Ruta 6 y 205, los municipales abrieron un conflicto que podría intensificarse si no existen respuestas a los reclamos salariales, laborales y a la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal.

El gremio estatal cuestionó la decisión del Gobierno de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para fondear una nueva línea de créditos hipotecarios y advirtió que el esquema beneficia al sistema financiero mientras se deteriora la situación de jubilados y trabajadores.

La crítica fue formulada por Luciano Fernández, coordinador nacional de ANSES y paritario nacional de ATE, quien rechazó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla la utilización de hasta $2 billones del FGS para que los bancos otorguen préstamos hipotecarios UVA.

“No es una caja financiera del Gobierno ni de los bancos. Es patrimonio del sistema previsional y pertenece a los trabajadores”, sostuvo Fernández, según publicó Infogremiales.

Desde el sindicato cuestionaron especialmente que los recursos de la seguridad social sean canalizados hacia las entidades financieras mientras, según plantearon, se reducen herramientas de asistencia y crédito destinadas a los propios beneficiarios del sistema previsional.

La iniciativa oficial prevé que el FGS licite hasta $2 billones en depósitos a plazo fijo de largo plazo entre bancos. El objetivo es que esas entidades utilicen esos fondos para otorgar créditos hipotecarios UVA, con una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA.

ATE puso el foco en las condiciones necesarias para acceder a los préstamos. De acuerdo con el ejemplo difundido por el Ministerio de Economía, una familia que solicite un crédito equivalente a USD 80.000 para financiar el 75% de una vivienda valuada en USD 106.000 debería contar con ingresos familiares netos cercanos a $3,46 millones mensuales.

La cuota inicial estimada para ese préstamo sería de aproximadamente $865.000. Para Fernández, esos requisitos muestran que el programa “quedará lejos de una gran parte de las familias trabajadoras”, por el nivel de ingresos necesario para acceder al financiamiento.

El dirigente sindical cuestionó que el Gobierno utilice el patrimonio del FGS para fondear al sistema bancario mientras se modifican o suspenden otras herramientas vinculadas al crédito y la seguridad social. “Mientras se deterioran los ingresos de los jubilados, crece la informalidad laboral y aumenta el endeudamiento de las familias, el Gobierno decide utilizar estos recursos para fondear al sistema financiero”, señaló Fernández.

ATE también vinculó la discusión con la suspensión de los Créditos ANSES y con la reducción de los préstamos destinados a jubilados. Según los datos citados por el gremio, el volumen de esos créditos habría registrado una caída real del 93% luego de la suspensión de los beneficios en 2024.

Fernández reclamó además que las autoridades de ANSES y del Ministerio de Capital Humano expliquen ante el Congreso cuáles son los criterios y condiciones para disponer de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En su cuestionamiento, ATE contrapuso el actual esquema con el programa PROCREAR implementado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El programa, lanzado en 2012, combinaba créditos para vivienda con construcción, desarrollo urbano y generación de empleo en la industria de la construcción. Según Fernández, durante sus primeros años más de 500.000 familias accedieron a distintas modalidades de financiamiento.

La diferencia, planteó el dirigente, está en el destino y la lógica de los recursos públicos: mientras el PROCREAR buscaba articular financiamiento con una política habitacional y productiva, el nuevo mecanismo canaliza los fondos del FGS a través de entidades bancarias.

“Argentina necesita crédito y necesita una política de vivienda. La discusión es al servicio de quién se ponen los recursos de la ANSES: si se utilizan para garantizar negocios financieros o para fortalecer la seguridad social, el empleo, la producción y el acceso a derechos”, afirmó Fernández.

El FGS fue creado en 2007 como una herramienta destinada a funcionar como respaldo del sistema previsional frente a eventuales crisis económicas. Tras la estatización de las AFJP en 2008, pasó a administrar los fondos vinculados al régimen de capitalización.

Según datos oficiales citados en el planteo sindical, en junio de 2026 el FGS alcanzaba los $123,4 billones. En términos reales, ese monto representaba una caída del 8% respecto de diciembre de 2023, aunque medido en dólares el fondo había aumentado desde unos US$41.190 millones hasta aproximadamente US$83.900 millones.

Fernández cuestionó, además, la interpretación oficial sobre la evolución del patrimonio del fondo y sostuvo que parte del resultado debe analizarse teniendo en cuenta la corrección del tipo de cambio previa a la devaluación de diciembre de 2023.

El dirigente también mencionó la eliminación de distintos fondos fiduciarios destinados a políticas de vivienda social, agroindustria, transporte eléctrico, energías renovables y protección de bosques, así como la interrupción de los Créditos ANSES.

En ese marco, ATE volvió a reclamar que el Congreso intervenga en la discusión sobre el destino de los recursos del FGS y cuestionó que el patrimonio de la seguridad social sea utilizado para financiar al sistema bancario bajo condiciones que, según el sindicato, resultan inaccesibles para buena parte de las familias trabajadoras.

La situación de los trabajadores del frigorífico American Meat de Cacharí atraviesa un nuevo capítulo de tensión. El conflicto incluye salarios adeudados, cuestionamientos por falta de registración laboral, reclamos vinculados con la ART y denuncias por presuntos despidos encubiertos.

El secretario general del Sindicato de la Carne de Azul, Julio Romero, explicó en diálogo con LU32 que alrededor de 98 trabajadores se encuentran afectados y que la empresa mantiene pendientes de pago dos quincenas.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben, porque los compañeros trabajaron”, sostuvo el dirigente gremial.

Romero también denunció la existencia de trabajadores que se encontrarían sin registrar y reclamó que sean incorporados formalmente. A su vez, describió un escenario de fuerte paralización en la planta: “No hay producción, no hay nada, la planta no se mueve”, afirmó.

Otro de los puntos señalados por el Sindicato de la Carne está relacionado con las condiciones de seguridad dentro del establecimiento y la cobertura de ART.

Según Romero, los reclamos por estas cuestiones vienen desde hace tiempo y se trataría de una situación recurrente. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas concretas por parte de los responsables de la empresa.

“Entre ellos se tiran la pelota, pero nadie nos da una solución”, manifestó.

En medio de la situación, representantes de los trabajadores mantuvieron además una reunión con el intendente de Azul, Nelson Sombra, para ponerlo al tanto del conflicto.

De acuerdo con lo señalado por Romero, el jefe comunal se comprometió a realizar gestiones ante la empresa y brindar asistencia mientras continúe la disputa. “Él se puso a disposición, dijo que iba a llamar a la empresa y que iba a tratar de comunicarse”, expresó.

A las denuncias salariales y laborales se sumó ahora una carta difundida por el sector denominado “Trabajadores Unidos de American Meat S.A.”, en la que se acusa a la empresa de incumplir un acuerdo alcanzado previamente y avanzar con despidos encubiertos.

Según el comunicado, los operarios se presentaron para retomar sus tareas habituales en cumplimiento de lo establecido en un acta, pero más del 50% del personal habría sido impedido de ingresar a la planta.

Los trabajadores señalaron directamente a Marcelo Manes, Diego Etcheverry y al jefe de planta, Andrés Pimentel, y aseguraron que se les comunicó verbalmente una supuesta “reducción de personal”.

La organización denunció que los trabajadores afectados quedaron en una situación de “incertidumbre absoluta” respecto del cobro de las quincenas adeudadas y de eventuales indemnizaciones.

En el documento, los trabajadores calificaron la medida como una maniobra de la patronal y sostuvieron que quienes reclamaron por sus derechos laborales estarían siendo perjudicados.

También denunciaron que la decisión habría quebrado “la paz social pactada hace apenas unas horas con la entidad sindical”.

Ante este escenario, reclamaron la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo y el respaldo del Sindicato de la Carne.

“Trabajadores Unidos de American Meat S.A.” responsabilizó a los directivos mencionados por la profundización del conflicto y advirtió sobre el impacto que la situación tiene sobre las familias de Cacharí.

El reclamo fue sintetizado por los trabajadores en dos consignas: “Ningún despido en el frigorífico” y “pago inmediato de lo adeudado a todos los trabajadores”.

Por el momento, el conflicto mantiene paralizada la actividad y suma nuevos reclamos mientras los trabajadores aguardan respuestas sobre los salarios pendientes, la continuidad laboral y las condiciones en las que podría retomarse la producción.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Adrián Pérez, fue detenido acusado de portación de armas de fuego.

La detención de Pérez se produjo en calle Alberdi, en el barrio porteño de Mataderos, en el marco de un operativo de rutina realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según la información difundida, Pérez circulaba a bordo de un Peugeot 308 junto a otras dos personas cuando el vehículo fue detenido para un control. Los agentes encontraron un bolso con dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol. Pérez registraba tenencia autorizada pero no lo habilitaba para trasladar el arma en la vía pública, lo que derivó en la acusación por portación ilegal.

Durante el procedimiento también fueron detenidos Pedro Fabián Pérez, quien sería el custodio del dirigente, y José Ignacio Esquivel, señalado como chofer. 

De acuerdo con lo informado por TN, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que fueron encontrados y la responsabilidad de cada uno de los involucrados. 

En el caso interviene la Unidad Flagrancia Sur, y la fiscal Nancy Haron ordenó la detención formal por portación ilegal de arma de guerra. La investigación judicial continúa y deberá establecer la situación procesal de los tres detenidos.

Las trabajadoras de casas particulares tendrán una nueva actualización salarial durante el segundo semestre de 2026, en un esquema fue acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, según confirmó el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Los incrementos se aplicarán sobre los salarios mínimos vigentes en julio de 2026 y contemplan aumentos mensuales hasta diciembre, además de una suma no remunerativa extraordinaria que se pagará este mes.

El acuerdo establece un aumento del 1,9% en agosto y el pago de una suma no remunerativa por única vez.

En tanto que el monto dependerá de la carga horaria semanal de cada trabajadora:

La suma se abonará junto con los salarios de agosto y será incorporada de manera gradual al salario básico durante los meses siguientes.

En cuanto al cronograma de subas acordado será el siguiente:

De esta manera, el bono otorgado en agosto quedará totalmente incorporado al salario básico a partir de noviembre.

Tras la actualización de agosto, la categoría Supervisor/a percibirá $ 4.523,11 por hora con retiro y $ 4.920,88 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $ 564.246,70 y $ 624.313,90, respectivamente.

Para el Personal para tareas específicas, como cocineros y otros trabajadores con capacitación particular, la hora trabajada será de $ 4.303,49 con retiro y $ 4.684,53 sin retiro. Los salarios mensuales alcanzarán los $ 526.829,55 y $ 582.283,27.

En la categoría Caseros, el valor será de $ 4.072,38 por hora y $ 514.903,51 mensuales.

Las trabajadoras dedicadas al cuidado de personas cobrarán $ 4.072,38 por hora con retiro y $ 4.520,14 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $ 514.903,51 y $ 569.593,41.

Por su parte, el personal para tareas generales, que incluye actividades de limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, percibirá $ 3.804,66 por hora con retiro y $ 4.072,38 sin retiro. Los valores mensuales ascenderán a $ 466.756,23 y $ 514.903,51.

El régimen mantiene el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual. También continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 31% para quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

El sector disidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que conduce María Laura Torre, anunció una huelga de 24 horas para la semana que viene que complicará el dictado de clases en escuelas de varios distritos.

Según informó la lista Multicolor, el paro será el miércoles 26 de agosto, mientras que un día anterior los maestros de esta agrupación se movilizarán por las calles de La Plata para reclamar mejores condiciones laborales.

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La protesta se decidió en una reunión de la que participaron más de 7.800 trabajadores de 36 distritos bonaerenses. Según se informó desde la organización sindical, la marcha será el martes 25 y un día después el paro de actividades. La protesta afectará principalmente a escuelas de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre.

En esta oportunidad, en la lista de reclamos figuran la “urgente reapertura de paritarias” y un salario inicial de 1,6 millones de pesos "con actualización mensual por inflación, en el camino a un salario por cargo igual a la canasta familiar". Los disidentes también reclaman que les devuelvan los montos descontados a los haberes en los últimos paros que hicieron.

El último acuerdo entre los gremios y el Gobierno bonaerense se firmó a principios de julio, estableció un aumento del 7%. Además, las negociaciones se van a reabrir en septiembre.

Entre otras demandas, también figuran el IPS, problemas con el IOMA y un pedido para que el Banco Provincia condone las deudas de los trabajadores de la educación.

La situación laboral en San Miguel del Monte volvió a generar preocupación luego de que, durante los últimos días, al menos 20 trabajadores de la empresa avícola Wade S.A. recibieran telegramas de despido.

La firma, vinculada al grupo Granja Tres Arroyos, comunicó las desvinculaciones en el marco de un proceso de reestructuración de personal en su planta ubicada en el distrito bonaerense. Las notificaciones fueron fechadas el 7 de agosto y llevan la firma del apoderado de la compañía.

La información fue difundida por el medio regional Infozona, a partir de las comunicaciones recibidas por los trabajadores.

Según surge de los telegramas, Wade S.A. invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida en determinadas situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

La empresa sostiene que atraviesa una “grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora” y atribuye la situación a distintos factores que afectaron la producción y la comercialización.

Entre ellos menciona las consecuencias de los brotes de influenza aviar, las dificultades para acceder a mercados internacionales, la caída de las exportaciones y la sobreoferta de productos en el mercado interno. También señala la caída de los precios de los productos avícolas, el aumento de los costos de producción, contingencias operativas y conflictos colectivos.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el artículo invocado por la empresa. Esta modalidad contempla una indemnización equivalente al 50% de la prevista para un despido sin justa causa, siempre que se acrediten las circunstancias establecidas por la legislación laboral.

La invocación del artículo 247 no implica automáticamente que el encuadramiento quede acreditado. Los trabajadores comenzaron a reunir la documentación para analizar las liquidaciones y evaluar eventuales cuestionamientos a la medida.

Los despidos vuelven a poner en el centro de la escena el impacto que la situación de la empresa puede tener sobre el empleo en San Miguel del Monte.

En mayo, el Municipio había convocado a representantes de distintos bloques del Concejo Deliberante para analizar la situación de la compañía. En ese momento se advertía que más de 300 puestos de trabajo locales estaban vinculados a la actividad de la empresa.

Ahora, los nuevos despidos generan incertidumbre entre las familias que dependen directa o indirectamente de la planta y vuelven a poner bajo la lupa el futuro de los puestos de trabajo.

Por el momento, los telegramas alcanzan a al menos 20 trabajadores, aunque no se descartan nuevas novedades en el marco del proceso de reestructuración.

La empresa textil IGT33 S.A., responsable de las marcas Rever Pass y Be Rebel, solicitó su concurso preventivo ante la Justicia luego de acumular un pasivo superior a $7.000 millones.

Según informó el medio local El Comercio Online, la compañía tiene más de 40 años de trayectoria, una planta industrial en Ricardo Rojas, más de 100 trabajadores y 13 locales comerciales.

La situación genera preocupación por la continuidad de la actividad, mientras la firma intenta negociar con sus acreedores y sostener su estructura productiva.

Las cuentas de IGT33 reflejan el deterioro de los últimos años. Las ventas cayeron cerca de un 24% entre 2024 y 2025, mientras que las pérdidas pasaron de $515 millones a $4.365 millones.

La empresa atribuye la crisis a una combinación de caída del consumo, aumento de costos, encarecimiento del crédito y avance de las importaciones.

En particular, señala el impacto de plataformas internacionales como Shein y Temu, que venden directamente al consumidor y compiten con las marcas locales con una estructura de costos diferente.

Frente a este escenario, IGT33 decidió modificar su modelo de negocios y combinar producción local con productos terminados importados, con el objetivo de reducir costos y competir en precios.

La crisis también llevó al cierre de algunos locales comerciales y a una mayor concentración en los canales que la empresa considera más eficientes.

El concurso preventivo busca darle margen para ordenar sus deudas y alcanzar un acuerdo con los acreedores, mientras intenta sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.

Para la compañía, el principal desafío será concretar esta reconversión en un contexto de fuerte competencia internacional, mientras busca resolver un pasivo que supera los $7.000 millones.

La Asociación Bancaria, el gremio de los trabajadores bancarios, cerró un nuevo aumento paritario y los empleados que se inician en el rubro cobrarán en julio más de $2.500.000 de sueldo.

La actualización será del orden del 2,1% sobre el mes de julio del presente año.  Según se indicó, el sueldo inicial de un asalariado bancario en julio llega a los $2.463.354,74 y se le suman $71.219,54 en concepto de participación en las ganancias, redondeando el sueldo en los $2.534.977,22.

La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial de la Asociación Bancaria que conduce el Secretario General, Sergio Palazzo, en el que expresan de este modo garantizan que los trabajadores bancarios "continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

“Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de julio de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2025”, señala el comunicado difundido por el gremio.

Y agrega: "Se continuará durante el mes de agosto de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026”.

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) de Puan enfrentó una polémica medida del gobierno del intendente Diego Reyes (PRO), ya que se mandó a estampar su nombre en la ropa de trabajo entregada a los empleados.

Las prendas llevan el slogan “Gestión Intendente Lic. Diego Reyes”. La medida generó un fuerte rechazo entre los trabajadores y provocó una presentación formal. En la nota con fecha 13 de agosto de 2026, firmada por el secretario adjunto Juan Cruz Goñi, el sindicato adherido a la FESIMUBO le exigió al ejecutivo municipal “el retiro y discontinuación inmediata de la leyenda en toda la ropa provista”.

En el escrito presentado en la Intendencia el gremio señala que la chomba entregada "excede claramente la mera identificación institucional del Estado municipal, utilizando de esta manera bienes públicos (las prendas de trabajo, adquiridas y provistas con fondos del erario municipal) con una finalidad ligada a la promoción de la gestión del gobierno de turno".

Además, el sindicato le otorgó un plazo de 10 días hábiles al Municipio para que brinde un informe detallado sobre quién autorizó la medida. De no corregirse la situación, desde AOEM advirtieron que avanzarán con las denuncias administrativas y judiciales correspondientes ante los órganos de control como el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La presentación sindical remarca que la actitud de la gestión de Reyes es una violación de la Constitución Nacional y de la Provincial. También viola la Ley de Ética Pública, ya que el artículo 2 de la Ley 25.188 “obliga a proteger los bienes públicos y usarlos exclusivamente para los fines autorizados, prohibiendo la autopromoción”.

Y, también, la Ley 14.656 de Empleo Municipal, que “establece que la indumentaria de trabajo tiene una finalidad estrictamente funcional y de seguridad laboral (art. 17), prohibiendo a la par el uso de bienes o recursos municipales con fines particulares o partidarios (art. 104)”.

Docentes bonaerenses se concentran este martes frente a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, para reclamar una reapertura de la paritaria y una mejora de los salarios del sector.

La protesta es impulsada por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) y contempla además una olla popular en la Plaza San Martín, frente a la sede del Ejecutivo bonaerense.

Durante un móvil de LN+, los docentes explicaron que consideran insuficiente el acuerdo salarial vigente y reclamaron una nueva convocatoria del Gobierno de Axel Kicillof para discutir una recomposición de los ingresos.

Uno de los referentes de la organización señaló que los salarios iniciales se encuentran muy por debajo de los valores que consideran necesarios para afrontar el costo de vida. Según detalló, un profesor tiene un salario inicial cercano a los $556.000, mientras que para docentes de nivel inicial y primario el ingreso ronda los $860.000.

En ese marco, la organización reclama llevar el salario hasta $2,8 millones por cargo, tanto para afiliados como para quienes no están sindicalizados.

Durante la protesta, una docente que trabaja en los niveles primario y secundario contó que cobra alrededor de $800.000 por 20 módulos y explicó que el trabajo no termina con las horas frente al curso.

“Son muchas horas que pasamos en casa planificando, elaborando las actividades”, explicó durante el móvil, al señalar además que en su caso debe preparar y adaptar materiales para sus alumnos.

La docente sostuvo que su situación familiar le permite afrontar los gastos, pero advirtió que tendría serias dificultades para sostenerse si tuviera que hacerlo sola, especialmente por el costo del alquiler en La Plata.

Otra maestra de nivel primario que participa de la protesta afirmó que los aumentos otorgados durante el año no alcanzaron para recomponer los ingresos y reclamó un salario de al menos $1,2 millones por cargo.

Desde la organización cuestionan que los salarios docentes hayan perdido poder adquisitivo y reclaman que la Provincia vuelva a sentarse con los trabajadores para discutir una nueva actualización.

La movilización se desarrolla en estos momentos frente a la Gobernación bonaerense, mientras continúan llegando docentes para participar de la jornada de protesta.

El reclamo tiene como uno de sus principales puntos la necesidad de reabrir la discusión salarial y mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación.

El presidente Javier Milei volvió a cruzar públicamente al sindicalismo y esta vez eligió como blanco a Facundo Moyano, luego del escándalo que protagonizó el exdiputado junto a su pareja, Candela Arizaga, a comienzos de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

El mandatario compartió en su cuenta de Instagram un meme con una frase que apuntó directamente contra el exlegislador y su padre, el histórico dirigente sindical Hugo Moyano.

“Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre”, dice la imagen publicada por Milei.

La expresión hace referencia al relato que Facundo Moyano dio públicamente sobre el episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo semidesnuda y con sus capacidades alteradas por la zona de Avenida del Libertador, mientras el exdiputado iba detrás de ella.

Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

En un primer momento, Moyano fue detenido por la Policía por una presunta privación ilegítima de la libertad, aunque posteriormente recuperó la libertad y negó que hubiera existido una situación de violencia de género.

Días después del episodio, el exdiputado rompió el silencio en una entrevista televisiva y dio su versión de lo ocurrido. Según relató, Arizaga había llevado drogas al departamento y sufrió un “brote psicótico fuertísimo”.

Moyano también aseguró que la joven sufrió un “paro cardíaco”, por lo que, según su relato, comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y pidió al encargado del edificio que se comunicara con el 911.

La situación había generado distintas especulaciones sobre una posible situación de violencia, aunque esa hipótesis fue descartada públicamente por ambos integrantes de la pareja.

Arizaga, una modelo rosarina de 23 años, también contó su versión del episodio y aseguró que tenía su “propia droga” y que no había existido una discusión con Moyano.

“Sentí que me perseguían cosas, como que alucinaba. Mi mente no estaba ahí, estaba en otro lado, yo quería huir”, explicó la joven.

Con su publicación, Milei volvió a poner el episodio en el centro de la escena y aprovechó para ironizar sobre el apellido Moyano y su histórica relación con las medidas de fuerza sindicales.

El cierre de Will Der S.A., que dejó a unos 120 trabajadores afectados tras la decisión de la empresa de dejar de operar en sus plantas de Las Flores y Ricardo Rojas, en Tigre, sumó nuevos capítulos durante esta semana. Desde el municipio de Las Flores confirmaron reuniones con los trabajadores y volvieron a advertir por el impacto de la crisis sobre la actividad industrial.

El secretario de Producción, Turismo y Ambiente de Las Flores, Cristian Chiodini, señaló en diálogo con Radio Provincia que mantuvieron varios encuentros con el intendente Fabián Blanstein a partir de la decisión de la compañía.

“120 trabajadores van a quedar desafectados”, confirmó el funcionario, quien lamentó que se trate de otra empresa importante vinculada al sector de indumentaria y calzado que deja de funcionar.

“Venimos sufriendo la sangría de otra empresa grande. Esto no hace más que poner de manifiesto la poca relevancia que tiene para el gobierno nacional el desarrollo industrial”, sostuvo Chiodini.

La situación tiene una dimensión particular para Las Flores, donde la actividad textil forma parte de la identidad productiva de la ciudad y representa una fuente histórica de empleo.

“Duele un montón porque el arraigo tiene que ver con la especialización de muchas personas en la tarea textil”, afirmó el secretario municipal.

Chiodini explicó además que desde el municipio buscan acompañar a los trabajadores afectados y destacó que la empresa mantenía a su personal registrado.

“Estamos tratando de contener a las personas, más allá de que la empresa tenía a todo el personal en blanco y van a cobrar sus indemnizaciones y seguros”, señaló.

La confirmación se conoce luego de que, días atrás, se informara que la empresa había decidido cerrar definitivamente sus dos plantas. En Las Flores, la fábrica había atravesado previamente un proceso de reducción de personal: de más de un centenar de trabajadores a fines de 2023 había pasado a contar con poco más de 20 operarios.

El funcionario también analizó las dificultades que atraviesa actualmente el sector textil y sostuvo que, pese a tratarse de una actividad con capacidad para generar empleo rápidamente, el contexto económico complica una eventual recuperación.

“En el 2000 hubo situaciones similares pero hoy lamentablemente se conjugan variables macroeconómicas que tienen que ver con la apertura de importaciones y una baja extraordinaria del poder adquisitivo de todos los argentinos”, planteó.

Para Chiodini, esa combinación genera un escenario especialmente complejo para las empresas del rubro.

“El combo es explosivo y vemos muy complicado la subsistencia de este tipo de rubros”, afirmó.

En paralelo, el secretario de Producción de Las Flores destacó las políticas impulsadas por el municipio para intentar atraer nuevas inversiones.

“Es una situación sin precedentes, se han vivido pocos momentos como éste”, sostuvo.

Según explicó, el distrito cuenta con un programa que contempla exenciones impositivas por diez años para las empresas que decidan instalarse en el parque industrial.

Sin embargo, reconoció que la medida todavía no logró traducirse en nuevas radicaciones: “Tenemos un potente programa de inversiones donde eximimos de impuestos por diez años a las empresas que se radiquen en el parque industrial, pero no están viniendo”.

Así, mientras los trabajadores de Will Der atraviesan el proceso posterior al cierre, desde Las Flores advierten que el caso vuelve a poner en discusión el presente y el futuro del empleo industrial bonaerense, particularmente en localidades donde la actividad textil tiene un fuerte arraigo.