El Municipio de Salliqueló fue beneficiario del testamento de Julián Gallego, un vecino que dejó tres parcelas de campos que en conjunto suman 121 hectáreas.

El intendente Ariel Succurro fue quien anunció la donación y que la venta de las parcelas estará supervisada por el Albacea testamentario, la persona elegida por el testador en su testamento para cumplir y ejecutar sus últimas voluntades.

Allí, Gallego -viudo y sin hijos- puso como requisito ineludible que los recursos obtenidos por la venta de las tierras deberán destinarse en su totalidad a infraestructura y equipamiento del Hospital Municipal. Gallego dejó por escrito que se construya un quirófano, una planta de oxígeno y una sala de médicos, entre otras obras.

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“Agradecemos eternamente este gesto de solidaridad y generosidad, pensando en el bien común y, especialmente, en mejorar el sistema de salud de toda nuestra comunidad. Con estos recursos seguiremos haciendo obras y sumando equipamiento a nuestro querido Hospital Municipal”, celebraron desde la comuna de la sexta sección en un comunicado.

Según informó OesteBa, durante sus últimos años Gallego mantuvo un fuerte vínculo con el Hospital Municipal, donde estuvo internado por un largo período tras una cirugía de cadera. Allí entabló una gran relación con enfermeros, médicos, personal de cocina y mucamas que lo cuidaron. Al ser dado de alta, volvió a su hogar hasta que falleció.

La directora del Hospital, la doctora Andrea Vidaurre, destacó la “conciencia social y solidaridad” de Gallego y afirmó que los recursos permitirán mejorar servicios e infraestructura en beneficio de vecinos de Salliqueló y Quenumá.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo aumento que tendrán los boletos de los colectivos desde el 1° de septiembre en el Gran Buenos Aires y Gran La Plata, que componen la capital bonaerense, Berisso y Ensenada.

La decisión implica una suba desde el próximo martes del 4,79%, por lo que el boleto mínimo trepará de los $1.210,17 actuales a $1.268,20. En tanto que el más caro, que se abona por recorridos de 27 km o más, pasará de $2.077.96 a 2.177,59, para  pasajeros que abonen con una tarjeta SUBE  nominal.

Las tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:

Para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominar, el costo será considerablemente mayor. El pasaje mínimo alcanzará los $2.536,39 y el máximo llegará a $4.355,19.

El ajuste también impactará en los usuarios que cuentan con el beneficio de la tarifa social. En este caso, los nuevos valores serán:

También quedaron establecidas las tarifas de servicios suburbanos provinciales del Gran Buenos Aires, líneas que cruzan dos municipios o más.

La investigación por el envenenamiento y muerte de perros en el barrio Los Tilos de Bolívar sumó nuevas pruebas tras una serie de allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad. Según informó el medio local Presente Noticias, la fiscal Julia María Sebastián brindó detalles del expediente y señaló a Sebastián Rodrigo Mendiburu como presunto autor del hecho.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal, junto al jefe de Operaciones de la DDI, Ezequiel Luna, y el comisario Pedro Poveda, explicó cómo avanzó la investigación a partir del hallazgo de carne picada presuntamente envenenada.

“El autor del hecho fue Mendiburu Sebastián Rodrigo”, afirmó la fiscal, aunque aclaró que la investigación continúa para determinar si pudieron participar otras personas.

Los procedimientos se realizaron el domingo pasado tanto en el domicilio particular del imputado como en su carnicería. De acuerdo con lo explicado por la Fiscalía, la investigación permitió establecer que la carne utilizada era picada de cerdo y que Mendiburu tenía acceso al elemento que habría sido utilizado para provocar la muerte de los animales.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que la sustancia utilizada podría ser estricnina, aunque todavía resta conocer el resultado de los análisis toxicológicos.

“La sustancia concreta la vamos a saber con el resultado de los tóxicos”, explicó la fiscal, quien evitó brindar algunos detalles para no afectar el avance de la causa.

Durante los allanamientos se encontraron elementos que, según la investigación, permiten sostener que había veneno. Además, en la carnicería apareció carne con características similares a la utilizada para envenenar a los perros.

Uno de los elementos centrales del expediente son las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Ezequiel Luna explicó que un vecino, Norberto Pascual García, aportó registros obtenidos de dispositivos ubicados en inmediaciones de la prolongación Saavedra y La Rioja.

El punto de partida fue el hallazgo, el 13 de agosto a las 8.20, de un tupper con restos de carne presuntamente envenenada.

A partir del análisis de las imágenes, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido del recipiente y detectaron además otro perro fallecido en un galpón, encontrado el lunes.

La secuencia permitió determinar que la colocación del producto se habría producido el domingo 9 de agosto a las 12.46. En las imágenes aparece una camioneta Volkswagen gris oscuro, sin patente, que se aproxima al lugar y de la que desciende una persona.

Los investigadores comenzaron entonces a analizar las características del vehículo. Entre otros detalles, observaron un logo de polarización, un sticker de fabricación y la identificación de la empresa que lo había vendido.

Con esos datos pudieron establecer que la camioneta pertenecía a Sebastián Mendiburu. Según se explicó, el vehículo todavía no tenía colocada la patente porque recién la recibió el 13 de agosto.

La identificación del vehículo y el hecho de que Mendiburu fuera propietario de una carnicería llevaron a los investigadores a solicitar nuevas medidas judiciales.

Durante el allanamiento del comercio fueron secuestradas las tarjetas de memoria de las cuatro cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento.

El análisis de esas imágenes aportó otro elemento relevante: los investigadores sostienen que el mismo tupper que después apareció en la vía pública fue manipulado dentro de la carnicería por el propio dueño durante la mañana del 9 de agosto.

Para la fiscal, la secuencia permite establecer que el veneno habría sido colocado antes de que el recipiente fuera trasladado hasta el lugar donde posteriormente fue descartado.

“Sin lugar a dudas, colocó el veneno antes de salir rumbo al lugar donde fue a tirarlo”, sostuvo Sebastián.

La Fiscalía de Bolívar había solicitado la detención de Mendiburu, pero la jueza Fabiana San Román consideró que, de acuerdo con la acusación inicial, no estaban dadas las condiciones para disponer esa medida.

Según explicó la fiscal, el delito contemplado inicialmente tenía una escala penal de entre 15 días y un año de detención.

Sin embargo, la situación procesal podría modificarse a partir de la figura vinculada con el envenenamiento de sustancias alimenticias, que contempla una pena de entre 3 y 10 años.

Esa calificación podría permitir que la Fiscalía vuelva a solicitar una medida de detención.

Mientras tanto, Mendiburu fue citado para este viernes a las 12 en la Fiscalía de Bolívar, donde deberá prestar declaración en relación con la acusación que pesa sobre él. El expediente incluye imputaciones por infracción a la Ley Sarmiento, daño calificado y envenenamiento de sustancias alimenticias.

La fiscal Sebastián diferenció entre la persona que considera responsable directo del acto y la posibilidad de que existan otros participantes.

“Como autor concreto del acto de crueldad, tenemos a esta persona; estamos investigando posibles partícipes”, señaló.

Por otra parte, la funcionaria destacó el aporte realizado por Norberto Pascual García, cuyas cámaras permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Debido a la importancia de esas imágenes para el esclarecimiento del caso, la Fiscalía solicitó a la Municipalidad de Bolívar que la recompensa sea otorgada al vecino por su colaboración.

La causa continúa ahora con nuevas pruebas, análisis toxicológicos y la declaración del imputado, mientras la Justicia deberá determinar el alcance de las responsabilidades y si corresponde avanzar con una nueva solicitud de detención.

Bajo la consigna “No son falsas denuncias, faltan denuncias”, legisladoras y legisladores de distintos bloques participaron de una Mesa de Trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para analizar el proyecto impulsado por la senadora nacional Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal y endurecer las penas ante casos de presuntas falsas denuncias.

El encuentro fue organizado por la diputada Noelia Saavedra y se desarrolló en la Sala 30 del Palacio Legislativo bonaerense. Participaron las diputadas Lucía Iañez, Mónica Schlotthauer, Evelyn Flores Yans, Ayelén Rasquetti y Cintia Romero, el diputado Christian Castillo y las senadoras Mónica Macha y Valeria Arata.

También estuvieron presentes familiares de víctimas de femicidio, madres protectoras e integrantes de organizaciones feministas, sociales y políticas, quienes expresaron su rechazo a la iniciativa y plantearon sus preocupaciones sobre las consecuencias que podría generar.

Durante la jornada se puso el foco en el impacto que, según los participantes, podría tener el endurecimiento de las penas sobre las personas que buscan denunciar situaciones de violencia.

Uno de los datos centrales expuestos durante el encuentro señala que, de acuerdo con un relevamiento federal basado en más de ocho millones de causas penales, las investigaciones por falsa denuncia representan apenas el 0,09% del total.

En ese marco, los participantes sostuvieron que avanzar con nuevas sanciones penales podría generar mayores obstáculos para el acceso a la Justicia, especialmente para mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

También plantearon su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre las infancias, particularmente en casos vinculados a denuncias de abuso sexual.

Como cierre de la actividad, se leyó un documento que fue refrendado por las personas presentes. Allí expresaron su rechazo a iniciativas que, según plantearon, puedan desalentar o dificultar las denuncias de violencia de género.

Los participantes asumieron además el compromiso de continuar con sucesivos encuentros para debatir y cuestionar proyectos o acciones que consideren que ponen en riesgo el derecho de las mujeres a denunciar situaciones de violencia.

La jornada volvió a instalar así en la Legislatura bonaerense el debate sobre las denuncias por violencia, las llamadas falsas denuncias y el alcance de las respuestas penales, en medio de una fuerte discusión política en torno a las políticas de género.

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó con dos proyectos considerados centrales por el Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas obtuvieron media sanción y ahora deberán continuar su tratamiento en el Senado.

La reforma del Banco Central fue aprobada en general con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, mientras que hubo un diputado ausente. El proyecto establece como misión primaria del organismo la preservación del valor de la moneda y busca limitar las vías de financiamiento del Tesoro mediante el BCRA.

Horas después, la Cámara baja aprobó la denominada Inocencia Fiscal II con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. La iniciativa amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al esquema, mientras que los funcionarios públicos quedaron excluidos de sus beneficios tras las negociaciones con los bloques aliados.

El siguiente detalle reúne a los 70 diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires y permite comparar su posición frente a los dos proyectos.

Entre los representantes de la provincia, el respaldo al proyecto oficialista estuvo concentrado en La Libertad Avanza, el PRO, Eduardo Falcone del MID y Karina Banfi de Adelante Buenos Aires.

También hubo una posición diferente dentro de Provincias Unidas: Pablo Juliano se abstuvo, mientras que el resto de los bonaerenses de ese espacio no acompañó el proyecto en general. La Coalición Cívica, por su parte, tuvo a Mónica Frade como abstención, mientras que Nicolás Massot, de Encuentro Federal, también optó por abstenerse.

El bloque de Unión por la Patria, junto con los representantes bonaerenses del Frente de Izquierda, votó en contra de la reforma.

La votación de la ampliación de Inocencia Fiscal II mostró una división mucho más clara entre los bloques bonaerenses.

Los diputados de La Libertad Avanza y el PRO que participaron de la votación acompañaron el proyecto, al igual que Karina Banfi y Eduardo Falcone. En cambio, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Marcela Pagano y Pablo Juliano votaron en contra.

En este caso, Mónica Frade y Miguel Ángel Pichetto estuvieron ausentes. No hubo abstenciones entre los diputados bonaerenses.

La votación general no fue el último capítulo del debate sobre el BCRA. Luego de la aprobación en general, la Cámara votó los dos títulos del proyecto por separado y algunos diputados modificaron su postura.

Entre quienes cambiaron su voto estuvieron Eduardo Falcone, Oscar Zago, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Jorge Antonio Ávila. Además, varios legisladores que se habían abstenido en general pasaron a votar en contra en alguno de los títulos.

Por eso, el cuadro publicado en esta nota toma como referencia exclusivamente la votación en general, que es la que determinó la media sanción de la reforma.

Un vecino del partido bonaerense de Laprida se convirtió en el único ganador del primer premio de la Quiniela Plus correspondiente al sorteo del último lunes 24.

El afortunado se hizo acreedor de nada menos que 341 millones de pesos, según el extracto que publica Lotería de la Provincia, libre de impuestos.

El apostador logró acertar los ocho números requeridos para quedarse con el premio mayor del sorteo entre los siguientes: 08-09-16-19-20-22-29-31-46-49-60-61-63-66-68-72-82-88-98.

La noticia sorprendió al personal de la agencia. Marcela, una de las agencieras, contó que se enteraron durante la mañana de ayer (martes), a través de un mensaje recibido en la máquina de la agencia. “Los sueños se cumplen”, resumió.

Según relató, es la primera vez que la Agencia Zorionak vende un ticket correspondiente al primer premio de la Quiniela Plus. Hasta este martes, el ganador o la ganadora no se había presentado en la agencia, por lo que se desconoce su identidad. 

En este sentido, desde la agencia destacaron que el premio de la Quiniela Plus no tiene retenciones, por lo que el ganador percibirá el monto establecido una vez realizado el trámite correspondiente ante Lotería, informó Laprida Noticias.

La histórica empresa Ascensores Cóndor, con más de 50 años de trayectoria en Ituzaingó, quedó envuelta en una serie de denuncias judiciales por presunta estafa y administración fraudulenta que suman un nuevo capítulo al conflicto que terminó con el cierre de la firma y la pérdida de 140 puestos de trabajo.

La información fue publicada por Primer Plano Online, que reconstruyó el proceso a partir de testimonios y documentación vinculada a los expedientes judiciales.

La compañía había sido considerada durante décadas una industria de referencia en el país y Latinoamérica. Incluso, según una cotización judicial realizada en 2019, la firma estaba valuada en unos 12 millones de dólares.

Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse luego del fallecimiento de su fundador.

Juan Luis Sánchez hijo, heredero y homónimo del fundador de Ascensores Cóndor, fue designado en abril de 2019 como administrador judicial del acervo hereditario, aproximadamente un año después de la muerte de su padre.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Primer Plano Online, a partir de ese momento comenzó un proceso de deterioro de la empresa que terminó desembocando en deudas, incumplimientos y finalmente el cierre de la planta.

El conflicto tomó estado público en diciembre del año pasado, cuando los trabajadores expusieron la situación que atravesaban. Los empleados venían percibiendo sus salarios de manera irregular y denunciaban que la situación laboral se había vuelto insostenible.

Finalmente, 140 familias de Ituzaingó quedaron sin su principal fuente de ingresos.

Uno de los puntos más graves que surgieron de los expedientes está relacionado con reclamos de contratistas y clientes que habrían abonado importantes sumas de dinero por productos que nunca recibieron.

Dardo Milocco, exabogado de Ascensores Cóndor y cuñado de Sánchez, sostuvo que desde 2023 comenzó a tomar conocimiento de distintos reclamos.

“Varios contratistas reclaman por sumas importantísimas que habrían pagado por ascensores que no fueron entregados”, afirmó durante una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano, emitido por Somos, de Flow.

Según explicó Milocco, la situación sería de larga data y habría generado un perjuicio económico considerable.

Para dimensionar los montos involucrados, el exabogado señaló que fabricar un ascensor de las características de los que producía la compañía podía tener un costo de entre 25.000 y 30.000 dólares.

A partir de la documentación que pudo recopilar, estimó que existirían cerca de 200 productos cobrados por anticipado y que nunca fueron entregados.

La situación derivó además en presentaciones judiciales contra Juan Luis Sánchez.

El administrador enfrenta dos denuncias por estafa y otra por administración fraudulenta, que tramitan ante la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.

Una de esas presentaciones fue realizada por Adriana Susana Sánchez, en carácter de coheredera damnificada, y por Dardo Damián Milocco, su esposo, como acreedor de la sucesión.

En paralelo, Sánchez también tiene abiertos alrededor de 30 expedientes en la Ciudad de Buenos Aires vinculados con reclamos por ascensores que, según las presentaciones, no habrían sido entregados en tiempo y forma.

El denunciado ya fijó domicilio y se encuentra a disposición de la Justicia.

Otro capítulo del caso se produjo recientemente. El pasado 7 de julio, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Morón resolvió designar un nuevo administrador judicial dentro del expediente principal de la sucesión.

El contador Gastón Adolfo Cavigliasso fue designado para ocupar ese cargo, aunque hasta el momento no había confirmado si aceptaba asumir la administración.

Milocco cuestionó además el tiempo que demandaron las distintas actuaciones judiciales y aseguró que durante años se presentaron reclamos relacionados con la falta de rendición de cuentas.

“Eso se convirtió en 8 años y en el cierre de la empresa”, sostuvo el abogado al referirse a las demoras que, según su interpretación, terminaron agravando la situación de la compañía.

El caso de Ascensores Cóndor expone así una situación que comenzó como un conflicto laboral y terminó involucrando denuncias penales, reclamos de clientes, una sucesión judicial y la pérdida de 140 puestos de trabajo.

La empresa, que durante décadas se había destacado por la fabricación de ascensores y había alcanzado una posición relevante en el mercado latinoamericano, terminó cerrando sus puertas en medio de una crisis cuya explicación, según los denunciantes, estaría vinculada principalmente con la administración de la firma y una acumulación de incumplimientos y deudas.

Mientras avanzan las causas judiciales, resta determinar el alcance de las responsabilidades denunciadas y el destino de los fondos correspondientes a los productos que, según los reclamos incorporados a los expedientes, habrían sido cobrados sin que los ascensores fueran finalmente entregados.

El Gobierno anunció este miércoles que utilizará fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para impulsar los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa y contempla un programa de $2 billones, con el objetivo de que entre 17.000 y 18.000 familias puedan acceder a financiamiento para vivienda.

El mecanismo consiste en que el FGS, que actualmente realiza colocaciones a través de plazos fijos en bancos, extienda los plazos a uno y hasta cinco años mediante licitaciones transparentes. Según explicó Caputo, esto permitirá que las entidades financieras cuenten con recursos para acelerar el otorgamiento de créditos hipotecarios.

“Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extenderlos a 1 año y 5 años y esto le va a permitir a los bancos acelerar fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, explicó el ministro.

Caputo aclaró que los préstamos estarán destinados exclusivamente a primera vivienda y podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una propiedad.

Además, los bancos que participen del programa tendrán un límite en la tasa que podrán cobrar: no podrá superar el 7,5%, más la variación del UVA.

Durante la conferencia, el ministro presentó un ejemplo para graficar las condiciones del programa. Para una vivienda valuada en US$106.667, una familia debería acreditar ingresos por aproximadamente $3.460.391 y tendría una cuota inicial cercana a los $865.089.

En ese caso, el crédito tendría una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años.

El ejemplo expuesto por Caputo permite dimensionar los requisitos de acceso a la línea: los solicitantes deberán demostrar ingresos suficientes para afrontar la cuota inicial establecida por la entidad financiera.

Durante la misma conferencia de prensa, Caputo también realizó declaraciones de fuerte contenido político y aseguró que la principal preocupación que le transmiten las industrias es la reelección de Javier Milei.

“Hoy el riesgo que plantea la mayoría de las industrias es el electoral. Me junto todo el tiempo con las diferentes industrias. Cuando se les pregunta su mayor preocupación, su única preocupación es la reelección”, afirmó el ministro.

En ese sentido, apuntó directamente contra el kirchnerismo y sostuvo que existe “0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo”.

“Es natural porque del otro lado hay evidencia empírica que sería volver al infierno y entiendo la preocupación. Más allá de que para mí hay 0% de probabilidad de que vuelva el kirchnerismo”, expresó.

Caputo también sostuvo que la economía argentina atraviesa un escenario positivo y cuestionó las críticas de la oposición. “La Argentina viene creciendo por encima de los niveles de la OCDE, el producto en niveles récord, el consumo en niveles récord, exportaciones también en niveles récord y no solo del agro y minería sino también de pymes”, afirmó.

El ministro también buscó llevar tranquilidad respecto del impacto que la medida tendrá sobre el patrimonio del FGS y aseguró que los fondos de ANSES no asumirán el riesgo crediticio de los beneficiarios.

“La función del FGS no es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, es el trabajo de los bancos”, sostuvo Caputo.

Según explicó, el organismo previsional simplemente provee liquidez a las entidades financieras, mientras que son los bancos los encargados de evaluar a los solicitantes y asumir el riesgo de los préstamos.

El uso de recursos del FGS de ANSES para impulsar el acceso a la vivienda tiene un antecedente durante el kirchnerismo. En 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se lanzó el PRO.CRE.AR, un programa de créditos para la construcción de vivienda única familiar que contó con financiamiento vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

De acuerdo con un informe oficial del FGS correspondiente a 2015, citado por La Nación, el PRO.CRE.AR había recibido $37.548 millones del fondo durante la gestión de Cristina Kirchner y se convirtió en el principal proyecto de infraestructura financiado con esos recursos.

El antecedente, sin embargo, corresponde a un mecanismo diferente al anunciado ahora por Caputo: mientras el PRO.CRE.AR canalizaba recursos del FGS dentro de un programa específico de créditos para vivienda, la iniciativa actual busca extender los plazos de las colocaciones del FGS en bancos para que las entidades puedan ampliar el crédito hipotecario.

El anuncio se conoció en la previa de una jornada clave en el Congreso, donde el Gobierno buscará avanzar con otros proyectos económicos, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el denominado Inocencia Fiscal II.

Vecinos de distintas localidades de la zona sur del Partido de La Costa se concentraron este martes al mediodía frente a las oficinas de Clyfema, en Mar de Ajó, para reclamar por los elevados montos de las facturas de energía eléctrica.

La protesta se produjo en un contexto de reclamos similares que se vienen registrando en distintos puntos del país y de la Costa Atlántica, donde usuarios expresan su preocupación por el impacto de las tarifas en la economía familiar.

Durante la manifestación hubo quema de neumáticos y pintadas en el frente de la cooperativa. Los vecinos reclamaron explicaciones y solicitaron que se revisen las facturas que, según señalaron, presentan montos difíciles de afrontar para numerosas familias.

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de una jubilada que aseguró cobrar alrededor de $500.000 por mes y haber recibido una factura de electricidad superior a los $750.000.

En diálogo con FM La Marea, la mujer también cuestionó los intereses aplicados en los planes de financiación y sostuvo que los consumos registrados en su boleta no se corresponderían con el uso habitual de energía de su vivienda.

El reclamo apunta a que Clyfema revise las facturaciones cuestionadas y brinde respuestas ante los elevados montos denunciados por los usuarios.

Los manifestantes sostienen que la situación afecta a un número importante de vecinos de la zona sur del distrito y reclaman alternativas que permitan afrontar el costo del servicio eléctrico sin comprometer los ingresos de las familias.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que contempla la ampliación del complejo industrial de Compañía Mega, con obras que tendrán impacto directo en Bahía Blanca y en la cadena energética vinculada a Vaca Muerta.

Según informó el Ministerio de Economía, la iniciativa representa una inversión de USD 365 millones y permitirá incrementar la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGL), además de generar hasta 800 puestos de trabajo durante las distintas etapas del proyecto.

La ampliación busca fortalecer la industrialización de los líquidos asociados a la producción de petróleo y gas natural de Vaca Muerta y contempla un aumento del 27% en la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de NGL.

NUEVO RIGI APROBADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE MEGASe formalizó el proyecto de inversión de Compañía Mega para ampliar su Complejo Industrial, una iniciativa que incrementará en 1500 toneladas la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGLs).El… pic.twitter.com/TuvItjnWkF

Entre las obras previstas se encuentran nuevas instalaciones e infraestructura en la Planta de Separación de Loma La Lata, en Neuquén, además de trabajos sobre el poliducto Loma La Lata–Bahía Blanca y la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

El proyecto permitirá incorporar nuevos volúmenes de líquidos del gas natural, con una producción adicional estimada en más de 500.000 toneladas anuales de etano, propano, butano y gasolina natural.

Desde Economía señalaron que la inversión también tendrá un impacto sobre el perfil exportador del sector y estimaron una contribución de USD 213 millones a la balanza comercial.

Durante la etapa de construcción, se prevé una demanda de alrededor de 600 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados con tareas de ingeniería, logística, construcción, provisión de equipos y otros servicios asociados a la obra.

Una vez finalizada la ampliación, Compañía Mega podrá elevar su capacidad total de producción de NGL a más de 2,5 millones de toneladas anuales, consolidando su participación en la cadena energética y exportadora del país.

La resolución también habilita para esta ampliación los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI, además de aprobar el listado de mercaderías que podrán ser importadas bajo las franquicias previstas por el régimen.

Damaris vive en Cipolletti, Río Negro, y encontró una particular manera de generar ingresos a partir de una actividad que comenzó casi de casualidad. Mientras cuidaba a sus sobrinos, empezó a realizar tratamientos para sacar piojos y liendres y, con el tiempo, decidió ofrecer el servicio a otras personas.

La propuesta comenzó a difundirse a través de las redes sociales y rápidamente recibió consultas. Así, lo que había empezado como una tarea familiar se convirtió en una alternativa laboral.

El servicio consiste en realizar una limpieza minuciosa del cabello con peine fino, con el objetivo de retirar piojos y liendres. Se trata de un trabajo que requiere tiempo y paciencia, especialmente cuando se realiza en niños.

Según contó Damaris, quienes concurren a su casa deben pagar entre $10.000 y $15.000, dependiendo del tratamiento.

En cambio, para quienes prefieren que se traslade hasta su domicilio, el valor aumenta y puede llegar a $25.000. En esos casos, el precio del servicio se ubica entre los $20.000 y $25.000.

La particular propuesta llamó la atención en redes sociales y generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos destacaron que se trata de una solución práctica para un problema frecuente, otros se sorprendieron por la existencia de un servicio específicamente dedicado a sacar piojos y liendres.

La pregunta quedó instalada entre los usuarios: ¿pagarías por contratar a alguien para que te saque los piojos?

La Comisión de Modernización del Estado del Senado bonaerense analizó distintos proyectos destinados a avanzar en la transformación digital de la Legislatura y de la administración pública provincial.

El encuentro se realizó en el Salón Antonio Cafiero y estuvo encabezado por el presidente de la comisión, el senador del PRO Juan Manuel Rico Zini, junto al vicepresidente Sergio Berni (Fuerza Patria) y el secretario Diego Valenzuela (La Libertad Avanza).

Entre las iniciativas que quedaron en estudio se encuentran tres proyectos de resolución vinculados directamente con la digitalización del funcionamiento interno del Senado.

Uno de ellos, presentado por Carlos Curestis (La Libertad Avanza), propone incorporar la firma electrónica o digital para la presentación de proyectos legislativos y modificar el Reglamento Interno para reconocer su validez.

A su vez, Malena Galmarini (Fuerza Patria) impulsó la creación de un Sistema de Gestión Parlamentaria Electrónica (SGPE), con el objetivo de reducir progresivamente el uso de papel y establecer el expediente electrónico con firma digital como herramienta central.

En tanto, Rico Zini propuso crear un Sistema Interno de Comunicaciones Electrónicas para agilizar los circuitos administrativos del Senado mediante herramientas digitales.

La comisión también estudió un proyecto de ley presentado por Marcelo Leguizamón Brown (Hechos) para modificar el Decreto Ley 7647/70, que regula el procedimiento administrativo bonaerense.

La iniciativa busca simplificar trámites, profundizar la digitalización y reducir la burocracia, además de evitar que la falta de respuesta de los organismos estatales termine afectando derechos o actividades económicas.

Por último, la comisión rechazó un proyecto de declaración de Rico Zini que proponía declarar de interés legislativo el décimo aniversario de la sanción del Decreto 434/16 y la Ley 14.828, vinculados al Plan de Modernización del Estado.

Emile Maxim Patrick Higgins, de 56 años, fue detectado sin vida por vecinos que solían verlo pernoctar en un colchón en la vereda de la avenida Bella Vista al 5600, en una parada de colectivos, en Libertad, partido de Merlo.

La policía llegó al lugar alertada por un llamado al 911 y constató que el jamaiquino que anunció un parque de diversiones tipo Disney en el partido de San Pedro, camino a Vuelta de Obligado en 2007, estaba muerto.

Si bien el cuerpo no presentaba signos de violencia, la Justicia ordenó que se practique una autopsia para descartar cualquier intervención de terceros y establecer de manera taxativa que el deceso se produjo de manera natural.

La causa es por averiguación de causales de muerte y la instruye la fiscala Valeria Courtade, de la UFI 3 del departamento judicial de Morón, que además procuraba dar con familiares o allegados que puedan hacerse cargo de los restos de Higgins.

Autoanunciado como un "empresario" y "millonario" jamaiquino, Max Higgins apareció en 2007 para anunciar que había comprado un campo camino a Vuelta de Obligado, donde iba a construir un parque de diversiones que denominaba Disney Mundo San Pedro.

En Jamaica tenía antecedentes por estafa y lo investigaban como el principal responsable de engaños tipo piramidales o esquemas Ponzi mediante los que atraía inversores con promesas de altísimas rentabilidades.

En la Argentina, antes del anuncio de Disney que lo puso en la palestra de los medios a nivel nacional, Higgins había promovido espectáculos de relevancia, que contaron con la participación de Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta como jurado y con artistas como Duran Duran, Gloria Gaynor, Soledad o Los Nocheros.

Cuando anunció el Disney en San Pedro, tuvo problemas con la marca de Mickey Mouse,  por una violación a la legislación relacionada con la propiedad intelectual. Lo mismo le había pasado con Warner, porque denominaba a su empresa como Higgis Warner Corporation Group y tenía un sitio web que se llamaba higginswarner.com desde el que promocionaba sus eventos, como el World Football Idol.

Varios años después de desaparecer del país, de la lujosa oficina de Puerto Madero, lejos de la limusina en la que circulaba vestido con trajes alquilados y exhibiendo cadenas y relojes de oro, Max Higgins fue hallado por la televisión nacional como mendigo, viviendo en una obra en construcción. Hablaba de ovnis, de cocaína y dinero, culpaba a Estados Unidos del fracaso de su proyecto de Disney y repetía que todos los derechos de esa marca eran de él, así como el terreno en Vuelta de Obligado.

Una disposición judicial lo había confinado a un hospital para pacientes psiquiátricos hace tres años. El lugar de internación fue el Borda. No entendía lo que pasaba. Ni siquiera estaba seguro de quién era o de quiénhabía sido. Aunque esporádicamente era entrevistado en la calle y aún trataba de explicar el porqué del fracaso de sus proyectos.

Una joven de 21 años murió durante la madrugada de este lunes en Quilmes, luego de perder el control del auto que conducía, subirse a la vereda y chocar violentamente contra una columna.

El hecho ocurrió minutos antes de las 2 de la madrugada, en la intersección de General Acha y Smith. Según publicó Clarín, la víctima fue identificada como Victoria Julieta Raymondi Guida, quien circulaba a bordo de un Peugeot 208 azul.

🚨 Impactante video en Quilmes: una joven de 21 años perdió el control de su auto, se subió a la vereda y chocó contra una columna. Murió en el acto.Más información en https://t.co/dZnxK6tVme pic.twitter.com/bc7KOKQKUJ

Por motivos que todavía son materia de investigación, la joven perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó impactando contra una columna ubicada sobre la vereda. Una cámara de seguridad registró el momento del accidente.

Tras el choque, un hombre que regresaba a su casa advirtió lo ocurrido, se detuvo para asistirla y dio aviso al 911. Cuando llegaron los efectivos policiales, la joven permanecía dentro del vehículo y no respondía.

Minutos después arribó personal del SAME, que realizó maniobras de RCP para intentar reanimarla, pero no logró revertir la situación y confirmó su fallecimiento.

La fiscal Claudia Vara ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio, amplió su declaración indagatoria ante la Justicia Federal de La Plata en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 90 personas en distintos puntos del país.

Bisio permaneció durante más de cuatro horas en los Tribunales federales platenses y, según trascendió, mantuvo los principales argumentos que había presentado por escrito. La exfuncionaria rechazó ser responsable de las fallas en los controles sobre los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, de donde salió el fentanilo contaminado.

En su declaración, apuntó contra Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quien también está imputada en la causa. Bisio sostuvo que ese organismo tenía autonomía y que su titular tenía a su cargo las decisiones técnico-operativas vinculadas con los procedimientos sobre los laboratorios investigados.

“No puedo conocer todo lo que pasaba en el ANMAT”, sostuvo la exfuncionaria ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta.

Uno de los puntos centrales de la ampliación de la indagatoria estuvo relacionado con el vínculo entre Bisio y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La ex titular de ANMAT buscó despegar al funcionario de las eventuales responsabilidades por el escándalo sanitario. Explicó que cuando mencionaba a “Mario” en conversaciones y chats hacía referencia a Lugones y que el ministro consultaba periódicamente por el avance de los procedimientos contra los laboratorios.

Según Bisio, Lugones había manifestado su intención de “endurecer y acelerar” las medidas de control sanitario y, en una de las reuniones que se realizaban cada dos semanas en el Ministerio de Salud, habría dado instrucciones para cerrar o suspender laboratorios que presentaran irregularidades graves.

La exfuncionaria explicó que, en ese contexto, cuando le preguntó a Mantecón Fumadó si la situación de HLB Pharma “da para cierre”, lo hizo para avanzar con la suspensión de una planta que presentaba graves irregularidades.

Bisio también cuestionó que pueda atribuírsele responsabilidad por cada una de las decisiones adoptadas dentro del organismo.

En un descargo de 117 carillas que incorporó al expediente, sostuvo que ANMAT cuenta con más de 1.100 agentes y 110 unidades organizativas, por lo que consideró “materialmente imposible” que su máxima autoridad pudiera conocer en detalle todo lo que ocurría en cada área.

A partir de ese argumento, atribuyó a Mantecón Fumadó la responsabilidad por las decisiones relacionadas con los controles sobre los laboratorios cuestionados.

Según la versión de Bisio, la directora del INAME habría tomado decisiones que implicaron demoras o paralización de medidas preventivas que podían haber evitado el avance de la crisis.

La investigación se encuentra a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata y busca determinar las responsabilidades por la distribución del fentanilo contaminado utilizado en distintos centros de salud del país desde marzo de 2025.

Además de las 90 personas fallecidas, un estudio de la asesoría pericial de la Corte Suprema determinó que otras 44 personas sufrieron un agravamiento de sus cuadros de salud.

El caso comenzó a tomar dimensión pública luego de que se detectara el problema a partir de un estudio realizado en el Hospital Italiano de La Plata. La investigación derivó posteriormente en la detención de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, además de su hermano Diego y otros directivos y técnicos de las empresas.

Bisio y Mantecón Fumadó también fueron detenidas semanas atrás por pedido de la fiscalía. Tras permanecer dos días privadas de su libertad, ambas recuperaron la libertad luego de pagar una fianza de $75 millones cada una, aunque continúan imputadas y bajo investigación judicial.

Con su nueva declaración, Bisio buscó dejar en claro ante la Justicia que no tenía conocimiento de todas las decisiones adoptadas dentro de ANMAT y que las principales responsabilidades por los procedimientos cuestionados debían recaer sobre las áreas técnicas del organismo.

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia buscan llevar a toda la provincia de Buenos Aires una política implementada en San Nicolás para combatir las motos con escapes ruidosos o adulterados: el decomiso de los vehículos y su posterior compactación.

La propuesta tomó forma provincial luego de que el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentara un proyecto de ley en la Legislatura para modificar el abordaje de este tipo de infracciones. El legislador sostiene que las multas económicas resultan insuficientes y propone avanzar directamente sobre los vehículos.

“Moto con caño de escape ruidoso, moto que se compacta”, resumió Passaglia al presentar la iniciativa en sus redes sociales.

Según explicó, el proyecto apunta a compactar y destruir las motos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados, a partir de una modificación del esquema vigente.

MOTO CON CAÑO DE ESCAPE RUIDOSO, MOTO QUE SE COMPACTAPresenté un proyecto de Ley en la provincia de Buenos Aires para compactar y destruir las motos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados. La legislación que tenemos hoy es claramente insuficiente y los… pic.twitter.com/2vhocQM3Um

“La legislación que tenemos hoy es claramente insuficiente y los vecinos padecemos a estos turros que salen a tirar cortes y jodernos la vida”, sostuvo el diputado.

Passaglia planteó que “las multas económicas no alcanzan” y que, por ese motivo, la alternativa que propone es “directamente decomisar esas motos y compactarlas”.

La iniciativa provincial toma como referencia una política que ya impulsa Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás y hermano de Manuel, en ese municipio.

Durante una reciente visita a Azul, ambos dirigentes difundieron un video en el que mostraron la propuesta y anticiparon que buscarían compartir con otras ciudades la ordenanza implementada en San Nicolás.

“Acá va la solución al problema de las motos con caño de escape libre”, señalaron en el video.

“Estamos en Azul, acá hay un descontrol terrible con un tema que nosotros ya solucionamos. Un problema que nos cansamos de renegar, que no podíamos dormir y que hoy es una solución”, expresaron.

En ese marco, mostraron la ordenanza utilizada en San Nicolás y plantearon que podía ser tomada como referencia por otros municipios.

Ahora, el planteo da un paso más: Manuel Passaglia busca convertir esa política municipal en una herramienta para toda la provincia de Buenos Aires.

Desde el espacio Hechos, los hermanos Passaglia sostienen que la medida apunta a garantizar el derecho de los vecinos a vivir sin las molestias generadas por motocicletas con escapes modificados.

“Ya lo hacemos en San Nicolás y lo queremos hacer también en toda la provincia de Buenos Aires”, afirmó el diputado.

Comenzó el Travel Sale 2026, el evento de turismo organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que se extenderá hasta el próximo domingo 30 de agosto.

“Desde FAEVYT seguimos apostando a fortalecer el rol de las agencias de viajes, acercando a los argentinos la posibilidad de planificar sus próximas vacaciones con el respaldo y el asesoramiento de profesionales del sector”, indicó Andrés Deyá, presidente de la entidad.

La nueva edición cuenta con tarifas promocionales por reserva anticipada y planes de pago de 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés.

Las mayores rebajas en vuelos son de los cabotajes, impulsados por Aerolíneas Argentinas, que también ofrece pago en cuotas. Para viajar al extranjero las ofertas se restringen.

Además hay planes de pago con entidades determinadas, como el Banco Nación,  que ofrece 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles, paquetes, actividades, alquiler de autos y traslados, además de descuentos de hasta el 30% en hoteles.

La Unión Astronómica Internacional (IAU) decidió bautizar oficialmente al asteroide 2000 RG62 como (20786) San Sebastián, en reconocimiento a la trayectoria científica de Irina San Sebastián, una investigadora argentina formada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que actualmente desarrolla su carrera en Italia.

Irina, nacida en Bahía Blanca, es investigadora y estudia cómo evolucionan los asteroides a través de las colisiones: desde la formación y fragmentación de los cuerpos que dieron origen a los planetas hasta las propiedades de los llamados “rubble piles”, asteroides formados por cúmulos de rocas que se mantienen unidos principalmente por su propia gravedad.

El cuerpo celeste fue descubierto el 1° de septiembre de 2000 por el programa LINEAR, en Socorro, Estados Unidos, y durante más de dos décadas fue identificado únicamente con esa denominación.

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El Boletín Oficial del Working Group on Small Bodies Nomenclature (WGSBN), encargado de asignar nombres a planetas menores, cometas y satélites de planetas menores, define a San Sebastián como una científica planetaria argentina especializada en la evolución colisional y en la combinación de estudios experimentales y teóricos aplicados a las ciencias planetarias.

Irina realizó la Licenciatura y el Doctorado en Astronomía en la facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP. A fines de 2024 se radicó en Milán, donde actualmente realiza un posdoctorado en el Politecnico di Milano.

Otros astrónomos que también han llegado a tener nombre en un asteroide es (11441) Anadiego, nombrado en 2011 en honor a Ana Teresa Diego, estudiante de Astronomía de la Facultad platense, secuestrada y desaparecida a los 21 años durante la última dictadura cívico-militar.

Fue la primera vez que la IAU nombró a un cuerpo del Sistema Solar en homenaje a una persona desaparecida.

¿Y vos qué harías?Una joven llamada Sofia y su mamá de la localidad de Dudignac pasaron el susto de sus vidas durante una visita al ✝cementerio en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.Como no sabían el ⌚horario de cierre, quedaron atrapadas con las rejas cerradas con… pic.twitter.com/zyRL3vYo2C

Una joven llamada Sofia y su mamá, oriundas de la localidad de Dudignac, pasaron el susto de sus vidas durante una visita al cementerio de la ciudad bonaerense de 9 de Julio.

Como no sabían el horario de cierre (el lugar abre de 9 a 18 horas), quedaron atrapadas con las rejas cerradas con candado.

La joven, además, está embarazada por lo que no se animó a trepar. Al notar que nadie las escuchaba, grabaron la secuencia para su TikTok y llamaron al 911. “Espero que no crean que es una broma”, dice un poco en broma y un poco en serio en el video.

Finalmente, la policía local buscó a quien tenía la llave y vino al rescate. 

La provincia de Buenos Aires busca profundizar sus vínculos con Brasil y otros países de América Latina, en contraste con la política exterior del Gobierno nacional, según planteó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La definición surgió luego de que le consultaran por la situación diplomática entre Argentina y Brasil y por la decisión del Gobierno brasileño de retirar a su embajador del país tras los reiterados cruces entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Bianco aseguró que la Provincia mantiene un “diálogo permanente” con autoridades brasileñas y que existen proyectos de cooperación en marcha y otros en negociación.

Entre ellos mencionó iniciativas vinculadas con agricultura y salud, además de acuerdos de cooperación con distintos estados brasileños que podrían firmarse durante las próximas semanas.

El ministro también destacó el viaje que realizó recientemente Axel Kicillof a Uruguay, donde el gobernador mantuvo una reunión bilateral con el presidente Yamandú Orsi.

Según Bianco, durante ese encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con la situación geopolítica y económica internacional, la realidad social de Uruguay y la región, y la situación de Argentina y la provincia de Buenos Aires.

Además, destacó los convenios firmados con la Universidad de la República y con la Unidad Alimentaria de Montevideo.

“Nosotros tenemos un deseo de tener un vínculo con todos los países de América Latina”, afirmó Bianco, al considerar que los países de la región comparten necesidades y desafíos.

En ese marco, cuestionó la política exterior de Milei y sostuvo que el Gobierno nacional debería utilizar las relaciones internacionales para profundizar el comercio, atraer inversiones y desarrollar convenios de cooperación.

“Lamentamos que también en el terreno de la geopolítica, de las relaciones internacionales, tenga estas actitudes tan, me animo a decir, infantiles”, lanzó Bianco en referencia a los cruces del Presidente con Lula.