Un hombre fue detenido en Bahía Blanca, acusado de haber amenazado de muerte al papa León XIV. El procedimiento se realizó durante la noche del domingo, cuando efectivos especializados de la Policía Federal Argentina irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Cramer al 700.

El sospechoso fue identificado como Fabio Ariel Perrone y la investigación quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata. Según informó el portal local La Brújula 24, el operativo fue resultado de una pesquisa por intimidaciones dirigidas contra el máximo referente de la Iglesia católica.

El despliegue contó con la participación de personal de las áreas de Contraterrorismo y Cibercrimen de la Policía Bonaerense, junto con efectivos de Cibercrimen Bahía Blanca. Los investigadores lograron localizar al hombre en su domicilio y concretar la detención.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido específico de las amenazas ni las circunstancias en las que se habrían realizado. Perrone permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas para determinar el alcance de las intimidaciones.

El arresto en Bahía Blanca se suma al de otro hombre en Villa Rosa, partido de Pilar, quien también fue detenido acusado de amenazar al Papa antes de su llegada a la Argentina.

En ese caso intervino la Policía Federal por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La investigación había sido informada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

De esta manera, ya son dos los hombres detenidos en distintas localidades bonaerenses por amenazas contra León XIV. Hasta el momento, no se informó que exista algún vínculo entre los sospechosos ni que los episodios formen parte de una misma maniobra. Ambas causas avanzan por separado.

Las detenciones se conocieron en el marco de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina, que comenzó este domingo con su llegada al Aeroparque Jorge Newbery. León XIV fue recibido por el presidente Javier Milei y tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La jueza Susana González La Riva, a cargo del Juzgado Correccional N.º 3 de Bahía Blanca, condenó a Franco Nahuel Sánchez a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, tras hallarlo culpable de haber contactado por medios electrónicos con una menor de edad con el fin de cometer un delito contra la integridad sexual (grooming) y producción de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, en concurso real.

La investigación realizada por la UFIJ N°20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, determinó que entre julio y el 4 de septiembre de 2023, el imputado, que entonces tenía 25 años, utilizó una cuenta de Instagram bajo el nombre falso de Ezequiel Hernández para entablar contacto con una niña de 14 años a quien conocía previamente por desempeñarse como docente en el establecimiento educativo al que ella asistía.

A través de dicha aplicación, el condenado mantuvo diversas conversaciones con la menor con el propósito de atentar contra su integridad sexual, intentó generar un mayor vínculo, le envió mensajes de contenido sexual, le propuso un encuentro personal con fines sexuales y le solicitó imágenes de sus partes íntimas, las cuales la víctima le envió junto con las de una amiga.

Asimismo, la Justicia acreditó que el 4 de septiembre de 2023 el hombre produjo imágenes con fines sexuales de la misma adolescente y de una amiga de 15 años. Aprovechándose de la relación previa, les solicitó mediante la misma red social que obtuvieran fotos sexuales y se las enviaran a cambio de la suma de 10.500 pesos, dinero que autorizó a retirar por cajero automático en dos operaciones realizadas esa misma tarde.

Como consecuencia de la modalidad de pena impuesta, la magistrada dispuso que el condenado cumpla durante el plazo de tres años diversas reglas de conducta, entre las que se incluyen fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 100 metros de las víctimas, y la realización de un tratamiento psicológico previa evaluación de su necesidad y eficacia.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para evitar que los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el régimen de Zona Fría restrinjan los descuentos en las facturas de gas que reciben los usuarios del distrito.

La presentación incluye un pedido de medida cautelar urgente para suspender la aplicación de las modificaciones mientras se resuelve la cuestión de fondo. La acción fue promovida junto a la Defensoría del Pueblo local, la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), clubes, instituciones sociales y el Municipio.

El planteo cuestiona las disposiciones de la Ley Nacional 27.828 y su reglamentación, que modificaron las condiciones de acceso al régimen para las localidades incorporadas en 2021, entre ellas Tandil.

El argumento central es que las condiciones climáticas que justificaron la incorporación de la ciudad al esquema no cambiaron. En ese sentido, advierten que restringir los descuentos del 30% y el 50% puede afectar especialmente a familias con adultos mayores, niños y personas con problemas de salud.

El amparo también solicita que se impida el cobro de diferencias derivadas de las nuevas disposiciones, que no se interrumpa el suministro por falta de pago de esos importes y que se devuelvan o compensen eventuales sumas abonadas de más.

La presentación de Lunghi se suma a una serie de reclamos que LANOTICIA1.COM viene siguiendo desde que el Gobierno nacional avanzó con la modificación del régimen.

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo junto a una asociación de consumidores y el Club Estrella. La acción, respaldada por más de 40 mil adhesiones, busca garantizar la continuidad de los descuentos para hogares e instituciones. La Justicia Federal admitió formalmente el reclamo, aunque rechazó suspender de manera inmediata los efectos de la nueva normativa.

En Tres Arroyos, el municipio encabezado por Pablo Garate también inició una demanda contra el Gobierno nacional. El planteo apunta a preservar las bonificaciones para instituciones comunitarias y cuestiona los cambios en el cálculo de los descuentos para usuarios residenciales. La presentación fue impulsada para defender los beneficios que alcanzaban a clubes, entidades sin fines de lucro y organizaciones de bien público.

En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón presentó un amparo colectivo para evitar que los usuarios pierdan los beneficios. Sin embargo, la Justicia rechazó inicialmente la acción por considerar que el organismo no tenía legitimación para representar colectivamente a los vecinos. La Defensoría apeló y el expediente fue elevado a la Cámara Federal.

Por su parte, el intendente de La Costa, Juan de Jesús, anunció que el Municipio recurriría a la Justicia y que el área de Asuntos Legales trabajaría para sumarse a los reclamos contra la modificación del régimen. En ese caso, se trató de un anuncio de acción judicial y no de una demanda ya confirmada.

Con la presentación de Tandil, los reclamos judiciales contra los cambios en Zona Fría suman nuevos capítulos en distintos puntos de la provincia. La discusión gira en torno a la continuidad de los descuentos y al impacto que la reforma puede tener sobre las facturas de gas de hogares e instituciones bonaerenses.

Un joven de 21 años, identificado como el DJ que trabaja con L-Gante, fue detenido en General Rodríguez acusado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en el oeste del conurbano bonaerense. En el marco de los operativos también fueron arrestados otros tres hombres, mientras que un quinto sospechoso logró escapar.

El detenido fue identificado como Tiziano Grandan Laihacar, conocido como "Tisi", quien tendría un estrecho vínculo con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

La investigación incluyó varios allanamientos en los que se secuestraron 860 gramos de tusi (cocaína rosa), cuyo valor fue estimado en casi 26 millones de pesos. También incautaron un arma de fuego y otros elementos considerados de interés para la causa.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), los integrantes de la banda trabajaban bajo la modalidad de delivery y ofrecían las sustancias en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste del conurbano.

Por otra parte, el cantante también enfrenta distintas causas judiciales. La más reciente se inició en agosto pasado, luego de que una mujer y su pareja lo denunciaran por presuntas amenazas. La presentación derivó en una orden de restricción.

Además, a mediados de 2024, la Justicia le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño.

Un nuevo hallazgo incorporó una prueba clave a la investigación del triple femicidio narco de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), tres jóvenes que vivían en La Matanza. Los investigadores encontraron un video que registra las torturas sufridas por una de las víctimas.

Según informó Primer Plano Online, la filmación fue encontrada en el teléfono celular de un hombre de nacionalidad peruana, detenido en el marco de otra causa por narcotráfico. A partir del descubrimiento, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Morón, que investiga los asesinatos.

El video tiene una duración de dos minutos y 39 segundos y habría sido compartido entre integrantes de la organización criminal a través de la aplicación Zangi. Su existencia permitió confirmar una de las hipótesis que se investigaban desde el comienzo del expediente: que las agresiones habían sido registradas para transmitir un mensaje entre bandas narco.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Encripdata, especializado en narcotráfico, en la grabación se escucha a un hombre amenazar a una de las jóvenes mientras la someten a torturas. Entre las frases que se le atribuyen figura una amenaza explícita contra la víctima.

El registro también comprometería a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, señalado como principal sospechoso, quien aparecería en la escena del crimen.

A raíz de este descubrimiento, la investigación volvió transitoriamente a secreto de sumario. La medida apunta a permitir nuevas diligencias y avanzar sobre evidencias que podrían modificar el rumbo de la pesquisa.

El expediente, a cargo del juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, tiene 18 personas detenidas y al menos cinco prófugos, con pedidos de captura nacionales e internacionales.

El magistrado definió los asesinatos como un caso de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género, en un contexto de criminalidad organizada vinculado al narcotráfico y la explotación sexual.

La causa está caratulada como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, reiterado en tres hechos y en concurso real entre sí.

La detención del concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Bragado, Germán Díaz, abrió una disputa política por quién debe ocupar su banca en el Concejo Deliberante. La definición debía tratarse en una sesión especial, pero los bloques opositores que habían impulsado la convocatoria pidieron postergarla horas antes de su realización.

Según informaron Infonoroeste y BragadoTV, seis concejales solicitaron suspender el encuentro porque el expediente judicial cambió de radicación y todavía no habían recibido información del juzgado interviniente. La sesión quedó sin nueva fecha.

Detrás de la postergación también hay diferencias sobre el reemplazo. Un sector de LLA impulsa a Maximiliano Moragas, con el argumento de aplicar el criterio de paridad de género, mientras que Sabrina Gulino, quien ocupa provisoriamente la banca, defiende su continuidad.

En declaraciones a BragadoTV, Gulino atribuyó la disputa a “conveniencias políticas” y cuestionó que se invoque la paridad para desplazarla. Sostuvo que ese criterio corresponde a la conformación de las listas electorales y no necesariamente a los reemplazos durante un mandato.

Díaz fue detenido tras un allanamiento en su domicilio de la localidad de O'Brien, partido de Bragado, donde se secuestraron restos de cocaína, elementos para el corte de estupefacientes y una balanza de precisión. La investigación está a cargo de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes.

La Justicia dictó su prisión preventiva y rechazó el pedido de excarcelación de la defensa. Su abogado, Rafael Acuña, presentó un recurso ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la medida. Díaz, por su parte, rechazó las acusaciones y manifestó su inocencia.

Así, mientras la Justicia investiga la presunta comercialización de drogas, el Concejo Deliberante todavía no logra acordar quién ocupará la banca del edil libertario.

Una investigación judicial permitió identificar a ocho hombres sospechados de integrar una banda de piratas del asfalto que habría cometido una serie de robos a camiones de transporte de mercadería en el centro de la provincia de Buenos Aires. Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2025 y el 1 de abril de 2026 en los partidos de Azul, Olavarría, General Alvear y zonas aledañas.

Según informó el Ministerio Público bonaerense, la organización actuaba de manera coordinada y tenía una modalidad definida: detectaba a camioneros que detenían sus vehículos a la vera de las rutas para descansar durante la madrugada y aprovechaba ese momento para robarles la carga.

Los integrantes de la banda forzaban los acoplados y sustraían la mercadería. Cuando los choferes advertían lo que estaba ocurriendo, los sospechosos recurrían a armas blancas para ejercer violencia.

Para concretar los asaltos se movilizaban en al menos tres vehículos: una camioneta Renault Duster y dos utilitarios Renault Kangoo, uno blanco y otro gris oscuro.

La investigación también permitió establecer que los sospechosos habrían alquilado una quinta en Olavarría, que utilizaban como base de operaciones. Desde allí salían durante la madrugada para cometer los robos y luego regresaban con la mercadería sustraída, que almacenaban en el inmueble.

La causa está a cargo del fiscal Adrián Peiretti, titular de la UFIJ N.º 13 del Departamento Judicial Azul, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de Federico Barberena.

En el marco de las actuaciones se realizaron múltiples detenciones y audiencias de declaración conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal. El comunicado oficial no precisó la cantidad de personas detenidas.

Un conflicto familiar terminó con un hombre aprehendido en Villa Caraza, partido de Lanús, luego de que su propio hermano lo denunciara por amenazas de muerte mientras exhibía un arma de fuego.

El episodio llegó a la Justicia a partir de una denuncia radicada en la Comisaría Lanús 9ª. Según el relato de la víctima, durante una discusión su hermano lo amenazó de muerte y le mostró una pistola.

Ante la gravedad de la denuncia y el riesgo señalado, la fiscalía interviniente dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio del acusado.

El procedimiento fue llevado adelante por el titular de la seccional junto con efectivos del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de Lanús, quienes ingresaron a la vivienda y realizaron un registro.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, cuyas características coincidían con las del arma mencionada en la denuncia.

Tras conocer el resultado del allanamiento, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús convalidó la aprehensión del sospechoso.

La causa fue caratulada como “amenazas agravadas y portación de arma de guerra” y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

Una organización criminal dedicada al robo de cuentas de WhatsApp y a la realización de estafas virtuales fue desarticulada tras una investigación que permitió detener a tres personas. La pesquisa determinó que parte de las maniobras se realizaban desde la cárcel de Olmos, donde estaba alojado uno de los sospechosos.

La investigación fue coordinada por la Ayudantía Fiscal N° 3 especializada en tecnologías digitales del Departamento Judicial de La Matanza y permitió unificar cuatro causas que presentaban la misma modalidad delictiva. Los investigadores detectaron que se repetían los engaños, las líneas telefónicas utilizadas y las cuentas bancarias que recibían el dinero.

El análisis de las comunicaciones y del circuito financiero permitió establecer que una de las líneas telefónicas empleadas pertenecía a un detenido alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos. Los otros dos involucrados cumplían un rol clave: eran titulares de las cuentas bancarias utilizadas para recibir y redistribuir los fondos obtenidos mediante las estafas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 6 ordenó dos allanamientos y una requisa en el penal. Los procedimientos terminaron con la detención de los tres sospechosos y el secuestro de teléfonos celulares de interés para la causa.

Uno de los dispositivos fue encontrado en poder del interno alojado en Olmos y sería el utilizado para llevar adelante las maniobras fraudulentas.

La información fue difundida por el Centro de Información Jurídica del Ministerio Público bonaerense (CIJUR), con la colaboración del auxiliar letrado de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial de La Matanza, Juan Cruz Rovediello.

Un joven motociclista murió este domingo luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Municipal de Santa Teresita. Había sido atropellado durante la noche del viernes en el acceso a Mar del Tuyú y el conductor del vehículo involucrado es buscado.

La víctima fue identificada por sus allegados como Franz. Según informó Central de Noticias Madariaga, regresaba de cumplir su jornada laboral en un supermercado cuando circulaba en moto y fue embestido por un automóvil.

Tras el impacto, el joven salió despedido y quedó gravemente herido sobre la calzada. De acuerdo con la información difundida, el conductor habría escapado del lugar sin brindarle asistencia.

Franz permaneció varias horas sin recibir ayuda. Recién cerca de las 6 de la mañana del sábado, una persona que transitaba por la zona lo encontró y dio aviso a los servicios de emergencia.

Luego de recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital Municipal de Santa Teresita, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, este domingo se confirmó su fallecimiento.

Mientras familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron su dolor por la pérdida, la investigación busca determinar cómo ocurrió el siniestro e identificar al conductor que habría abandonado el lugar. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni sobre el vehículo involucrado.

Felicitas Alvite, conocida popularmente como la “Toretto”, solicitó declarar en la primera audiencia del juicio que se lleva a cabo en su contra, donde se mostró profundamente afectada y le pidió perdón a la familia de Walter Armand, el motociclista que falleció tras ser atropellado por ella en abril de 2024.

En el inicio de la audiencia en el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de La Plata, la acusada tomó la palabra. "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó entre lágrimas.

Sobre el impacto de su apodo, Alvite comentó: "Se han instalado muchas cosas a partir de un video de Tik Tok en donde me hago llamar la Toretto, pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito".

"Jamás le haría daño a alguien", concluyó la joven, quien tuvo que suspender su declaración tras la emotiva intervención.

La joven, actualmente de 23 años, está imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. También será juzgada Valentina Velázquez, de 22 años, quien viajaba en otro vehículo aquella madrugada.

Según la investigación, el 12 de abril de 2024, Alvite conducía un Volkswagen Gol y habría participado de una picada con el Peugeot 208 de su amiga. Las cámaras de seguridad registraron a ambos vehículos circulando a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo antes de que el Gol embistiera la moto de Armand, en la intersección de las avenidas 13 y 532.

La fiscalía buscará demostrar que Alvite era consciente del riesgo que implicaba su conducta al volante y que, pese a ello, continuó manejando de esa manera. La querella, patrocinada por el abogado Fernando Burlando, también intentará sostener la acusación.

Por su parte, la defensa, encabezada por Flavio Gliemmo, buscará cuestionar las pruebas que apuntan a la existencia de una carrera ilegal y sostener que se trató de un siniestro vial sin intención de provocar la muerte.

Durante el alegato de apertura, Delfina Burlando, hija del reconocido abogado y querellante, aportó detalles sobre los agravantes que sustentan la acusación: "Cruzó al menos seis semáforos en rojo. Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador".

Este lunes comienza el juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto de La Plata", acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 35 años, en abril de 2024. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata y será determinante para establecer su responsabilidad penal.

La joven, actualmente de 23 años, está imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. También será juzgada Valentina Velázquez, de 22 años, quien viajaba en otro vehículo aquella madrugada.

Según la investigación, el 12 de abril de 2024, Alvite conducía un Volkswagen Gol y habría participado de una picada con el Peugeot 208 de su amiga. Las cámaras de seguridad registraron a ambos vehículos circulando a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo antes de que el Gol embistiera la moto de Armand, en la intersección de las avenidas 13 y 532.

La fiscalía buscará demostrar que Alvite era consciente del riesgo que implicaba su conducta al volante y que, pese a ello, continuó manejando de esa manera. La querella, patrocinada por el abogado Fernando Burlando, también intentará sostener la acusación.

Por su parte, la defensa, encabezada por Flavio Gliemmo, buscará cuestionar las pruebas que apuntan a la existencia de una carrera ilegal y sostener que se trató de un siniestro vial sin intención de provocar la muerte.

La diferencia entre ambas posturas es central: si se acredita el dolo eventual, la acusada podría recibir una condena de entre 8 y 25 años. Si no se demuestra, el hecho podría encuadrarse como homicidio culposo, con una escala penal considerablemente menor.

Alvite llega al juicio con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, beneficio que obtuvo después de permanecer varios meses detenida. Actualmente cumple esa medida sin tobillera electrónica.

Recientemente, la Justicia rechazó un pedido de su defensa para que pudiera salir dos veces por semana a trabajar en un estudio jurídico de La Plata.

El caso tuvo una fuerte repercusión desde el momento del accidente y generó sucesivos reclamos de la familia de Armand. Ahora, el debate oral permitirá confrontar las pruebas y los testimonios para determinar la responsabilidad de las imputadas.

Una concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) de Villa Gesell denunció haber recibido una amenaza de muerte mientras realizaba un relevamiento sobre la acumulación de residuos en el Barrio Industrial. El episodio ocurrió cuando recorría la zona junto a otro integrante del Concejo Deliberante y tomaba fotografías de los basurales.

El hecho se registró en inmediaciones de la avenida 14, entre los paseos 143 bis y 144. Según publicó CNM Noticias, mientras los ediles documentaban la situación, un hombre se acercó y les preguntó qué estaban fotografiando.

En ese momento, el vecino lanzó una amenaza directa: “Qué sacan fotos, los voy a cagar a tiros”. La concejal manifestó sentirse intimidada y decidió realizar la correspondiente denuncia. A partir de lo ocurrido, se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6.

Tras las tareas investigativas, personal policial logró individualizar al presunto autor de la amenaza. Con intervención de la Justicia, se solicitó una orden de allanamiento que fue ejecutada con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental y la SubDDI de Villa Gesell.

Sin embargo, el procedimiento tuvo resultado negativo, ya que el sospechoso no se encontraba en la vivienda al momento del operativo. La investigación continúa para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Una familia venezolana fue encontrada muerta este viernes en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Las víctimas eran una pareja y sus tres hijos, de 10, 12 y 14 años. La principal hipótesis de los investigadores es que el padre asesinó a su familia y luego se quitó la vida.

El hombre fue identificado como Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años. Su pareja era Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41. Los cuerpos fueron hallados en una habitación de la casa ubicada sobre la calle Mercedes al 2400.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la actividad del hombre en redes sociales. En su perfil de Facebook compartía fotografías de armas de fuego y de prácticas de tiro. Incluso había publicado imágenes de una pistola Sarsilmaz SAR 9, calibre 9 milímetros, el mismo modelo que fue encontrado junto a su cuerpo.

El 6 de octubre, después de que un conocido elogiara su puntería en una publicación, Soihit Meza respondió: "Hay que practicar y siempre estar preparado".

Según fuentes de la investigación citadas por medios nacionales, el hombre había trabajado como vigilador privado y tenía experiencia en el manejo de armas. También concurría a polígonos de tiro y habría tenido intenciones de iniciar un emprendimiento relacionado con la comercialización legal de armamento. Los investigadores buscaban determinar si tenía la documentación correspondiente.

El caso salió a la luz después de que compañeros de trabajo de Evelyn advirtieran que no se había presentado a cumplir sus tareas y que tampoco respondía los llamados. La mujer trabajaba de manera remota como analista de sistemas.

Ante la falta de noticias, dieron aviso y personal policial se acercó a la propiedad. Allí encontraron los cinco cuerpos. Los vecinos, por su parte, habían referido que durante la mañana del jueves escucharon varias detonaciones.

Los primeros exámenes forenses indicaron que la mujer y los tres chicos presentaban dos heridas de bala en la cabeza cada uno, mientras que el hombre tenía un disparo en la sien izquierda.

Los investigadores creen que el ataque ocurrió mientras la familia descansaba en una habitación pequeña. La computadora portátil de la mujer estaba encendida sobre una de las camas.

Otra de las líneas de investigación apunta a que la pareja atravesaba una crisis y que Evelyn le habría comunicado recientemente a su marido su intención de separarse.

La familia era de nacionalidad venezolana y había llegado a la Argentina hacía más de una década. Antes de instalarse en Mariano Acosta, había vivido en Marcos Paz.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Las autopsias y las pericias sobre el arma secuestrada serán fundamentales para reconstruir la secuencia de las muertes.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires confirmó que son seis las personas detenidas en la causa: la madre de la adolescente y cinco hombres que vivían en el mismo barrio. La nueva información amplía los primeros datos difundidos sobre el caso, cuando se había reportado el arresto de cuatro hombres y la mujer.

La investigación se inició el 28 de abril a partir de una denuncia del Servicio Local de Moreno. Sus agentes habían intervenido por situaciones de violencia física y vulneración de derechos contra la adolescente, en una vivienda del barrio San Alberto, en la localidad de Cuartel V.

En ese contexto, la joven reveló que su madre no solo la golpeaba y la obligaba a comprar drogas, sino que también la prostituía desde los 11 años a cambio de dinero.

A partir de su testimonio, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Moreno, especializada en delitos conexos a la trata de personas y pornografía infantil, avanzó con tareas de campo, declaraciones testimoniales y trabajos encubiertos para identificar a los sospechosos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó seis allanamientos y las correspondientes capturas. Los procedimientos se concretaron el 27 de octubre y terminaron con seis detenidos.

La fiscalía imputó a la madre por explotación de la prostitución agravada por el vínculo y corrupción de menores agravada. En tanto, los cinco hombres fueron acusados de abuso sexual agravado con acceso carnal.

Desde el Ministerio Público informaron que se dispuso la asistencia y contención integral de la víctima a través del Centro de Asistencia a la Víctima del departamento judicial.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido cumple su condena por la tragedia ferroviaria de Once en una extensa propiedad ubicada en el country Puerto Panal, en el partido bonaerense de Zárate. Imágenes difundidas por TN muestran las características del lugar donde transita su prisión domiciliaria, entre caballos, cuatriciclos y espacios destinados a la cría de aves.

De Vido, de 76 años, vive allí junto a su esposa, Alejandra Minnicelli. Se trata de una chacra de casi cinco hectáreas, una de las más extensas del barrio privado, ubicado a orillas del río Paraná y a unos 102 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes de la zona citadas por TN, la propiedad está valuada en US$1,5 millones. La casa principal tiene aproximadamente 600 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas y con vista a una laguna privada.

El predio cuenta con una amplia parquización, fuentes, caminos, puentes, palmeras y árboles frutales. También tiene pileta, cancha de fútbol, caballerizas, vivero y una huerta.

Otro de los espacios que se destacan es un aviario en el que el exfuncionario desarrolla su afición por la cría de palomas y canarios. También hay guacamayos, una especie silvestre cuya tenencia sin autorización está alcanzada por las restricciones de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.

🚨💣 #Exclusivo #Primicia En instantes, polémicas imágenes a las que accedí en exclusiva: La jaula de oro de Julio de Vido. Te cuento y te muestro todo en un ratito. En @lavesconviale por @todonoticias https://t.co/4xZQb4vPie

El exfuncionario recibió el beneficio el 11 de mayo de 2026, después de permanecer menos de seis meses detenido en el penal de Ezeiza. La Cámara Federal de Casación Penal autorizó que continuara cumpliendo la pena en su domicilio por razones vinculadas con su edad y su estado de salud.

De Vido presenta diabetes y enfermedades cardiovasculares. Según los antecedentes médicos considerados por la Justicia, había atravesado complicaciones cardíacas que requerían controles especializados, medicación permanente y condiciones de atención que no podían garantizarse adecuadamente en el establecimiento penitenciario.

El exministro fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. El choque de una formación de la línea Sarmiento contra los paragolpes de la estación terminal provocó 52 muertes.

Esta es la única condena firme que enfrenta De Vido: fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia y ya no tiene instancias superiores de apelación.

El exministro acumula otras cuatro condenas por hechos de corrupción, aunque todavía no todas adquirieron firmeza. Entre ellas se encuentran los expedientes conocidos como Skanska, Odebrecht, Gas Natural Licuado (GNL) y la compra de trenes a España y Portugal.

En esos procesos recibió penas de entre tres y cinco años de prisión. En julio pasado, además, sumó una nueva condena en la causa Skanska, por la que continuará bajo arresto domiciliario.

A ese panorama se agrega otra docena de acusaciones que todavía se encuentran en trámite judicial. Entre ellas aparecen las vinculadas con la causa de los Cuadernos, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y presunto enriquecimiento ilícito.

En cambio, fue absuelto en los expedientes conocidos como Vialidad Santa Cruz, Mamá Corazón y el caso de las valijas de Antonini Wilson.

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a un recurso de la Fiscalía de Estado contra la decisión que había confirmado la prohibición de alojar nuevas personas en la Unidad Penitenciaria N.º 38 de Sierra Chica hasta adecuar su población al cupo establecido judicialmente.

En su resolución del 20 de octubre, la Sala I dispuso dejar sin efecto el pronunciamiento cuestionado y devolver las actuaciones a la instancia de origen para que dicte una nueva resolución, con intervención de todos los interesados y una evaluación integral, actualizada y contradictoria de la situación del sistema penitenciario provincial.

La controversia se originó en una decisión del Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 de Azul, que había ordenado al subsecretario de Política Penitenciaria provincial y al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense adecuar la cantidad de personas alojadas en la unidad al cupo fijado judicialmente y abstenerse de recibir nuevos ingresos.

La medida contemplaba una excepción para las personas detenidas oriundas de ciudades del Departamento Judicial de Azul y a disposición de magistrados de esa jurisdicción. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la disposición el 13 de marzo de 2026.

Al analizar el planteo, Casación consideró acreditada la existencia de una problemática estructural de sobrepoblación, ya que las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense se encontraban ocupadas por encima de su capacidad técnica.

En ese contexto, advirtió que las restricciones de ingreso dispuestas de manera aislada podían trasladar el excedente de población hacia otros establecimientos igualmente saturados. Esto, según el Tribunal, podía agravar las condiciones materiales de detención y los riesgos para la integridad física de las personas privadas de libertad.

El fallo retomó los lineamientos del precedente “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y destacó la necesidad de abordar la crisis penitenciaria desde una perspectiva integral. Señaló que las decisiones judiciales sobre establecimientos particulares no pueden desentenderse de sus efectos sobre el conjunto del sistema, ya que una medida destinada a proteger a las personas alojadas en una unidad puede perjudicar a quienes son derivadas a otras que tampoco cuentan con plazas suficientes.

En esa línea, sostuvo que las prohibiciones de ingreso y otras medidas cautelares de alcance local requieren una evaluación ponderada de su impacto sobre el sistema penitenciario. Para ello, deben contemplarse datos actualizados sobre la situación de los establecimientos, las consecuencias de las derivaciones y la participación de los organismos y actores involucrados.

Además, el Tribunal destacó la posibilidad de recurrir a la Autoridad de Aplicación y Ejecución de Sentencia vinculada con el fallo “Verbitsky” para obtener información relevante sobre el contexto general.

Finalmente, Casación concluyó que la instancia de origen debía renovar los actos procesales necesarios y dictar un nuevo pronunciamiento con la participación de todos los interesados y sobre la base de una visión integral de la situación penitenciaria.

La resolución no levantó la prohibición de ingreso ni resolvió definitivamente la controversia. Dispuso que la medida vuelva a ser analizada con información actualizada y teniendo en cuenta el impacto que cualquier restricción puede generar en el conjunto de las cárceles bonaerenses.

La Corte Suprema aceptó su competencia para intervenir en un reclamo de la provincia de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la eliminación del subsidio al transporte público en el interior. Se trata del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (conocido como el FCI).

El conflicto tiene su origen en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió a través del  DNU 280/2024 las transferencias destinadas al transporte urbano y suburbano del interior del país.

La administración de Axel Kicillof acudió al máximo tribunal para que declare la “invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica”, la inconstitucionalidad del artículo 18 que estableció el cese, y se dicte una cautelar para ordenar al Estado Nacional a transferir los fondos adeudados de forma “inmediata y efectiva”, con intereses.

Al respecto, la Corte Suprema le dio al Gobierno de Javier Milei 60 días para responder a la demanda. Una vez que se cumpla el pedido o venza el plazo, resolverán si se emite una cautelar, según el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En su demanda, la provincia cuestionó que la eliminación de este fondo generó una “grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público”, debido a que a causa de ello el boleto de colectivos en el interior sufrió un gran aumento.

También apuntaron que la medida del Gobierno nacional “carece de los requisitos constitucionales”, y “vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal, lo cual afecta gravemente la coordinación y cooperación intergubernamental”.

El FCI fue establecido en el año 2018 mediante la Ley N° 27.467. El mismo establecía un monto de $ 6.500.000.000 “para compensar los desequilibrios financieros” en el transporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Una investigación judicial permitió desarticular una red dedicada a la falsificación y comercialización de leche infantil de la marca SanCor en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina realizó 14 allanamientos y secuestró más de 500 cajas de fórmula infantil apócrifa, además de identificar a cinco personas vinculadas con la maniobra.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Ponte Rodríguez. Los operativos se realizaron en CABA y en los municipios bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez, entre otros puntos.

Durante los allanamientos también se incautaron vehículos, computadoras, teléfonos celulares, documentación y dinero en efectivo. Según la investigación, la mercadería se almacenaba en depósitos clandestinos y luego se distribuía a comercios minoristas y plataformas de venta por internet.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el apoderado legal de SanCor, luego de que la empresa recibiera reclamos de padres y madres cuyos bebés habían presentado trastornos de salud y efectos adversos después de consumir la fórmula adquirida en supermercados y comercios electrónicos.

La presentación recayó en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. A partir de las tareas investigativas de la Policía Federal se logró reconstruir parte de la cadena de comercialización del producto falsificado.

El riesgo sanitario fue uno de los aspectos más graves del caso. Los análisis de laboratorio realizados sobre las muestras secuestradas detectaron la presencia de Aflatoxina M1, una micotoxina derivada de hongos. Según el informe técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los niveles encontrados superaban en más de seis veces el límite máximo establecido por el Código Alimentario Argentino.

El dictamen sanitario determinó que el producto no era apto para el consumo y advirtió sobre el riesgo que representaba para la población lactante, especialmente porque se trata de un alimento fundamental durante los primeros meses de vida.

En paralelo a la investigación judicial, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), difundió una alerta alimentaria para advertir sobre la circulación del producto apócrifo.

La advertencia alcanza a la fórmula infantil en polvo Bebé 1 Advanced, de la marca SanCor, identificada con los siguientes datos:

La DIPA informó que la empresa elaboradora, S.A. La Biblia, reconoció diferencias entre el producto cuestionado y el legítimo luego de recibir un reclamo relacionado con su consumo.

Entre las características que permiten reconocer los envases falsificados se encuentran diferencias en el color y el troquelado, modificaciones en el sellado y la marcación del pouch, y cucharas dosificadoras de menor tamaño que aparentemente fueron fabricadas mediante impresión 3D.

También se detectaron errores tipográficos en los rótulos, como las palabras "Adventencia" y "oelico", en lugar de los términos correctos.

Ante esta situación, el organismo provincial recomendó a quienes tengan estos productos en su poder abstenerse de consumirlos. También pidió a los comercios que interrumpan su comercialización y recordó la importancia de adquirir alimentos que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Para realizar consultas o informar situaciones vinculadas con esta alerta, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios habilitó los siguientes canales:

Una mujer de 36 años fue detenida en Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, acusada de explotar sexualmente a su hija de 16 años. En el marco de la misma investigación, también fueron arrestados cuatro hombres de entre 52 y 78 años, señalados como presuntos abusadores de la adolescente.

El caso salió a la luz a partir de una denuncia por maltrato físico presentada ante el Servicio Local. La joven comenzó a relatar las situaciones que atravesaba durante su participación en un grupo de autoayuda y, posteriormente, recibió asistencia de trabajadores sociales y profesionales.

Según informó Primer Plano, la investigación se inició a partir de la denuncia y permitió reconstruir los hechos que la adolescente habría sufrido durante años. De acuerdo con su testimonio, los abusos habrían comenzado en 2021, cuando tenía 11 años, y se habrían extendido hasta abril de este año.

La joven declaró que su madre la golpeaba, la amenazaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero o drogas. Los encuentros se habrían organizado en la propia vivienda familiar. La mujer habría recibido pagos de entre $10.000 y $50.000 y también obligaba a su hija a buscar drogas para ella. Cuando la adolescente se negaba, sufría agresiones y amenazas.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, encabezada por la fiscal Solange Castelli. La investigación incluyó tareas encubiertas y seis allanamientos, con la participación de efectivos de la Policía bonaerense especializados en trata de personas y delitos complejos.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos la madre de la adolescente y cuatro hombres del barrio San Alberto, en la localidad de Cuartel V. Los investigadores no descartaban nuevas detenciones.

La mujer quedó imputada por explotación del ejercicio de la prostitución mediante violencia, abuso de autoridad, amenazas y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, además de corrupción de menores agravada. Los cuatro hombres fueron imputados por abuso sexual agravado.

Tras los arrestos, la adolescente y su hermano de 12 años quedaron al cuidado de su abuela. Ambos reciben asistencia y contención a través del Centro de Asistencia a la Víctima del departamento judicial y de los organismos especializados que intervienen en el caso.