El ex diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se presentó ante los Tribunales Federales de San Isidro para comparecer ante el juez Lino Mirabelli en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de activos vinculado al empresario ‘Fred’ Machado, hoy acusado en la Justicia de Estados Unidos.

El economista optó por no responder preguntas en la indagatoria y, en su lugar, entregó un escrito junto a una serie de pruebas documentales para respaldar su postura.

Tras su salida de los Tribunales, la defensa del exlegislador difundió un comunicado en el que señala que declarará “la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde”. Además, que la decisión de no prestar declaración oral responde al ejercicio de un derecho constitucional para "reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo".

En el texto subrayó: "No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".

En la presentación escrita, los abogados del ex candidato de La Libertad Avanza aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. Según precisaron, estos correos "documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago" investigado, calificándolos como documentos de la época "técnicamente inalterables y verificables".

Por este motivo, solicitaron formalmente al juez Mirabelli que reasuma de forma personal la dirección de la investigación, la cual permanecía delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez.

Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde. pic.twitter.com/kk8ms83u2s

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, la cual no habría sido declarada ante el fisco argentino.

Conforme a los datos del expediente, los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la organización del empresario Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero en los Estados Unidos.

Si bien Espert había señalado públicamente que dicho monto correspondía a un asesoramiento para la firma Minas del Pueblo SA en Guatemala, la Justicia mantiene la lupa sobre el destino de los fondos, bajo la sospecha de que pudieron haberse utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama y el financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

La citación judicial se produjo en momentos en que Espert mantiene sus bienes inhibidos por disposición de la Justicia —medida ratificada por la Cámara de San Martín—, situación que también afecta a su entorno familiar y a firmas asociadas.

El juicio oral contra el exintendente de Azul, José Inza, por dos causas ambientales volvió a quedar suspendido y, por el momento, no tiene una nueva fecha de inicio. El debate debía comenzar este lunes 6 de julio, pero el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 resolvió postergarlo nuevamente tras conocerse un informe médico sobre el estado de salud del principal imputado.

Según publicó diario El Tiempo, la decisión fue adoptada por el presidente del Tribunal, Carlos Alberto Pocorena, quien dejó sin efecto las audiencias previstas para este lunes, el miércoles y el 14 de julio.

De acuerdo al informe elaborado por una médica de la Policía Bonaerense, Inza, de 73 años, presenta un cuadro de salud complejo. Entre otras patologías, tiene antecedentes cardíacos y desde 2023 lleva colocado un marcapasos. La profesional concluyó que, si fuera sometido a "situaciones de estrés físicas y psicológicas", podría sufrir un "fallo cardíaco agudo", agravando su condición.

Frente a ese escenario, los jueces ordenaron realizar una nueva pericia médica, esta vez a cargo de un profesional de la Asesoría Pericial Departamental. El objetivo será determinar si, una vez finalizado el reposo indicado por sus médicos, Inza está en condiciones de afrontar el juicio, ya sea de manera presencial o por videoconferencia desde su domicilio.

Se trata de la segunda suspensión del proceso en lo que va del año. Originalmente, el juicio había sido programado para abril, pero en aquella oportunidad debió postergarse por problemas de salud de una de las juezas del Tribunal.

Además de Inza, también serán juzgados el exsecretario de Infraestructura, Héctor Ricardo Bolpe, y el exsecretario de Gobierno y de Salud, Federico "Pieri" Saldaño.

El debate comprende dos expedientes. En uno de ellos, Inza y Bolpe están acusados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con la situación ambiental del predio de disposición final de residuos EcoAzul. En la otra causa, Inza y Saldaño están imputados por presuntas irregularidades en la acumulación y el retiro de residuos patogénicos del Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos" y de un centro de atención primaria, en una investigación basada en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

Por ahora, el Tribunal no fijó una nueva fecha para el inicio del juicio, ya que todo dependerá del resultado de la nueva pericia médica.

Antes de conocerse esta nueva suspensión, la fiscal Laura Margaretic había solicitado que el debate comenzara igualmente para los otros dos imputados, Héctor Bolpe y Federico Saldaño, aunque el planteo fue rechazado por los jueces.

En paralelo, las defensas de los tres acusados habían intentado que se declarara extinguida la acción penal por el tiempo transcurrido desde los hechos investigados. Sin embargo, esos planteos fueron rechazados días atrás por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que ratificó que las causas deberán llegar a juicio cuando las condiciones lo permitan.

El juez federal Ariel Lijo dispuso que Manuel Adorni deberá informar previamente a la Justicia cada vez que pretenda salir del país, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien si bien descartó que exista peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación, solicitó que cualquier viaje al exterior sea comunicado con anticipación para que los tribunales puedan "evaluar la pertinencia y razonabilidad" de la salida.

De esta manera, se trata de la primera restricción impuesta a Adorni desde el inicio del expediente judicial. La resolución alcanza únicamente al exfuncionario y no a su esposa, Bettina Angeletti, quien también se encuentra bajo investigación.

Al mismo tiempo, la Justicia rechazó el pedido de detención que habían impulsado los denunciantes de la causa, al considerar que no existen elementos que justifiquen una medida de esa naturaleza.

Antes de que se dictara la resolución, el exfuncionario presentó un escrito a través de su abogado, Matías Ledesma, en el que informó que actualmente se encuentra en la Argentina y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo.

Con esta decisión, el juzgado de Lijo resolvió imponer un mecanismo de control sobre los eventuales desplazamientos internacionales de Adorni, mientras continúa la investigación sobre la evolución de su patrimonio.

Un suboficial de la Armada Argentina fue condenado a seis años de cárcel acusado de abusar sexualmente de una marinera en Punta Alta, en un fallo dictado en debate abreviado por la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño.

Martín Eduardo Molina Benegas fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado (3 hechos). El sujeto fue detenido a fines del año pasado y permanece alojado en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.

Para la magistrada quedó probado que el 12 de septiembre de 2025, en un departamento de calle Urquiza al 100, el sujeto tomó por la fuerza a la víctima y en contra de su voluntad la abusó.

La mujer declaró que poco después de ser destinada al Destacamento Flota de Mar conoció al imputado y que luego de una charla acordaron encontrarse para tomar algo en la casa del hombre, ya que ella vivía con compañeras.

Según publicó La Nueva, dijo que ese día la pasó a buscar y que notó que el sujeto tenía aliento etílico. Al llegar el hombre, apagó las luces, puso el volumen alto del televisor y le ofreció Vodka. Manifestó que rechazó la bebida y que el individuo, en medio de una charla con referencias sexuales, intentó besarla.

Sostuvo que luego se le abalanzó, la tomó por la fuerza y la sometió. Agregó que poco después concurrió al lugar una expareja del acusado, por lo que aprovechó para retirarse del sitio con ella.

La joven concurrió posteriormente al Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde fue asistida y le comentó lo ocurrido a una médica. Ante la fiscalía también declararon amigas de la chica, una psicóloga y una doctora de la Policía Científica, entre otros testigos. Por su parte, el imputado brindó su versión de los hechos y sostuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Al analizar la totalidad de la causa, la magistrada sostuvo que el acusado "pretendió armar una escena amorosa que no se condice con la prueba". "Tengo para mí que los hechos sucedieron como los relató la víctima, y que sus dichos fueron fuertemente respaldados", agregó.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad del sujeto y le impuso la pena de prisión efectiva. 

Martín Insaurralde volvió a quedar en el centro de la escena pública. El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires fue encontrado por un equipo de TN cuando ingresaba a un edificio ubicado en Libertad 567, frente a Tribunales, donde, según la investigación periodística, funcionaría una oficina vinculada al sindicato de trabajadores del juego (ALIARA).

Las imágenes, difundidas este miércoles por TN, muestran a Insaurralde llegando en un Chevrolet Cruze e ingresando rápidamente al edificio. Al advertir la presencia de la periodista Guadalupe Vázquez, se cubrió el rostro y evitó responder las preguntas.

De acuerdo con la investigación del canal, vecinos del edificio aseguraron que el exfuncionario concurre al lugar desde marzo y que suele cumplir una rutina de oficina, ingresando cerca del mediodía y retirándose alrededor de las 17.00.

Siempre según TN, en el décimo piso del edificio funcionaría de manera informal una oficina vinculada a ALIARA, aunque formalmente ese espacio figura a nombre del estudio jurídico de los abogados Mariana Gallego y Antonio Mura.

Durante la emisión del programa también se informó que el abogado Mauricio D'Alessandro explicó que Insaurralde utiliza ese lugar para mantener reuniones con sus abogados y evitar cruzarse con otros clientes del estudio que lo representa en la causa judicial.

La reaparición pública de Insaurralde se produce mientras continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que se inició tras el escándalo desatado en septiembre de 2023 por la difusión de las imágenes de su viaje junto a Sofía Clerici a bordo del yate "Bandido", en Marbella.

A raíz de ese episodio, Insaurralde renunció a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y quedó apartado de la actividad pública.

En el informe difundido por TN también se sostuvo que el exfuncionario mantendría reuniones con dirigentes políticos y personas vinculadas al mundo del juego. Esas afirmaciones fueron atribuidas a fuentes periodísticas y, hasta el momento, no forman parte de una confirmación judicial.

La investigación por el crimen de Graciela Martínez, la abogada y exconcejal de Morón hallada enterrada en el patio de su casa de Castelar, sumó un dato clave: la autopsia determinó cuál fue la causa de su muerte.

Según el informe forense, la mujer de 54 años falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante en el cuello. Los investigadores creen que el ataque habría sido por la espalda y que la víctima murió tras una importante pérdida de sangre.

El principal acusado del homicidio es su hijo, Carlos Ignacio C. M., de 25 años, quien permanece detenido por haber intentado asesinar también a su padre, un hombre de 89 años que sufrió heridas cortantes y sobrevivió al ataque.

El resultado de la autopsia ya fue incorporado al expediente por homicidio agravado por el vínculo, que instruye el fiscal José María Ghessi. El sospechoso aún no declaró en esa causa, ya que continúa detenido por el intento de homicidio de su padre.

De ser encontrado culpable, la única pena prevista para este delito es la prisión perpetua.

El cadáver de Martínez fue encontrado durante un allanamiento en la vivienda familiar, ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, en Castelar. Los efectivos excavaron en un sector del patio donde había tierra removida y encontraron el cuerpo envuelto en bolsas de consorcio.

En el procedimiento participaron Bomberos y peritos de la Policía Científica.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el acusado habría asesinado a su madre, ocultado el cuerpo en el patio de la vivienda y, posteriormente, se dirigió a la casa de su padre con la intención de atacarlo.

Martínez era una figura conocida en la política de Morón. Se desempeñó como concejal entre 2001 y 2003 y también ejercía la abogacía.

Los trabajadores de FATE volverán a salir este martes a la calle en el marco del conflicto que mantienen desde hace más de cuatro meses con la empresa. La jornada incluirá un corte en el cruce del Acceso Norte de Panamericana y Uruguay, seguido de una caravana por distintos puntos de la zona norte, para rechazar el intento de desalojo de la planta de San Fernando.

La protesta se realiza luego de que la empresa apelara el rechazo judicial al pedido de desalojo de los trabajadores que permanecen dentro de la fábrica desde el 18 de febrero. Los operarios sostienen que la planta fue cerrada mediante un "lock out patronal" y reclaman que se garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el trabajador despedido Sebastián Tesoro explicó que el conflicto lleva "cuatro meses y medio" y que continúan resistiendo dentro de las instalaciones.

"Seguimos adentro de la fábrica, algunos compañeros estamos en los techos y otros permanecen en una carpa junto a nuestras familias. No nos vamos a ir porque estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo", afirmó.

Según detalló, además del conflicto judicial por el desalojo, 24 trabajadores fueron citados a declaración indagatoria por la Justicia de San Fernando, situación que consideran parte de una persecución contra quienes encabezan la protesta.

"La acción de hoy tiene que ver con denunciar cualquier intento de desalojarnos y también la persecución a los que luchamos por poner comida arriba de la mesa", sostuvo.

Durante la entrevista, Tesoro también apuntó contra el gobierno bonaerense por la falta de intervención en el conflicto.

"Desde la Provincia, donde Kicillof dijo que iba a ser un escudo contra el ajuste de Milei, le entraron todas las balas al escudo", cuestionó.

El trabajador aseguró que presentaron un proyecto para que la Provincia intervenga de manera temporal la empresa y permita reactivar la producción, pero afirmó que nunca obtuvieron una respuesta.

"Le presentamos un proyecto de ocupación temporal para que la Provincia intervenga el directorio y vuelva a poner en marcha la fábrica. No nos dieron ni siquiera una reunión", señaló.

También cuestionó que el gobernador "quiera resolver los problemas de los 45 millones de argentinos" mientras, según dijo, "no puede resolver el problema de una fábrica".

Tesoro aseguró que los trabajadores mantendrán la permanencia dentro de la planta pese a la posibilidad de que se dicte una nueva orden de desalojo.

"La última trinchera de lucha es FATE y nosotros la vamos a enfrentar. No nos van a sacar de esa fábrica", remarcó.

Finalmente, sostuvo que durante estos meses recibieron el respaldo de organizaciones sindicales, sociales y políticas, aunque afirmó que "desde el primer día" no tuvieron acompañamiento de los gobiernos nacional, provincial ni municipal.

La Justicia federal dispuso la prohibición de salir del país para el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La medida fue tomada por el juez federal Luis Armella, quien además rechazó el pedido de detención que había solicitado la fiscalía tras la difusión de distintos elementos incorporados a la investigación.

Según se informó, los tres imputados no podrán salir del país y deberán permanecer a menos de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa.

El caso se inició tras la difusión de imágenes y videos en los que se veía a Insaurralde en un yate en Marbella junto a Sofía Clerici, con elementos de lujo y grandes sumas de dinero, lo que generó un fuerte impacto político y mediático en 2023 y derivó en su renuncia a la jefatura de Gabinete bonaerense.

A partir de allí, la causa avanzó para determinar el origen de los fondos utilizados en esos viajes y gastos, y si existieron maniobras de lavado o enriquecimiento no declarado. También se investigan posibles vínculos patrimoniales y movimientos financieros de las personas involucradas.

En el caso de Cirio, la Justicia analiza su situación patrimonial durante y después de su vínculo con Insaurralde, mientras que Clerici quedó involucrada a partir de las imágenes difundidas y su relación con el ex funcionario en aquel viaje.

El fiscal federal Sergio Mola había solicitado medidas más duras, incluyendo la detención, pero el juez optó por una restricción de movilidad mientras continúa la investigación.

La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

Momentos de extrema tensión se vivieron este domingo en la Unidad Penal N.º 11 de Baradero, donde una violenta pelea entre internos derivó en un motín, la fuga de dos presos y un importante operativo de seguridad que se extendió durante gran parte de la jornada.

Según la información a la que tuvo acceso LANOTICIA1.COM, todo comenzó con un enfrentamiento entre grupos de internos dentro del establecimiento penitenciario. Como consecuencia de la pelea, cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas sufrió una grave lesión con un arma blanca y debió ser trasladada por una ambulancia del SAME al hospital.

🚨 Así fue el motín en la Unidad Penal 11 de Baradero.La revuelta dejó cuatro heridos, dos presos lograron fugarse y fueron recapturados horas después. Tras los incidentes, trasladarán a unos 40 internos.🎥 Mirá las imágenes. pic.twitter.com/cX4Bdix4c7

En medio de los disturbios, dos detenidos aprovecharon la situación para escapar de la unidad, lo que motivó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad para dar con su paradero.

La búsqueda concluyó cerca de las 18.10, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) localizaron a los prófugos durante un rastrillaje a pie en una zona rural de Baradero, a la altura del kilómetro 142,5.

Los dos hombres, de 28 y 31 años, fueron reducidos y detenidos en el lugar, quedando nuevamente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de turno y del Juzgado de Garantías interviniente.

Con los evadidos nuevamente bajo custodia, las autoridades lograron recuperar el control total de la Unidad Penal N.º 11 y poner fin al motín.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, como parte de las medidas adoptadas tras los incidentes, se prevé el traslado de aproximadamente 40 internos a otras unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense para restablecer el orden dentro del penal.

El caso que conmociona a Castelar sumó nuevos detalles sobre la vida de la víctima. Graciela Martínez, la mujer de 54 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio trasero de su casa, era una reconocida abogada y había integrado el Concejo Deliberante de Morón entre 2001 y 2003.

Según relataron vecinos a distintos medios locales como Primer Plano Online, Martínez era muy querida en el barrio y mantenía una relación muy cercana con su hijo, Carlos Ignacio Costa Martínez, de 25 años, quien permanece detenido y es el principal acusado del matricidio.

"Era una mujer que cuidaba mucho de su familia, se desvivía por su hijo", coincidieron varios vecinos consultados. También contaron que, aunque en los últimos años vivía sola en la vivienda de la calle Arrecifes al 1200, el joven solía visitarla con frecuencia.

Una vecina identificada como Nélida relató que Graciela solía comentar que hacía las compras para cocinarle a su hijo cuando iba a verla. "Graciela solo tenía ojos para su hijo", expresó en declaraciones publicadas en Clarín.

Además de su trayectoria política en Morón, Martínez continuó vinculada al ejercicio de la abogacía. De acuerdo con publicaciones en sus redes sociales, en 2014 participó de un encuentro internacional de abogados realizado en Brasil.

El cadáver de Graciela Martínez fue encontrado el jueves enterrado en un profundo pozo en el jardín de su vivienda, envuelto en bolsas de consorcio. Para recuperar el cuerpo fue necesaria la intervención de Bomberos, que realizó una excavación de varios metros.

El procedimiento se inició luego de que un amigo del sospechoso se presentara ante la Policía y revelara que el joven le había confesado el crimen. Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia que permitió encontrar el cuerpo.

Al momento del hallazgo, Carlos Ignacio Costa Martínez ya se encontraba detenido en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de haber intentado asesinar a su padre, un hombre de 89 años.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que primero asesinó a su madre, ocultó el cuerpo en el fondo de la vivienda y, posteriormente, intentó matar a su padre, hecho por el que fue arrestado horas antes de que se descubriera el crimen.

La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros contra el Estado por el Decreto 759/25, y dejó firme la medida cautelar por la que debe aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.

El máximo tribunal concluyó que el recurso extraordinario del Gobierno de Javier Milei no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable. En una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal también rechazó el pedido de excusación formulado en el expediente.

Cabe recordar que el gobierno ya llegó a un acuerdo con universidades pese al trámite judicial en marcha, por el que los salarios docentes y no docentes se actualizarían en un 24,33%, además de garantizar fondos para el funcionamiento de las universidades públicas.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE APLIQUE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIOLa Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795, la Ley de Financiamiento Universitario. pic.twitter.com/UOaYi4r5zk

La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

En consecuencia, el Tribunal desestimó tanto el pedido de excusación como la presentación directa e intimó al recurrente para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encontraba diferido de acuerdo con la Acordada 47/91.

La causa nació a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, fue condenado por los delitos de calumnias e injurias en el marco de una causa impulsada por el Ayudante Fiscal Carlos Brunelli, quien lo había denunciado por declaraciones públicas realizadas durante la campaña electoral de 2023.

Según informó el medio Cadena Nueve, la sentencia fue dictada por el Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial Mercedes y establece una multa de 20.000 pesos para el jefe comunal. No obstante, la resolución aún no se encuentra firme y podría ser apelada por las partes involucradas.

El conflicto se originó en agosto de 2023, cuando Egüen, por entonces concejal y candidato a intendente de Juntos, formuló acusaciones públicas contra Brunelli, atribuyéndole supuestas irregularidades y delitos vinculados a una investigación judicial.

Tras esas declaraciones, el funcionario judicial difundió un comunicado en el que rechazó los señalamientos, defendió su actuación profesional y anticipó que iniciaría acciones penales y civiles para resguardar su honor y reputación.

Brunelli explicó en aquella oportunidad que los hechos cuestionados estaban relacionados con una investigación por estupefacientes tramitada ante la UFI N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes. Además, recordó que él mismo promovió una investigación sobre su conducta y que la Fiscalía interviniente archivó el expediente al no encontrar elementos que acreditaran delito alguno.

“Daré inicio a una querella criminal por los delitos de calumnias e injurias que interpreto habría cometido el Sr. Egüen, e iniciaré a su vez las acciones civiles tendientes a obtener la reparación integral de los daños y perjuicios que se me ocasionaron”, había expresado Brunelli en agosto de 2023.

Aquella presentación judicial derivó en el proceso que ahora concluyó con una condena contra el actual intendente. Si bien todavía no se conocieron los fundamentos completos de la sentencia, la decisión judicial representa un respaldo a la posición sostenida por el funcionario desde el comienzo del conflicto.

El Senado bonaerense designó a sus primeros representantes en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de intervenir en la selección, nombramiento y control disciplinario de jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue aprobada durante la primera sesión ordinaria del año, encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario. Allí se resolvió que el senador Sergio Berni represente al bloque oficialista Fuerza Patria como consejero titular, mientras que Fernando Coronel ocupará el cargo de suplente.

Por la oposición, la representante designada fue la senadora María Luz Bambaci, integrante de La Libertad Avanza.

La designación de Berni se dio en un contexto político particular, atravesado por la interna que mantiene con Magario. Antes de la votación, el jefe del bloque oficialista volvió a cuestionar el manejo de las licencias legislativas en la Cámara Alta y dejó una frase que generó ruido en el recinto.

“Estoy un poco mareado”, lanzó el senador. Luego agregó: “No sé cuántos senadores somos”, en referencia a la situación de legisladores con licencia y a las discusiones reglamentarias que viene planteando desde hace meses.

La relación entre Berni y Magario atraviesa una etapa de fuerte tensión desde diciembre de 2025, cuando el exministro de Seguridad asumió la conducción del bloque oficialista tras la salida de Teresa García al Congreso nacional.

Desde entonces, Berni viene cuestionando decisiones políticas y administrativas de la vicegobernadora, especialmente en torno a las licencias legislativas y la conformación de comisiones clave dentro del Senado bonaerense. Incluso llegó a referirse a Magario como “Su excelencia la Vicegobernadora” en una de las discusiones más tensas del recinto.

Pese a esas diferencias, el oficialismo lo designó como representante en el Consejo de la Magistratura, uno de los organismos más relevantes del sistema institucional bonaerense, encargado del funcionamiento y control del Poder Judicial provincial.

La representación del Senado todavía no está completa: resta definir un consejero titular y un suplente por el oficialismo, además de un suplente por la oposición.

Representa a la Primera Sección Electoral y actualmente preside el bloque oficialista Fuerza Patria en el Senado bonaerense. Médico de profesión y militar retirado, fue secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y luego ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ahora ocupará un lugar en el Consejo de la Magistratura.

Senadora provincial de La Libertad Avanza por la Sexta Sección Electoral. Abogada de profesión, llegó a la Cámara Alta tras las elecciones de 2023 y será la representante titular de la oposición en el organismo.

Legislador de Fuerza Patria por la Tercera Sección Electoral. Fue designado como suplente del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Antes de llegar al Senado se desempeñó como concejal y funcionario municipal en Esteban Echeverría.

Con estas designaciones, el Senado bonaerense comienza a completar su representación en el Consejo de la Magistratura, un organismo clave para la selección y control de magistrados en la provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso en consulta pública un proyecto de reglamento  denominado “Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial” para el desarrollo y uso responsable de herramientas de IA en el ámbito judicial.

La medida forma parte del proceso de modernización tecnológica que viene llevando adelante el máximo tribunal y busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA en la administración de justicia, garantizando su utilización de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales.

Además, creó una “Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial” que tendrá a su cargo la supervisión de la iniciativa, y se decidió la apertura de un proceso de consulta participativa desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto para que magistrados, funcionarios, agentes, colegios profesionales, instituciones académicas y demás interesados formulen observaciones y aportes al proyecto a través de la web.

Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, busca evitar que las herramientas tecnológicas reemplacen el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales.

“El uso de herramientas de IA no exime de su plena responsabilidad al operador judicial, por el contenido, validez y legalidad de los actos en los que aquellas hubieren intervenido, debiendo en todos los casos ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado sobre los resultados producidos por dichos sistemas, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere corresponder al proveedor de la herramienta conforme la normativa aplicable”, señalaron desde el máximo tribunal provincial.

En esa línea, mencionaron que “bajo ninguna circunstancia se puede delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia”.

Lo propio en cuanto al "tratamiento de datos personales mediante sistemas de IA, el que debe ajustarse estrictamente a lo dispuesto por la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales y su normativa reglamentaria, asegurando la confidencialidad, integridad y seguridad de la información".

Asimismo, hicieron hincapié en que “lejos de ser neutrales u objetivos, los sistemas de IA pueden reproducir —e incluso amplificar— sesgos, errores y patrones discriminatorios presentes en los datos con los que fueron entrenados”. También que “pueden debilitar el juicio crítico de los operadores judiciales a través del denominado sesgo de automatización, que lleva a otorgar confianza excesiva a las recomendaciones algorítmicas”.

Entre los objetivos del futuro reglamento figuran la mejora de la eficiencia en los procesos judiciales y administrativos, el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y el apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar el razonamiento ni la decisión humana.

Finalmente, la Corte le prohibió a sus integrantes el uso de chatbots de acceso gratuito o comercial (como ChatGPT) para tratar información judicial sensible o investigaciones en curso, ante el riesgo de que esos datos personales sean utilizados para entrenar modelos futuros fuera del control institucional.

La conductora y modelo Jésica Cirio entregó este martes su teléfono celular a la Justicia para que sea peritado en el marco de la causa que investiga a su ex marido, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según informó Clarín, la entrega se realizó a través de uno de sus abogados en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, luego de que el juez federal Luis Armella la intimara a presentar el dispositivo en un plazo de 24 horas.

El teléfono será sometido a peritajes para determinar si contiene el video difundido recientemente, en el que se observa una importante cantidad de dólares distribuidos en valijas, cajas, bolsas y cajones dentro de un vestidor que, según los investigadores, pertenecería a una propiedad donde convivían Cirio e Insaurralde.

Para los investigadores, esas imágenes podrían convertirse en una prueba relevante dentro de la causa que se abrió tras el escándalo del viaje de lujo que Insaurralde realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.

La Justicia busca determinar la fecha exacta en que fue grabado el video y el lugar donde se registró. Para ello, los peritos analizarán los metadatos del dispositivo, una herramienta que podría aportar información sobre la ubicación, el momento de la filmación y otros detalles técnicos.

En caso de no encontrar el material original en el celular, los investigadores ya solicitaron una copia de las imágenes difundidas públicamente para continuar con los análisis.

EL VIDEO DE CIRIO, CLAVE EN LA CAUSA DE INSAURRALDELectura rápidaEl video que grabó Jesica Cirio, modelo y ex esposa de Martín Insaurralde, se volvió una prueba relevante en la causa contra el ex intendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de… pic.twitter.com/qUFH959vMj

La búsqueda del video motivó en los últimos días allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio y a su expareja, el empresario Elías Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. Sin embargo, hasta el momento el material no había sido hallado.

La causa está impulsada por el fiscal federal Sergio Mola y por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, quienes solicitaron la indagatoria de Insaurralde al considerar que su patrimonio y nivel de gastos no serían compatibles con los ingresos declarados durante su trayectoria como funcionario público.

Según la acusación, el ex jefe de Gabinete bonaerense durante la gestión de Axel Kicillof no habría podido justificar parte de su patrimonio ni algunos gastos realizados en el exterior.

Mientras avanzan las pericias sobre el celular entregado por Cirio, la expectativa judicial está puesta en determinar si el video puede aportar nuevas evidencias sobre el origen y la magnitud del dinero que aparece en las imágenes.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para reclamar la urgente reapertura de la negociación paritaria.

En la presentación, la AJB señaló la necesidad de retomar de manera inmediata la discusión salarial “ante el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, producto de la inflación, el incremento de las tarifas de servicios y el impacto de la situación económica sobre los ingresos de las y los trabajadores judiciales”.

En los últimos días, el Ejecutivo ya había recibido una solicitud similar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por los salarios de los estatales bonaerenses.

Cabe recordar que las asambleas departamentales del gremio que conduce Hugo Russo aceptaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada en la última reunión paritaria en el mes de febrero.

La propuesta aceptada consiste en un incremento del 9% para el período febrero-marzo-abril, calculado sobre base enero 2026, compuesto de la siguiente manera 1,5% de incremento consolidado, correspondiente al adelanto otorgado en febrero a cuenta de futuros aumentos, 5% de incremento en el mes de marzo, calculado sobre base enero 2026 y 2,5% de incremento en el mes de abril, también calculado sobre base enero 2026.

En la ciudad bonaerense de San Pedro, la Municipalidad avanza con el inicio de un sumario administrativo que podría terminar en la cesantía de un empleado de planta, luego de que fuera condenado por la Justicia por el desvío de materiales de construcción en una obra privada.

Se trata de Juan Ramón Villalba, trabajador municipal de 49 años y con más de dos décadas en la administración pública, quien fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado por el delito de administración fraudulenta.

La causa se originó por hechos ocurridos entre 2007 y 2013, cuando Villalba trabajaba como empleado estatal pero también había sido contratado de manera particular para intervenir en la construcción del hotel Azahar Spa. Según lo establecido por la Justicia, en ese contexto desvió materiales destinados a la obra para utilizarlos en otros trabajos, lo que generó un perjuicio económico.

Tras conocerse la condena, el Ejecutivo municipal dispuso avanzar con el sumario administrativo, tal como lo establece el régimen de empleo público municipal vigente en la provincia de Buenos Aires, la Ley 14.656.

Esa normativa contempla sanciones que pueden llegar hasta la cesantía en casos de “inconductas notorias”, condenas penales por delitos dolosos o situaciones que afecten el prestigio de la administración pública.

El expediente ya cuenta con un dictamen de la Asesoría Letrada del Municipio, que recomienda dar curso al procedimiento disciplinario. En la práctica, y según lo previsto por la normativa, el desenlace más probable del sumario sería la desvinculación del trabajador.

En paralelo, se recuerda que Villalba ya fue hallado culpable por la Justicia en una causa donde se determinó que actuó abusando de la confianza depositada en su rol, provocando un daño patrimonial.

La investigación judicial también dejó previsto otro capítulo: este martes comenzará en el Juzgado Correccional de San Nicolás el juicio oral contra el arquitecto Raúl Antoliche y el contratista Miguel “Mili” González, vinculados a la misma trama de irregularidades en la obra.

Por la muerte de Manuel Storani, hijo del exministro Federico, su madre Ángeles Albarracín y de Francisco Javier Gotti, en un choque de lanchas en el Delta de Tigre en marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a nueve años de prisión impuesta a Pablo Torres Lacal.

Fue mediante la desestimación de los recursos presentados por la defensa, en una decisión adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

En octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense había rechazado los planteos defensivos contra la condena. Antes, el Tribunal de Casación Penal de la provincia había confirmado el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro, que a fines de 2023 condenó a Torres Lacal por homicidio simple y le impuso una pena de nueve años de prisión.

Pablo Torres Lacal, el hombre que provocó el choque en la medianoche del 31 de marzo de 2016 en el Canal Vinculación, en el Delta de Tigre, circulaba con su embarcación Shark II a la máxima velocidad posible.

La tragedia ocurrió cuando Manuel Storani, de 14 años, navegaba junto a su madre y otras cuatro personas a bordo de la lancha Mad II. Allí fueron embestidos por Torres Lacal

. El bote se partió al medio. El cuerpo del hijo de Storani recién fue hallado tres días después en la orilla del río Luján, en el partido de San Isidro.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que se había tratado de un accidente inevitable. Sin embargo, los magistrados concluyeron que las circunstancias acreditadas en el debate excedían el marco de un mero hecho culposo y justificaban la atribución de una conducta dolosa.

Según la reconstrucción efectuada durante el proceso, la embarcación comandada por el acusado apareció de manera sorpresiva y a gran velocidad. Los testimonios incorporados al juicio describieron a los tripulantes de la embarcación de Torres Lacal como exaltados en los momentos previos al choque. Si bien los estudios toxicológicos arrojaron resultados negativos, uno de los acompañantes reconoció haber consumido alcohol antes de iniciar la navegación.

Tras la mudanza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Pilar, la Justicia respaldó la medida de la conducción de la entidad madre del fútbol argentino. La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la AFA avalando el cambio de domicilio de la entidad a la provincia de Buenos Aires y declaró nula la designación de veedores impulsada por el Ministerio de Justicia tras un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El tribunal también dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y consideró que el organismo nacional ya no tiene competencia para ejercer controles sobre la entidad.

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, tras el traslado de la sede social a Pilar y su inscripción en la provincia de Buenos Aires, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, señalaron los magistrados en la resolución.

La decisión representa un respaldo judicial para la conducción de Tapia, que había cuestionado la intervención de la IGJ y la designación de veedores por considerar que se trataba de medidas adoptadas sin competencia legal sobre la asociación.

Según la Resolución RESO-2026-1159 dictada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se oficializó el trámite de reforma estatutaria. Esta decisión se basa en lo aprobado por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2024, que determinó el nuevo domicilio de la entidad. A partir de esta disposición, el Comité Ejecutivo fijó legalmente la sede social en la calle Mercedes N°1366 de Pilar.

Vale destacar que ARCA comprobó que en el lugar que figura como sede sólo hay un terreno baldío con un cartel.

No obstante, la resolución de la Cámara Civil no modifica el curso de las investigaciones penales que involucran a la AFA y a algunos de sus dirigentes, por presunto lavado de dinero y presunta retención indebida de aportes.

Crecen los problemas para Manuel Adorni y para Javier Milei, que ha decidido pagar el costo político de sostenerlo y no pedirle la renuncia. Ahora, a raíz del peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló con costo millonario la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, llevó a los investigadores a una nueva sospecha.

La trabajadora estatal de la Vocería, es Gisela Kocsis, que cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011, habría prestado su nombre para que Adorni (su jefe cuando era vocero de Javier Milei) compre sábanas y ropa de cama por más de 8 millones de pesos, evitando declarar el gasto como propio.

El funcionario viene siendo investigado por enriquecimiento ilícito como consecuencia de una serie de denuncias que cristalizaron inconsistencias entre sus ingresos y sus gastos.