El caso de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia e investigado por el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller, volvió a generar repercusiones dentro del oficialismo argentino luego de que Javier Milei utilizara su cuenta de X para amplificar mensajes que ponen en duda la versión de la mujer atacada.

El Presidente reposteó varias publicaciones durante las últimas horas, entre ellas mensajes de la diputada nacional por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien cuestionó públicamente el relato de Beller y sugirió que el episodio podría formar parte de una operación contra personas vinculadas al entorno de Milei.

Uno de los mensajes que Lemoine compartió había sido publicado originalmente por la cuenta de Olga Mosser, que calificó el episodio como una “opereta al estilo Hollywood con becas del kirchnerismo internacional” y señaló a Beller como la “actriz protagónica”.

"El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido." https://t.co/VKlS0OmE1M

Lemoine retomó esa publicación y agregó una frase que luego también fue amplificada por Milei: “El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido”.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires también cuestionó a quienes le reclamaban que se pronunciara sobre Cerimedo y escribió: “Qué se yo. No sé nada de Cerimedo hace bocha. Pero veo a la mina y muero de risa”. Esos mensajes fueron posteriormente reposteados por Milei.

Otro de los mensajes que Milei decidió repostear fue el del usuario José Luis #360 (@jlsantana), quien puso el foco en las lesiones de Beller y cuestionó que fueran compatibles con el ataque denunciado. “Te dan con un perdigón DE GOMA y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta. Te encajan tres tiros en el pecho ¿Y TE PONEN CURITAS SIN MERTHEOLATE NI NADA Y NO SE VE NINGÚN DAÑO? ¿Alguien que sepa de ciencia forense?”, escribió. El mensaje fue acompañado por imágenes y planteó dudas sobre el estado de salud de Beller después del ataque.

Te dan con un perdigón DE GOMA y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta.Te encajan tres tiros en el pecho ¿Y TE PONEN CURITAS SIN MERTHEOLATE NI NADA Y NO SE VE NINGÚN DAÑO?¿Alguien que sepa de ciencia forense? pic.twitter.com/JNNUxNVSeC

Otro de los mensajes que Milei reposteó fue el del influencer libertario Fran Fijap, quien directamente calificó el episodio como una“opereta boliviana manejada por el violín de Evo”. En su publicación, cuestionó la cronología del hecho y afirmó: “Llamaron a la ambulancia antes del ‘atentado’. 6 minutos de diferencia: 8:34:10 llaman a la ambulancia y 8:39:53 le meten 4 tiros”. El planteo fue presentado como un argumento para poner en duda las circunstancias del ataque, aunque se trata de una interpretación difundida en redes y no de una conclusión de la investigación judicial.

Javier Milei retuiteó un posteo que afirma que lo de Bolivia es una "opereta". pic.twitter.com/B8CP4tscnU

La defensa de Cerimedo sostiene que el ataque contra Beller pudo tratarse de un “autoatentado”, una hipótesis que no está probada y que forma parte de la estrategia de sus abogados. La Justicia boliviana, en tanto, mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad del consultor argentino.

Los movimientos de Milei en redes volvieron a poner bajo la lupa la relación que Cerimedo mantuvo con el entorno libertario. El consultor tuvo un papel dentro de la estrategia de comunicación digital que acompañó la campaña presidencial de 2023 y fue uno de los impulsores de La Derecha Diario, medio que adquirió un fuerte peso dentro del ecosistema comunicacional de La Libertad Avanza.

En ese mismo entramado apareció Agustín Romo, actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, quien durante la campaña de 2023 tuvo un rol destacado en la estrategia digital del espacio. De hecho, Romo había reconocido públicamente que Cerimedo “trabaja con nosotros”, en referencia al equipo de Milei.

El que esta a favor del aborto es tu amigo que quizo abortar a la novia a tiros pic.twitter.com/grmsvYgtwb

La relación entre ambos quedó expuesta públicamente durante aquella etapa. Lo llamativo ahora es que, mientras Milei y Lemoine salieron públicamente a respaldar a Cerimedo de manera indirecta y a cuestionar la versión de Beller, Romo no realizó hasta el momento declaraciones públicas sobre el caso.

HABLEMOS DE GRAVEDAD pic.twitter.com/IlX8t4XT7y

El silencio del diputado bonaerense no permite concluir que exista una ruptura o que Romo tenga una posición contraria a Cerimedo. Sí marca, al menos por ahora, una diferencia dentro del universo libertario respecto de la decisión de Milei de intervenir en la discusión y amplificar mensajes que ponen en duda el ataque y la denuncia de Beller.

Mientras tanto, Cerimedo continúa detenido en Bolivia y la investigación judicial avanza sobre el ataque, sus posibles responsables y las circunstancias que rodearon el episodio. El caso, que comenzó como una causa policial en Bolivia, volvió así a impactar de lleno en el entramado de comunicación política que rodea al Gobierno de Milei y también alcanza a dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza.

El director de Deportes de Chacabuco, Jorge Giménez, fue agredido este miércoles en su despacho por un joven deportista que se encuentra becado por el Municipio para participar en competencias de su disciplina.

Según informó Diario Cuatro de Chacabuco, el episodio ocurrió luego de que el funcionario citara al deportista para pedirle explicaciones por su ausencia durante el fin de semana en un compromiso deportivo que debía cumplir.

En ese contexto, de acuerdo con la información publicada por el medio local y fuentes oficiales, el joven reaccionó violentamente y le propinó un golpe de puño a Giménez dentro de la oficina.

Tras la agresión, el director de Deportes debió ser trasladado al Hospital Municipal de Chacabuco, donde recibió atención médica y permaneció en observación. Posteriormente, se informó que se encontraba en buen estado de salud y sin consecuencias derivadas del ataque.

Desde el Municipio de Chacabuco confirmaron que radicarán una denuncia contra el agresor para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La Justicia Federal homologó un acuerdo de conciliación que le permitirá al abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez cerrar una causa penal por publicaciones discriminatorias e incitación a la violencia contra la comunidad islámica.

El letrado, conocido en redes como “Gordo Leyes” y conductor del canal de streaming Carajo, deberá publicar una retractación y disculpa pública en X y donar $200.000 al Hospital de Niños Pedro de Elizalde (Casa Cuna). La información fue publicada por Infobae, que tuvo acceso a la resolución judicial.

El acuerdo fue homologado por el juez federal Julián Ercolini, con la conformidad del fiscal Carlos Rívolo y del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), que había impulsado la denuncia.

La investigación se inició a partir de una serie de publicaciones realizadas por Sarubbi Benítez el 11 de febrero de 2025, luego del ingreso de un integrante de la comunidad islámica al programa Gran Hermano.

Según consta en la resolución, los mensajes fueron considerados discriminatorios e intimidatorios y con contenido de incitación a la violencia colectiva.

Como parte del acuerdo, el abogado manifestó un “sincero arrepentimiento por las expresiones vertidas” y sostuvo que sus dichos habían surgido del desconocimiento.

Además, deberá publicar en su cuenta de X una retractación dirigida a la comunidad islámica, que deberá permanecer fijada durante 10 días, y concretar la donación al Hospital Elizalde.

El acuerdo también contempla que Sarubbi Benítez mantuvo un encuentro con autoridades del Centro Islámico, donde se interiorizó sobre la fe, la cultura y la presencia de esa comunidad en la Argentina.

🚨 Polémica en Carajo, el 6-7-8 libertarioDurante el programa La Trinchera, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizó una serie de polémicas declaraciones sobre el Conurbano bonaerense: habló de "esterilización", propuso "un muro de 15 metros con francotiradores" y planteó… pic.twitter.com/0YeAeveuJZ

El juez Ercolini consideró procedente la salida conciliatoria y destacó que tanto la querella como la fiscalía prestaron conformidad con el acuerdo.

Una vez cumplidas las obligaciones asumidas, la acción penal quedará extinguida y la causa será cerrada.

El nuevo episodio se conoce pocos días después de que Sarubbi Benítez volviera a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el Conurbano bonaerense durante una emisión de La Trinchera, programa que conduce en Carajo.

En esa transmisión, el abogado afirmó que el Conurbano era una “inmensa porción de gente que ya no tiene salvación” y llegó a plantear como alternativas la esterilización, el aislamiento mediante un muro de 15 metros con francotiradores y hasta “tirar napalm desde aviones”.

Las expresiones generaron fuertes cuestionamientos y volvieron a poner bajo la lupa el contenido de las transmisiones del canal de streaming vinculado al universo libertario.

La nueva resolución judicial agrega ahora otro antecedente al historial de controversias protagonizadas por el abogado, aunque en este caso con una causa penal que será cerrada tras el cumplimiento de un acuerdo reparatorio.

José Luis Espert presentó ante la Justicia un nuevo descargo por la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, caso por el cual tuvo que renunciar a su candidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza en 2025, y reiteró su inocencia.

El exfuncionario reveló en su cuenta de la red social X que el escrito cuenta con un total de 141 páginas de las cuales 76 forman un anexo con documentos. “No pido que me crean. Solo que me lean”, escribió.

Si bien no reveló el documento que presentó ante tribunales, si realizó un descargo público donde negó haber cometido algún delito. El exfuncionario aseguró que respondió “todo, punto punto, con documentos”, y tras esto, señaló: “¿De qué me acusan? De ”lavar" el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable ONLINE por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos".

“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, argumentó. Luego puntualizó sobre la acusación de haber formado parte de “contrato simulado” y argumentó que su gestación quedó escrita en correos de 2019, los cuales quedaron incorporados en la causa. “Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo ANTES del pago”, afirmó.

Espero señaló que ya declararon tres testigos que dieron conocimiento sobre ese contrato y corroboraron su versión sin aportar nada en su contra.

“¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía NADIE? Ni los bancos de EE. UU. con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal”, apuntó el exfuncionario libertario.

Asimismo, al referirse a su vínculo con Fred Machado, recordó que este era investigado en secreto por Estados Unidos desde 2016 pero el dato se reveló recién en abril de 2021, y cuestionó: “¿el único que ‘debía saberlo’ era yo?”.

Respecto a las acusaciones por un presunto enriquecimiento “extraordinario”, Espert señaló que mantiene los mismos bienes que poseía antes de asumir: una casa y un auto. Mientras avanzaba en el descargo, puntualizó sobre los dichos de que “lavó” dinero para Machado e indicó que el dinero quedó en su cuenta. Tras esto, cuestionó: “¿Entonces ‘lavé’ para mí? A ver si entiendo: ¿planifiqué todo al detalle —escribano, apostilla, correos, testigos— y justo me ‘descuidé’ en que la plata viniera de la cuenta de un tercero y sin factura? ¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor”.

El funcionario asegura que no sabía los movimientos de la persona que había contratado, por ello cuando finalmente se enteró quién era, decidió aclarar la situación en los medios: “Cuando supe quién era realmente el que me había contratado, lo dije por radio, en vivo, con todas las letras. Y rectifiqué mis impuestos y PAGUÉ, antes de que el fisco me reclamara un peso. Esa es mi ‘maniobra de ocultamiento'”.

“Nunca pedí privilegios y menos como político (un mandato como diputado nacional 2021-2025). Tampoco pido privilegios ahora. Sí pido que se lea la prueba y se razone adecuadamente, sin prejuicios ni conjeturas. Porque la verdad está escrita en los documentos. Y los documentos no militan ni operan”, concluyó en su mensaje.

PRESENTÉ MI DESCARGOHoy presenté ante la justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí TODO, punto por punto, con documentos. No pido que me crean. Solo que me lean. Abro hilo. 🧵

El gobernador Axel Kicillof salió al cruce de la información publicada por Clarín sobre la detención de Albertina Mangini, la empleada judicial investigada por su presunta participación en una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables para mover y lavar dinero.

A través de sus redes sociales, Kicillof cuestionó al diario y al periodista Daniel Santoro por haber presentado a Mangini como una “funcionaria de Kicillof”.

“En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una ‘funcionaria de Kicillof’”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, Kicillof remarcó que Mangini es empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y aseguró que “no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”.

En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”. La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no…

La aclaración apunta a diferenciar al Poder Judicial y el Ministerio Público del Poder Ejecutivo bonaerense, del que depende el Ministerio de Justicia.

El caso había generado repercusión luego de que se conociera la detención de Mangini, quien cumplía tareas en una dependencia vinculada al Patronato de Liberados. La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki y busca determinar el funcionamiento de una presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas y realizar movimientos de dinero.

Según la investigación difundida en los últimos días, el circuito bajo análisis habría movilizado alrededor de $27.000 millones, mediante operaciones realizadas a través de billeteras virtuales. Mangini quedó imputada junto con otros acusados por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

En su publicación, el gobernador también cuestionó que, pese a una primera desmentida oficial, Clarín haya mantenido el tema en su portada.

“Pese a la desmentida realizada, eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira”, afirmó Kicillof.

Y agregó: “Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”.

El gobernador cerró su mensaje con una crítica directa al medio: “Se nota mucho, Clarín”.

De esta manera, el caso que involucra a Mangini sumó ahora una fuerte disputa política en torno a su pertenencia institucional. Mientras la investigación judicial avanza para determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados, Kicillof buscó dejar en claro que la mujer detenida no es funcionaria del Poder Ejecutivo bonaerense ni tuvo vínculo laboral con el Ministerio de Justicia.

Albertina Mangini es abogada y funcionaria judicial bonaerense. Su nombre quedó en el centro de una investigación por una presunta asociación ilícita que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas digitales y canalizar dinero proveniente, según la hipótesis de la fiscalía, del juego clandestino.

Mangini cumplía funciones en una oficina de enlace que funcionaba dentro del Patronato de Liberados, aunque la Provincia aclaró que no pertenece al Ministerio de Justicia bonaerense. Según explicó el Gobierno, se trata de una empleada judicial que desarrollaba tareas en una dependencia vinculada al Ministerio Público Fiscal y que, por ese esquema, tenía acceso a información de personas bajo supervisión judicial.

Ese acceso es uno de los puntos centrales de la investigación. La hipótesis de la fiscal platense Betina Lacki sostiene que Mangini habría aprovechado su posición para identificar y contactar a personas en situación de vulnerabilidad económica.

Según el pedido de detención al que accedió El Editor Platense, entre fines de 2023 y al menos agosto de 2024, la funcionaria habría ofrecido $80.000 a distintas personas a cambio de entregar sus datos personales, fotografiarse y permitir un particular procedimiento de identificación conocido como “escaneo del ojo”.

Los encuentros se habrían realizado en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en La Plata. Allí, de acuerdo con la investigación, se tomaban fotografías de los rostros y documentos y se obtenían datos biométricos.

Con esa información se habrían abierto cuentas a nombre de terceros en billeteras virtuales, que luego eran utilizadas para recibir y transferir fondos.

Las personas captadas quedaban convertidas, según la terminología utilizada por los investigadores, en “mulas financieras”.

Uno de los casos reconstruidos por la pesquisa registró movimientos por más de $172 millones en una cuenta abierta con los datos de una de las personas captadas.

De acuerdo a lo que publicó el diario platense El Día, la investigación apunta a una estructura mucho mayor. La fiscalía sostiene que las cuentas abiertas con identidades de terceros eran utilizadas para recibir, fragmentar y transferir dinero, en una operatoria conocida como “smurfing” o “pitufeo”.

El objetivo de esa modalidad es dividir grandes sumas en múltiples movimientos para dificultar el seguimiento del dinero y evitar que los sistemas de control detecten operaciones sospechosas.

Según los informes incorporados al expediente, el circuito investigado habría movilizado alrededor de $27.000 millones.

La hipótesis fiscal sostiene además que parte de esos fondos terminaba vinculada con un casino online clandestino, donde el dinero podía ser presentado como créditos o ganancias de juego para intentar darle una apariencia de legalidad.

Mangini no es la única detenida en la causa. También fueron arrestados Mauro Perrotta, en Mar del Plata, e Ignacio Leonel Marchioni, en Quilmes.

Este último aparece además vinculado a la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera relacionada con la AFA que es investigada por presunto lavado de activos. Según la pesquisa, Marchioni habría cumplido un papel en el tramo financiero de la estructura.

La causa platense también tiene bajo investigación a otras personas y busca determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos.

La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, y tramita ante el juez de Garantías N° 6, Agustín Carlos Crispo.

Mangini quedó imputada por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Además, este miércoles se conoció que la Cámara Penal de La Plata rechazó un hábeas corpus presentado por la funcionaria, por lo que su detención continúa vigente.

La Justicia deberá ahora avanzar con el análisis de los dispositivos, cuentas y documentación secuestrados durante los allanamientos para establecer el alcance de la maniobra y el grado de participación que tuvo cada uno de los acusados.

Mientras tanto, el caso coloca bajo la lupa el supuesto aprovechamiento de información obtenida a través del sistema judicial bonaerense para captar personas vulnerables y convertir sus identidades en una pieza de un circuito financiero millonario.

Familiares, amigos y allegados de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata, realizaron una nueva movilización en Punta Cantera, al sur de la ciudad, para reclamar justicia y avances en la investigación.

El lugar fue escenario del hallazgo del cuerpo de Mailén el pasado 2 de agosto. A más de dos semanas del femicidio, la Justicia aguarda los resultados de distintos peritajes que podrían aportar información clave para esclarecer el crimen.

“Vinimos a reclamar justicia”, expresó Walter, hermano de Mailén, en diálogo con el medio local Qué Digital, y volvió a insistir con una de las hipótesis que sostiene la familia.

“Alguien la habrá traído, tiene que haber un tercero”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de que otra persona haya participado del crimen.

Tras el levantamiento del secreto de sumario, la Justicia continúa con los peritajes sobre redes sociales, teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante la investigación.

También se aguardan los resultados completos de los análisis de ADN, previstos para fines de agosto, que podrían aportar datos sobre la mecánica del femicidio y la eventual participación de otras personas.

Por el momento, José Luis Aquino, de 27 años, y Agustín Díaz, de 26, continúan detenidos e imputados por el crimen. Ambos fueron aprehendidos el mismo 2 de agosto, luego de intentar escapar del lugar.

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La familia de Mailén mantiene contacto con el fiscal Carlos Russo y reclama celeridad en la investigación para esclarecer el femicidio.

Mailén tenía 24 años y era madre de dos niñas, que quedaron al cuidado de sus familiares tras su asesinato. “La más grande, que tiene seis años, ya pide por su mamá”, contó Walter.

Vecinos autoconvocados volvieron a movilizarse este martes en Bolívar para reclamar por los casos de envenenamiento de animales registrados en distintos puntos de la ciudad y exigir que se identifique a los responsables.

Según informó el medio local Presente Noticias, la concentración comenzó en el Centro Cívico, desde donde los manifestantes se dirigieron primero hacia la Municipalidad y luego hasta la sede de la Fiscalía. Allí intentaron ser recibidos por algún representante, pero encontraron el edificio cerrado y dejaron carteles en la puerta.

La movilización se produjo a pocas semanas de la primera marcha, realizada el 28 de julio, y luego de que se conocieran nuevas denuncias por presuntos envenenamientos.

En ese marco, la Municipalidad anunció una recompensa de $1.500.000 para quienes aporten información, imágenes, videos o testimonios que permitan esclarecer los hechos. Además, desde la Fiscalía se advirtió que este tipo de episodios podría tener consecuencias penales más graves cuando también existe una afectación a la salud pública.

Durante la marcha, Macarena Abel, una de las vecinas que participó de la movilización, expresó: “No queremos más muertes. Para ellos son animales, para nosotros son familia, son vida. Queremos justicia”.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes remover de su cargo al titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, acusado por el Consejo de la Magistratura a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales consideradas discriminatorias y antisemitas.

El jurado -integrado de manera plural por jueces, legisladores y abogados- determinó que López incurrió en la causal constitucional de mal desempeño debido a graves desórdenes de conducta personales (conforme al artículo 25, inciso V, de la Ley 24.937).

En 2021, López también había tenido notoriedad pública al dar curso a una medida cautelar presentada por un abogado, declarando la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y suspendiendo su aplicación en todo el país.

La acusación en el juicio político estuvo liderada por el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, quienes actuaron en representación del Consejo de la Magistratura.

La denuncia fue de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.

El origen del caso fueron 15 mensajes en la red social X. El tono era claramente antisemita: en una encuesta promovida por López se expresa sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria” y en otra publicación se lee el pedido explícito de retuits para combatir a la “judiada (sic) interna y externa”.

En un comunicado, el Foro Argentino contra el Antisemitismo celebró la decisión de remover por mal desempeño al Juez López. “Este hecho sin precedentes en nuestra historia demuestra el compromiso de nuestro país y su Poder Judicial en la lucha contra el antisemitismo. Este desenlace se da luego de que en el mes de marzo del 2025, desde el Foro Argentino contra el Antisemitimo y otras organizaciones de la Sociedad civil, se presentó una denuncia por las expresiones judeofobas del ex Juez López”, señalaron.

"La Justicia argentina no podía permitirse contar entre sus filas con un juez que se refiere a los judíos como "raza de víboras", "ratas" o "juden". En más de una ocasión, además, acusó a los ciudadanos judíos de no ser argentinos. Estas agresiones de forma reiterada expresan el antisemitismo del ya ex Juez López. Hoy, nuestro país demuestra una vez más que mientras buena parte del mundo decide darle la espalda al antisemitismo creciente, aquí se sanciona estos actos", agregaron.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, UN JUEZ ES DESTITUIDO POR ANTISEMITA pic.twitter.com/ep6uw0w4j6

La diputada nacional Marcela Pagano amplió la denuncia que había iniciado por el manejo de los fondos destinados a las rutas y ahora apuntó contra el destino de otros recursos afectados a obras y servicios públicos durante el Gobierno de Javier Milei.

En una serie de publicaciones realizadas durante la madrugada de este martes, la legisladora sostuvo que el caso de las rutas sería apenas el comienzo de un esquema más amplio que, según denunció, también involucraría fondos para obras hídricas, trenes, colectivos y programas que fueron disueltos.

“La semana pasada denuncié en Comodoro Py que usaban la guita de las rutas para la timba financiera y para comprar votos en el Congreso. Bueno: era apenas la punta del iceberg”, escribió Pagano al comenzar el hilo.

Ahora agregó que no es solo con las rutas. Es un SISTEMA. Hicieron lo mismo con el agua, los trenes, los bondis y hasta con los fondos que disolvieron. Cada vez que cargás nafta pagás el Fondo Hídrico: obras para que no se inunde tu casa. (Sigo)

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con el Fondo Hídrico de Infraestructura, que se financia con recursos incluidos en el precio de los combustibles y tiene como finalidad financiar obras vinculadas con la prevención de inundaciones.

Pagano sostuvo que la Ley 26.181 establece que esos recursos son intangibles y afirmó que desde 2024 se habrían recaudado $375 mil millones, de los cuales, según sus números, solamente se habría ejecutado el 31%.

La legisladora agregó que el 88% del fondo estaría prestado al Tesoro y vinculó esa situación con la paralización de obras. Según afirmó, 28 de las 49 obras hídricas se encuentran frenadas.

Entre ellas mencionó el Plan Maestro Integral del Río Salado, que, de acuerdo con su denuncia, permanece detenido desde febrero de 2025.

Pagano también advirtió sobre la llegada del fenómeno El Niño 2026/2027 y cuestionó que recursos destinados a infraestructura para prevenir inundaciones puedan permanecer colocados en instrumentos del Tesoro.

El Plan Maestro del Río Salado, parado desde febrero de 2025. Y viene El Niño 2026/2027. Cuando el agua llegue, tu plata va a estar en una Letra del Tesoro. Error? No: plan. (Sigo)

La diputada también cuestionó la utilización de fondos con destino específico dentro de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal.

En ese sentido, sostuvo que existirían casi 4.000 millones de dólares de fondos con destino específico sin ejecutar durante tres años.

“El famoso superávit se banca, en parte, con TU plata de las obras”, afirmó Pagano, quien resumió su cuestionamiento con una frase: “Eso es cobrarte el peaje y no hacerte el camino”.

La legisladora también citó declaraciones atribuidas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre los fondos fiduciarios como un mecanismo para generar caja, y mencionó declaraciones del Gobierno respecto de la obra pública.

Pagano aclaró que su planteo no apunta contra el equilibrio fiscal en sí mismo. “Si querés eliminar un impuesto, mandá la ley al Congreso y se discute”, sostuvo, y cuestionó que se continúen cobrando recursos afectados a una finalidad determinada mientras, según su denuncia, son utilizados para otro destino.

El famoso superávit se banca, en parte, con TU plata de las obras: casi 4 mil palos verdes de fondos con destino específico sin ejecutar en tres años. Eso es cobrarte el peaje y no hacerte el camino. (Sigo)

El planteo de Pagano también alcanzó a los fondos vinculados con el transporte ferroviario y automotor.

En sus publicaciones mencionó al SIFER y sostuvo que habría distribuido el 69% de sus recursos y retenido el resto.

También planteó interrogantes sobre fondos vinculados con el transporte de colectivos y reclamó conocer quién cobró, bajo qué criterio y cuándo.

A su vez, incluyó en el listado a fondos y programas que fueron disueltos, entre ellos PROCREAR, recursos vinculados con incendios y el FFFIR. Sobre este último, afirmó que la propia SIGEN habría detectado pérdidas vinculadas con plazos fijos que perdieron valor frente a la inflación.

“Guita de obras para las provincias evaporada en la bicicleta, mientras a vos te pedían el esfuerzo”, cuestionó.

En el FFFIR la propia SIGEN ya encontró pérdidas: plazos fijos que se comió la inflación. Guita de obras para las provincias evaporada en la bicicleta, mientras a vos te pedían el esfuerzo. (Sigo)

A partir de estos cuestionamientos, Pagano anunció una nueva denuncia penal en Comodoro Py por presunta malversación, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

Además, pidió que la presentación sea vinculada con la causa que ya había iniciado por el manejo de los fondos del SISVIAL, relacionados con el financiamiento de rutas.

De esta manera, la diputada busca ampliar el alcance de su presentación inicial y reconstruir el recorrido de los recursos públicos que, según sostiene, tenían destinos específicos.

Además mandé 7 pedidos de informes: a Economía, al Banco Nación, a Vialidad, a ARCA, a la SIGEN y a la AGN. Peso por peso: cuánto entró, dónde lo pusieron, quién firmó cada orden, a quién le pagaron y en qué fecha. (Sigo)

Como parte de la ofensiva, Pagano informó que presentó siete pedidos de informes dirigidos a organismos y dependencias nacionales.

Los requerimientos fueron enviados al Ministerio de Economía, Banco Nación, Vialidad Nacional, ARCA, SIGEN y Auditoría General de la Nación (AGN).

Según explicó, busca conocer “peso por peso” cuánto dinero ingresó, dónde fue colocado, quién firmó cada orden, a quién le pagaron y en qué fecha.

Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a los organismos de control. Pagano afirmó que la SIGEN no habría auditado estos fondos durante los últimos años.

“Billones de pesos moviéndose sin que nadie controle”, sostuvo, y reclamó saber por qué no fueron auditados y quién decidió que eso ocurriera.

Ojo: esto no es contra el equilibrio fiscal. Es contra el verso. Si querés eliminar un impuesto, mandá la ley al Congreso y se discute. Lo que no podés hacer es seguir cobrándolo y usar la plata para otra cosa. Eso tiene artículo en el Código Penal. (Sigo)

La diputada cerró su hilo con una referencia directa a los recursos que los ciudadanos pagan a través de los impuestos incluidos en los combustibles.

“Cuando cargues nafta, mirá el ticket. Ahí va tu obra contra inundaciones, tu ruta, tu tren”, escribió.

Pagano insistió en que comenzó por los fondos destinados a las rutas y que ahora pretende extender la investigación hacia otros recursos afectados a obras y servicios públicos.

Las acusaciones formuladas por la legisladora constituyen su propio planteo y deberán ser corroboradas en las instancias judiciales y de control correspondientes. La nueva denuncia busca determinar si existieron irregularidades en la administración y destino de esos recursos y, eventualmente, establecer responsabilidades.

“Empecé por las rutas y no voy a parar hasta seguir cada peso”, concluyó.

Cuando cargues nafta, mirá el ticket. Ahí va tu obra contra inundaciones, tu ruta, tu tren. Empecé por las rutas y no voy a parar hasta seguir cada peso. Porque la soberanía también es esto: que la guita del pueblo sea VERIFICABLE 🇦🇷

El doble crimen que sacudió a Florencio Varela sumó una nueva hipótesis y, durante el fin de semana, derivó en una violenta protesta vecinal que terminó con una vivienda incendiada y una nueva muerte.

Todo comenzó el jueves por la noche, cuando tres jóvenes que estaban en la vereda fueron atacados a tiros desde un Volkswagen Suran gris en el barrio El Alpino. Franco Herrera, de 23 años, y Ariel Macchi, de 28, murieron. Sebastián Ortiz, de 25, permanece internado en estado crítico.

Ahora, la principal hipótesis que circula entre los vecinos es que los tres jóvenes no eran el blanco del ataque y que los agresores buscaban otra vivienda de la misma cuadra, señalada como un presunto punto de venta de drogas. La sospecha es que se habrían equivocado de dirección.

El dato fue recogido por el medio local Infosur a partir de testimonios de vecinos y todavía no fue confirmado oficialmente por la Justicia.

El hecho ocurrió el jueves 13 de agosto, alrededor de las 22.23, en la calle 1325, entre 1344 y 1348.

Franco, Ariel y Sebastián se encontraban juntos cuando un automóvil pasó frente a ellos y uno de sus ocupantes comenzó a disparar. Los tres recibieron múltiples impactos y el vehículo escapó del lugar.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. De acuerdo con la información difundida por Clarín, ya hay detenidos y personas con órdenes de captura, mientras los investigadores realizan medidas que permanecen bajo reserva.

Ariel Macchi murió en el lugar, mientras que Franco y Sebastián fueron trasladados a un hospital. Herrera, que había recibido heridas en el abdomen y la espalda, murió horas después.

Franco tenía 23 años y se había recibido de técnico electromecánico en 2024. Su familia lo despidió en las redes sociales y reclamó que el crimen sea esclarecido.

Ariel tenía 28 años, era padre de dos hijos y trabajaba en un centro de distribución de una empresa de logística. En sus redes sociales compartía fotografías junto a sus hijos y su pasión por River.

Sebastián Ortiz, en tanto, continúa internado en estado crítico luego de ser operado por las heridas sufridas en el abdomen y la espalda.

La causa está a cargo de la fiscal Vanesa Maiola, titular de la UFIJ N° 6 Descentralizada de Florencio Varela.

Los vecinos sostienen que ninguno de los tres jóvenes tendría relación con la venta de drogas y que el ataque habría estado dirigido contra otra vivienda ubicada en la misma cuadra.

Esa propiedad es señalada por habitantes de la zona como un presunto punto de venta de drogas. La hipótesis es que los agresores habrían confundido la dirección y terminaron atacando a los tres amigos.

Por ahora, se trata de una versión que no fue confirmada oficialmente y que deberá ser corroborada por la investigación judicial.

La indignación por el doble crimen creció durante el fin de semana y el sábado por la noche unas 250 personas se concentraron frente a una vivienda señalada por los vecinos.

La casa fue incendiada y la protesta rápidamente se volvió violenta. Cuando llegaron los efectivos, la propiedad ya presentaba muros y aberturas destruidos.

Además, dos menores de edad fueron encontrados en los techos y rescatados por la Policía, que los entregó a un familiar.

La situación también derivó en enfrentamientos con los efectivos. Los manifestantes apedrearon móviles y policías, y un teniente de la Policía Bonaerense sufrió una herida en la cabeza. Fue trasladado a un hospital y se encontraba fuera de peligro.

Ante la cantidad de personas reunidas, los efectivos tuvieron que replegarse y solicitar refuerzos para poder volver a ingresar a la zona.

Al regresar al lugar, los policías encontraron a dos personas heridas en la vereda de la vivienda incendiada.

Un hombre que sería hermano de una persona conocida como “Johny” presentaba heridas cortantes en la cabeza. Fue trasladado por el SAME y permanece internado en estado grave.

De acuerdo a lo que publicó Infosur, una mujer de 30 años, pareja del hombre, tenía una herida de arma blanca en el pecho. Fue trasladada por un vecino en un automóvil particular hasta un hospital, donde murió alrededor de las 22.00.

Las identidades de ambos se mantienen bajo reserva.

Un dato clave es que “Johny” no estaba en la vivienda al momento de los incidentes. Las dos personas heridas serían su hermano y su cuñada y, por lo tanto, no se trataría de la persona que los vecinos señalaban como presunto vinculado a la venta de drogas.

Furia en Florencio Varela: una pueblada terminó con el incendio de una vivienda tras el asesinato de dos jóvenes https://t.co/iwDivpP9xr pic.twitter.com/rL1Mo7MFn5

Por los hechos del sábado intervino nuevamente la UFIJ N° 6 de Florencio Varela, que caratuló la causa como homicidio simple y tentativa de homicidio simple.

Así, en menos de una semana, tres personas murieron en hechos violentos ocurridos en la zona: Franco Herrera y Ariel Macchi, víctimas del ataque a tiros del jueves, y la mujer que falleció luego de los incidentes del sábado.

Mientras la Justicia intenta determinar quiénes fueron los responsables del doble crimen y si efectivamente los atacantes se equivocaron de blanco, también busca esclarecer qué ocurrió durante la pueblada que terminó con otra persona fallecida y un hombre gravemente herido.

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y un tercero quedó internado en estado crítico tras un ataque ocurrido el jueves por la noche en el barrio San Francisco de Florencio Varela. Dos días después, la conmoción por el doble crimen derivó en una pueblada de vecinos que terminó con una vivienda incendiada, señalada por habitantes de la zona como un supuesto punto de venta de drogas.

El incendio ocurrió en inmediaciones de las calles 1323 y 1346, frente a la cancha de La Esperanza, según informó Varela Periodismo Sergio Rolandi, que difundió imágenes de la concentración de vecinos y del inmueble en llamas.

La reacción se produjo luego de que se conociera la muerte de Franco Javier Herrera, de 23 años, quien había resultado gravemente herido durante la balacera. Ariel Machi, de 28 años, había fallecido en el lugar del ataque.

Otra vez jóvenes asesinados en Florencio Varela: Dos pibes muertos y uno en agonía tras un ataque narco https://t.co/rZsieiYt9Q @PrensaVarela 📱 Mandá tu video acá https://t.co/OLhQ4Yg7c6 pic.twitter.com/Q1cdfNj3Qk

El ataque ocurrió en la zona de 1325, entre 1344 y 1348. Según la reconstrucción difundida por Infobae, una Volkswagen Suran gris llegó hasta el lugar y desde el interior del vehículo uno de sus ocupantes abrió fuego contra un grupo de jóvenes.

Machi murió en el lugar, mientras que Herrera falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas. Un tercer joven, Sebastián Ortiz, de 25 años, también recibió disparos y permanece internado en estado crítico.

La investigación intenta determinar cuál fue el motivo del ataque. De acuerdo con testimonios recogidos por Infosur, los tres jóvenes no tendrían relación con la venta de drogas y los agresores podrían haber buscado otra vivienda, lo que abrió la hipótesis de una posible confusión de domicilio.

La causa está bajo intervención de la UFIJ N° 6 de Florencio Varela y, hasta el momento, no se habían informado detenidos por el doble crimen.

Con la bronca acumulada después del asesinato de los dos jóvenes, vecinos de la zona se dirigieron hacia una propiedad que, según denuncias informales de habitantes del barrio, sería utilizada para la comercialización de estupefacientes.

El Diario Varelense informó que la vivienda fue señalada por los vecinos como un supuesto “búnker” de venta de drogas y publicó imágenes del incendio.

Ese mismo medio publicó además que, durante la pueblada, una mujer habría sido asesinada a cuchilladas y un hombre habría resultado gravemente herido. El medio sostuvo que la víctima fatal sería la dueña de la vivienda incendiada, mientras que el herido sería hermano de un hombre señalado por vecinos como supuesto vendedor de drogas. La información no fue confirmada oficialmente hasta el momento.

En tanto, El Radar del Sur difundió otra versión sobre los incidentes ocurridos durante la pueblada. Según ese medio, los vecinos habrían buscado a un hombre conocido como “Jony”, a quien señalaban como supuesto vendedor de drogas y presunto integrante de una disputa territorial con otros grupos.

El medio sostuvo que durante la reacción vecinal un joven que sería hermano de “Jony” y una mujer que sería su pareja habrían sido atacados y golpeados, y que ambos terminaron internados en grave estado.

También señaló que el hombre buscado habría logrado escapar y refugiarse en un centro de salud del barrio, desde donde posteriormente habría sido retirado por efectivos policiales.

Se trata de información publicada por medios locales que no fue confirmada oficialmente por la Justicia ni por la Policía, por lo que las circunstancias exactas de esos episodios todavía deberán ser esclarecidas.

El episodio dejó al barrio San Francisco en un clima de máxima tensión. Al crimen de dos jóvenes y la grave situación de un tercero se sumó una reacción vecinal que terminó con una vivienda incendiada y nuevas denuncias sobre hechos de violencia.

Mientras la Justicia intenta determinar quiénes fueron los autores de la balacera, también deberá establecer qué ocurrió durante la pueblada, quiénes participaron del incendio y si efectivamente hubo personas heridas o fallecidas durante los enfrentamientos denunciados por medios locales.

Por ahora, la investigación principal tiene como saldo confirmado dos jóvenes asesinados y un tercero internado en estado crítico, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles por integrar una organización que utilizaba recursos del Estado para extorsionar a personas vinculadas al narcotráfico, manipular causas judiciales y quedarse con cargamentos de droga.

Los agentes habían prestado funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Según se acreditó durante el juicio, aprovechaban sus cargos para seleccionar objetivos, montar procedimientos y exigir dinero a investigados para evitar imputaciones.

Uno de los episodios centrales fue el denominado “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno. Allí, los policías simularon un operativo a partir de una falsa denuncia y se apoderaron de alrededor de media tonelada de cocaína, cuyo valor fue estimado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.

La droga fue trasladada a Santa Clara del Mar para su posterior distribución en la Costa Atlántica y otros circuitos.

Entre las condenas más altas se encuentran las del comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta, por delitos que incluyeron falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación también detectó maniobras similares en otras causas, con extorsiones, pedidos de dinero y armado de actuaciones judiciales. Además, el tribunal ordenó profundizar la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros funcionarios judiciales y policiales.

Los jueces también dispusieron remitir los fundamentos del fallo a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia y a la Procuración General bonaerense.

A través de un nuevo hilo en X, Pagano anticipó que iba a mostrar “cuánto cuesta impedir que una ley se sancione”, luego de haber expuesto días atrás lo que, según su denuncia, el Gobierno habría destinado para conseguir votos a favor de distintas iniciativas.

El planteo se enmarca en una ampliación de la denuncia penal por el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), presentada ante la Justicia. Allí, la legisladora analiza 1.077 pagos realizados entre enero de 2024 y mayo de 2026 y los cruza con 35 votaciones de Diputados y del Senado.

Según la documentación presentada, existen períodos en los que se registraron concentraciones de desembolsos coincidentes con jornadas legislativas relevantes. Pagano aclaró en su escrito que la coincidencia temporal no demuestra por sí sola una contraprestación ni un vínculo causal, y reclamó que esos extremos sean investigados mediante una pericia contable.

Te voy a dar un ejemplo y para eso hay que remontarse a noviembre de 2024: Ficha Limpia no salió ese mes porque pese a que el Gobierno avalaba públicamente la iniciativa, @JMilei en verdad no quería el texto que impulsaba @slospennato -claro, de limpios no tienen nada. (Sigo👇🏻)

Para explicar su planteo, Pagano se remontó a noviembre de 2024, cuando fracasó una sesión de Diputados en la que debía avanzar el proyecto de Ficha Limpia.

Según relató, el 28 de noviembre de 2024 hubo 115 legisladores presentes y eran necesarios 129 para alcanzar el quórum. La diputada sostuvo que los legisladores de Misiones recibieron la orden de no concurrir y que faltaron, con aviso, a tres sesiones durante esa semana.

Dos semanas después, el 12 de diciembre, se realizaron cinco pagos a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones por un total de $3.192 millones. De acuerdo con los datos difundidos por Pagano, ese monto representó el 100% de lo que esa provincia había recibido durante todo 2024.

A partir de esa cifra, la legisladora hizo una cuenta y lanzó una de las frases más fuertes de su hilo:

“En la Argentina de Milei el precio que se paga la ausencia de un legislador a una votación clave es de $798 millones por diputado ausente.”

Pagano también repasó lo ocurrido meses después, cuando Ficha Limpia volvió a ser tratada en Diputados.

El 12 de febrero de 2025, los legisladores misioneros acompañaron la media sanción del proyecto. Según la diputada bonaerense, al día siguiente se registró un pago de $797 millones a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones.

En su hilo, además, mencionó otros movimientos de fondos vinculados a provincias cuyos legisladores acompañaron la iniciativa. Señaló que Neuquén había recibido $1.185 millones en la víspera de una votación y que posteriormente la vialidad de Jujuy recibió $7.895 millones, en lo que describió como el pago más grande del año a una vialidad provincial.

El episodio central de la denuncia ocurrió el 7 de mayo de 2025, cuando Ficha Limpia fue rechazada en el Senado por apenas un voto: 36 a 35.

Pagano apuntó especialmente contra los dos senadores de Misiones, Sonia Rojas y Carlos Arce, quienes habían expresado su respaldo al proyecto pero finalmente votaron en contra.

La diputada sostuvo que ese cambio de postura respondió a una decisión política de Milei y lanzó una acusación todavía más directa: afirmó que el Presidente quería preservar la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pudiera ser candidata.

“Nunca le interesó realmente que saliera Ficha Limpia, era tan solo un relato para la ‘opinión publicada’”, afirmó Pagano.

Según su interpretación, el Gobierno necesitaba mantener al kirchnerismo como adversario electoral y construir de cara a las legislativas de 2025 una campaña basada en el “cuco K”.

El caso Ficha Limpia forma parte de un análisis mucho más amplio presentado por Pagano ante la Justicia.

La documentación incorpora cruces con 35 votaciones legislativas y detecta distintas concentraciones de pagos. Entre ellas, la diputada mencionó $5.367 millones desembolsados el 10 y 11 de junio de 2024, inmediatamente antes de la votación de la Ley Bases en el Senado.

También señaló $3.186 millones pagados el 9 de octubre de 2024, en coincidencia con la jornada en la que fracasó la insistencia sobre el veto al financiamiento universitario.

Para 2026, su presentación identifica $43.786 millones concentrados en apenas nueve días vinculados con tres ventanas legislativas, una cifra que —según el escrito— representa el 52,7% de todos los pagos de obra realizados durante los primeros cinco meses del año.

La legisladora sostiene que estos datos justifican profundizar la investigación para determinar si los pagos correspondían a certificados que efectivamente debían abonarse en esas fechas o si existió otro criterio para ordenar los desembolsos.

En el cierre de su hilo, Pagano volvió a cuestionar la estrategia del Gobierno en el Congreso y apuntó directamente contra Milei.

“Así es como el Gobierno trabaja en el Congreso, adoctrinando legisladores, colocando un precio a cada voto, convirtiendo a los diputados y senadores en escribanos del poder de turno en vez de servidores del pueblo”, afirmó.

La denuncia continúa bajo investigación judicial. En su propia presentación, Pagano reconoce que la coincidencia entre pagos y votaciones no alcanza por sí sola para demostrar un delito y sostiene que será necesario establecer mediante la investigación si existió efectivamente algún vínculo entre los desembolsos y las decisiones de los legisladores.

Un trabajador murió dentro de la planta de Ford en General Pacheco, partido de Tigre, en un episodio que generó preocupación entre sus compañeros.

Según informaron Qué Pasa Web y Zona Norte Diario, el trabajador se habría sentido mal durante su jornada y recibió atención en el servicio médico de la fábrica antes de regresar a su puesto.

Poco después, se produjo su fallecimiento. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.

Las vidas obreras no valen para estas patronales asesinas. Qué bronca.Murió un trabajador de Ford. Según denuncian trabajadores, el hombre manifestó encontrarse mal y fue atendido en el servicio médico de la empresa, donde le suministraron una pastilla y, en lugar de retirarlo…

Tras el episodio, trabajadores reclamaron que se investigue lo ocurrido y que se esclarezcan las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

El caso también tuvo repercusión entre dirigentes de la izquierda. Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT), y Rubén “Pollo” Sobrero, referente de la Unión Ferroviaria, se hicieron eco de la denuncia difundida por los trabajadores.

El fallecimiento de un trabajador en Ford Pacheco es gravísimo. Según denuncian sus compañeros, se descompuso, le dieron una pastilla, lo mandaron otra vez a la línea de producción y murió. El gobierno de @JMilei envalentona a las patronales con su reforma laboral, los despidos y…

Del Caño reprodujo en sus redes sociales la versión según la cual el trabajador manifestó sentirse mal, fue atendido en el servicio médico y recibió una pastilla antes de regresar a sus tareas. Por su parte, Sobrero calificó el episodio como “gravísimo” y sostuvo, siempre en base a la denuncia de los compañeros, que el trabajador se descompensó después de regresar a la línea de producción.

El dirigente ferroviario reclamó además que SMATA y la CGT intervengan ante lo ocurrido y expresó su respaldo a eventuales medidas que adopten los trabajadores de Ford.

Por el momento, las circunstancias del fallecimiento continúan sin ser esclarecidas oficialmente. Resta conocer la causa de muerte y eventuales precisiones de la empresa, el sindicato y las autoridades que intervengan en el caso.

Una familia de Azul fue trasladada hasta Tandil en un móvil oficial del Municipio y terminó en la estación ferroviaria, en una situación que generó un fuerte conflicto entre ambas comunas y derivó en actuaciones judiciales.

El caso fue difundido por Diario El Tiempo de Azul y medios de Tandil, que reconstruyeron las distintas versiones sobre el traslado. El grupo está integrado por 11 personas, entre ellas cinco menores de edad, y según denunciaron, llegó a la ciudad sin alojamiento ni asistencia previamente coordinada.

La situación fue detectada por el Centro de Monitoreo de Tandil, que permitió activar un protocolo para brindarles resguardo y asistencia.

El concejal de la UCR Agustín Puyou presentó una denuncia ante la Fiscalía N° 24 contra el secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona.

Puyou difundió audios enviados por el padre de la familia desde una dependencia policial de Tandil. En uno de ellos, el hombre relató con angustia que los habían llevado “como perros y nos tiraron con mis hijos” en la estación.

Según el concejal, fueron vecinos de Tandil quienes se acercaron inicialmente para entregarles mantas y comida al encontrar al grupo en situación de vulnerabilidad.

El edil también mostró publicaciones realizadas por integrantes de la familia en grupos de “Clasificados de Tandil”, donde solicitaban ropa y alimentos durante la noche en la que llegaron a la ciudad.

Puyou sostuvo además que había advertido previamente a funcionarios municipales de Azul sobre la situación de violencia que atravesaba la familia y que no obtuvo respuestas durante la semana.

La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, confirmó en declaraciones a El Eco de Tandil que la familia fue detectada a través de las cámaras del Centro de Monitoreo.

Según explicó la funcionaria, el grupo había llegado en un vehículo oficial del Municipio de Azul y no existía una comunicación previa con las autoridades tandilenses para coordinar su llegada y asistencia.

Marcieri señaló que la situación era especialmente delicada porque la familia tenía una causa judicial activa en Azul y, según indicó, existía una disposición para que contara con una custodia policial dinámica mientras se definían medidas de protección.

Además, una de las personas del grupo se encontraba bajo tratamiento médico y, de acuerdo con lo informado por las autoridades de Tandil, llevaba dos días sin recibir su medicación.

Tras ser detectados, se activó el protocolo municipal para personas en situación de vulnerabilidad. La familia recibió alojamiento de emergencia y los menores fueron trasladados al Hospital de Niños de Tandil para realizar los controles correspondientes.

La Policía también inició actuaciones por averiguación de ilícito.

Desde el gobierno de Azul dieron una versión diferente sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad, Omar Seoane, negó que se haya tratado de un abandono y sostuvo que la propia familia había solicitado ser trasladada a Tandil porque buscaba alejarse de una situación de violencia y comenzar una nueva etapa.

Según explicó el funcionario, los integrantes del grupo habían manifestado que contaban con posibilidades de trabajo y alojamiento en la vecina ciudad. Ante ese pedido, el Municipio dispuso el traslado en un vehículo oficial.

Seoane aseguró además que el viaje contó con el acompañamiento de una trabajadora social y otro empleado municipal, y rechazó las acusaciones formuladas por Puyou.

Desde Azul sostienen así que se trató de una asistencia solicitada por la propia familia y no de una situación de abandono.

La versión del Municipio de Azul fue cuestionada desde Tandil, donde remarcaron que no existió una coordinación previa para recibir al grupo ni documentación que acreditara el alojamiento que supuestamente tendría disponible.

Marcieri consideró que una intervención profesional no puede limitarse a trasladar a una familia vulnerable y dejarla en una estación sin garantizar previamente las condiciones de asistencia y protección.

Ante la situación, el Ejecutivo tandilense adelantó que enviará una nota formal al Municipio de Azul para solicitar explicaciones y reclamar el reintegro de los gastos ocasionados por la asistencia brindada.

El caso quedó así atravesado por dos versiones contrapuestas: mientras desde Azul aseguran que la familia pidió ser trasladada para comenzar una nueva etapa en Tandil, desde esa ciudad sostienen que el grupo fue dejado sin asistencia y que el procedimiento podría haber sido irregular.

La investigación deberá determinar si existió alguna irregularidad o delito en la actuación de los funcionarios involucrados.

En el marco del juicio que se le sigue al acusado de abusar de dos hermanas, hijas de una familia amiga, el fiscal Marcelo Romero Jardín -titular de la UFIJ N°14- solicitó la pena de 40 años de prisión.

Según la causa, en fechas no precisadas con exactitud, pero ubicadas entre el 12 de octubre del 2011 y el año 2014, el acusado, identificado como Gustavo Daniel Fieres, sometió a una de las niñas, quien tenía entre 10 y 12 años de edad, a distintas situaciones abusivas que se repetían varias veces por semana.

Además, en esas circunstancias le exhibía material pornográfico a la menor, consistente en personas manteniendo relaciones sexuales, para que la niña tuviera conocimiento de esas prácticas en forma prematura y con el objetivo de acelerar su desarrollo sexual, promoviendo así la corrupción de la víctima por su corta edad.

Entre el 2012 y el 2014, Fieres realizó prácticas similares con la hermana más pequeña de la primera víctima, quien tenía entre 8 y 9 años de edad, aprovechando diversas situaciones en las que se quedaba al cuidado de ellas porque sus padres tenían que trabajar.

Los abusos consistieron en tocamientos, accesos carnales y diversas prácticas sexuales violentas, bajo amenazas de que si contaban lo sucedido su madre y su hermanito iban a sufrir las consecuencias.

Fieres llegó a juicio acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de la corrupción de menores agravadas por ser ambas víctimas menores de 13 años de edad.

El fallo del Dr. Hugo De Rosa, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1, se dará a conocer el próximo jueves 20 de agosto, informó el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Una mujer de 61 años que sufrió una grave caída en la escalera de un restaurante de Mar del Plata recibirá una indemnización superior a los 15 millones de pesos, luego de que la Justicia bonaerense responsabilizara al establecimiento y a su compañía aseguradora por el accidente.

El hecho ocurrió en marzo de 2019, durante una jornada de lluvia. La mujer había terminado de almorzar junto a unas amigas y se disponía a retirarse del restaurante cuando resbaló en una escalera exterior de piedra y cayó violentamente sobre los escalones.

Como consecuencia del impacto sufrió una fractura trimaleolar de tobillo, por la que debió ser internada y sometida a una intervención quirúrgica.

Según informó 0223.com.ar, el tribunal encuadró el caso dentro de una relación de consumo y consideró que el comercio no había garantizado las condiciones de seguridad necesarias para sus clientes.

Durante el proceso judicial, la mujer pudo acreditar que se encontraba en el restaurante mediante el ticket fiscal correspondiente a la mesa 69. A eso se sumaron los testimonios de sus acompañantes, quienes describieron las circunstancias en las que se produjo la caída.

Las testigos coincidieron en que los escalones estaban completamente mojados y que la escalera no contaba con elementos adecuados de contención o prevención.

La víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

La compañía aseguradora intentó atribuir el accidente a una supuesta responsabilidad exclusiva de la mujer. Sin embargo, los elementos incorporados al expediente llevaron a los jueces a descartar ese planteo.

Uno de los puntos centrales del expediente fueron las pericias realizadas por especialistas en seguridad. Los informes determinaron que la escalera de piedra laja no cumplía con las normas municipales vigentes.

Entre las irregularidades detectadas se mencionaron la ausencia de tratamiento antideslizante, la falta de señalización de peligro y deficiencias vinculadas con las dimensiones de los escalones.

A su vez, el restaurante no presentó las grabaciones de sus cámaras de seguridad para intentar controvertir la versión de la víctima. Esa circunstancia fue considerada por los magistrados como un indicio desfavorable para la empresa.

La pericia médica determinó que la mujer quedó con una incapacidad física parcial y permanente del 21%, producto de las secuelas artrósicas que desarrolló en el tobillo derecho.

A partir de esa evaluación, el tribunal contempló distintos componentes dentro de la indemnización, entre ellos la incapacidad sobreviniente, el daño moral y los gastos médicos y de traslado que debió afrontar la víctima.

En cambio, los jueces rechazaron incluir una compensación adicional por daño psicológico y por eventuales cirugías futuras, al considerar que la lesión se encontraba clínicamente estabilizada.

El tribunal también explicó que, en este tipo de casos, la obligación de reparar los daños constituye una deuda de valor y que el monto debe adecuarse a los valores vigentes al momento de la sentencia.

De esta manera, la suma originalmente reclamada fue actualizada y la indemnización final superó los 15 millones de pesos.

A ese monto se agregarán los intereses correspondientes desde la fecha del accidente hasta el momento en que se concrete el pago, de acuerdo con las pautas establecidas en el fallo.

La resolución puso el foco en la responsabilidad que tienen los establecimientos comerciales frente a quienes utilizan sus instalaciones.

En ese sentido, la sentencia aplicó el principio de carga dinámica de la prueba dentro del derecho del consumidor, al considerar que quienes explotan un comercio deben adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos previsibles.

El fallo impuso además las costas del proceso a la parte vencida.

Tras más de siete años de litigio, la clienta recibirá finalmente una reparación económica por las consecuencias de aquella caída. La resolución también deja un mensaje para los locales gastronómicos: las condiciones de seguridad de sus instalaciones forman parte de las obligaciones que deben garantizar a sus clientes.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de Azul rechazó la demanda presentada por la Sociedad Rural contra el Municipio por el uso de parte de los recursos provenientes de la Tasa de Conservación de la Red Vial para financiar servicios de salud y educación.

El fallo fue firmado por el juez Pablo Gabriel Quaranta, quien desestimó el planteo contra las Ordenanzas Tributaria 5073/2024 e Impositiva 5074/2024, que establecieron dos fondos específicos: uno destinado al sostenimiento de los servicios de salud y otro a educación.

De acuerdo a lo que detalló el medio regional El Eco, el esquema establece que el 15% de lo abonado por la Tasa Vial se destina al Fondo para el Sostenimiento de Servicios de Salud (FSS), mientras que otro 4% se afecta al Fondo para el Sostenimiento de Servicios de Educación (FSE).

Los productores rurales sostenían que, en los hechos, la medida implicaba la creación de nuevos tributos municipales que no reunían las características propias de una tasa.

También argumentaron que la prestación de los servicios de salud y educación corresponde principalmente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, no podía utilizarse la Tasa Vial para financiarlos.

El Municipio, en cambio, defendió la legalidad del mecanismo y sostuvo que no se crearon nuevos impuestos, sino que se estableció una afectación específica de recursos provenientes de una tasa que ya existía.

Para rechazar la demanda, el magistrado tuvo en cuenta la estructura de los servicios que presta el Municipio de Azul.

En materia sanitaria, el sistema local incluye el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, el Hospital Dr. Horacio Ferro de Chillar, el Hospital Dr. Casellas Solá de Cacharí y 13 Centros de Atención Primaria de la Salud.

El fallo también destacó que el Municipio sostiene distintos servicios vinculados con la educación, entre ellos la Escuela Agraria, jardines maternales, la Escuela Municipal de Música y programas de becas y apoyo para estudiantes de nivel superior.

Otro elemento considerado fue la documentación contable presentada por la comuna. Según el fallo, los informes permitieron verificar los ingresos correspondientes a los fondos durante 2025 y los gastos ejecutados en salud y educación.

En ese sentido, Quaranta concluyó que la documentación presentada confirma que los recursos recaudados a través de ambos fondos son efectivamente destinados al sostenimiento de los servicios municipales.

De esta manera, la Justicia rechazó el planteo de la Sociedad Rural y avaló el esquema implementado por el Municipio de Azul, que permite destinar una parte de la Tasa Vial a financiar prestaciones locales de salud y educación.

La investigación por el fentanilo contaminado que provocó una tragedia sanitaria a nivel nacional sumó nuevos detalles sobre lo ocurrido después de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote vinculado a un lote del medicamento.

Según reveló Clarín en una investigación publicada este viernes, la Fiscalía de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reconstruyeron una serie de maniobras que habrían tenido como objetivo eliminar o alterar pruebas antes de que avanzaran las inspecciones y la investigación judicial.

El hospital informó a la ANMAT sobre la posible contaminación y, posteriormente, los análisis permitieron vincular el fentanilo con una contaminación bacteriana que había afectado a pacientes internados.

De acuerdo con el expediente citado por Clarín, entre el 2 y el 12 de mayo de 2025 se habría producido una “ventana crítica” en la que integrantes de HLB Pharma y personas vinculadas a organismos de control habrían intentado ganar tiempo y eliminar evidencia.

Entre las maniobras investigadas aparecen la reesterilización de ampollas, la destrucción de sustancias que podían ser peritadas, la quema de documentación y un supuesto borrado masivo de chats y archivos de servidores.

Los fiscales también encontraron mensajes en los que integrantes del laboratorio hablaban de quemar documentación. Además, la investigación sostiene que se habrían eliminado registros vinculados a la fabricación de los medicamentos, conocidos como batch records, que son documentos obligatorios para dejar constancia del proceso de producción.

Otro episodio bajo investigación ocurrió el 11 de mayo, cuando desde la empresa se denunció un supuesto robo y vandalismo en una planta de San Isidro. Según la reconstrucción judicial, el hecho habría sido simulado para justificar la desaparición de documentación.

La Justicia también puso el foco sobre Nélida Agustina Bisio, exadministradora de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Según la acusación, ambas habrían permitido que los laboratorios tuvieran tiempo para realizar estas maniobras antes de que se formalizara la denuncia penal. En particular, los investigadores encontraron una comunicación atribuida a Bisio en la que habría ordenado no realizar la denuncia penal hasta avanzar primero con las actuaciones administrativas.

Las dos exfuncionarias fueron detenidas recientemente en el marco de la causa y luego recuperaron la libertad bajo caución, mientras continúa la investigación.

El expediente tiene como principal acusado a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quien permanece detenido junto con su hermano Diego. También están procesadas otras personas vinculadas a las empresas investigadas.

La causa por el fentanilo contaminado se originó a partir de los casos detectados en La Plata, pero rápidamente adquirió alcance nacional. El lote investigado fue distribuido a distintos centros de salud del país y el caso derivó en una investigación federal por las muertes y por las presuntas irregularidades en la producción y comercialización del medicamento.