El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires difundió las estadísticas oficiales de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) correspondientes a 2025, en el marco de las políticas de transparencia institucional y acceso a la información. Los datos muestran una baja general de las causas penales iniciadas en la provincia, aunque algunos delitos registraron aumentos.

Según el informe publicado en el sitio oficial del organismo, durante 2025 se iniciaron 1.035.350 investigaciones penales en territorio bonaerense. De ese total, 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En comparación con 2024, las causas bajaron un 6,4% en el fuero de adultos y un 0,9% en el juvenil.

Entre los departamentos judiciales con más causas iniciadas aparecen Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes, que juntos concentran casi un tercio del total provincial.

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Uno de los datos más relevantes es la caída de los delitos contra la propiedad. Durante 2025 se registraron 379.980 causas, un 12,3% menos que el año anterior. Bajaron especialmente los robos, los hurtos y el robo agravado con armas.

El informe destaca que el hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública cayó un 21%, mientras que los robos descendieron un 16,1% y los hurtos un 14,4%.

Sin embargo, no todos los indicadores mostraron mejoras. Las causas por delitos contra la libertad aumentaron un 2,9%, impulsadas principalmente por el crecimiento de las amenazas, que subieron un 3,3%.

También crecieron las investigaciones por lesiones culposas, con una suba del 11,9%.

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En materia de homicidios, el Ministerio Público informó que hubo 1.724 IPP por homicidios dolosos. Aunque los homicidios consumados bajaron un 6%, aumentaron los homicidios en grado de tentativa, con una suba del 6,5%.

Otro punto que aparece en el informe es el crecimiento de delitos vinculados al grooming y a la producción y comercialización de material sexual que involucra menores de edad. Ese incremento impactó en la categoría “otros delitos contra la integridad sexual”.

En el fuero juvenil, las estadísticas muestran una situación dispar. Si bien el total de causas bajó levemente, aumentaron los homicidios dolosos cometidos por menores: los consumados crecieron un 12,9% y los tentados un 25,2%.

También subieron las amenazas y los delitos contra las personas, mientras que los robos y hurtos cometidos por menores registraron fuertes caídas.

Las estadísticas completas pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio Público bonaerense: Estadísticas IPP 2025

Una grave denuncia sacude a la ciudad de San Pedro luego de que una investigación periodística revelara que vehículos secuestrados por el Municipio y destinados a compactación nunca habrían sido destruidos, sino trasladados a un desarmadero donde serían comercializados por partes.

Según pudo saber La Opinión Semanario, el caso involucra no sólo a las casi 300 motos incluidas en el decreto municipal de compactación, sino también a autos, camionetas y hasta un camión que debían convertirse en chatarra.

De acuerdo a la documentación oficial difundida por el Municipio, entre los vehículos enviados a compactar había 13 automóviles y un camión. Sin embargo, la investigación sostiene que muchos de esos rodados permanecen enteros en un depósito perteneciente a la empresa local que ganó la licitación para realizar la compactación.

Entre los vehículos mencionados aparecen dos GMC Chevette, dos Volkswagen Gol, un Fiat Siena, un Renault 12, un Ford Escort, un Renault 18, un Jeep, un Citroën C3, un Volkswagen Pointer, una Volkswagen Saveiro y una furgoneta. También figura un camión Volvo.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un BMW 130i azul, patente IZQ595, secuestrado en mayo de 2023, que habría sido publicado en redes sociales para su venta completa por 7 millones de pesos y posteriormente ofrecido por partes.

Las imágenes difundidas también mostrarían otro Volkswagen Gol con signos de haber tenido fajas de secuestro.

La investigación además señala que el camión Volvo patente RWD 222, secuestrado en agosto de 2023, fue visto circulando en cercanías del depósito donde permanecía guardado, algo que estaría prohibido ya que esos vehículos pierden su condición legal para volver a circular una vez destinados a compactación.

El escándalo comenzó a tomar fuerza días atrás, cuando trascendió que las motos secuestradas por el Municipio tampoco fueron compactadas.

Según la investigación difundida por La Opinión Semanario, las unidades fueron trasladadas a un depósito donde permanecerían enteras y serían utilizadas para la venta de repuestos, motores y otras partes.

Las fotos obtenidas durante la investigación mostrarían motos con patentes visibles que coinciden con las incluidas en el decreto oficial de compactación publicado por el Municipio en febrero de 2025.

En total, el listado oficial incluía 283 vehículos aptos para compactación, de los cuales 269 eran motos retenidas en operativos de tránsito y que llevaban más de 180 días secuestradas.

De acuerdo a distintos testimonios recogidos durante la investigación, en el lugar se venderían motores, cuadros y piezas de las motos. Algunas fuentes incluso aseguraron que determinados motores podrían entregarse con la numeración limada.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Quilmes condenó por unanimidad a 20 años de prisión a Rodrigo Ariel Figueroa por el homicidio en ocasión de robo de Carlos Enrique Sánchez Paredes, el estudiante de ingeniería asesinado en Bernal Oeste cuando se dirigía a rendir un examen en la Universidad Nacional de La Plata.

El crimen ocurrió el 8 de junio de 2024 y conmocionó a la comunidad local y universitaria platense. En el juicio, se comprobó que dos delincuentes lo interceptaron mientras iba camino a la parada.

Los jueces Rodrigo Bagini, Félix Roumieu y Pablo Pereyra consideraron a Figueroa responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo”, una calificación que refleja que la muerte fue la consecuencia directa de un asalto violento para despojar a la víctima de sus pertenencias, según publicó Data Judicial.

Carlos, de 22 años, estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata y había salido de su casa temprano para tomar el colectivo en la intersección de Misiones y Falucho, como hacía habitualmente para asistir a clases y exámenes.

Aquella mañana su madre lo observó salir y lo siguió hasta que dobló la esquina sobre la calle Misiones. En ese momento vio a dos personas correr por la zona. Con el paso de los minutos y al no obtener respuesta a los mensajes ni a las llamadas, la mujer decidió acercarse hasta el lugar. Allí encontró a su hijo tendido sobre la calle, agonizando a raíz de una grave herida en la cabeza, propinado con un caño.

La Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa contra el exconcejal de Tornquist, Matías Rojas, acusado de presuntos delitos de abuso sexual contra menores ocurridos años atrás en la localidad de Saldungaray.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, quien hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la investigación. De esta manera, el expediente será enviado a la Receptoría General Departamental para el sorteo del Tribunal en lo Criminal que llevará adelante el juicio oral y público.

Según consta en la causa, Rojas enfrenta imputaciones por cinco hechos de abuso sexual simple y un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, todos en concurso real. Las denuncias involucran a niñas de Saldungaray y el caso se transformó en uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión en el distrito de Tornquist.

De acuerdo a lo que publicó InfoSexta, durante la etapa de instrucción, la defensa del exconcejal intentó revertir la situación procesal mediante distintos recursos judiciales. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal rechazó esos planteos y dejó firme la elevación a juicio.

En declaraciones anteriores, Rojas negó las acusaciones y sostuvo que las denuncias respondían a una supuesta persecución vinculada con su actividad política, argumento que forma parte de su estrategia defensiva.

Con la elevación a juicio ya confirmada, ahora resta definir qué tribunal intervendrá en el proceso y cuándo comenzará el debate oral, una instancia clave para determinar responsabilidades en un caso que provocó fuerte impacto en la comunidad serrana.

La Justicia liberó a Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del Grupo Green, en la causa en la que a mediados de marzo fue detenido por una denuncia de abuso sexual, en su casa de Villa Fiorito.

La querella sostiene que durante la investigación realizó un show en el barrio porteño de La Boca. El abogado penalista Ignacio Barrios asumió la representación de Angélica Lilian Escalante, conocida en redes como “Dulce Lilian”, y horas atrás presentó formalmente el pedido de prisión preventiva contra Torres.

La acusación sostiene que el pedido se fundamenta en la gravedad de los cargos y en los antecedentes condenatorios del imputado. En el escrito se sumaron argumentos bajo el riesgo procesal que implicaría mantenerlo en libertad mientras avanza la investigación, según informó NA.

Además, se conoció que el pasado 3 de mayo, con la causa en trámite y el pedido de preventiva presentado, Torres se presentó junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca.

El músico fue detenido el 11 de marzo de 2026 en Villa Fiorito, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Según informó la defensa de la víctima, la fiscal Lorena Pecorelli reunió distintas pruebas, entre ellas cámaras de seguridad, chats, audios y prendas entregadas para pericias genéticas.

Según la investigación, el presunto abuso habría ocurrido dentro del vehículo del cantante, quien cuenta con un condena cumplida en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad.

El fenómeno de las llamadas “presas influencers” volvió a poner el foco sobre el uso de celulares en las cárceles bonaerenses. Mujeres detenidas en distintos penales de la provincia transmiten vivos por Instagram, suben videos a TikTok desde los pabellones y hasta consiguen canjes gracias a la cantidad de seguidores que acumulan en redes sociales.

Según publicó Clarín, actualmente los detenidos alojados en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense tienen habilitados 48.693 teléfonos celulares. La autorización comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando se permitió el uso de dispositivos para mantener contacto con familiares ante la suspensión de visitas.

Con el paso del tiempo, la situación se expandió mucho más allá de las videollamadas familiares o las tareas educativas. Hoy, algunas internas cuentan anécdotas de la cárcel, muestran rutinas diarias, responden preguntas de seguidores y realizan transmisiones en vivo desde las unidades penitenciarias.

Uno de los casos mencionados por Clarín es el de Yanina, detenida desde 2020 por intento de homicidio. La mujer acumula cerca de 800 mil seguidores en TikTok y más de 6 millones de “likes”. Según contó al diario, comenzó a crear contenido apenas tuvo acceso al celular dentro de la cárcel durante la pandemia.

Desde el SPB aclararon que el uso de redes sociales está prohibido y que los teléfonos sólo están autorizados “con fines educativos y judiciales”. También señalaron que cada línea está registrada e identificada.

Sin embargo, reconocen que controlar el uso efectivo de esos dispositivos se volvió una tarea compleja. Muchas internas utilizan seudónimos o perfiles falsos, lo que dificulta detectar quién está detrás de cada cuenta.

El tema no sólo genera debate por las publicaciones en redes, sino también por los delitos cometidos desde el interior de las cárceles mediante teléfonos celulares.

La nota de Clarín recuerda el caso del soldado Rodrigo Andrés Gómez, quien se suicidó tras sufrir extorsiones de una banda que operaba desde la cárcel de Magdalena. También menciona a la denominada “Banda del Millón”, acusada de asaltar jubilados en San Isidro.

La jueza Julia Márquez, titular del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Quilmes, cuestionó la decisión de habilitar celulares en las cárceles y advirtió sobre las dificultades para controlar su utilización.

“Fue un error habilitar los celulares”, sostuvo la magistrada en declaraciones citadas por ese diario. Además, remarcó que muchas víctimas vuelven a sentirse amenazadas cuando se cruzan en redes sociales con personas detenidas por delitos graves.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguran que entre 2025 y 2026 sólo el 1,8% de la población carcelaria hizo un “mal uso” de los teléfonos. Aun así, el crecimiento de perfiles de detenidas convertidas en influencers sigue alimentando la polémica y reabre la discusión sobre los límites y controles dentro de las cárceles bonaerenses.

Personal del área de Cibercrimen de la Policía bonaerense allanó la Unidad Penitenciaria N°39 de Ituzaingó en el marco de una investigación por presuntas estafas virtuales cometidas desde el interior del penal. En paralelo, también se realizó un procedimiento en una vivienda de Villa Tesei, partido de Hurlingham.

La causa está a cargo de la Ayudantía Fiscal N°3 del Departamento Judicial La Matanza, con intervención del auxiliar letrado de la Fiscalía de Cámara, Juan Cruz Rovediello. La investigación comenzó luego de la denuncia de una víctima que sufrió una estafa digital y, tras distintas tareas investigativas, se determinó que las comunicaciones con fines defraudatorios habían sido realizadas desde un dispositivo ubicado dentro de la cárcel.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, 14 chips de distintas compañías telefónicas y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, hubo dos personas detenidas acusadas del delito de estafa.

Según publicó el medio zonal Primer Plano Online, en el domicilio allanado de Villa Tesei vivía el titular de una billetera virtual a la que había sido transferida parte del dinero obtenido mediante la maniobra fraudulenta. Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes para avanzar con la investigación y determinar posibles vínculos con otros hechos similares.

El operativo volvió a poner en el centro de la discusión el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses. La polémica creció en los últimos días luego de que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reclamara avanzar con mayores restricciones en los penales provinciales.

“Voluntad política, decisión y articulación con la Justicia: eso falta”, sostuvo la funcionaria al referirse a la problemática de los delitos cometidos desde cárceles mediante dispositivos móviles.

En los últimos meses, el debate sumó proyectos de ley, reclamos judiciales y denuncias de víctimas. En marzo pasado, LANOTICIA1 informó sobre la presentación de la denominada “Ley Rodrigo”, impulsada por el diputado libertario Oscar Liberman para prohibir los teléfonos en penales bonaerenses tras el caso del soldado extorsionado desde la cárcel de Magdalena. También el senador bonaerense Pablo Petrecca presentó una iniciativa para reemplazar los celulares por un sistema de comunicación digital supervisado por el Estado.

La discusión recrudeció además tras la viralización de videos de presos mostrando televisores, luces LED y marihuana dentro de celdas bonaerenses, como ocurrió este año con integrantes de la denominada “Banda del Millón”, acusada de dirigir robos desde prisión. A eso se suman distintas investigaciones judiciales por amenazas, extorsiones y estafas virtuales organizadas desde penales de la provincia.

El debate también quedó expuesto recientemente en un fallo del Tribunal Oral Criminal N°4 de Morón, que rechazó imponerle la prohibición de acceso a internet a un condenado por delitos sexuales digitales, al considerar que actualmente no existe una norma específica que habilite esa restricción.

Un impactante operativo realizado en la localidad platense de Los Hornos dejó al descubierto una grave situación de explotación laboral, trabajo infantil y condiciones inhumanas de vida en un predio rural donde fueron encontradas alrededor de 150 personas, entre adultos y menores.

El allanamiento se concretó en un campo ubicado en las calles 185 y 80 y estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa por trata de personas y trabajo infantil que instruye la UFI Nº15 de La Plata.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, que alertó sobre la presencia de una adolescente de 14 años trabajando en la cosecha de tomate.

Durante el procedimiento, los investigadores constataron que en el lugar vivían y trabajaban 99 adultos y 51 menores en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento. Además, detectaron situaciones especialmente alarmantes.

Entre ellas, una niña en silla de ruedas que debió ser asistida junto a su madre por el área de Niñez y Adolescencia, y también un hombre de unos 30 años con retraso madurativo que se encontraba encerrado en una vivienda cuya puerta estaba asegurada con cadena y candado.

La fiscal María Cecilia Corfield ordenó además el secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a la asistente social Verónica Tumori y a Fabio y Tiziano Agostinelli, integrantes de la familia propietaria del predio, quienes quedaron bajo investigación por distintos niveles de responsabilidad en la organización del lugar y las condiciones en las que se encontraban las personas explotadas.

Darío Gastón Ruíz, un trabajador oriundo de Zárate de 43 años, murió mientras realizaba tareas en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. El hombre trabajaba como soldador para la empresa AESA en un ducto del yacimiento Barrosa, ubicado en el área La Angostura Sur.

El cuerpo fue encontrado durante la mañana de este viernes por compañeros de trabajo que llegaron al lugar para iniciar la jornada laboral. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la víctima estaba “con un caño pesado encima”.

De acuerdo a lo que publicó el portal InfoZC, la investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, mientras que en el lugar trabajó personal de Criminalística y médicos policiales. El hallazgo se produjo entre las 8.30 y las 9.00 de la mañana.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, confirmó el fallecimiento y aseguró que existen varias dudas sobre cómo ocurrió el accidente. Según explicó, lo llamativo es que nadie habría advertido la situación al finalizar el turno del jueves.

“El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. No son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30”, sostuvo el dirigente sindical.

Ruíz vivía en el barrio Cementerio de Zárate y desde hacía algunos meses se encontraba trabajando en Neuquén.

Tras conocerse la noticia, AESA emitió un comunicado oficial en el que expresó: “AESA lamenta informar el fallecimiento de un operario en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del Bloque La Angostura Sur (LAS) por causas que aún se intentan determinar”.

La empresa agregó: “Apenas tomó conocimiento del hecho, AESA activó los protocolos de seguridad y se inició un proceso de investigación interna. Asimismo, se dio intervención a las autoridades competentes. AESA se encuentra colaborando con la familia en este difícil momento”.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión judicial hizo lugar a una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien el miércoles imputó formalmente al legislador bonaerense, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.

Entre los puntos bajo análisis aparecen un crédito hipotecario de 60 millones de pesos que habría sido cancelado en apenas doce meses, la compra del 50% de un vehículo y un presunto incremento patrimonial del 84% en un año.

Según trascendió, Marijuan solicitó unas veinte medidas de prueba para reconstruir de manera integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad.

En ese marco, Casanello dispuso el levantamiento de los secretos fiscales y el acceso a documentación de ARCA, ex AFIP. Además, ordenó que se remita a la fiscalía un informe completo del sistema EFISCO, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA.

El diputado provincial de La Libertad Avanza Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y por el vaciamiento del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que estuvo bajo su órbita.

El fiscal Guillermo Marijuan dispuso una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que puso el foco sobre la evolución patrimonial del legislador entre 2023 y 2024.

La investigación apunta especialmente a un crédito de $60 millones cancelado en un plazo de 12 meses y al incremento declarado en su patrimonio, que pasó de poco más de $40 millones a unos $80 millones, según lo que declaró ante la Oficina Anticorrupción.

El hermano del Jefe de Gabinete se desempeñó desde el mes de diciembre de 2023 el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación. Después de ese cargo, fue promovido, en junio de 2025, como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En diciembre del año pasado asumió como diputado de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el IAF contribuye con el Estado a la financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión, correspondientes al personal militar de las Fuerzas Armadas. Además, liquida y abona los haberes mencionados.

En paralelo, la causa que involucra al Jefe de Gabinete Manuel Adorni también sumó novedades judiciales. El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá alquilada por el funcionario mientras se realizaban reformas en una casa adquirida en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, Rodríguez afirmó que el jefe de Gabinete pagó US$15.600 para residir durante 13 meses junto a su familia en el barrio privado. La estadía, explicó, se extendió debido a demoras en las obras de refacción de la propiedad comprada por US$120.000.

La remodelación estuvo a cargo del contratista Matías Tabar, quien ya había declarado ante la Justicia que los trabajos demandaron cerca de US$245.000 y que fueron abonados en efectivo y sin factura.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y su par de Salud, Nicolás Kreplak, firmaron la firma de un convenio de cooperación junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, destinado a fortalecer la atención integral de adolescentes y jóvenes alojados en establecimientos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

El acuerdo consolida una estrategia de trabajo conjunto impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof para garantizar el acceso efectivo y continuo a la salud de jóvenes en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y contó con la participación de  la directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, junto a Marisa Graham, funcionaria en el área con competencia en niñez, adolescencia y violencia familiar del Tribunal. Asimismo, asistieron los subsecretarios de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, y de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino, además del director provincial de Salud en la Niñez y la Adolescencia, Federico Paruelo.

Larroque agradeció la cooperación del presidente de la Corte y destacó que la iniciativa “va a permitir implementar protocolos específicos de atención y seguimiento para adolescentes en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria”.

Torres por su parte, destacó el trabajo articulado entre los organismos involucrados y valoró el esfuerzo colectivo que permitió avanzar en el acuerdo, al tiempo que agradeció a los ministerios y equipos técnicos que participaron en su elaboración.

A partir de este convenio, la Provincia avanzará en la implementación de un Programa Integral de Salud específico para adolescentes y jóvenes alojados en dispositivos del OPNyA, con protocolos comunes de atención y seguimiento sanitario.

“Es una obligación que tenemos como Estado provincial y también en articulación con la Justicia, garantizar que estos jóvenes tengan todos sus derechos garantizados y una nueva oportunidad en la vida, que es para lo que estamos todos y todas”, afirmó en tanto Cáceres.

La iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las leyes nacional 26.061 y provincial 13.298 de promoción y protección integral de derechos, y ratifica el compromiso del Gobierno bonaerense con políticas públicas integrales para el acompañamiento y cuidado de niñas, niños y adolescentes.

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ya se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en una chacra del country Puerto Panal, en el partido bonaerense de Zárate, luego de ser trasladado durante la noche del lunes desde el penal federal de Ezeiza.

El country está ubicado sobre el corredor de la Ruta Nacional 9, en la zona de Las Palmas, y es un predio de chacras y casas de campo con amplios terrenos, club house, seguridad privada y espacios ecuestres. El barrio privado se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y tiene acceso por el camino Zárate-Lima.

La medida fue ordenada tras la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que le concedió el beneficio por cuestiones de salud y edad. De Vido, de 76 años, continuará cumpliendo la condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la causa vinculada a la tragedia ferroviaria de Once.

Según trascendió, al ex funcionario le colocaron una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos y quedó bajo supervisión del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además, la Justicia mantuvo la prohibición de salida del país y dispuso que tanto la defensa de De Vido como su esposa, Alessandra Minnicelli, informen previamente los turnos médicos y cualquier movimiento vinculado a tratamientos de salud.

Entre los argumentos que tuvo en cuenta la Justicia para otorgarle la domiciliaria figuran distintos problemas de salud: hipertensión arterial, diabetes insulinorrequirente, dislipemia y antecedentes cardíacos, incluida una angioplastia con colocación de stent.

La condena contra De Vido quedó firme el año pasado luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada en el segundo juicio oral por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento chocó en la estación ferroviaria y provocó la muerte de 52 personas y más de 700 heridos.

Tras conocerse la decisión judicial, familiares de las víctimas difundieron un duro comunicado en rechazo al beneficio concedido al ex ministro.

“Hemos agotado las instancias que la Justicia nos brindó para evitar que el recluso recibiera el beneficio”, señalaron. Y agregaron: “Ninguna de sus patologías ni remedio que pueda tomar, ni su edad ni su estado de salud lo hacen menos corrupto, menos delincuente, menos siniestro”.

Un verdadero escándalo sacude a la comunidad educativa de Bragado. Al menos 35 familias denunciaron a una preceptora de la Escuela Técnica N°1 de Bragado por presuntamente haberse quedado con más de 50 mil dólares que estaban destinados al viaje de egresados de los alumnos de sexto año.

Según relataron los padres y familiares de los estudiantes, la mujer era la encargada de administrar el dinero que los chicos y sus familias habían reunido durante meses mediante rifas, eventos y distintas actividades solidarias para concretar el tradicional viaje a El Bolsón.

La situación salió a la luz luego de reiteradas postergaciones del viaje, originalmente previsto para 2025. De acuerdo al abogado de las familias, Federico Etcheún, la excursión fue suspendida al menos seis veces sin explicaciones claras, lo que comenzó a generar sospechas entre los padres.

Con el correr de los meses y ante la falta de respuestas, las autoridades escolares convocaron a una reunión con la preceptora. Allí, según denunciaron las familias, la mujer habría admitido que “se patinó la plata”.

“Lo más indignante es que participaba de las actividades para juntar fondos junto a los chicos y los padres”, contó Delfina, hermana de uno de los estudiantes afectados, en declaraciones al medio local Bragado TV. Según relató, la preceptora acompañaba la venta de rifas y distintas colectas organizadas por los alumnos.

Las familias aseguran que unas 38 personas realizaron aportes cercanos al millón de pesos cada una. De ese total, al menos 35 ya acompañaron la denuncia judicial presentada este lunes. En la causa figuran comprobantes de transferencias y registros fotográficos de la acusada participando de la organización del viaje.

Tras conocerse el caso, la preceptora habría eliminado sus redes sociales, dejó de responder mensajes y solicitó una licencia por enfermedad en el establecimiento educativo.

Mientras tanto, los estudiantes volvieron a organizar rifas y colectas con la esperanza de reunir nuevamente el dinero perdido y poder realizar finalmente el viaje de egresados a la Patagonia.

El Tribunal Oral Federal 4 determinó hacer efectivo el arresto domiciliario de Julio De Vido, “a cumplirse en el Barrio Puerto Panal, Paraje Las Palmas km 93, Ruta Nacional 9, Chacra 9, Zárate”.

La orden se envió al Servicio Penitenciario Federal inmediatamente después de que la Cámara Federal de Casación dispusiera concederle el beneficio por razones de salud.

De Vido hasta el lunes 11 de mayo permanecía preso para cumplir su pena de 4 años de prisión por administración fraudulenta en la causa de la tragedia de Once.

Tras la decisión judicial, el ex ministro de Planificación dejó la cárcel de Ezeiza y se mudó a la misma chacra donde vivía antes de su arresto.

La Justicia bonaerense falló a favor del Municipio de Morón y condenó a Grupo Concesionario del Oeste S.A., empresa concesionaria de la Autopista del Oeste, a pagar cerca de 140 millones de pesos por una deuda vinculada a la Tasa por Mantenimiento y/o Reconstrucción de las Vías de Acceso a la autopista.

La resolución judicial quedó firme luego de atravesar todas las instancias judiciales, incluyendo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tras un recurso extraordinario presentado por la concesionaria.

El reclamo había sido iniciado por el Municipio en abril de 2021 mediante un juicio de apremio tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la jueza Laura Andrea Moro. La demanda se originó por la falta de pago de la tasa correspondiente a los períodos comprendidos entre 2016 y 2020.

En un comienzo, el monto reclamado rondaba los 33 millones de pesos, aunque con la actualización de intereses fijados judicialmente la cifra final aprobada esta semana ascendió a casi 140 millones de pesos.

El proceso judicial contó con un fallo favorable para el Municipio en primera instancia, luego ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial departamental y finalmente confirmado por el máximo tribunal bonaerense.

Con el objetivo de garantizar el cobro de la deuda, el Municipio avanzó además con medidas cautelares y logró el embargo de una de las cuentas bancarias utilizadas por la empresa concesionaria. La medida permanecerá vigente hasta concretarse el pago total del monto adeudado.

La tasa en discusión está contemplada en las ordenanzas fiscales e impositivas municipales y establece que las empresas concesionarias de corredores viales o autopistas con peaje deben tributar por el mantenimiento y la reconstrucción de las vías de acceso.

Desde el gobierno local remarcaron que esos recursos son fundamentales para financiar obras viales y tareas de mantenimiento urbano en sectores que soportan un alto caudal de tránsito debido a la conexión con la autopista.

Entre las obras recientes mencionadas por el Municipio se encuentran las intervenciones realizadas sobre la calle Dolores Prats, en El Palomar, y Santamarina, en la zona norte de Morón.

La Justicia resolvió que los propietarios del frigorífico Viñuela y Compañía deberán enfrentar un juicio oral por la muerte del operario Héctor Américo Alarcón Ríos, ocurrida en septiembre de 2019 en la planta ubicada en la localidad bahiense de Grünbein.

La decisión fue tomada luego de que la Cámara Penal rechazara los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas de Alfredo Viñuela y Antonio Daniel Viñuela, quienes serán juzgados por el delito de homicidio culposo.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2019, poco antes de las 9.40, cuando Alarcón Ríos, de 60 años y con casi 30 años de antigüedad en la empresa, realizaba tareas de limpieza en los depósitos de almacenaje de efluentes industriales del frigorífico.

Según la investigación, el trabajador perdió el equilibrio y cayó a uno de los piletones de desagüe residual, de más de dos metros de profundidad. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia y de su traslado a un hospital, el operario falleció.

Las pericias determinaron que la víctima no contaba con las medidas de seguridad necesarias para realizar ese tipo de tareas. De acuerdo con la causa, el operario no tenía cinturón de seguridad, cuerda salvavidas ni arnés, y el sector carecía de puntos de anclaje y barandas de contención.

El fiscal Cristian Aguilar concluyó que la firma incumplió las normas de seguridad e higiene correspondientes a la actividad y acusó a los empresarios por haber violado los deberes de cuidado que tenían a su cargo.

Durante el proceso, los abogados defensores intentaron evitar que la causa llegara a juicio. El defensor oficial Martín de Prada sostuvo que Ángel Viñuela no tenía injerencia en la administración del frigorífico y se dedicaba exclusivamente a la compra y venta de hacienda. Por su parte, el abogado Hernán Silva afirmó que el trabajador sí disponía de elementos de seguridad, aunque desconocían por qué no los utilizó, y señaló que las tareas preventivas habían sido delegadas en un técnico especializado.

Sin embargo, la Cámara Penal ratificó lo resuelto en primera instancia y consideró que existen pruebas suficientes para avanzar hacia el debate oral.

En la investigación también tuvieron peso los testimonios de al menos ocho compañeros de trabajo de la víctima, quienes aseguraron que luego del accidente se realizaron mejoras en el sector, como la colocación de barandas, vallados, luminarias y carteles de advertencia.

Uno de los testigos indicó que Alarcón Ríos realizaba esas tareas sin arnés ni casco y que al momento del hecho observó desprendimientos de material en los bordes del piletón. Otro declaró que el operario había sufrido episodios previos de vértigo y descompensaciones.

Además, la Justicia destacó que el ingeniero en Seguridad e Higiene Sergio Canullo había recomendado previamente a los propietarios implementar medidas de seguridad específicas, entre ellas la instalación de barandas y la presencia permanente de supervisores, sugerencias que no fueron cumplidas.

Los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari remarcaron que las condiciones del lugar eran riesgosas y que las advertencias técnicas habían sido ignoradas por los responsables de la empresa.

El delito de homicidio culposo, contemplado en el artículo 84 del Código Penal, prevé penas de entre seis meses y cinco años de prisión e inhabilitación especial para quien cause la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia o incumplimiento de los deberes a su cargo.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, a cargo de Macarena Marra Giménez, dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional.

La resolución sostuvo que Horacio Raúl Ojeda, el juez laboral de primera instancia, que había dictado la cautelar carecía de competencia y que no estaban reunidos los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma.

De esta forma, la magistrada resolvió “dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30/3/2026" en un fallo donde recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había definido previamente que la competencia correspondía al fuero contencioso administrativo y no al laboral.

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En ese marco, Marra Giménez citó la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que establece que “los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia”.

La resolución cuestionó además el alcance de la cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que había suspendido artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.

La jueza señaló que “la accionante persigue a título cautelar la suspensión de artículos mediante los cuales se regulan una amplia gama de cuestiones de una variedad y complejidad tal que excede el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar deducido” y que “realizar un examen a título cautelar sobre la arbitrariedad o inconstitucionalidad de 81 artículos de una ley dictada por el Congreso Nacional resultaría un claro abuso del instituto cautelar”.

Marra Giménez también enfatizó que “las leyes gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente” y consideró que el planteo de la CGT requiere “un examen profundo de estudio sobre los derechos involucrados”.

El fallo añadió que no existía peligro en la demora que justificara mantener la suspensión de la ley, debido a que la causa tramita bajo el procedimiento sumarísimo, con plazos abreviados para arribar a una sentencia definitiva.

Finalmente, la jueza aclaró que la decisión no implica adelantar opinión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán resueltas en la sentencia definitiva.

Una mujer de 52 años fue asesinada a puñaladas en Los Polvorines cuando intentó defender a su hija de 9 años de un presunto abuso sexual cometido por un vecino. Según publicó Clarín, el acusado fue identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, y es intensamente buscado por la Policía.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Santa Elena. Según la investigación, la menor se despertó y encontró al hombre desnudo junto a ella. “Me desperté y estaba desnudo acostado conmigo y me estaba tocando”, declaró ante los investigadores. También aseguró que el agresor “me tapó la boca para que no gritara”.

Al escuchar ruidos, la madre de la nena fue hasta la habitación y se cruzó con el sospechoso. Allí comenzó una discusión que terminó de manera brutal: el atacante la apuñaló y escapó.

Cuando salió de la pieza, la niña encontró a su mamá tirada en la cocina, gravemente herida. Desesperada, salió a pedir ayuda a los vecinos en medio del temporal que afectaba al Conurbano.

Personal policial encontró a la mujer ya sin vida y secuestró un cuchillo con manchas de sangre que sería el arma homicida. La causa quedó a cargo de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, mientras continúa la búsqueda del acusado, que vivía a pocas cuadras de la familia.

El Ministerio de Capital Humano informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

Según el comunicado oficial, la presentación se realizó en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN - PEN - DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025), relacionada con una medida cautelar sobre la Ley N° 27.775.

La cartera indicó que el recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, y que incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido por el tribunal.

"La llamada "ley de financiamiento universitario", impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está suspendida. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación.

La llamada "ley de financiamiento universitario", impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA.Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de… https://t.co/ayZNLvTQGB

De acuerdo con el texto difundido por el Ministerio de Capital Humano, la decisión judicial implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.

El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, debido a que su aplicación “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.

Por último, el Gobierno nacional ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado.