Intendentes de distintos espacios —del peronismo, la UCR y el PRO— avanzaron con un reclamo conjunto a la Legislatura para poder utilizar sin restricciones el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta clave para las finanzas locales.

El pedido es impulsado por el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe) que reune a unos 60 alcaldes bonaerenses, y busca que los municipios puedan disponer del 100% de esos recursos sin condicionamientos, en un contexto marcado por la caída de ingresos, el aumento de costos y las dificultades crecientes para sostener el funcionamiento básico de las comunas.

La señal política es clara: la crisis ya no distingue signos partidarios y obliga a construir posiciones comunes entre intendentes que, en otros escenarios, compiten entre sí.

La iniciativa fue formalizada a través de una nota dirigida a la vicegobernadora Verónica Magario, titular del Senado bonaerense, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara.

Allí, los intendentes plantearon la necesidad de modificar el esquema actual del fondo, que hoy tiene parte de sus recursos afectados a obras públicas, para poder redirigirlos a gastos urgentes como salarios y servicios esenciales.

El argumento central es el deterioro de las cuentas municipales: la recesión impactó de lleno en la recaudación, mientras que los costos operativos —desde insumos hasta mantenimiento— continúan en alza.

Según advirtieron los jefes comunales, el escenario fiscal es cada vez más complejo y ya genera tensiones concretas en la gestión cotidiana.

El pago de sueldos, la recolección de residuos, el mantenimiento urbano y otros servicios básicos empiezan a depender de la disponibilidad inmediata de fondos, en un contexto donde los márgenes financieros se achican mes a mes.

En ese marco, la posibilidad de usar libremente el fondo aparece como una herramienta de emergencia para evitar un deterioro mayor en la prestación de servicios.

El reclamo tiene como protagonista al Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), un espacio conformado en 2026 que reúne a cerca de 60 jefes comunales de distintos signos políticos, principalmente de ciudades intermedias del interior bonaerense.

El foro combina articulación política con mesas técnicas para abordar temas como empleo, infraestructura, ambiente y desarrollo productivo. En las últimas semanas, comenzó a consolidarse como un actor con capacidad de presión institucional.

De hecho, su crecimiento fue sostenido: tras encuentros en Chascomús y Ayacucho, logró sumar decenas de municipios y posicionarse como un ámbito de coordinación frente a problemáticas comunes.

El dato no es menor: un espacio que nació con una agenda orientada al crecimiento y la innovación hoy se ve obligado a poner el foco en la emergencia fiscal.

Ese giro refleja el impacto de la coyuntura económica en los territorios y expone un cambio de prioridades en la gestión municipal.

Ya no se trata solo de atraer inversiones o planificar ciudades inteligentes, sino de garantizar el funcionamiento básico del Estado local.

Ahora, la definición queda en manos de la Legislatura bonaerense, que deberá evaluar si habilita la flexibilización del fondo en un año atravesado por tensiones económicas y políticas.

El pedido de los intendentes introduce, además, un elemento de presión adicional: al tratarse de un reclamo transversal, su tratamiento no podrá leerse únicamente en clave partidaria.

En ese equilibrio entre urgencia fiscal y decisión política se jugará una discusión de fondo: cuánto margen tendrán los municipios para administrar sus recursos en un escenario cada vez más restrictivo.

El diputado bonaerense del espacio Hechos, Manuel Passaglia, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone endurecer las sanciones contra los vehículos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados. 

Esto incluye la posibilidad de secuestrar y compactar aquellos que se encuentren en infracción.

La iniciativa plantea un cambio de enfoque para prevenir, controlar y sancionar la fabricación, venta y colocación de caños de escape antirreglamentarios, adulterados o no homologados, así como los dispositivos que incrementen la emisión sonora de motos y autos, afectando la seguridad vial, el ambiente y la convivencia urbana.

MOTO CON CAÑO DE ESCAPE RUIDOSO, MOTO QUE SE COMPACTAPresenté un proyecto de Ley en la provincia de Buenos Aires para compactar y destruir las motos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados. La legislación que tenemos hoy es claramente insuficiente y los… pic.twitter.com/2vhocQM3Um

Según se detalla en el proyecto, la normativa vigente resulta insuficiente, ya que las multas económicas no impiden que haya ruidos molestos generados por caños de escape libres o modificados en los centros urbanos, por lo que es necesario fortalecer el poder del Estado provincial mediante la incorporación de sanciones eficaces, inmediatas y disuasivas.

“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, sostuvo Passaglia entre los fundamentos de la iniciativa.

Y agrega: “Durante mucho tiempo se intentó resolver esto con multas, pero la realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”.

La diputada bonaerense de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer, participa de una misión internacional que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La legisladora viaja a bordo de la embarcación Amqa, integrante de la flotilla Global Sumud (Resiliencia Global).

El viaje comenzó el 15 de abril desde el puerto de Barcelona, en España. Actualmente, la embarcación navega por el mar Mediterráneo, frente a las costas de Italia, con destino final en Gaza.

Según explicó la propia Schlotthauer, desde Barcelona partieron unas 40 embarcaciones con cerca de 300 activistas de 35 países. Entre ellos hay médicos, profesionales de la salud y voluntarios. La iniciativa busca ampliarse en Turquía hasta alcanzar un total de 100 barcos, incluyendo unidades del colectivo internacional Thousand Madleens.

Logramos el desvío de material bélico💪📣Convocamos a toda la sociedad civil, partidos, sindicatos y organizaciones que se consideren democráticas a que se sumen a este accionar y se pronuncien por una Palestina Libre del río al mar! pic.twitter.com/7amco6pVuf

La diputada aseguró que se trata de la acción solidaria “más grande” desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza. El objetivo es transportar alimentos, medicamentos, personal médico y trabajadores de la construcción para colaborar en la instalación de un hospital.

A través de sus redes sociales, Schlotthauer viene compartiendo detalles del viaje. Allí contó que debió realizar un “entrenamiento de convivencia”, ya que la tripulación deberá convivir durante varios días en espacios reducidos y con personas de distintas culturas. “Somos muchos, pero lo más importante es romper el cerco de Gaza y denunciar el genocidio en Palestina”, expresó.

La flotilla Global Sumud tiene como meta no solo entregar ayuda humanitaria a gran escala, sino también establecer un corredor marítimo civil que permita garantizar el acceso sin restricciones a alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales.

❌ NO EN NUESTRO NOMBRE 🇦🇷🇵🇸@JMilei nuevamente visita al genocida @netanyahu, responsable del genocio al pueblo palestino.¡NO EN NUESTRO NOMBRE! Desde Argentina con @eze_peressini partimos hacia Gaza a llevar ayuda humanitaria en la @gbsumudflotilla que orgullosamente… pic.twitter.com/8pdEOP4Bwq

Antes de iniciar la travesía, la legisladora presentó un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense para expresar su respaldo a la iniciativa. En ese marco, advirtió que “la crisis humanitaria en Gaza se profundiza por las restricciones al ingreso de alimentos, medicina, gas y combustible”.

Además, pidió que la Legislatura acompañe el reclamo internacional para proteger a la flotilla y exigir que el Estado de Israel no intercepte las embarcaciones ni detenga a sus tripulantes.

Schlotthauer asumió su banca en la Legislatura bonaerense el 10 de diciembre de 2025.

El diputado bonaerense Luis Ontiveros, referente libertario y docente de formación, lanzó duras críticas al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires al asegurar que “estamos formando alumnos para un mundo que ya no existe”.

En una entrevista con Infobae, el legislador apuntó contra el régimen académico vigente y sostuvo que prioriza la promoción por sobre el aprendizaje real. Según explicó, la flexibilización de criterios, la menor exigencia y el debilitamiento de la evaluación generan lo que definió como una “ficción educativa”.

“Lo importante pasa a ser que el alumno avance, no que aprenda. Se diluye la repitencia y se institucionaliza la baja exigencia”, cuestionó. En esa línea, advirtió que esta lógica deriva en egresados que no cuentan con las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo actual.

Ontiveros también puso el foco en la situación de los profesorados y en la falta de actualización frente a los cambios tecnológicos. Señaló que existe una desactualización en contenidos, didáctica y uso de nuevas tecnologías, especialmente en relación con la inteligencia artificial.

“Los profesorados están desfasados de la realidad del aula. Falta formación sólida y herramientas para trabajar con tecnología”, afirmó. En ese sentido, advirtió que muchos docentes terminan improvisando ante situaciones para las que no fueron preparados.

A su vez, remarcó que el sistema termina adaptándose al alumno en lugar de exigirle superarse, lo que —según planteó— impacta en la calidad educativa y en la autoridad pedagógica. “La inclusión es necesaria, pero no puede ser a costa de la calidad. Incluir no es bajar la vara”, sostuvo.

Entre las principales falencias, mencionó la falta de desarrollo de pensamiento crítico, resolución de problemas y competencias digitales, y alertó sobre la brecha entre la formación actual y las demandas del mundo laboral.

“El sistema les hace creer a los estudiantes que están preparados, pero el mundo real les demuestra lo contrario”, concluyó.

La senadora provincial Mónica Macha confirmó la incorporación de Damián Akerman a su equipo de trabajo en el Senado bonaerense, en el marco de una reunión realizada junto a José María Vittorio, referente nacional del Frente de Deportes de Nuevo Encuentro.

Según expresó la propia legisladora en sus redes sociales, el encuentro tuvo como eje la elaboración de proyectos para implementar tanto en Morón como en la provincia de Buenos Aires. “Nos reunimos con Damián Akerman, quien se suma al equipo del Senado, y con José María Vittorio (…) Trabajamos en proyectos para llevar adelante en Morón y en la provincia”, señaló.

Nos reunimos con Damián Akerman que se suma al equipo del Senado, y con José María Vittorio, referente del Frente de Deportes de Nuevo Encuentro.Impulsamos proyectos para Morón y la provincia. El deporte es clave para la inclusión y para reconstruir lo comunitario. pic.twitter.com/mxp2rL0fzb

En ese sentido, Macha remarcó el rol del deporte en el actual contexto social: “Sostenemos que el deporte es un pilar fundamental para la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos sociales”.

Además, advirtió sobre los efectos de la situación socioeconómica y la creciente digitalización en la vida cotidiana: “En un contexto atravesado por la fragmentación que generan el mundo digital y la situación socioeconómica, se vuelve imprescindible construir estrategias que nos permitan volver a encontrarnos desde lo comunitario”.

Akerman, histórico goleador de Deportivo Morón y referente del deporte local, aportará su experiencia en el desarrollo de iniciativas orientadas a fortalecer políticas públicas deportivas con eje en la inclusión social y la reconstrucción del tejido comunitario.

Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de impulsar acciones que promuevan el acceso al deporte en distintos sectores, con una mirada puesta en la integración y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

El problema de los ruidos molestos generados por motos y autos volvió a meterse en la agenda de la Legislatura bonaerense. Esta vez, con una iniciativa que no solo apunta a quienes circulan con escapes libres, sino también a toda la cadena que los produce y comercializa.

La propuesta fue impulsada por la senadora bonaerense Emilia Subiza, del espacio Hechos - UCR Identidad, y busca avanzar sobre un fenómeno cada vez más visible en ciudades del interior y del conurbano: vehículos que circulan con modificaciones que aumentan el nivel de ruido.

A diferencia de otros intentos, el proyecto no se limita a endurecer multas. Plantea un enfoque más amplio, con controles más estrictos, sanciones económicas más elevadas y la posibilidad de retener vehículos involucrados en infracciones.

En concreto, la iniciativa apunta contra cualquier sistema que altere el funcionamiento original del escape o que supere los niveles permitidos. También pone el foco en conductas habituales como los “cortes” o aceleraciones bruscas que generan explosiones y molestias en la vía pública.

Uno de los puntos centrales es que no solo quedarían bajo la lupa los conductores. El texto también alcanza a talleres y comercios, con sanciones que van desde multas importantes hasta clausuras en caso de reincidencia, si se comprueba que venden o instalan dispositivos no habilitados.

En cuanto a las penalidades para quienes circulen con estos escapes, el proyecto contempla multas económicas, suspensión de la licencia y el secuestro del vehículo. En situaciones más graves, incluso se abre la puerta a medidas más drásticas sobre el rodado.

La iniciativa también incorpora un esquema para regular excepciones, como el uso de estos sistemas en actividades deportivas, que deberán estar debidamente registradas y fuera del uso en la vía pública.

Detrás del proyecto aparece una preocupación que se repite en distintos municipios: el impacto del ruido en la vida cotidiana. No solo por las molestias, sino también por sus efectos en la salud y la convivencia.

No es la primera vez que el tema llega a la Legislatura. Años atrás, el radical Valentín Miranda ya había planteado la necesidad de regular los escapes modificados, en línea con ordenanzas que algunos distritos empezaron a aplicar por su cuenta.

La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Corvino, cuestionó este martes al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, luego del reclamo que elevó la gestión de Axel Kicillof al gobierno de Javier Milei por presuntas deudas vinculadas a programas alimentarios.

“El gobernador decidió recortar el programa MESA y su ministro salió a mentir para justificarlo, como siempre culpando al Gobierno nacional”, expresó Corvino en redes sociales, al meterse en la nueva disputa entre Nación y Provincia.

El cruce se da luego de que la administración bonaerense reclamara formalmente al Ministerio de Capital Humano mayores recursos para sostener el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). En ese marco, la diputada libertaria respaldó la postura de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Kicillof decidió recortar el MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y su Ministro Larroque salió a MENTIR para justificarlo y, como siempre, culpando al Gobierno Nacional.Tanto el MESA como el SAE (Servicio Alimentario Escolar) son responsabilidad EXCLUSIVA… https://t.co/vVzLqpJEdT

“Tanto el programa MESA como el SAE son responsabilidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires. No existe tal deuda de Nación con la gestión bonaerense”, sostuvo Corvino.

La polémica se intensificó después de que Larroque difundiera un reclamo formal en el que aseguró que el Gobierno nacional mantiene una deuda de $220.000 millones con la Provincia por el financiamiento del SAE, acumulada desde 2024. Además, pidió asistencia para el programa MESA, que actualmente se sostiene solo con fondos provinciales.

En ese documento, la Provincia también solicitó la incorporación de financiamiento nacional para el MESA y una actualización de los montos previstos para el SAE en 2026. Según argumentaron, la magnitud de la demanda responde a que Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población del país.

Desde la administración bonaerense señalaron, además, que el programa MESA fue creado durante la pandemia como reemplazo transitorio del SAE y que desde entonces no recibió aportes nacionales, por lo que fue cubierto íntegramente con recursos propios.

En cuanto al SAE, indicaron que en 2025 la Provincia recibió $77.523 millones, por debajo de los $130.939 millones solicitados, y estimaron que para 2026 se necesitarán unos $177.000 millones, frente a una propuesta nacional de $80.883 millones.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano rechazó de plano la existencia de una deuda y sostuvo que no tiene responsabilidad en el financiamiento de programas que considera de competencia provincial.

Desde Nación remarcaron que el SAE “es un programa de gestión y responsabilidad provincial” y señalaron que el Gobierno nacional aporta cerca del 20% del financiamiento de los comedores escolares bonaerenses, mientras que el resto debe ser cubierto por la Provincia.

En esa línea, la cartera que encabeza Pettovello rechazó “el intento de adjudicar responsabilidades” y aseguró que “el Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la provincia de Buenos Aires”.

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone habilitar la participación del sector privado en la construcción, operación y administración de cárceles, bajo control estatal.

La iniciativa se enmarca en una agenda centrada en la seguridad y busca ampliar las herramientas del Estado frente a la crisis de infraestructura y la sobrepoblación en el sistema penitenciario. Según el texto, el Poder Ejecutivo provincial podrá concesionar total o parcialmente las unidades penitenciarias a operadores privados, aunque establece límites precisos sobre las funciones indelegables.

En ese sentido, el proyecto excluye de manera explícita áreas clave como la seguridad, la vigilancia, el tratamiento y la rehabilitación de los internos, que continuarán bajo la órbita del Estado. Arietto explicó que la propuesta apunta a incorporar nuevas alternativas de gestión sin resignar responsabilidades esenciales. “Ofrecer una alternativa concreta a la construcción y gestión de establecimientos carcelarios”, señaló en los fundamentos.

Además, la iniciativa fija condiciones estrictas para los procesos de licitación. Los pliegos deberán contemplar estándares mínimos en infraestructura, salud, alimentación, educación y programas de rehabilitación. También se establece que las concesiones no podrán derivar en “beneficios excesivos a expensas de la calidad de vida y el bienestar de los reclusos”.

El proyecto incorpora, a su vez, mecanismos de control y transparencia donde se deberá detallar el costo público de cada contrato, la rentabilidad estimada para los operadores y las sanciones previstas ante incumplimientos. Las empresas concesionarias estarán obligadas a publicar informes periódicos con datos sobre población carcelaria, condiciones de detención y programas de reinserción.

Arietto enmarcó la propuesta dentro de una tendencia internacional que contempla distintos grados de participación privada en sistemas penitenciarios, con ejemplos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Colombia.

En paralelo, la senadora también elevó pedidos de informes al Ejecutivo encabezado por Axel Kicillof, solicitando detalles sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y el uso de tobilleras electrónicas.

Finalmente, Arietto cuestionó el funcionamiento de la Legislatura bonaerense por la falta de tratamiento de iniciativas vinculadas a la seguridad y criticó al oficialismo por priorizar otros proyectos. “Piden votar el día del venado de las pampas, la fiesta del tero, el día del lobo, etc. Ahora, la prohibición de celulares en cárceles, desalojos inmediatos, límite a excarcelaciones que presentamos desde La Libertad Avanza no lo votan”, expresó.

La senadora bonaerense del peronismo, Valeria Arata, presentó un proyecto de repudio al recorte del Programa Remediar y alertó que la medida “debilita la atención sanitaria”, especialmente en los sectores más vulnerables.

La legisladora destacó que el programa, vigente desde 2002, garantiza el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de salud y alcanza a unos 19 millones de personas en todo el país. “Es una herramienta indispensable para la equidad sanitaria”, sostuvo.

Arata advirtió que un eventual desfinanciamiento afectaría directamente al primer nivel de atención, ya que muchos tratamientos básicos dejarían de resolverse en centros de salud y se trasladarían a hospitales, generando mayor presión sobre el sistema.

También puso el foco en el interior bonaerense, donde en muchos casos el Estado es la única vía de acceso a medicamentos. “No es una política accesoria, sino una garantía concreta del derecho a la salud”, remarcó.

En la misma línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó el ajuste y advirtió que la eliminación del programa agravaría la situación sanitaria en un contexto de mayor demanda en hospitales públicos, que ya creció alrededor de un 30%.

Ambos coincidieron en reclamar la continuidad del programa o, en su defecto, que Nación transfiera los fondos necesarios para sostenerlo.

Proyecto de Delaracion Programa Remediar.docx by La Noticia 1

Agustín Romo entró a la Legislatura bonaerense el 10 de diciembre del 2023 siendo candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza representando a la séptima sección como referente de “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación liderada por el influencer Gordo Dan (Daniel Parisini) y que responde a Santiago Caputo, asesor y estratega del gobierno nacional.

El dirigente de San Miguel fue jefe de comunicación en la campaña de Javier Milei y un activo usuario del espacio libertario en redes sociales. 

Desde septiembre del 2024 ocupaba la jefatura de la bancada del mileismo. Sin embargo, este jueves fue corrido de su cargo. “Nadie me está echando de ningún lado muchachos. Quédense tranquilos y nunca le crean al periodismo. Cuando haya novedades se van a enterar por mi. Mientras tanto, estamos todos juntos trabajando para ganar PBA en 2027. Abrazo a todos”, fueron sus palabras a través de X tras conocerse la novedad.

Nadie me está echando de ningún lado muchachos. Quédense tranquilos y nunca le crean al periodismo. Cuando haya novedades se van a enterar por mi. Mientras tanto, estamos todos juntos trabajando para ganar PBA en 2027. Abrazo a todos. pic.twitter.com/j3JsVd3QVt

Es que de la mano de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, llega para reemplazarlo un dirigente de su riñón, el diputado platense Juanes Osaba.

La salida de Romo del mando de la bancada violeta en la Cámara baja es otro golpe para “Las Fuerzas del Cielo” y para Caputo, en la lucha interna del oficialismo nacional.

El diputado provincial Fabián Luayza mantuvo un encuentro con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Roberto “Mata” Rodríguez, para analizar la situación económica actual y su impacto en los trabajadores del sector.

De la reunión también participó la diputada Viviana Romano. Durante el intercambio, los dirigentes coincidieron en su preocupación por la crisis de la actividad comercial, la caída del consumo y la pérdida sostenida del poder adquisitivo en los últimos meses.

“El poder adquisitivo de los trabajadores sigue sin mostrar signos de recuperación. Ayer se conoció el número de inflación que supera los 3 puntos en marzo. Esta cifra es alarmante, porque la inflación golpea muy fuerte a los trabajadores y destruye sus salarios”, sostuvo Luayza.

Hoy nos reunimos con el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Roberto “Mata” Rodríguez.Analizamos la situación económica actual , con énfasis en la crisis de la actividad y la fuerte caída del poder de compra de los… pic.twitter.com/tvl13fhPQs

En esa línea, el legislador remarcó que, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan once meses consecutivos de caída, incluso en rubros esenciales como alimentos.

“Con la inflación en franco ascenso y el desplome de todas las variables de la actividad económica, ya no está claro para qué hicimos como sociedad semejante esfuerzo en estos dos años. Es necesario empezar a construir una alternativa que proteja a los trabajadores y la industria nacional”, afirmó.

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela nuclea a trabajadores del sector mercantil de los tres distritos y es una de las principales organizaciones gremiales de la región.

Un sector de la oposición impulsará dos jornadas de debate llamado "IDEAS para una reforma política en la Provincia”, con referentes y especialistas par abordar diferentes cambios en la legislación electoral bonaerense.

Todo el arco político tiene reformas en carpeta, aunque todo se mantiene por ahora fuera del trabajo de comisiones y mucho más aún, del recinto. En este caso la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y Cambio Federal organizaron para el lunes y martes de la semana que viene, en el auditorio anexo de la Cámara de Diputados, dos días con debates.

Te invitamos a participar de “IDEAS para una reforma política en la Provincia”, un espacio de debate con referentes y especialistas.📅 20 y 21 de abril📍 Auditorio Anexo – Cámara de Diputados PBAVamos a estar abordando temas clave como Boleta Única, PASO, acceso a la… pic.twitter.com/Wm2hEQY3tz

El lunes 20 habrá tres mesas de discusión, la primera de las cuales se desarrollará a partir del mediodía y será sobre la boleta única. Con la moderación del diputado Diego Garciarena, debatirán el senador nacional radical Maximiliano Abad, la legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato y Manuel Terrádez (Licenciado en Ciencia Política, expresidente de la FUA).

La segunda mesa, que se iniciará a las 14, tendrá como eje las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y estará bajo la coordinación del diputado Matías Civale. Debatirán sobre el tema el especialista Alejandro Tullio (Secretario Electoral Permanente de la Provincia del Chubut y ex titular de la Dirección Nacional Electoral), el diputado “lilito” Andrés De Leo y el abogado constitucionalista Diego Armesto.

La última mesa de debate del día será sobre el acceso a la información pública (15:30 horas). La coordinará la senadora provincial Nerina Neumann y participarán la diputada nacional Karina Banfi, la diputada provincial de CC-ARI Romina Braga y el analista político Carlos Germano.

Finalmente, el día martes 21 tendrá lugar la última de las mesas de discusión, sobre la temática “Desdoblamiento electoral y autonomía municipal”, con la moderación de Garciarena y Civale. Será a partir de las 11 y participarán los intendentes Pablo Barrena (Lobería) y Esteban Reino (Balcarce) y el abogado y docente Oscar Pagni.

El objetivo del proyecto es erradicar el nepotismo en los tres poderes del Estado. La iniciativa fue presentada por el diputado de Fuerza Patria Ricardo Lissalde y propone establecer restricciones para impedir la designación de familiares en cargos públicos.

El eje central del proyecto es la prohibición de nombrar parientes dentro de un amplio rango de vínculos, que incluye cónyuges, convivientes y familiares en línea directa, colateral o por afinidad hasta el tercer grado inclusive. La medida alcanza a funcionarios con jerarquías iguales o superiores a director, jefe o asesor, lo que amplía significativamente el alcance dentro de la estructura estatal.

Además, la iniciativa apunta a cerrar mecanismos utilizados para eludir controles, como las designaciones cruzadas entre distintas dependencias. En ese sentido, se busca impedir que funcionarios coloquen familiares en otras áreas del Estado como forma indirecta de sortear restricciones.

El proyecto contempla algunas excepciones. Por un lado, excluye a los cargos políticos y a las contrataciones transitorias, aunque establece que esos vínculos deberán finalizar junto con el mandato del funcionario que los designó. De esta manera, se introduce un límite temporal para evitar que esas designaciones se perpetúen.

También se fijan criterios para determinar cuándo no se configura nepotismo. Quedan exceptuados quienes ya trabajaban en el Estado antes de la asunción del funcionario, quienes accedieron mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, y aquellos que llegaron a sus cargos a través de elecciones.

Otro punto relevante es la regulación de las relaciones jerárquicas. En ese sentido, se prohíbe que un funcionario tenga bajo su supervisión directa a un familiar cercano. En esos casos, la autoridad deberá disponer traslados sin afectar la categoría del trabajador.

La propuesta incluye un régimen de sanciones para quienes incumplan la norma, que podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales. Asimismo, el Poder Ejecutivo tendría facultades para impulsar sumarios o realizar denuncias en caso de detectar irregularidades.

En los fundamentos, Lissalde definió al nepotismo como una “forma de abuso de poder” que afecta la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público y deteriora el funcionamiento del Estado. “Esta práctica genera un conflicto entre intereses personales y el interés colectivo, y contradice el principio de igualdad establecido en la Constitución”, sostuvo.

El proyecto retoma experiencias de otras provincias argentinas como Río Negro, Jujuy y Mendoza, que ya cuentan con regulaciones similares, y también incorpora ejemplos de legislación internacional donde se priorizan criterios de mérito, transparencia y concursos públicos.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo proyecto que busca modificar los requisitos para acceder a cargos municipales. Diputados de La Libertad Avanza presentaron una iniciativa para habilitar a ciudadanos desde los 18 años a ser concejales.

El proyecto fue impulsado por el legislador Pablo Morillo, junto a sus pares Luis Ontiveros y Juanes Osaba, y propone modificar parcialmente la Ley 14.523 para adecuar el requisito etario a la mayoría de edad vigente.

De aprobarse, podrán ser candidatos a concejal “todos los ciudadanos mayores de dieciocho años, que sepan leer y escribir y sean vecinos del distrito”, siempre que acrediten al menos un año de residencia previa. Para los extranjeros, el texto mantiene condiciones específicas dado que deberán contar con cinco años de residencia y estar inscriptos en el registro correspondiente.

La iniciativa busca saldar una deuda normativa que, según sus autores, se arrastra desde hace más de una década. En ese sentido, también plantea que el Poder Ejecutivo convoque a un plebiscito, tal como establece la ley vigente desde 2013, instancia que nunca se concretó.

Actualmente, la Constitución bonaerense, que data de 1889, fija en 25 años la edad mínima para ser concejal, mientras que para ser diputado provincial se requieren 22 años y para consejero escolar alcanza con ser mayor de edad.

Morillo sostuvo que la propuesta apunta a modernizar el sistema político y ampliar la participación ciudadana. “La normativa actual mantiene parámetros desactualizados que no reflejan las transformaciones sociales”, argumentó.

En esa línea, los legisladores libertarios señalaron que el rol de concejal es el vínculo más directo entre el Estado y la comunidad, por lo que permitir el acceso a jóvenes desde los 18 años podría fortalecer la democracia local y promover una mayor renovación generacional en los espacios de representación.

El bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires busca implementar el sistema de la boleta única de papel para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, algo que no comparte el gobierno de Axel Kicillof.

Entre otros proyectos, como eliminar el Senado o tasas en municipios, se trata de una reforma política que impulsa el partido violeta en diferentes distritos.

Varios legisladores estuvieron reunidos este viernes con la Directora Nacional Electoral, María Luz Landívar, quien llevó adelante una capacitación dirigida a legisladores para impulsar la BUP.

El diputado y uno de los vicepresidentes de la Cámara baja provincial, Juan Osaba, remarcó el avance de la BUP en otras jurisdicciones del país. “Nosotros tenemos ya nueve provincias que tienen un sistema de BUP o electrónico, incluso algunas yendo del electrónico al papel de nuevo para el único. Esto es un avance que arrancó ya en otras provincias, incluso hace 15 años, pero en otras están apareciendo ahora y nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tiene un peso central en este proceso”, señaló.

Ante la consulta de cómo buscarán los votos del resto de las bancadas, el jefe de la bancada de senadores de LLA, Carlos Curestis, sostuvo: “Nosotros tenemos un acompañamiento, no llegamos al número, pero entendemos que cuando esto se trate de una comisión, donde vamos a explicar los beneficios que tienen los bonaerenses, ellos tendrían que aceptar y acompañar”.

Héctor Gay, diputado de LLA y exintendente de Bahía Blanca, presentó un proyecto que forma parte de una serie que impulsa el partido violeta en la provincia para reformar el Estado bonaerense. Uno de ellos fue el de bajar tasas en 116 municipios bonaerenses.

La iniciativa de Gay supone una reforma parcial de la Constitución provincial, ya que es ella la que define el funcionamiento del Poder Legislativo y, por lo tanto, el sistema de dos cámaras (de senadores y de diputados).

Allí se explicita como objetivos la reducción de costos operativos, la reducción de la planta política y técnica y la agilización del debate de los proyectos de ley, que serían tratados una sola vez.

“La Provincia de Buenos Aires se encuentra hoy en una anomalía institucional frente a la mayoría de las jurisdicciones del país. Mientras que 15 provincias han avanzado hacia la modernidad administrativa de la unicameralidad, nuestro distrito persiste en sostener una estructura elefantiásica que no se traduce en mejores leyes, sino en mayores impuestos para los bonaerenses”, argumenta el texto.

Y agrega: “La estructura actual de la legislatura bonaerense, compuesta por una Cámara de Diputados y un Senado, conlleva una duplicidad de estructuras administrativas, técnicas y políticas que resultan insostenibles. En el marco de una crisis económica profunda, el sostenimiento de dos cuerpos legislativos con funciones análogas constituye un gasto superfluo. La unicameralidad permitirá una reducción directa del presupuesto legislativo, reasignando esos recursos a áreas críticas como seguridad, salud y educación”.

Además, busca rebatir el “argumento histórico de que el Senado representa al territorio y los Diputados a la población” ya que “ha perdido vigencia práctica en el ámbito provincial, donde ambas cámaras suelen responder a las mismas lógicas partidarias”.

"La propuesta de una Asamblea Legislativa única busca una representación más genuina, eliminando privilegios de "casta" política y optimizando la representatividad bajo un criterio de unidad funcional", señala y menciona que “la unicameralidad no es una innovación aislada, sino una tendencia exitosa en provincias como Córdoba, San Luis o Tucumán”.

La senadora provincial Fernanda Raverta (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal, ante la decisión del Gobierno nacional de avanzar con su privatización.

“El gobierno de Milei quiere desprenderse de un patrimonio que nació para garantizar el derecho a las vacaciones de miles de argentinos. Nosotros proponemos exactamente lo contrario: recuperarlo, protegerlo y asegurar que siga siendo de todos”, afirmó Raverta.

Días atrás el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional avanza con una concesión por 30 años de la Unidad Turística creada durante el gobierno de Juan Domingo Perón. En conferencia de prensa, Adorni sostuvo que de esta manera “se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”. Apuntó que, al mismo tiempo, se reducirá “la carga de su mantenimiento para el Estado”.

La iniciativa de la senadora marplatense declara la voluntad del Estado bonaerense de recuperar los inmuebles del complejo al considerar que “se ha desnaturalizado el fin social para el cual fue creado”. En ese sentido, promueve que la totalidad de los predios y edificios queden afectados exclusivamente al turismo social.

“Chapadmalal nació con el peronismo a partir de 1945 y se consolidó como una política pública que garantizó el acceso de los trabajadores a las vacaciones y al mar”, remarcó la senadora. “Lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos”, apuntó.

El proyecto instruye al Fiscal de Estado a interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias para lograr la restitución de los inmuebles, fundadas en la desviación de su finalidad pública y el incumplimiento del uso social originario.

“Mientras algunos tienen voracidad por los negocios y creen que Chapadmalal son solo edificios para vender, nosotros vemos familias trabajadoras que disfrutan, pibes que van por primera vez al mar y una historia que no se negocia”, diferenció Raverta.

Además, el proyecto declara la inoponibilidad frente a la Provincia de cualquier acto de disposición que no garantice el carácter de utilidad pública del complejo.

También faculta a los organismos provinciales a adoptar medidas administrativas y de poder de policía para preservar el patrimonio, establece mecanismos registrales para advertir a terceros sobre la nulidad de eventuales actos que contradigan su finalidad social y garantiza el funcionamiento del complejo mediante programas de turismo social, priorizando el acceso de jubilados y delegaciones escolares.

La senadora bonaerense María Florencia Arietto publicó un video en su cuenta de Twitter luego del procesamiento de los dirigentes de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En el video, Arietto repite en loop la frase: “Justicia, justicia, justicia, perseguirás… la justicia llega” y menciona los nombres de los dirigentes. La publicación generó confusión sobre el objetivo del mensaje, ya que no ofrece explicación sobre la causa judicial.

Justicia perseguirás. pic.twitter.com/7SjWzoQeeT

El procesamiento de Tapia y Toviggino responde a una causa por presunta retención indebida de aportes y evasión fiscal en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación que estima montos por más de 19.000 millones de pesos y embargos de 350 millones de pesos sobre bienes de los directivos, además de mantener la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.

El video publicó generó numerosas reacciones en redes sociales, entre ellas:

Chapita total… pic.twitter.com/krNq9EXldo

La diputada provincial por la Cuarta Sección, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de solicitud de informes en la Cámara de Diputados bonaerense para que el Poder Ejecutivo detalle la situación generada por las intensas lluvias y el exceso hídrico que afecta a distintos distritos del interior de la Provincia.

La iniciativa apunta a conocer con precisión qué ocurre en municipios como Azul, Olavarría, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares, entre otros, donde se registran anegamientos, deterioro de caminos rurales y serias dificultades para la transitabilidad.

“Estamos ante una situación que vuelve a poner en jaque a muchas comunidades del interior, en un momento muy delicado para la producción y para la vida cotidiana de los vecinos. El Gobierno provincial tiene que dar respuestas y actuar con previsión”, sostuvo Vaccarezza.

A través del proyecto, la legisladora solicita al Ejecutivo que informe cuál es la situación actual en los municipios más comprometidos, qué maquinaria vial está disponible para recomponer caminos y limpiar canales, y qué obras están proyectadas, presupuestadas o en ejecución en las zonas afectadas.

Además, pide detalles sobre la existencia de medidas coordinadas con el Gobierno nacional, y si la Provincia cuenta con un relevamiento actualizado de los caminos rurales más anegados, junto con las acciones para garantizar su circulación.

La presentación se da luego de varios episodios de lluvias intensas en distintos puntos del territorio bonaerense. En distritos como 9 de Julio y Carlos Casares se registraron acumulados de hasta 170 milímetros en poco más de 24 horas, mientras que durante el último fin de semana también hubo precipitaciones muy fuertes en Olavarría, Azul, Arrecifes y San Antonio de Areco.

“La red vial ya venía muy deteriorada y este nuevo escenario profundiza una problemática que afecta directamente a productores, transportistas, estudiantes, familias y trabajadores rurales”, advirtió la diputada.

En ese marco, Vaccarezza reclamó que el Estado provincial actúe con rapidez y planificación frente a un contexto climático que sigue siendo complejo y que, según los pronósticos, podría empeorar en los próximos días.

“Necesitamos saber con qué recursos cuenta hoy la Provincia, qué está haciendo concretamente y cuál es el plan para asistir a los distritos afectados. No se puede seguir corriendo de atrás frente a una problemática que golpea una y otra vez al interior bonaerense”, concluyó.

El diputado provincial Diego Nanni, representante de la Segunda Sección Electoral y exintendente de Exaltación de la Cruz, mantuvo un encuentro en La Plata con el concejal de Arrecifes, Patricio Gabilondo, presidente del bloque Fuerza Patria en ese distrito.

La reunión estuvo centrada en la situación económica actual y en cómo impacta en las economías locales del interior bonaerense, con especial atención en la necesidad de sostener el empleo y reactivar la producción.

“Con el diputado Nanni escuchamos necesidades del territorio y proponemos soluciones, defendiendo el trabajo digno como eje central”, expresó Gabilondo tras el encuentro.

En ese sentido, el concejal destacó el rol clave del campo, la industria y el comercio local como motores del crecimiento regional, y remarcó la importancia de generar herramientas concretas que permitan dinamizar la actividad.

Además, durante la reunión se planteó avanzar en iniciativas que articulen políticas entre la Provincia y los municipios, tanto a través de gestiones ante el Gobierno bonaerense como mediante proyectos legislativos.

El encuentro se da en un contexto de preocupación por la caída de la actividad económica y forma parte de una serie de reuniones que el diputado Nanni viene manteniendo con dirigentes de la región para relevar demandas y evaluar posibles respuestas.