El Gobierno de Javier Milei acelera la disolución y liquidación del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que dará paso a una estructura reducida denominada Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La decisión implica el cierre de farmacias propias, centros de salud y delegaciones en distintos puntos del país, entre ellos, en la provincia de Buenos Aires como La Plata, Punta Alta, Tandil y Punta Indio.

La UCR Coronel Rosales - Punta Alta presentó la situación ante los legisladores para que se trate en la Cámara de Diputados de la Nación. La presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical y concejal Liliana Taboada, junto a la presidenta de la Juventud Radical, Natasha Lopetegui, trasladaron al diputado nacional radical Pablo Juliano la preocupación por la situación de la ex IOSFA y sus consecuencias en Puerto Belgrano y Punta Alta.

Ante ese planteo, el legislador Juliano tomó el reclamo y presentó un pedido de informes ante la Cámara de Diputados de la Nación para exigir explicaciones urgentes al Gobierno nacional.

La preocupación reside en la continuidad de las prestaciones sanitarias, el acceso a medicamentos y las fuentes laborales de numerosos trabajadores de la región. Entre los principales puntos del reclamo, se encuentran el cierre de farmacias en Puerto Belgrano y el Hospital Naval, la situación del policonsultorio de Punta Alta, la continuidad de los tratamientos médicos y las alternativas previstas para garantizar los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en estos servicios. Según las estimaciones difundidas en el distrito, están en juego 83 puestos de trabajo.

Vengo siguiendo de cerca lo que pasa en Punta Alta, la ciudad de la Base Naval Puerto Belgrano. Ahora empezaron a llegar las cartas documento y 83 trabajadores pueden quedarse sin trabajo el 30 de noviembre, cuando cierran las farmacias y el policonsultorio del IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas). Miles de personas dependen de esa obra social en la ciudad y no se puede jugar así con la gente. El ministro de Defensa Carlos Presti tiene que explicar adónde va a ir a buscar los remedios en diciembre un jubilado de la Armada. Este tema lo viene peleando @Liliana_Taboada junto a los trabajadores, y a mí me toca dar una mano desde el Congreso. Presenté un pedido de informes para que el Ministerio de Defensa explique estos cierres y los frene hasta que haya una alternativa para los afiliados. En el Gobierno no se pueden seguir haciendo los distraídos. Hay una ciudad y un montón de gente que depende de la decisión de puñado de tipos que están lejos de la realidad de Punta Alta y no le rinden cuentas a nadie. Acá está el pedido completo: https://t.co/p1OAtovlZn

El pedido de informes busca que el Poder Ejecutivo brinde información clara y documentada sobre el proceso de disolución y liquidación del ex IOSFA, la creación de la nueva OSFA, la situación financiera de la obra social y las medidas previstas para evitar que los afiliados queden sin cobertura y los trabajadores sin empleo.

En el partido de Punta Indio, la delegación de la obra social ubicada en Verónica también quedó alcanzada por el proceso de desactivación.

Esta situación de la delegación se inscribe en un escenario de preocupación aún más amplio ya que el futuro de las instalaciones y las fuentes laborales vinculadas a la actividad de la Base Aeronaval también están en riesgo.

La mujer de 30 años Estefanía Crystal Monzón quien era buscada desde el último lunes cuando nadie fue a retirar a la hija de la escuela fue hallada sin vida en su vivienda.

Por el femicidio  detuvieron a su expareja, Iván Lencina, con quien convivía desde hacía un año y medio. El crimen ocurrió en la misma casa en que vivían la víctima, el imputado y las tres menores de edad hijas de ella.

Del paradero de Monzón no se sabía nada desde el lunes cuando dejó por la mañana a su hija de 6 años en la escuela. Era madre de otras dos menores, de 11 y 13 años. Las autoridades escolares fueron las que dieron aviso a su familia para advertir de la situación y solicitar que alguien vaya a buscar a la niña. Allí comenzó la búsqueda.

Sus pertenencias como la bicicleta, cartera y billetera habían quedado en su casa, y sólo faltaba su celular. Según reveló a Primer Plano Online María José, amiga de Estefanía, ella estaba separada de su actual pareja. Pese a la ruptura, el hombre seguía habitando la misma casa porque no tenía dónde ir. Además reveló situaciones de violencia de género.

Finalmente, este miércoles se desarrolló un procedimiento en la vivienda de la víctima, de la calle Rafael Obligado. 

Una joven madre vivió momentos de pánico extremo cuando un delincuente se metió por la ventana de su casa en la esquina de Sixto Fernández y Olazábal, en Lomas de Zamora, en momentos que disfrutaba jugando con su bebé.

El delincuente que quedó grabado primero por las cámaras de seguridad y luego por una cámara de celular pasó primero por el frente de la propiedad, observó que había una ventana abierta y advirtió que podía ingresar sin ser visto desde la calle.

Después de alejarse, volvió sobre sus pasos, se sentó frente al inmueble y permaneció un rato en el lugar. Finalmente, se cubrió la cara y saltó una pared para entrar por la ventana. En ese momento, la femenina estaba dentro de la vivienda jugando con su hijo.

El ladrón sorprendió a la madre, agarró un celular y otros objetos los guardó y escapó.  La secuencia del robo quedó registrada por el teléfono de la víctima y dispositivos de vigilancia de los vecinos, que captaron al sospechoso mientras escapaba corriendo. La Policía ya lo busca a partir de las imágenes que permitieron identificar sus movimientos.

La pareja de la víctima contó que el asaltante corrió hacia la mujer apenas entró y le tapó la boca. En ese momento, el nene comenzó a llorar y ella le rogó que no le hiciera nada. 

Según su testimonio, el marginal le exigía dinero a los gritos. Finalmente, la mujer le entregó su teléfono y el asaltante también se llevó una PlayStation, entre otros objetos. El hombre también contó que su pareja quedó muy afectada por lo ocurrido y que ahora tiene miedo de quedarse sola. 

Un nuevo hallazgo incorporó una prueba clave a la investigación del triple femicidio narco de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), tres jóvenes que vivían en La Matanza. Los investigadores encontraron un video que registra las torturas sufridas por una de las víctimas.

Según informó Primer Plano Online, la filmación fue encontrada en el teléfono celular de un hombre de nacionalidad peruana, detenido en el marco de otra causa por narcotráfico. A partir del descubrimiento, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Morón, que investiga los asesinatos.

El video tiene una duración de dos minutos y 39 segundos y habría sido compartido entre integrantes de la organización criminal a través de la aplicación Zangi. Su existencia permitió confirmar una de las hipótesis que se investigaban desde el comienzo del expediente: que las agresiones habían sido registradas para transmitir un mensaje entre bandas narco.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Encripdata, especializado en narcotráfico, en la grabación se escucha a un hombre amenazar a una de las jóvenes mientras la someten a torturas. Entre las frases que se le atribuyen figura una amenaza explícita contra la víctima.

El registro también comprometería a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, señalado como principal sospechoso, quien aparecería en la escena del crimen.

A raíz de este descubrimiento, la investigación volvió transitoriamente a secreto de sumario. La medida apunta a permitir nuevas diligencias y avanzar sobre evidencias que podrían modificar el rumbo de la pesquisa.

El expediente, a cargo del juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, tiene 18 personas detenidas y al menos cinco prófugos, con pedidos de captura nacionales e internacionales.

El magistrado definió los asesinatos como un caso de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género, en un contexto de criminalidad organizada vinculado al narcotráfico y la explotación sexual.

La causa está caratulada como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, reiterado en tres hechos y en concurso real entre sí.

Una investigación judicial permitió identificar a ocho hombres sospechados de integrar una banda de piratas del asfalto que habría cometido una serie de robos a camiones de transporte de mercadería en el centro de la provincia de Buenos Aires. Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2025 y el 1 de abril de 2026 en los partidos de Azul, Olavarría, General Alvear y zonas aledañas.

Según informó el Ministerio Público bonaerense, la organización actuaba de manera coordinada y tenía una modalidad definida: detectaba a camioneros que detenían sus vehículos a la vera de las rutas para descansar durante la madrugada y aprovechaba ese momento para robarles la carga.

Los integrantes de la banda forzaban los acoplados y sustraían la mercadería. Cuando los choferes advertían lo que estaba ocurriendo, los sospechosos recurrían a armas blancas para ejercer violencia.

Para concretar los asaltos se movilizaban en al menos tres vehículos: una camioneta Renault Duster y dos utilitarios Renault Kangoo, uno blanco y otro gris oscuro.

La investigación también permitió establecer que los sospechosos habrían alquilado una quinta en Olavarría, que utilizaban como base de operaciones. Desde allí salían durante la madrugada para cometer los robos y luego regresaban con la mercadería sustraída, que almacenaban en el inmueble.

La causa está a cargo del fiscal Adrián Peiretti, titular de la UFIJ N.º 13 del Departamento Judicial Azul, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de Federico Barberena.

En el marco de las actuaciones se realizaron múltiples detenciones y audiencias de declaración conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal. El comunicado oficial no precisó la cantidad de personas detenidas.

Un conflicto familiar terminó con un hombre aprehendido en Villa Caraza, partido de Lanús, luego de que su propio hermano lo denunciara por amenazas de muerte mientras exhibía un arma de fuego.

El episodio llegó a la Justicia a partir de una denuncia radicada en la Comisaría Lanús 9ª. Según el relato de la víctima, durante una discusión su hermano lo amenazó de muerte y le mostró una pistola.

Ante la gravedad de la denuncia y el riesgo señalado, la fiscalía interviniente dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio del acusado.

El procedimiento fue llevado adelante por el titular de la seccional junto con efectivos del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de Lanús, quienes ingresaron a la vivienda y realizaron un registro.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, cuyas características coincidían con las del arma mencionada en la denuncia.

Tras conocer el resultado del allanamiento, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús convalidó la aprehensión del sospechoso.

La causa fue caratulada como “amenazas agravadas y portación de arma de guerra” y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

Una violenta pelea entre dos hombres se registró en plena vía pública en la localidad bonaerense de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.

Ambos sujetos se amenazaron con hachas y el enfrentamiento terminó con daños en un vehículo estacionado.

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La secuencia quedó registrada en un video difundido por Henderson Online en el que se observa a los dos hombres frente a frente, armados con hachas y realizando movimientos intimidatorios mientras se enfrentaban.

En medio de la disputa, uno de los vehículos que se encontraba estacionado en el lugar terminó con importantes daños provocados por los golpes de las herramientas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas, detenidos ni denuncia policial así como las circunstancias que originaron el violento episodio.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre acusado de amenazar de muerte a través de redes sociales al Presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin.

La investigación se inició en septiembre pasado a raíz de una denuncia vinculada a publicaciones efectuadas en la plataforma X por parte de un sujeto que publicó diversas expresiones de carácter amenazante dirigidas a los hermanos Milei y a Otermín. En este último caso se incluyeron referencias intimidatorias hacia su hija menor.

Entre las publicaciones se destacaron: “A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”. Asimismo, se verificó una reiteración de expresiones hostiles, violentas y alusivas al eventual uso de armas de fuego, tanto en perjuicio de autoridades municipales como de otras figuras públicas.

A partir de esa situación, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA inició diversas tareas investigativas, análisis de fuentes abiertas (OSINT) y diversas fuentes digitales.

Como resultado de las medidas practicadas, se logró identificar como presunto autor de las maniobras investigadas a un hombre argentino mayor de edad y se estableció tanto su vinculación con dichas amenazas como la de un domicilio ubicado en Lomas de Zamora.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, ordenó el allanamiento a dicho inmueble, ubicado sobre la calle José Manuel Estrada.

Durante el operativo fue notificado de la causa un hombre de 58 años y en el lugar se secuestraron tres teléfonos utilizados para realizar las amenazas, una computadora, un disco rígido y una notebook. También se encontró un libro de la doctrina del régimen nacional socialista Mi lucha de Adolf Hitler. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de intimidación pública.

El Concejo Deliberante de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, volvió a quedar envuelto en un escándalo por un enfrentamiento entre sus integrantes. Esta vez, el concejal Ariel Rey denunció a su par Martín Rivas por una presunta agresión física ocurrida este martes en los pasillos del edificio, minutos antes de una reunión de la comisión de Presupuesto.

Según pudo saber LANOTICIA1.COM, Rey ingresó a la sala de reuniones con una lesión visible en el rostro y aseguró ante otros concejales que Rivas le había pegado una piña. Soledad Llull, de Fuerza Patria; Paola Basso, de Nuevos Aires; y Joaquín González, de La Libertad Avanza, relataron que el edil tenía un ojo enrojecido y se encontraba visiblemente alterado.

Basso contó que Rey le pidió que le sacara fotografías para conservarlas como prueba. Los tres concejales señalaron que el golpe era visible y que el denunciante les había atribuido la agresión a Rivas.

Después del episodio, Rey fue atendido en la Guardia del Hospital y se sometió al examen médico correspondiente. El informe describió un traumatismo facial por golpe de puño, sin herida visible e irritación ocular. Luego se presentó en la Comisaría para formalizar la denuncia penal.

"Estoy muy triste por esto, no hay palabras", expresó a LANOTICIA1.COM. También manifestó su preocupación por el impacto de lo ocurrido en su familia.

Rivas, por su parte, negó haberlo golpeado y calificó a su par de "mentiroso". Según su versión, ambos se cruzaron en un pasillo, Rey lo provocó y lo llamó "cagón". "Yo me acerqué y él se agarró la cara y siguió", sostuvo el concejal de Consolidación Argentina. También afirmó que es la segunda vez que Rey lo insulta y luego lo denuncia.

El nuevo episodio no es un hecho aislado. El Concejo de San Pedro viene atravesando meses de enfrentamientos entre sus integrantes, con denuncias judiciales, restricciones de acercamiento y sesiones que terminaron interrumpidas.

Rey y Rivas, que inicialmente compartieron un mismo espacio político, hoy integran bloques diferentes. Ya habían protagonizado otro conflicto durante una reunión en la Secretaría de Economía, cuando Rey denunció que Rivas lo había insultado y le había dado una cachetada. Aquella situación también derivó en una presentación judicial.

Otro de los enfrentamientos tuvo como protagonista a la concejala Paola Basso, quien denunció a Rivas por presuntos episodios de hostigamiento e intimidación. El conflicto se agravó durante una sesión realizada el 24 de septiembre en el Club Talense de Río Tala y derivó en una restricción judicial de acercamiento contra el concejal. La medida estableció inicialmente distancias de 200 metros fuera del ámbito legislativo y cinco metros dentro del Concejo, aunque luego fue reducida a tres metros para permitir el desarrollo de las sesiones.

La tensión también alcanzó a una reunión legislativa en Santa Lucía, el 8 de octubre. Allí, una discusión entre Rivas y el concejal Damián Mosquera terminó con amenazas e intentos de agresión por parte de personas del público. La Policía debió intervenir y la sesión fue suspendida cuando todavía quedaban nueve puntos del orden del día por tratar. Rivas también presentó una denuncia penal por ese episodio.

Con la nueva acusación de Rey, el Concejo Deliberante de San Pedro suma otro capítulo a una cadena de conflictos que excede las diferencias políticas y ya afecta el desarrollo de las sesiones y la convivencia dentro de la institución.

Una organización criminal dedicada al robo de cuentas de WhatsApp y a la realización de estafas virtuales fue desarticulada tras una investigación que permitió detener a tres personas. La pesquisa determinó que parte de las maniobras se realizaban desde la cárcel de Olmos, donde estaba alojado uno de los sospechosos.

La investigación fue coordinada por la Ayudantía Fiscal N° 3 especializada en tecnologías digitales del Departamento Judicial de La Matanza y permitió unificar cuatro causas que presentaban la misma modalidad delictiva. Los investigadores detectaron que se repetían los engaños, las líneas telefónicas utilizadas y las cuentas bancarias que recibían el dinero.

El análisis de las comunicaciones y del circuito financiero permitió establecer que una de las líneas telefónicas empleadas pertenecía a un detenido alojado en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos. Los otros dos involucrados cumplían un rol clave: eran titulares de las cuentas bancarias utilizadas para recibir y redistribuir los fondos obtenidos mediante las estafas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 6 ordenó dos allanamientos y una requisa en el penal. Los procedimientos terminaron con la detención de los tres sospechosos y el secuestro de teléfonos celulares de interés para la causa.

Uno de los dispositivos fue encontrado en poder del interno alojado en Olmos y sería el utilizado para llevar adelante las maniobras fraudulentas.

La información fue difundida por el Centro de Información Jurídica del Ministerio Público bonaerense (CIJUR), con la colaboración del auxiliar letrado de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial de La Matanza, Juan Cruz Rovediello.

Un joven motociclista murió este domingo luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Municipal de Santa Teresita. Había sido atropellado durante la noche del viernes en el acceso a Mar del Tuyú y el conductor del vehículo involucrado es buscado.

La víctima fue identificada por sus allegados como Franz. Según informó Central de Noticias Madariaga, regresaba de cumplir su jornada laboral en un supermercado cuando circulaba en moto y fue embestido por un automóvil.

Tras el impacto, el joven salió despedido y quedó gravemente herido sobre la calzada. De acuerdo con la información difundida, el conductor habría escapado del lugar sin brindarle asistencia.

Franz permaneció varias horas sin recibir ayuda. Recién cerca de las 6 de la mañana del sábado, una persona que transitaba por la zona lo encontró y dio aviso a los servicios de emergencia.

Luego de recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital Municipal de Santa Teresita, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, este domingo se confirmó su fallecimiento.

Mientras familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron su dolor por la pérdida, la investigación busca determinar cómo ocurrió el siniestro e identificar al conductor que habría abandonado el lugar. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni sobre el vehículo involucrado.

Un joven de 20 años murió tras protagonizar un choque entre un auto y un camión sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 712, en cercanías de Cabildo, localidad del distrito de Bahía Blanca.

La víctima fue identificada como Enzo Gastón Medrano, quien conducía un Ford Escort Ghia SX en dirección desde Bahía Blanca hacia Cabildo. Por causas que se investigan, impactó contra un camión Ford Cargo 1731 que circulaba en sentido contrario.

El vehículo de mayor porte era conducido por Carlos Ismael Hidalgo, de 60 años. Según informó La Brújula 24, personal de Seguridad Vial constató que el conductor del automóvil había fallecido en el lugar como consecuencia del impacto.

En el operativo intervino personal policial de la jurisdicción de Cabildo. La causa fue caratulada como homicidio culposo y se investigan las circunstancias del choque.

Este lunes comienza el juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto de La Plata", acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 35 años, en abril de 2024. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata y será determinante para establecer su responsabilidad penal.

La joven, actualmente de 23 años, está imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. También será juzgada Valentina Velázquez, de 22 años, quien viajaba en otro vehículo aquella madrugada.

Según la investigación, el 12 de abril de 2024, Alvite conducía un Volkswagen Gol y habría participado de una picada con el Peugeot 208 de su amiga. Las cámaras de seguridad registraron a ambos vehículos circulando a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo antes de que el Gol embistiera la moto de Armand, en la intersección de las avenidas 13 y 532.

La fiscalía buscará demostrar que Alvite era consciente del riesgo que implicaba su conducta al volante y que, pese a ello, continuó manejando de esa manera. La querella, patrocinada por el abogado Fernando Burlando, también intentará sostener la acusación.

Por su parte, la defensa, encabezada por Flavio Gliemmo, buscará cuestionar las pruebas que apuntan a la existencia de una carrera ilegal y sostener que se trató de un siniestro vial sin intención de provocar la muerte.

La diferencia entre ambas posturas es central: si se acredita el dolo eventual, la acusada podría recibir una condena de entre 8 y 25 años. Si no se demuestra, el hecho podría encuadrarse como homicidio culposo, con una escala penal considerablemente menor.

Alvite llega al juicio con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, beneficio que obtuvo después de permanecer varios meses detenida. Actualmente cumple esa medida sin tobillera electrónica.

Recientemente, la Justicia rechazó un pedido de su defensa para que pudiera salir dos veces por semana a trabajar en un estudio jurídico de La Plata.

El caso tuvo una fuerte repercusión desde el momento del accidente y generó sucesivos reclamos de la familia de Armand. Ahora, el debate oral permitirá confrontar las pruebas y los testimonios para determinar la responsabilidad de las imputadas.

Una mujer oriunda de Mar del Plata murió en un accidente de tránsito en Nueva Zelanda, cuando el auto en el que viajaba chocó contra un camión en una ruta de la región de Otago. La víctima fue identificada como Ayelén Amarilla, tenía 37 años y residía en ese país desde 2020.

El siniestro ocurrió este viernes en la ruta que conecta las localidades de Queenstown y Cromwell, en la Isla Sur. Según trascendió, la mujer regresaba de su trabajo cuando se produjo el impacto. Las causas del choque son investigadas por las autoridades locales.

De acuerdo con medios neozelandeses citados por Clarín, Amarilla murió en el lugar. En el operativo participaron dos helicópteros y una ambulancia. Una segunda persona involucrada en el accidente fue trasladada a un hospital con heridas leves.

Según informó La Capital de Mar del Plata, Ayelén había cumplido 37 años en octubre y era madre de una nena de dos años. Desde que se había instalado en Nueva Zelanda, había trabajado en distintos empleos temporales.

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados comenzaron a despedirla en las redes sociales y lanzaron una campaña solidaria en la plataforma neozelandesa Givealittle, según informó 0223.

La iniciativa se titula “In loving memory of Coco, who always was keen to help others” (En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás). En la publicación, la recordaron por su generosidad y, especialmente, por el amor que sentía por su hija Astrid.

“Coco era una madre increíblemente cariñosa y dedicada”, expresaron sus allegados. También señalaron que dejó a su compañero, a su pequeña hija y a sus padres.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, respaldó públicamente al agente de la Patrulla Municipal que protagonizó un polémico procedimiento en Mar del Plata, cuando intervino sobre una motocicleta que había evadido un control y provocó la caída de sus dos ocupantes. El episodio ocurrió durante la madrugada, en medio de los controles desplegados ante la convocatoria a la denominada “Rodada del terror” por Halloween.

La secuencia quedó registrada en un video filmado por peatones y se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el agente se interpone en la trayectoria del rodado y realiza una maniobra que termina con el conductor y su acompañante en el suelo. La intervención generó cuestionamientos de algunos testigos sobre el accionar del efectivo.

Cuando nombramos a la “Patrulla Municipal”, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término. Quiero llevar tranquilidad sobre el estado del agente L.M. : me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar. Por último, quiero agradecer el acompañamiento policial en esta operación y en todas. Quiero felicitar a quienes se arriesgan y decirles cuánto me llenan de orgullo. Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber. Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir.

Tras la repercusión del episodio, Montenegro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que buscó llevar tranquilidad sobre el estado del agente, identificado como L.M. y destacó el trabajo de quienes integran la fuerza municipal.

“Cuando nombramos a la Patrulla Municipal, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, escribió el jefe comunal.

Además, aseguró que se comunicó personalmente con el efectivo y confirmó que se encuentra “en óptimas condiciones”. Según contó, el agente le transmitió su convencimiento de que el camino elegido es el correcto y que “no hay que aflojar”.

Montenegro también agradeció el acompañamiento de la Policía durante el operativo y felicitó a quienes participan de los procedimientos. “Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber”, afirmó.

Por último, el intendente defendió la política de controles y planteó: “Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”.

El procedimiento se desarrolló en el marco del refuerzo de los controles de motocicletas en la costa marplatense, ante la convocatoria difundida en redes sociales para realizar una caravana durante la noche de Halloween.

Una concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) de Villa Gesell denunció haber recibido una amenaza de muerte mientras realizaba un relevamiento sobre la acumulación de residuos en el Barrio Industrial. El episodio ocurrió cuando recorría la zona junto a otro integrante del Concejo Deliberante y tomaba fotografías de los basurales.

El hecho se registró en inmediaciones de la avenida 14, entre los paseos 143 bis y 144. Según publicó CNM Noticias, mientras los ediles documentaban la situación, un hombre se acercó y les preguntó qué estaban fotografiando.

En ese momento, el vecino lanzó una amenaza directa: “Qué sacan fotos, los voy a cagar a tiros”. La concejal manifestó sentirse intimidada y decidió realizar la correspondiente denuncia. A partir de lo ocurrido, se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6.

Tras las tareas investigativas, personal policial logró individualizar al presunto autor de la amenaza. Con intervención de la Justicia, se solicitó una orden de allanamiento que fue ejecutada con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental y la SubDDI de Villa Gesell.

Sin embargo, el procedimiento tuvo resultado negativo, ya que el sospechoso no se encontraba en la vivienda al momento del operativo. La investigación continúa para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Un violento intento de robo terminó con dos delincuentes detenidos, uno de ellos herido de bala, y una joven liberada tras ser tomada como rehén en pleno centro de Zárate. El episodio ocurrió este sábado al mediodía, cuando los asaltantes ingresaron armados a un comercio de venta de celulares y se enfrentaron a tiros con efectivos de la Policía bonaerense.

El hecho comenzó alrededor de las 12.30 en un local ubicado sobre la calle Justa Lima. Según fuentes policiales, los ladrones intentaron cometer el robo, pero la rápida intervención de los vecinos, que alertaron al 911, permitió que los móviles policiales llegaran al lugar.

Al verse rodeados, los dos asaltantes utilizaron a una joven que se encontraba en el comercio como rehén para intentar escapar. Uno de ellos la sujetó del cuello y la llevó a la fuerza mientras empuñaba un revólver con el que efectuó disparos contra los efectivos.

ASALTARON UN LOCAL DE CELULARES, Y AL LLEGAR LA POLICÍA, TOMARON A UNA MUJER COMO REHÉN - Así, a los tiros intentaba fugar uno de los asaltantes. - Fue en Zárate.... https://t.co/39GEreekwS

La situación derivó en un tiroteo que terminó cuando la Policía logró reducir a los delincuentes. Uno de ellos recibió impactos de bala en una pierna y un brazo, por lo que fue trasladado bajo custodia al Hospital Virgen del Carmen. Su cómplice también fue detenido. La joven fue liberada.

De acuerdo con fuentes del caso, los dos sospechosos tienen alrededor de 20 años, serían oriundos de Garín y no pertenecían a Zárate. Además, trascendió que ambos cuentan con antecedentes penales y que uno había recuperado la libertad hacía apenas seis meses.

🚨 ASÍ LA POLICÍA DETENÍA AL LADRÓN Y RESCATABA A LA REHÉN EN ZÁRATE; EL OTRO ASALTANTE FUE BALEADO https://t.co/Kl0z4yGl4M

El intendente Marcelo Matzkin respaldó el accionar de la Policía bonaerense y destacó la rapidez con la que llegaron los efectivos tras el llamado de emergencia.

"Destaco a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por el accionar rápido y responsable para desbaratar a dos ladrones que pusieron en vilo al centro de Zárate luego de intentar robar un local de venta de celulares", expresó en sus redes sociales.

El jefe comunal sostuvo que los móviles desplegados en el centro arribaron inmediatamente y que los efectivos pudieron abrir fuego en respuesta a los disparos una vez que comprobaron que no había peligro para terceros.

Destaco a la policía de la Pcia de Bs as por el accionar rápido y responsable para desbaratar a dos ladrones que pusieron en vilo al centro de Zárate luego intentar robar un local de venta de celulares. Ante la llamada al 911 móviles dispuestos en el centro de la ciudad arribaron inmediatamente para una vez que no había peligro para 3ros poder abrir fuego en respuesta y detener ambos ladrones que no eran de Zárate. Ambos ya están a disposición de la justicia. Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal

También remarcó que los dos detenidos no eran de la ciudad y que quedaron a disposición de la Justicia. La causa contempla, en principio, los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad.

"Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal", concluyó Matzkin.

Mientras tanto, personal de la Policía Científica realizó pericias en el comercio y sus alrededores. Los investigadores también buscan determinar si alguno de los detenidos estuvo vinculado con otro robo a un local de venta de celulares ocurrido tres días antes.

Una familia venezolana fue encontrada muerta este viernes en una vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo. Las víctimas eran una pareja y sus tres hijos, de 10, 12 y 14 años. La principal hipótesis de los investigadores es que el padre asesinó a su familia y luego se quitó la vida.

El hombre fue identificado como Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años. Su pareja era Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41. Los cuerpos fueron hallados en una habitación de la casa ubicada sobre la calle Mercedes al 2400.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la actividad del hombre en redes sociales. En su perfil de Facebook compartía fotografías de armas de fuego y de prácticas de tiro. Incluso había publicado imágenes de una pistola Sarsilmaz SAR 9, calibre 9 milímetros, el mismo modelo que fue encontrado junto a su cuerpo.

El 6 de octubre, después de que un conocido elogiara su puntería en una publicación, Soihit Meza respondió: "Hay que practicar y siempre estar preparado".

Según fuentes de la investigación citadas por medios nacionales, el hombre había trabajado como vigilador privado y tenía experiencia en el manejo de armas. También concurría a polígonos de tiro y habría tenido intenciones de iniciar un emprendimiento relacionado con la comercialización legal de armamento. Los investigadores buscaban determinar si tenía la documentación correspondiente.

El caso salió a la luz después de que compañeros de trabajo de Evelyn advirtieran que no se había presentado a cumplir sus tareas y que tampoco respondía los llamados. La mujer trabajaba de manera remota como analista de sistemas.

Ante la falta de noticias, dieron aviso y personal policial se acercó a la propiedad. Allí encontraron los cinco cuerpos. Los vecinos, por su parte, habían referido que durante la mañana del jueves escucharon varias detonaciones.

Los primeros exámenes forenses indicaron que la mujer y los tres chicos presentaban dos heridas de bala en la cabeza cada uno, mientras que el hombre tenía un disparo en la sien izquierda.

Los investigadores creen que el ataque ocurrió mientras la familia descansaba en una habitación pequeña. La computadora portátil de la mujer estaba encendida sobre una de las camas.

Otra de las líneas de investigación apunta a que la pareja atravesaba una crisis y que Evelyn le habría comunicado recientemente a su marido su intención de separarse.

La familia era de nacionalidad venezolana y había llegado a la Argentina hacía más de una década. Antes de instalarse en Mariano Acosta, había vivido en Marcos Paz.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Las autopsias y las pericias sobre el arma secuestrada serán fundamentales para reconstruir la secuencia de las muertes.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires confirmó que son seis las personas detenidas en la causa: la madre de la adolescente y cinco hombres que vivían en el mismo barrio. La nueva información amplía los primeros datos difundidos sobre el caso, cuando se había reportado el arresto de cuatro hombres y la mujer.

La investigación se inició el 28 de abril a partir de una denuncia del Servicio Local de Moreno. Sus agentes habían intervenido por situaciones de violencia física y vulneración de derechos contra la adolescente, en una vivienda del barrio San Alberto, en la localidad de Cuartel V.

En ese contexto, la joven reveló que su madre no solo la golpeaba y la obligaba a comprar drogas, sino que también la prostituía desde los 11 años a cambio de dinero.

A partir de su testimonio, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Moreno, especializada en delitos conexos a la trata de personas y pornografía infantil, avanzó con tareas de campo, declaraciones testimoniales y trabajos encubiertos para identificar a los sospechosos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó seis allanamientos y las correspondientes capturas. Los procedimientos se concretaron el 27 de octubre y terminaron con seis detenidos.

La fiscalía imputó a la madre por explotación de la prostitución agravada por el vínculo y corrupción de menores agravada. En tanto, los cinco hombres fueron acusados de abuso sexual agravado con acceso carnal.

Desde el Ministerio Público informaron que se dispuso la asistencia y contención integral de la víctima a través del Centro de Asistencia a la Víctima del departamento judicial.

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a un recurso de la Fiscalía de Estado contra la decisión que había confirmado la prohibición de alojar nuevas personas en la Unidad Penitenciaria N.º 38 de Sierra Chica hasta adecuar su población al cupo establecido judicialmente.

En su resolución del 20 de octubre, la Sala I dispuso dejar sin efecto el pronunciamiento cuestionado y devolver las actuaciones a la instancia de origen para que dicte una nueva resolución, con intervención de todos los interesados y una evaluación integral, actualizada y contradictoria de la situación del sistema penitenciario provincial.

La controversia se originó en una decisión del Juzgado de Ejecución Penal N.º 2 de Azul, que había ordenado al subsecretario de Política Penitenciaria provincial y al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense adecuar la cantidad de personas alojadas en la unidad al cupo fijado judicialmente y abstenerse de recibir nuevos ingresos.

La medida contemplaba una excepción para las personas detenidas oriundas de ciudades del Departamento Judicial de Azul y a disposición de magistrados de esa jurisdicción. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la disposición el 13 de marzo de 2026.

Al analizar el planteo, Casación consideró acreditada la existencia de una problemática estructural de sobrepoblación, ya que las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense se encontraban ocupadas por encima de su capacidad técnica.

En ese contexto, advirtió que las restricciones de ingreso dispuestas de manera aislada podían trasladar el excedente de población hacia otros establecimientos igualmente saturados. Esto, según el Tribunal, podía agravar las condiciones materiales de detención y los riesgos para la integridad física de las personas privadas de libertad.

El fallo retomó los lineamientos del precedente “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y destacó la necesidad de abordar la crisis penitenciaria desde una perspectiva integral. Señaló que las decisiones judiciales sobre establecimientos particulares no pueden desentenderse de sus efectos sobre el conjunto del sistema, ya que una medida destinada a proteger a las personas alojadas en una unidad puede perjudicar a quienes son derivadas a otras que tampoco cuentan con plazas suficientes.

En esa línea, sostuvo que las prohibiciones de ingreso y otras medidas cautelares de alcance local requieren una evaluación ponderada de su impacto sobre el sistema penitenciario. Para ello, deben contemplarse datos actualizados sobre la situación de los establecimientos, las consecuencias de las derivaciones y la participación de los organismos y actores involucrados.

Además, el Tribunal destacó la posibilidad de recurrir a la Autoridad de Aplicación y Ejecución de Sentencia vinculada con el fallo “Verbitsky” para obtener información relevante sobre el contexto general.

Finalmente, Casación concluyó que la instancia de origen debía renovar los actos procesales necesarios y dictar un nuevo pronunciamiento con la participación de todos los interesados y sobre la base de una visión integral de la situación penitenciaria.

La resolución no levantó la prohibición de ingreso ni resolvió definitivamente la controversia. Dispuso que la medida vuelva a ser analizada con información actualizada y teniendo en cuenta el impacto que cualquier restricción puede generar en el conjunto de las cárceles bonaerenses.