Un hombre de 39 años perdió el control de la camioneta que conducía durante la madrugada y terminó impactando contra una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Coulin, en Bahía Blanca.

El hecho ocurrió minutos después de las 3 y fue protagonizado por una RAM Rampage conducida por Damián Omar Ilgner, quien no sufrió heridas como consecuencia del fuerte impacto.

Por motivos que son materia de investigación, el vehículo se descontroló y salió de su trayectoria hasta chocar contra la propiedad de un jubilado, que sufrió importantes daños según informó el medio local La Nueva.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de efectivos de la Policía Local, inspectores de Tránsito municipales y personal de la guardia de Defensa Civil.

De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor se encontraba alcoholizado al momento del accidente.

El primer test de alcoholemia realizado tras el choque arrojó 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que una segunda prueba registró 1,57 gramos.

A raíz del resultado positivo, las autoridades procedieron al secuestro de la camioneta y labraron la correspondiente infracción.

La actuación quedó a disposición del Tribunal de Faltas local, que deberá intervenir por la alcoholemia positiva.

La historia comenzó entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda de Chivilcoy y se llevaron una motocicleta VOGE 800 cero kilómetro, valuada en más de 20 millones de pesos.

El vehículo había sido comprado apenas una semana antes, después de un importante esfuerzo económico de la familia. Según relató Gerardo Garófalo, padre de la joven damnificada, los delincuentes cortaron el alambre de un terreno lindero, ingresaron a la cochera ubicada en Bolívar al 1700 y escaparon con la moto.

Pero el robo no terminó ahí. Después de la sustracción, la joven comenzó a recibir llamadas y amenazas extorsivas, lo que aumentó la preocupación de sus familiares.

Frente a esa situación, Garófalo decidió comenzar a buscar el vehículo por sus propios medios. A través de contactos y mensajes, fue reuniendo información sobre el recorrido de la moto hasta llegar, según su relato, al lugar donde se encontraba.

“La fui a buscar a la casa del ladrón”, contó el hombre en declaraciones publicadas en el medio local La Razón de Chivilcoy. Según explicó, mientras su yerno realizaba la denuncia policial, la familia ya había logrado ubicar el domicilio y decidió ir hasta allí para recuperar el vehículo.

“Me le metí en la casa para poder recuperarla; actuamos antes que la policía”, aseguró Garófalo, quien cuestionó que luego el procedimiento oficial presentara la recuperación de la moto como resultado de la intervención policial.

“Mientras mi yerno estaba haciendo la denuncia, nosotros ya habíamos ubicado la casa y la moto. Adjudiquémosle el hecho a la Policía para que se pongan contentos, pero el trabajo de inteligencia lo hice yo”, sostuvo.

El episodio llevó al vecino a cuestionar públicamente la situación de seguridad en la ciudad y el funcionamiento de las fuerzas locales.

“Chivilcoy está dejando mucho que desear. El tema seguridad está muy complejo y habría que hacer cambios”, afirmó Garófalo. También apuntó contra la conducción policial y cuestionó que no se hayan producido cambios en determinados cargos.

“Si uno trabaja todo el día es para conseguir un bienestar y estar seguro, y hoy no estamos seguros en Chivilcoy. Algo está fallando”, sostuvo.

La versión oficial, en tanto, fue difundida por la Secretaría de Seguridad municipal, a cargo de Néstor Dabi. Según el informe, efectivos del GTO Chivilcoy, junto con personal de la Sub DDI, aprehendieron a un adolescente de 17 años en la zona de calle 516 y Bolívar.

De acuerdo con el parte, el menor tenía en su poder la motocicleta Gilera Voge DS800X Rally que había sido sustraída horas antes del domicilio de Bolívar 1733.

La causa quedó en manos de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Mercedes, que avaló las actuaciones, ordenó la restitución del rodado a sus propietarios y dispuso que el adolescente fuera entregado nuevamente a sus padres.

Vecinos y comerciantes de Chivilcoy se concentraron este jueves en la Plaza Principal de la ciudad para reclamar mayor seguridad, presencia policial y respuestas concretas ante la preocupación por los hechos delictivos.

La movilización se desarrolló frente al Monumento a los Fundadores, en pleno centro, y reunió a una importante cantidad de personas. Según informó La Razón de Chivilcoy, la concentración se realizó de manera pacífica, sin banderas políticas y bajo una consigna común vinculada a la situación de inseguridad.

La protesta se produjo horas después de que el intendente Guillermo Britos anunciara nuevas medidas de seguridad tras una reunión mantenida en el Ministerio de Seguridad bonaerense con el ministro Javier Alonso, el subsecretario Andrés Escudero y el jefe de la Policía provincial, comisario general Villar.

Tras el encuentro, Britos aseguró que se trató de una de las reuniones más productivas de los últimos años y confirmó que Chivilcoy recibirá más de 20 efectivos policiales en lo inmediato, además del regreso de agentes oriundos de la ciudad que actualmente prestan servicio en otras dependencias.

El jefe comunal también anticipó que una parte importante de los nuevos egresados de la Escuela de Policía del Parque Martija quedará destinada a Chivilcoy. Según sus estimaciones, entre los nuevos efectivos y los próximos egresos, la ciudad podría incorporar unos 50 policías y volver a alcanzar la dotación que considera necesaria para la comisaría.

Gracias Ministro de Seguridad @JaviAlonsook y subsecretario Andrés Escudero por recibirme junto al Jefe de Policía Javier Villar y por la pronta respuesta para los vecinos de nuestro distrito, ya llegaron 17 nuevos efectivos y en los próximos días tendremos soluciones de… pic.twitter.com/t4VFrE5jue

Además, se anunció un plan para reparar y renovar patrulleros, con el envío de móviles por parte del Ministerio de Seguridad, la llegada de unidades 0 km y la asignación de un vehículo para la DDI local.

Entre las medidas comunicadas también figura el regreso de motos de biconducción para reforzar los controles y prevenir delitos, mientras que el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) permanecerá en Chivilcoy para realizar tareas de prevención exclusivamente en el distrito.

Pese a estos anuncios, durante la noche un importante grupo de vecinos y comerciantes decidió concentrarse en la Plaza Principal para expresar su preocupación y exigir que las medidas se traduzcan en mayor seguridad efectiva en las calles.

La Policía Federal allanó las direcciones de Tránsito de las municipalidades de San Martín y Ezeiza en el marco de una investigación por la presunta entrega irregular de licencias de conducir a personas que no podían acceder por vías legales o impedimentos.

Los operativos alcanzaron tanto dependencias municipales como domicilios particulares vinculados con la organización que, según la hipótesis judicial, se encargaba de facilitar los trámites.

La causa, que comenzó en 2024, está a cargo de la jueza federal María Servini y ya suma al menos 10 detenidos. Entre los arrestados hay un ciudadano peruano señalado como presunto jefe de la banda, quien fue detenido cuando ingresaba al país.

Las personas que adquirían estas licencias falsas serían conductores que no estaban en condiciones de acceder al registro de manera regular con el trámite. Entonces acudían a estos gestores y las licencias se negociaban a través de Facebook y WhatsApp.

Los gestores les proporcionaban mediante un pago de la documentación con domicilios falsos para simular residencia en alguno de los distritos involucrados. Con esa documentación, los interesados podían comenzar el trámite para obtener el registro.

Desde el municipio de San Martín negaron la existencia de una banda organizada y atribuyeron la maniobra a un grupo externo, aunque se sospecha de conexiones dentro de las dependencias de Tránsito.

Hasta el momento, más de 20 licencias emitidas en San Martín y Ezeiza fueron revocadas en el marco del expediente.

Una investigación judicial permitió reconstruir cómo funcionaba “La Agencia”, una presunta organización dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres jóvenes que operaba principalmente en Pinamar y La Plata.

Según publicó Infobae, la estructura era señalada como liderada por Luana Meza Romero, de 40 años, y su hija Julieta Santillán, de 21, quienes fueron detenidas junto con otras personas en el marco de la causa.

La investigación estuvo encabezada por el fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, con participación de la SubDDI Villa Gesell y la DDI La Plata.

De acuerdo con los testimonios de dos jóvenes que lograron escapar, Santillán tenía un rol central en la captación.

Las víctimas relataron que ejercían la prostitución y que inicialmente trabajaban junto a Santillán. La joven se ganaba su confianza y posteriormente les ofrecía incorporarse a “La Agencia”.

La propuesta inicial era presentada como una oportunidad para conseguir clientes y obtener mayores ingresos.

Las jóvenes comenzaron a trabajar en distintos departamentos de Pinamar. Santillán se ocupaba de conseguir los clientes y ellas mantenían los encuentros.

Según los testimonios, durante los primeros meses podían quedarse con el dinero que obtenían. El esquema, sin embargo, habría cambiado con el tiempo.

Perfiles en una página pornográfica

Mientras Santillán se encargaba principalmente de la captación, Meza Romero habría tenido bajo su control los perfiles de las jóvenes en “Gemidos TV”, un sitio utilizado para promocionar los servicios y establecer contactos con clientes.

Las víctimas eran identificadas mediante pseudónimos y sus fotografías eran publicadas en los perfiles.

Otro de los mecanismos denunciados fue el manejo de los pagos.

Los clientes podían pagar en efectivo, en dólares o mediante transferencias, pero el dinero no quedaba necesariamente en manos de las jóvenes.

Según los testimonios incorporados a la causa, con el paso del tiempo Santillán habría comenzado a quedarse con la totalidad o parte de lo recaudado y justificaba esos descuentos en supuestos gastos de mantenimiento de “La Agencia” y de la página web.

A las víctimas también les habrían impuesto diferentes montos por el alojamiento.

Una de ellas declaró que debía pagar $1.500.000, mientras que otra relató que le exigían una cuota de $60.000 por el lugar donde permanecía alojada.

El sistema habría pasado así de una oferta de trabajo a un esquema de endeudamiento y control económico.

Según las denuncias, el control no se limitaba al dinero.

Las acusadas les retenían los DNI y los teléfonos celulares, dificultando que las jóvenes pudieran comunicarse con sus familiares o abandonar los lugares donde se encontraban. Además, recibían amenazas para evitar que contaran lo que ocurría. Una de las frases denunciadas fue: “Una vez que entrás, no podés salir”.

También habrían recibido advertencias relacionadas con sus familias, entre ellas que, si hablaban con la Policía o intentaban denunciar, sus familiares podían sufrir represalias.

“Si decís algo, va a arder Troya”, fue otra de las expresiones que las víctimas atribuyeron a las acusadas.

En algunos episodios, según los testimonios, también intervenían hombres para intimidarlas.

Cuando alguna de las jóvenes manifestaba su intención de regresar a su casa, la organización habría utilizado otro mecanismo: trasladarlas desde Pinamar hacia La Plata.

Según los relatos, el traslado era presentado como una oportunidad para conseguir más dinero rápidamente.

Pero, de acuerdo con las denuncias, una vez instaladas en los departamentos de La Plata, las jóvenes eran obligadas a trabajar para saldar supuestas deudas, permanecían encerradas y sufrían malos tratos.

La investigación sostiene que las víctimas no necesariamente tenían contacto entre sí, aunque algunas sabían que existían otras jóvenes sometidas a una situación similar.

Una de las víctimas consiguió escapar el año pasado y realizó una denuncia después de afirmar que Meza Romero había roto los vidrios de su vivienda.

La joven se mudó junto a su pareja por temor, pero tiempo después fue nuevamente contactada por Meza Romero.

La mujer le habría prometido que las condiciones de trabajo habían cambiado y que esta vez sería diferente.

La víctima aceptó regresar.

Después, ante la Justicia, describió esa decisión como “la peor decisión que tomé en mi vida”.

El dato que permitió descubrir la estructura

La organización quedó expuesta el 5 de agosto, cuando una joven de 20 años llegó a la DDI La Plata acompañada por Santillán.

La familia de la chica había realizado una denuncia por averiguación de paradero porque no tenía noticias de ella.

Un efectivo sospechó que podía encontrarse bajo algún tipo de coerción y decidió separarla de Santillán.

Durante una entrevista con el fiscal Mercuri, la joven contó que estaba retenida y era obligada a trabajar para la organización.

“Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”, declaró, según reconstruyó Infobae.

Ese testimonio derivó en la detención de Santillán.

Pero la investigación dio inmediatamente otro giro.

Meza Romero envió a otra joven a la dependencia policial para averiguar qué había ocurrido. Durante la entrevista, los investigadores descubrieron que ella también sería víctima de la organización.

“Yo tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas, les tengo miedo”, manifestó ante el fiscal.

Con los testimonios y demás elementos reunidos, la Justicia ordenó allanamientos en Pinamar y La Plata.

Los investigadores secuestraron teléfonos celulares, documentación de las víctimas, ropa, preservativos, juguetes sexuales y dinero.

Entre los elementos incautados había $3.397.500 en efectivo y USD 1.100, además de documentación que pertenecería a las jóvenes.

La investigación continúa para determinar cuántas personas integraban la estructura, cuántas mujeres fueron víctimas y cuál era el verdadero alcance de la organización.

Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la causa será remitida a la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas.

El gobernador Axel Kicillof salió al cruce de la información publicada por Clarín sobre la detención de Albertina Mangini, la empleada judicial investigada por su presunta participación en una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables para mover y lavar dinero.

A través de sus redes sociales, Kicillof cuestionó al diario y al periodista Daniel Santoro por haber presentado a Mangini como una “funcionaria de Kicillof”.

“En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una ‘funcionaria de Kicillof’”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, Kicillof remarcó que Mangini es empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y aseguró que “no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”.

En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”. La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no…

La aclaración apunta a diferenciar al Poder Judicial y el Ministerio Público del Poder Ejecutivo bonaerense, del que depende el Ministerio de Justicia.

El caso había generado repercusión luego de que se conociera la detención de Mangini, quien cumplía tareas en una dependencia vinculada al Patronato de Liberados. La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki y busca determinar el funcionamiento de una presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas y realizar movimientos de dinero.

Según la investigación difundida en los últimos días, el circuito bajo análisis habría movilizado alrededor de $27.000 millones, mediante operaciones realizadas a través de billeteras virtuales. Mangini quedó imputada junto con otros acusados por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

En su publicación, el gobernador también cuestionó que, pese a una primera desmentida oficial, Clarín haya mantenido el tema en su portada.

“Pese a la desmentida realizada, eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira”, afirmó Kicillof.

Y agregó: “Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”.

El gobernador cerró su mensaje con una crítica directa al medio: “Se nota mucho, Clarín”.

De esta manera, el caso que involucra a Mangini sumó ahora una fuerte disputa política en torno a su pertenencia institucional. Mientras la investigación judicial avanza para determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados, Kicillof buscó dejar en claro que la mujer detenida no es funcionaria del Poder Ejecutivo bonaerense ni tuvo vínculo laboral con el Ministerio de Justicia.

Una familia de Alejandro Korn, partido de San Vicente, sufrió una tragedia durante sus vacaciones en Jujuy. La camioneta en la que viajaban cayó más de 80 metros por un barranco en la Cuesta del Lipán: una mujer murió y su hija, de 33 años, se encuentra internada en estado gravísimo.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde, en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, cuando los cinco integrantes de la familia recorrían la zona a bordo de una Toyota SW4 que habían alquilado.

Las víctimas fueron identificadas como Narciso González, de 60 años; Silvia Rosana Amaro, de 58; Favio Hernán González, de 31; Lorena Paola González, de 33; y Augusto Coda, de 34, pareja de Lorena.

De acuerdo con la información publicada por Clarín, la camioneta se despistó en uno de los sectores de curvas y terminó cayendo por la ladera. Silvia Rosana Amaro salió despedida del vehículo y murió en el acto.

Su hija Lorena fue trasladada junto al resto de los ocupantes al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Según fuentes citadas por el medio nacional, la joven se encuentra en estado crítico y tendría muerte cerebral.

El resto de los integrantes de la familia también sufrió heridas producto del fuerte impacto y permanece bajo atención médica.

La familia había llegado al norte del país pocos días antes del accidente. El objetivo era recorrer distintos atractivos turísticos de Salta y Jujuy, entre ellos la Cuesta del Lipán y las Salinas Grandes.

La zona donde ocurrió el accidente es uno de los principales corredores turísticos de Jujuy. La ruta asciende desde la Quebrada de Humahuaca hacia la Puna y alcanza los 4.170 metros sobre el nivel del mar en el Abra de Potrerillos.

Según trascendió, al momento del accidente conducía Favio González, quien no recuerda cómo ocurrió el despiste. “Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído”, relataron familiares.

El rescate estuvo a cargo de bomberos y equipos médicos, que trabajaron para retirar a los cinco ocupantes del vehículo y trasladarlos al hospital de la capital jujeña.

Los integrantes de la familia son oriundos de Alejandro Korn, donde Narciso y su hijo Favio tienen una casa de repuestos.

Lorena y Augusto, en tanto, trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y vivían en Villa del Parque.

La familia compartía además su afición por los viajes y había publicado fotografías de distintos recorridos realizados por el país.

La tragedia ocurrió apenas 20 días después de otro accidente en la misma zona de la Cuesta del Lipán, cuando una familia de Ezeiza cayó con su vehículo por un barranco de unos 50 metros. En aquel hecho murió un niño de 11 años.

Albertina Mangini es abogada y funcionaria judicial bonaerense. Su nombre quedó en el centro de una investigación por una presunta asociación ilícita que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas digitales y canalizar dinero proveniente, según la hipótesis de la fiscalía, del juego clandestino.

Mangini cumplía funciones en una oficina de enlace que funcionaba dentro del Patronato de Liberados, aunque la Provincia aclaró que no pertenece al Ministerio de Justicia bonaerense. Según explicó el Gobierno, se trata de una empleada judicial que desarrollaba tareas en una dependencia vinculada al Ministerio Público Fiscal y que, por ese esquema, tenía acceso a información de personas bajo supervisión judicial.

Ese acceso es uno de los puntos centrales de la investigación. La hipótesis de la fiscal platense Betina Lacki sostiene que Mangini habría aprovechado su posición para identificar y contactar a personas en situación de vulnerabilidad económica.

Según el pedido de detención al que accedió El Editor Platense, entre fines de 2023 y al menos agosto de 2024, la funcionaria habría ofrecido $80.000 a distintas personas a cambio de entregar sus datos personales, fotografiarse y permitir un particular procedimiento de identificación conocido como “escaneo del ojo”.

Los encuentros se habrían realizado en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en La Plata. Allí, de acuerdo con la investigación, se tomaban fotografías de los rostros y documentos y se obtenían datos biométricos.

Con esa información se habrían abierto cuentas a nombre de terceros en billeteras virtuales, que luego eran utilizadas para recibir y transferir fondos.

Las personas captadas quedaban convertidas, según la terminología utilizada por los investigadores, en “mulas financieras”.

Uno de los casos reconstruidos por la pesquisa registró movimientos por más de $172 millones en una cuenta abierta con los datos de una de las personas captadas.

De acuerdo a lo que publicó el diario platense El Día, la investigación apunta a una estructura mucho mayor. La fiscalía sostiene que las cuentas abiertas con identidades de terceros eran utilizadas para recibir, fragmentar y transferir dinero, en una operatoria conocida como “smurfing” o “pitufeo”.

El objetivo de esa modalidad es dividir grandes sumas en múltiples movimientos para dificultar el seguimiento del dinero y evitar que los sistemas de control detecten operaciones sospechosas.

Según los informes incorporados al expediente, el circuito investigado habría movilizado alrededor de $27.000 millones.

La hipótesis fiscal sostiene además que parte de esos fondos terminaba vinculada con un casino online clandestino, donde el dinero podía ser presentado como créditos o ganancias de juego para intentar darle una apariencia de legalidad.

Mangini no es la única detenida en la causa. También fueron arrestados Mauro Perrotta, en Mar del Plata, e Ignacio Leonel Marchioni, en Quilmes.

Este último aparece además vinculado a la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera relacionada con la AFA que es investigada por presunto lavado de activos. Según la pesquisa, Marchioni habría cumplido un papel en el tramo financiero de la estructura.

La causa platense también tiene bajo investigación a otras personas y busca determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos.

La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, y tramita ante el juez de Garantías N° 6, Agustín Carlos Crispo.

Mangini quedó imputada por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Además, este miércoles se conoció que la Cámara Penal de La Plata rechazó un hábeas corpus presentado por la funcionaria, por lo que su detención continúa vigente.

La Justicia deberá ahora avanzar con el análisis de los dispositivos, cuentas y documentación secuestrados durante los allanamientos para establecer el alcance de la maniobra y el grado de participación que tuvo cada uno de los acusados.

Mientras tanto, el caso coloca bajo la lupa el supuesto aprovechamiento de información obtenida a través del sistema judicial bonaerense para captar personas vulnerables y convertir sus identidades en una pieza de un circuito financiero millonario.

Familiares, amigos y allegados de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata, realizaron una nueva movilización en Punta Cantera, al sur de la ciudad, para reclamar justicia y avances en la investigación.

El lugar fue escenario del hallazgo del cuerpo de Mailén el pasado 2 de agosto. A más de dos semanas del femicidio, la Justicia aguarda los resultados de distintos peritajes que podrían aportar información clave para esclarecer el crimen.

“Vinimos a reclamar justicia”, expresó Walter, hermano de Mailén, en diálogo con el medio local Qué Digital, y volvió a insistir con una de las hipótesis que sostiene la familia.

“Alguien la habrá traído, tiene que haber un tercero”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de que otra persona haya participado del crimen.

Tras el levantamiento del secreto de sumario, la Justicia continúa con los peritajes sobre redes sociales, teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante la investigación.

También se aguardan los resultados completos de los análisis de ADN, previstos para fines de agosto, que podrían aportar datos sobre la mecánica del femicidio y la eventual participación de otras personas.

Por el momento, José Luis Aquino, de 27 años, y Agustín Díaz, de 26, continúan detenidos e imputados por el crimen. Ambos fueron aprehendidos el mismo 2 de agosto, luego de intentar escapar del lugar.

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La familia de Mailén mantiene contacto con el fiscal Carlos Russo y reclama celeridad en la investigación para esclarecer el femicidio.

Mailén tenía 24 años y era madre de dos niñas, que quedaron al cuidado de sus familiares tras su asesinato. “La más grande, que tiene seis años, ya pide por su mamá”, contó Walter.

La fiscal de La Plata Betina Lacki ordenó detener a Albertina Mangini, una funcionaria judicial bonaerense acusada de captar personas vulnerables con el fin de utilizar sus datos biométricos sin su consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales para lavar dinero que provendría del juego clandestino en la Provincia.

Junto a ella fueron arrestados también Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

La organización descubierta utilizaba como “mulas” financieras virtuales a personas en situación de vulnerabilidad, lo cual tiene un punto de contacto con otra causa que viene siguiendo de cerca la Justicia federal: El expediente sobre Sur Finanzas, vinculada a la AFA.

Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW.

La vandalización y el robo de transformadores volvieron a generar preocupación en el partido de Cañuelas, tanto por los cortes de luz que afectan a los vecinos como por el impacto ambiental que provoca el derrame del aceite contenido en los equipos.

El último episodio ocurrió el jueves 13 de agosto, en el kilómetro 71 de la Ruta 205, a la altura del barrio Campo Chico, cerca del restaurante Don Cipriano.

Según relató un vecino a InfoCañuelas, se trata de la tercera vez en dos años que delincuentes roban el mismo transformador. Tras el hecho, el equipo quedó tirado en el lugar, con aceite derramándose y cables colgando, mientras los vecinos reclamaban la intervención de la empresa distribuidora.

“No es la primera vez que lo roban, es la tercera ocasión en dos años”, expresó Héctor Foresi, quien además cuestionó la demora en la respuesta de Edesur y aseguró que durante el fin de semana largo no se acercó personal al lugar.

El derrame del aceite también generó consecuencias sobre el terreno, donde se observa pasto quemado por efecto del líquido.

De acuerdo con el testimonio del vecino, recientemente también se registraron hechos similares en las inmediaciones del restaurante y en el denominado “barrio de Grabois”, ubicado al otro lado de la ruta.

El robo de estos equipos suele estar vinculado con la búsqueda de metales para su posterior comercialización en el mercado ilegal, aunque las consecuencias terminan afectando directamente a los usuarios del servicio eléctrico.

El problema no se limita a la Ruta 205. Durante la madrugada del 6 de agosto, otro transformador fue robado en el acceso a Uribelarrea, dejando sin suministro a varias familias.

El hecho ocurrió en inmediaciones del loteo Los Fresnos y fue confirmado por la Cooperativa Carboni, que informó que el equipo fue arrancado aproximadamente a las 2 de la madrugada.

A diferencia de lo ocurrido en la Ruta 205, desde la cooperativa indicaron que ese mismo día comenzaron las tareas para reemplazar el transformador, con el objetivo de restablecer el servicio a los vecinos afectados.

Los reiterados episodios vuelven a poner en el centro de la escena la vulnerabilidad de los transformadores ubicados en zonas alejadas y el impacto que tienen estos robos sobre el suministro eléctrico y el ambiente.

Una mujer de 32 años detenida en Bahía Blanca, acusada de promover y facilitar la prostitución de su propia hija, declaró ante la Justicia y negó de manera categórica las acusaciones. Durante su indagatoria, sostuvo que la denuncia forma parte de un conflicto familiar de larga data y aseguró que nunca tuvo participación en los hechos investigados.

La causa está a cargo de la UFIJ N°14 y se inició a partir de la presentación realizada por la joven, quien actualmente tiene 18 años y habría denunciado situaciones que, según la hipótesis de la Fiscalía, comenzaron cuando todavía era menor de edad.

“No tengo nada que ver con esto”, afirmó la acusada ante el fiscal Marcelo Romero Jardín, al desligarse de los hechos que se le atribuyen en declaraciones reproducidas por el medio local LaBrujula24.

Según surge de su declaración, la mujer sostuvo que el teléfono que aparece relacionado con la investigación había sido entregado a su hija aproximadamente un mes y medio antes y que era la joven quien lo utilizaba y administraba.

También negó haberla golpeado y aseguró que durante una de las jornadas señaladas en la denuncia ella ni siquiera había visto a su hija. Como parte de su explicación, mencionó que en la vivienda se encontraba una trabajadora social del programa Envión.

La detenida describió además una relación conflictiva con la joven y sostuvo que su hija mantenía vínculos sentimentales que ella consideraba perjudiciales.

“Me odia porque siempre le corto los novios”, declaró, al explicar lo que, según su versión, habría motivado el enfrentamiento entre ambas.

En ese sentido, relató que en una oportunidad la joven permaneció alrededor de seis meses en Bariloche junto a un hombre al que, según afirmó, intentó alejar porque presuntamente la golpeaba.

“Ella me pidió que no llevara este tema más lejos, que dejara de hacer quilombo. Yo solamente quería saber que estuviera bien”, sostuvo.

Otro de los elementos que la Fiscalía le exhibió durante la indagatoria fue una imagen extraída de un sitio web en el que presuntamente se ofrecían encuentros sexuales.

La mujer negó que la persona que aparecía en la fotografía fuera su hija y explicó que podía identificarla por una cicatriz que tiene desde pequeña, producto de un accidente que requirió una intervención quirúrgica.

También mencionó a otros hombres vinculados, según su relato, con la vida de la joven y aseguró que en diferentes oportunidades había intentado intervenir para evitar que mantuviera determinadas relaciones.

La acusada insistió en que su hija realizaba encuentros “por su cuenta” y llegó a expresar que quería que se dedicara a vender productos a través de Marketplace.

La investigación comenzó aproximadamente un mes atrás, luego de la denuncia presentada por la joven ante la Comisaría de la Mujer.

De acuerdo con lo informado por La Brújula 24, en las últimas semanas se realizó un allanamiento en la vivienda que compartían ambas. Durante el procedimiento fueron secuestrados siete teléfonos celulares, que posteriormente fueron sometidos a peritajes.

Los investigadores encontraron en esos dispositivos mensajes que serían compatibles con el relato realizado por la denunciante. A partir de esos elementos, la Fiscalía solicitó la detención de la mujer.

La imputación contempla inicialmente tres hechos relacionados con una misma dinámica. Según la hipótesis fiscal, los servicios sexuales eran ofrecidos mediante el sitio Skokka.com, mientras que la joven habría sido obligada a entregar el dinero obtenido y habría recibido amenazas de castigos físicos si se negaba.

La Justicia dispuso además pericias psiquiátricas tanto para la detenida como para la denunciante.

En paralelo, los investigadores buscan determinar si la situación denunciada podría haber afectado a otras personas del entorno familiar. La joven tiene hermanos y, por ese motivo, la Fiscalía intenta establecer si existen otros posibles casos que deban ser investigados.

“Me entregué en la DDI porque no tengo nada que ocultar”, sostuvo la mujer durante su declaración.

Ahora, la Fiscalía deberá confrontar su versión con los mensajes recuperados de los teléfonos, los testimonios, las pericias y el resto de la evidencia incorporada al expediente para definir los próximos pasos procesales.

La mujer continúa detenida mientras avanza una investigación que, por involucrar a una presunta víctima dentro del ámbito familiar, mantiene bajo reserva su identidad y otros datos que puedan permitir identificarla.

Villa La Palangana, en Mar del Plata, quedó en el centro de una serie de episodios de extrema violencia que fueron registrados en videos y difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran a un numeroso grupo de personas atacando vehículos, arrojando piedras y botellas y protagonizando presuntos robos de autos, motos y bicicletas.

La publicación fue realizada por la cuenta de Facebook Robos mdp, que aseguró que los incidentes se extendieron durante varias horas y que los vecinos realizaron llamados a la Policía ante la situación.

En varios de los videos difundidos también se observa el paso de móviles policiales por el sector. Según lo que muestran las imágenes, los patrulleros circulan por la zona mientras continúan los incidentes y posteriormente se alejan del lugar sin que se observe una intervención directa.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante la noche, cuando un vehículo terminó incendiado dentro de Villa La Palangana y provocó una fuerte explosión que sorprendió a vecinos de distintos sectores de Mar del Plata.

De acuerdo con la información publicada por Robos MDP, el automóvil había sido robado en Juan B. Justo y Grecia. Durante la fuga, el vehículo habría sufrido un desperfecto y unas 20 personas lo habrían empujado hasta el interior del barrio, donde posteriormente fue prendido fuego.

El incendio se sumó a las imágenes que ya circulaban sobre los hechos registrados durante las horas previas, en una situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Desde la cuenta que difundió los videos remarcaron que los vecinos venían advirtiendo sobre una situación que, según denunciaron, se encontraba “desbordada”.

Por el momento, la información sobre los robos y ataques surge principalmente de los videos y de los testimonios difundidos por vecinos en redes sociales, por lo que se aguardan mayores precisiones oficiales sobre los hechos, la intervención policial y el incendio del vehículo.

La violencia volvió a sacudir a Florencio Varela luego del asesinato de dos jóvenes que fueron baleados desde un automóvil mientras se encontraban en la vereda junto a un amigo, quien permanece internado.

Las víctimas fueron identificadas como Ariel Macchi y Franco Herrera. La investigación busca determinar las circunstancias del ataque y si los agresores tenían como objetivo un presunto punto de venta de drogas ubicado en la misma cuadra.

El episodio derivó posteriormente en una pueblada que terminó con una vivienda incendiada y una mujer fallecida, además de nuevos hechos de violencia registrados durante el operativo.

Frente a la situación, el intendente Andrés Watson difundió un mensaje dirigido a los vecinos y aseguró que el Municipio realizará un seguimiento de la investigación.

Watson reconoció el clima de “profundo dolor y bronca” que atraviesa al distrito y sostuvo que su responsabilidad como jefe comunal es trabajar para garantizar la seguridad de los habitantes.

“Como Intendente, no voy a permitir que esto sea una estadística”, afirmó.

El jefe comunal aseguró que ya tomó contacto con autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de la provincia para reclamar que el caso avance con rapidez.

“Espero, en lo más profundo de mi ser, que la Justicia esté a la altura y que junto a la Policía lleguen a la verdad”, expresó.

En ese sentido, anunció que desde el Municipio realizarán un seguimiento activo de la causa y que continuarán reclamando hasta que los responsables sean identificados y condenados.

En uno de los tramos más fuertes de su mensaje, el intendente también dirigió un reclamo al Gobierno nacional por el ingreso de drogas al país.

“También le exijo al gobierno federal que asuma la responsabilidad que le compete: el control de nuestras fronteras es una obligación indelegable del Estado Nacional”, sostuvo.

Watson planteó que las fronteras no pueden convertirse en un punto de ingreso de sustancias que luego terminan afectando a los barrios.

“Cuidar la frontera no es un favor, es una obligación”, afirmó.

El intendente también se refirió a los episodios de violencia registrados posteriormente, entre ellos el ataque contra bomberos voluntarios de Florencio Varela y trabajadores de la Guardia Comunal mientras cumplían tareas en el lugar.

Watson reconoció el enojo y la indignación de los vecinos frente a los hechos, aunque pidió evitar nuevas situaciones de violencia.

“Entiendo el enojo y la indignación que producen sucesos de estas características, pero la violencia solo suma tristeza y le hace un favor a quienes se benefician del caos”, señaló.

Según indicó, el Municipio reforzó los operativos de seguridad y dispuso acompañamiento directo para las familias afectadas por la tragedia.

En el cierre de su mensaje, Watson aseguró que continuará trabajando para recuperar la tranquilidad en el distrito.

“Cada vecino y vecina tiene derecho a vivir en paz, seguro y sin miedo”, sostuvo.

El intendente afirmó además que no dejará de trabajar hasta que la comunidad vuelva a recuperar la tranquilidad, mientras la Justicia intenta esclarecer el doble crimen, el posterior incendio de una vivienda y la muerte de una mujer ocurrida durante la jornada de violencia.

El doble crimen que sacudió a Florencio Varela sumó una nueva hipótesis y, durante el fin de semana, derivó en una violenta protesta vecinal que terminó con una vivienda incendiada y una nueva muerte.

Todo comenzó el jueves por la noche, cuando tres jóvenes que estaban en la vereda fueron atacados a tiros desde un Volkswagen Suran gris en el barrio El Alpino. Franco Herrera, de 23 años, y Ariel Macchi, de 28, murieron. Sebastián Ortiz, de 25, permanece internado en estado crítico.

Ahora, la principal hipótesis que circula entre los vecinos es que los tres jóvenes no eran el blanco del ataque y que los agresores buscaban otra vivienda de la misma cuadra, señalada como un presunto punto de venta de drogas. La sospecha es que se habrían equivocado de dirección.

El dato fue recogido por el medio local Infosur a partir de testimonios de vecinos y todavía no fue confirmado oficialmente por la Justicia.

El hecho ocurrió el jueves 13 de agosto, alrededor de las 22.23, en la calle 1325, entre 1344 y 1348.

Franco, Ariel y Sebastián se encontraban juntos cuando un automóvil pasó frente a ellos y uno de sus ocupantes comenzó a disparar. Los tres recibieron múltiples impactos y el vehículo escapó del lugar.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. De acuerdo con la información difundida por Clarín, ya hay detenidos y personas con órdenes de captura, mientras los investigadores realizan medidas que permanecen bajo reserva.

Ariel Macchi murió en el lugar, mientras que Franco y Sebastián fueron trasladados a un hospital. Herrera, que había recibido heridas en el abdomen y la espalda, murió horas después.

Franco tenía 23 años y se había recibido de técnico electromecánico en 2024. Su familia lo despidió en las redes sociales y reclamó que el crimen sea esclarecido.

Ariel tenía 28 años, era padre de dos hijos y trabajaba en un centro de distribución de una empresa de logística. En sus redes sociales compartía fotografías junto a sus hijos y su pasión por River.

Sebastián Ortiz, en tanto, continúa internado en estado crítico luego de ser operado por las heridas sufridas en el abdomen y la espalda.

La causa está a cargo de la fiscal Vanesa Maiola, titular de la UFIJ N° 6 Descentralizada de Florencio Varela.

Los vecinos sostienen que ninguno de los tres jóvenes tendría relación con la venta de drogas y que el ataque habría estado dirigido contra otra vivienda ubicada en la misma cuadra.

Esa propiedad es señalada por habitantes de la zona como un presunto punto de venta de drogas. La hipótesis es que los agresores habrían confundido la dirección y terminaron atacando a los tres amigos.

Por ahora, se trata de una versión que no fue confirmada oficialmente y que deberá ser corroborada por la investigación judicial.

La indignación por el doble crimen creció durante el fin de semana y el sábado por la noche unas 250 personas se concentraron frente a una vivienda señalada por los vecinos.

La casa fue incendiada y la protesta rápidamente se volvió violenta. Cuando llegaron los efectivos, la propiedad ya presentaba muros y aberturas destruidos.

Además, dos menores de edad fueron encontrados en los techos y rescatados por la Policía, que los entregó a un familiar.

La situación también derivó en enfrentamientos con los efectivos. Los manifestantes apedrearon móviles y policías, y un teniente de la Policía Bonaerense sufrió una herida en la cabeza. Fue trasladado a un hospital y se encontraba fuera de peligro.

Ante la cantidad de personas reunidas, los efectivos tuvieron que replegarse y solicitar refuerzos para poder volver a ingresar a la zona.

Al regresar al lugar, los policías encontraron a dos personas heridas en la vereda de la vivienda incendiada.

Un hombre que sería hermano de una persona conocida como “Johny” presentaba heridas cortantes en la cabeza. Fue trasladado por el SAME y permanece internado en estado grave.

De acuerdo a lo que publicó Infosur, una mujer de 30 años, pareja del hombre, tenía una herida de arma blanca en el pecho. Fue trasladada por un vecino en un automóvil particular hasta un hospital, donde murió alrededor de las 22.00.

Las identidades de ambos se mantienen bajo reserva.

Un dato clave es que “Johny” no estaba en la vivienda al momento de los incidentes. Las dos personas heridas serían su hermano y su cuñada y, por lo tanto, no se trataría de la persona que los vecinos señalaban como presunto vinculado a la venta de drogas.

Furia en Florencio Varela: una pueblada terminó con el incendio de una vivienda tras el asesinato de dos jóvenes https://t.co/iwDivpP9xr pic.twitter.com/rL1Mo7MFn5

Por los hechos del sábado intervino nuevamente la UFIJ N° 6 de Florencio Varela, que caratuló la causa como homicidio simple y tentativa de homicidio simple.

Así, en menos de una semana, tres personas murieron en hechos violentos ocurridos en la zona: Franco Herrera y Ariel Macchi, víctimas del ataque a tiros del jueves, y la mujer que falleció luego de los incidentes del sábado.

Mientras la Justicia intenta determinar quiénes fueron los responsables del doble crimen y si efectivamente los atacantes se equivocaron de blanco, también busca esclarecer qué ocurrió durante la pueblada que terminó con otra persona fallecida y un hombre gravemente herido.

Miles de usuarios permanecen sin luz este lunes en La Plata como consecuencia del incendio registrado durante la madrugada en una instalación eléctrica de Edelap en Tolosa.

El siniestro comenzó alrededor de las 2.30 de la madrugada en la Subestación Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. El fuego fue controlado luego de un operativo en el que participaron bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de la empresa.

De manera preventiva, se evacuó a vecinos de los inmuebles cercanos a la instalación afectada. Las causas del incendio todavía se encuentran bajo investigación.

A la madrugada se incendió la central eléctrica de EDELAP en 9 y 527 y por eso La Plata amaneció el feriado con un tremendo apagón que abarca muchas zonas de la ciudad. Trabajaron 5 dotaciones de bomberos y se derrumbaron 2 torres administrativas. No hay heridos. pic.twitter.com/nYsSXmbKZi

Según el último comunicado difundido por Edelap, el servicio permanece afectado en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

El apagón también generó inconvenientes en distintos puntos de la ciudad durante las primeras horas de la mañana.

En las primeras horas del siniestro trascendió que el incendio habría provocado daños en la instalación, incluida la caída de estructuras, aunque Edelap no informó oficialmente las causas ni el alcance definitivo de los daños.

A través de una actualización difundida durante la mañana, la empresa confirmó que el incendio ya se encuentra controlado y que sus equipos continúan trabajando para recuperar el suministro.

"Edelap informó que el incendio ocurrido durante la madrugada en la Estación Tolosa ya se encuentra controlado", señaló la compañía.

La distribuidora explicó que sus equipos trabajan en la reconfiguración de la red y la reposición progresiva del servicio, con prioridad para establecimientos de salud y otros servicios esenciales.

"Seguimos trabajando de manera ininterrumpida hasta normalizar el suministro", indicó la empresa.

El incendio ocurrido durante la madrugada en la Estación Tolosa ya se encuentra controlado. El incidente afecta el servicio en sectores de La Plata, Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.Nuestros equipos están trabajando en la reconfiguración de… pic.twitter.com/zvgtWp1w6G

En su comunicado anterior, Edelap había señalado que desplegó un operativo de personal técnico y grupos electrógenos para avanzar con la restitución del servicio.

La empresa también pidió disculpas a los usuarios afectados y aseguró que continuará informando sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

El incendio se produjo en una jornada en la que Edelap también tenía previstos cortes programados por tareas de mantenimiento en distintos sectores de La Plata. Sin embargo, el apagón masivo registrado durante la madrugada está vinculado al incendio ocurrido en la Subestación Tolosa.

Un comerciante de 36 años quedó detenido en Mar del Plata luego de matar a tiros a un adolescente de 16 años que, según la primera reconstrucción de los investigadores, habría intentado abrir las puertas de su camioneta. Otro joven de 15 años resultó gravemente herido durante el episodio.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de este domingo en Champagnat y Saavedra, en el barrio Regional. El hombre se encontraba dentro de su Toyota Hilux vigilando su comercio, que había sido robado horas antes.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la Justicia, un grupo de seis adolescentes que se movilizaba en bicicletas habría intentado abrir las puertas de la camioneta. En medio de un forcejeo con uno de los ocupantes, uno de los hombres habría descendido del vehículo y efectuado al menos siete disparos contra el grupo.

Dos de los jóvenes fueron alcanzados por las balas. Sebastián Nazareno García, de 16 años, recibió varios disparos y murió en el lugar, mientras que otro adolescente, de 15, sufrió heridas de gravedad y perdió tres dedos de una mano.

El joven herido fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

Tras el llamado de un vecino que alertó sobre una persona herida, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a dos hombres dentro de la Toyota Hilux.

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros y, posteriormente, encontraron en el baúl una escopeta Taurus calibre 12/70 cargada con siete cartuchos, un arma de aire comprimido, otra pistola Taurus 9 milímetros y municiones.

En la escena, en tanto, Policía Científica secuestró vainas servidas calibre 9 milímetros que pertenecerían al arma que estaba en poder del comerciante.

La autopsia realizada este domingo determinó que García recibió tres impactos de bala: uno en el pecho y dos en los hombros. Los primeros peritajes establecieron que los tres proyectiles fueron disparados desde la misma arma de fuego.

La causa quedó en manos de la fiscal Constanza Mandagarán y fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves por el uso de arma de fuego y portación de arma atenuada”.

Según informó La Capital de Mar del Plata, el comerciante es legítimo usuario del arma, aunque tenía autorización para su tenencia pero no para portarla.

El hombre fue citado a declarar este lunes. Luego de esa audiencia, la fiscal deberá definir si solicita que permanezca detenido en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán o si recupera la libertad.

Ahora, la investigación busca determinar con precisión cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió antes de los disparos. Para eso serán claves las cámaras de seguridad de la zona, las pericias balísticas y los testimonios de posibles testigos.

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y un tercero quedó internado en estado crítico tras un ataque ocurrido el jueves por la noche en el barrio San Francisco de Florencio Varela. Dos días después, la conmoción por el doble crimen derivó en una pueblada de vecinos que terminó con una vivienda incendiada, señalada por habitantes de la zona como un supuesto punto de venta de drogas.

El incendio ocurrió en inmediaciones de las calles 1323 y 1346, frente a la cancha de La Esperanza, según informó Varela Periodismo Sergio Rolandi, que difundió imágenes de la concentración de vecinos y del inmueble en llamas.

La reacción se produjo luego de que se conociera la muerte de Franco Javier Herrera, de 23 años, quien había resultado gravemente herido durante la balacera. Ariel Machi, de 28 años, había fallecido en el lugar del ataque.

Otra vez jóvenes asesinados en Florencio Varela: Dos pibes muertos y uno en agonía tras un ataque narco https://t.co/rZsieiYt9Q @PrensaVarela 📱 Mandá tu video acá https://t.co/OLhQ4Yg7c6 pic.twitter.com/Q1cdfNj3Qk

El ataque ocurrió en la zona de 1325, entre 1344 y 1348. Según la reconstrucción difundida por Infobae, una Volkswagen Suran gris llegó hasta el lugar y desde el interior del vehículo uno de sus ocupantes abrió fuego contra un grupo de jóvenes.

Machi murió en el lugar, mientras que Herrera falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas. Un tercer joven, Sebastián Ortiz, de 25 años, también recibió disparos y permanece internado en estado crítico.

La investigación intenta determinar cuál fue el motivo del ataque. De acuerdo con testimonios recogidos por Infosur, los tres jóvenes no tendrían relación con la venta de drogas y los agresores podrían haber buscado otra vivienda, lo que abrió la hipótesis de una posible confusión de domicilio.

La causa está bajo intervención de la UFIJ N° 6 de Florencio Varela y, hasta el momento, no se habían informado detenidos por el doble crimen.

Con la bronca acumulada después del asesinato de los dos jóvenes, vecinos de la zona se dirigieron hacia una propiedad que, según denuncias informales de habitantes del barrio, sería utilizada para la comercialización de estupefacientes.

El Diario Varelense informó que la vivienda fue señalada por los vecinos como un supuesto “búnker” de venta de drogas y publicó imágenes del incendio.

Ese mismo medio publicó además que, durante la pueblada, una mujer habría sido asesinada a cuchilladas y un hombre habría resultado gravemente herido. El medio sostuvo que la víctima fatal sería la dueña de la vivienda incendiada, mientras que el herido sería hermano de un hombre señalado por vecinos como supuesto vendedor de drogas. La información no fue confirmada oficialmente hasta el momento.

En tanto, El Radar del Sur difundió otra versión sobre los incidentes ocurridos durante la pueblada. Según ese medio, los vecinos habrían buscado a un hombre conocido como “Jony”, a quien señalaban como supuesto vendedor de drogas y presunto integrante de una disputa territorial con otros grupos.

El medio sostuvo que durante la reacción vecinal un joven que sería hermano de “Jony” y una mujer que sería su pareja habrían sido atacados y golpeados, y que ambos terminaron internados en grave estado.

También señaló que el hombre buscado habría logrado escapar y refugiarse en un centro de salud del barrio, desde donde posteriormente habría sido retirado por efectivos policiales.

Se trata de información publicada por medios locales que no fue confirmada oficialmente por la Justicia ni por la Policía, por lo que las circunstancias exactas de esos episodios todavía deberán ser esclarecidas.

El episodio dejó al barrio San Francisco en un clima de máxima tensión. Al crimen de dos jóvenes y la grave situación de un tercero se sumó una reacción vecinal que terminó con una vivienda incendiada y nuevas denuncias sobre hechos de violencia.

Mientras la Justicia intenta determinar quiénes fueron los autores de la balacera, también deberá establecer qué ocurrió durante la pueblada, quiénes participaron del incendio y si efectivamente hubo personas heridas o fallecidas durante los enfrentamientos denunciados por medios locales.

Por ahora, la investigación principal tiene como saldo confirmado dos jóvenes asesinados y un tercero internado en estado crítico, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles por integrar una organización que utilizaba recursos del Estado para extorsionar a personas vinculadas al narcotráfico, manipular causas judiciales y quedarse con cargamentos de droga.

Los agentes habían prestado funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Según se acreditó durante el juicio, aprovechaban sus cargos para seleccionar objetivos, montar procedimientos y exigir dinero a investigados para evitar imputaciones.

Uno de los episodios centrales fue el denominado “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno. Allí, los policías simularon un operativo a partir de una falsa denuncia y se apoderaron de alrededor de media tonelada de cocaína, cuyo valor fue estimado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.

La droga fue trasladada a Santa Clara del Mar para su posterior distribución en la Costa Atlántica y otros circuitos.

Entre las condenas más altas se encuentran las del comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta, por delitos que incluyeron falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación también detectó maniobras similares en otras causas, con extorsiones, pedidos de dinero y armado de actuaciones judiciales. Además, el tribunal ordenó profundizar la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros funcionarios judiciales y policiales.

Los jueces también dispusieron remitir los fundamentos del fallo a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia y a la Procuración General bonaerense.

Un brutal accidente ocurrido durante la madrugada en Mar del Plata dejó una persona muerta y otras cinco heridas, luego de que una camioneta volcara y chocara contra el frente de un almacén en el barrio Las Avenidas. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.35 de este sábado, en la esquina de Cerrito y Magallanes, donde una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos conducidos por jóvenes de 21 años, protagonizaron un choque.

Según informó el medio local La Capital, el Gol Trend habría impactado desde atrás a la camioneta, que perdió estabilidad, volcó y terminó sobre la vereda, donde embistió a varias personas antes de impactar contra el almacén.

Las imágenes muestran la violencia del accidente: algunas personas intentaron refugiarse contra una pared, mientras que otras fueron alcanzadas por el vehículo y salieron despedidas por el aire.

Así fue el violento siniestro vial de este sábado en el barrio Las Avenidas 🔴 pic.twitter.com/EhfdJMQbGd

Como consecuencia del choque, una persona murió y otras cinco resultaron heridas. Cuatro recibieron el alta, mientras que otro de los heridos continúa internado luego de ser operado por una fractura de cadera.

También sufrieron daños dos motos estacionadas frente al negocio y un auto ubicado a pocos metros.

Los conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

El almacén quedó con el frente destruido, con ladrillos, vidrios y parte de la reja sobre la vereda.

“Estábamos durmiendo y cerca de las dos y media escuchamos un estruendo. Pensamos que nos habían chocado el portón. Salimos y había una camioneta volcada”, contó Martín, un vecino.