El cuestionario busca conocer con algunas preguntas anónimas y confidenciales la periodicidad con la que se hacen estas publicaciones, el grado de conocimiento de los riesgos que se corren, y si se comparte información sensible, entre otros ítems, se informó oficialmente desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

“Nuestro objetivo es avanzar hacia una ciudadanía digital responsable. Creemos necesario informar y concientizar sobre todos los problemas que se pueden esconder detrás de comportamientos que tenemos prácticamente neutralizados, y los datos que surjan de esta encuesta nos servirán para entender más esta problemática y actuar en consecuencia”, sostuvo Lorenzino.

Para acceder al cuestionario hacer click aquí.

La Defensoría del Pueblo bonaerense se presentó ante la Justicia para buscar una solución entre las partes en medio de la disputa por la situación del basural a cielo abierto en Luján, y pidió que se suspenda la medida cautelar que frenó las obras de construcción de un centro ambiental en ese predio.

Cabe recordar que a fines de abril el juez de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, aceptó un amparo judicial (primero caído en el juzgado de Quilmes) impulsado por Viviana Novelle, empresaria agropecuaria y candidata a concejal local, quien se presenta como damnificada, y la asociación civil “nuevo ambiente” con la fundación “banco de bosques” (que al tiempo se retira del expediente) que lograron frenar la obra del llamado centro ambiental “Laudato Si” y saneamiento de la tierra en el basural que se financia por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El organismo hizo esta presentación ante el Juzgado Federal de Mercedes luego del pedido de intervención hecho a ese tribunal por la Defensora Pública Oficial, Verónica Vieito, que representa a vecinos del Barrio San Pedro y la Sociedad de Fomento Mi Barrio en medio de conflicto entre distintas organizaciones ambientales y el Municipio de Luján.

"Puntualmente, lo que reclama la Defensoría es que se convoque a las partes a trabajar de manera conjunta, sin perder de vista los recursos que el Estado ya ha obtenido y destinado para la ejecución de las obras", se informó.

También, que se disponga la continuidad de los trabajos para la construcción del Centro Ambiental Luján en el Predio Sucre de Luján, que fueron frenados por un amparo presentado por organizaciones ambientalistas y un grupo reducido de vecinos que señalaron que esta planta agravaría la situación.

“Consideramos que esta medida es extrema y excesiva, ya que la ejecución de obras no muestran una afectación que agrave la realidad existente desde hace 20 años. Creemos que por primera vez estas tareas son un principio de solución para avanzar en el camino del saneamiento del basural, todo de acuerdo con la normativa vigente”, indicó Lorenzino.

En esa línea, expresó que “la erradicación de basurales a cielo abierto es esencial en la lucha contra el cambio climático, y que  la política diseñada por el Estado nacional para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en materia de cambio climático prevé la adopción de medidas como las ahora suspendidas por la medida cautelar”.

En su presentación ante la Justicia, la Defensoría puso como ejemplo el caso de la disputa por el centro de disposición final de residuos del CEAMSE en Ensenada, que tuvo un conflicto similar al que sucede en Luján y que tuvo su solución gracias a que el organismo pudo mediar entre las partes permitiendo de esta forma la culminación de las obras.

Una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense demostró que una amplia mayoría de usuarios calificaron entre regular y muy malo el servicio de cable, consideran que es caro lo que tienen que pagar, y que Flow/Cablevisión es la empresa con las opiniones más negativas, entre otras críticas.

Con este cuestionario, el organismo que conduce Guido Lorenzino buscó determinar la opinión de clientes sobre el servicio que les brindan las diferentes empresas, cuáles son los principales inconvenientes que enfrentan y cómo responden las compañías ante estos problemas.

Un 75,5% manifestó no estar conforme con la calidad del servicio, de los cuales un 14,7% consideró que es muy malo, un 22,2% que es malo, y un 38,6% señaló que es regular. En cambio, un 22% lo ve como bueno y apenas un 2,4% cree que es muy bueno.

Las empresas, en falta

Al analizar las peores calificaciones de las empresas (entre malas y muy malas), Flow/Cablevisión aparece con las peores calificaciones, con un 37,7% de imagen negativa, seguida por Telecentro (34,1%), Telered (30,8%), Direct TV (28,6%) y Claro (16,7%).

Cuando se preguntó sobre cuáles son los principales problemas del servicio, un 21,9% apuntó a los cortes de la señal, un 21,6% a la mala atención, y un 18,1% a los errores en la facturación. Más atrás quedaron la poca oferta de canales (12,8%), la poca diversidad de contenidos (12,8%), el mal servicio técnico (7,7%) y la mala calidad de la imagen (5,1%).

Al evaluar la calidad del servicio técnico, el 27% consideró que el principal problema es que pasa mucho tiempo desde que se lo pide hasta que acuden al domicilio, un 24% indicó que es difícil solicitarlo y un 23% cuestionó que generalmente no solucionan los problemas. Además, se preguntó por la opinión sobre el precio del servicio, y casi la totalidad, un 93,8%, respondió que es caro. Además, el 97,2% aseguró que faltan controles a las empresas de TV por cable para que el servicio sea mejor.

¿Y quienes no tienen cable?

El cuestionario también puso el foco sobre aquellas personas que no cuentan con el servicio. Un 10,6% de los que respondieron la encuesta señalaron no tener cable, siendo el factor económico, con un 43,8%, el principal motivo, seguido porque no les interesa (28,8%), porque tienen Televisión Digital Abierta (19,2%) y porque no hay compañías que presten el servicio donde viven (8,2%). 

De este porcentaje, un 81,3% reconoció haber tenido alguna vez cable en el domicilio en el que vive actualmente, y al preguntar sobre qué medios alternativos utilizan, un 42,7% señaló YouTube, un 36,8% las plataformas de series/películas, un 17,1% los portales informativos y un 3,4% Twitch.

“De los principales reclamos en la Defensoría”

“Los reclamos por las deficiencias en el servicio de cable son una de las principales demandas que ingresan al organismo. Desde su comienzo, la Defensoría estuvo preocupada por el comportamiento de las compañías y hemos pedido en reiteradas oportunidades que las telecomunicaciones sean consideradas servicios públicos esenciales para que las empresas mejoren la prestación”, expresó Lorenzino.

La encuesta, que fue online y la respondieron casi mil personas, es la primera de una serie de cuestionarios sobre diferentes servicios que también incluirán los de telefonía, internet, transporte público, entre otros.

El intendente de Pilar Federico Achával acompañó el Primer Congreso Bonaerense de Migraciones, que tuvo lugar en el Instituto Carlos Pellegrini, con la participación de gran cantidad de vecinos migrantes que debatieron sobre políticas públicas y derechos.

Tras la apertura del evento, Achával señaló: “Pilar fue sede hoy del Primer Congreso Bonaerense de Migraciones, donde compartimos la mirada de que el Estado debe reconocer y ampliar derechos. Desde el Municipio implementamos las políticas públicas que se piensan a nivel nacional y provincial, garantizamos el derecho a la educación, la salud, el esparcimiento y damos sentido a esa máxima de nuestra Constitución, de que la Argentina se abre a cualquier ciudadano del mundo que quiera habitar nuestro suelo”. 

Estuvieron presentes el subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Provincia, Mario Oporto, y el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.

“Hace pocos años, la política migrante en la Argentina era la exclusión. Nosotros trabajamos en políticas públicas de inclusión, en construir puentes. Le agradezco a Mario Oporto y Guido Lorenzino por venir a disertar sobre esto tan importante para nuestros vecinos migrantes”, añadió Achával.

Por su parte, Oporto destacó: “Las políticas públicas provinciales tienen ejecución en los territorios, y nos parecía adecuado hacer este congreso en un municipio. Hemos venido a Pilar porque es un ejemplo a seguir en cuanto a políticas públicas, y lo que progresa en el territorio se lo puede llevar al conjunto de la Provincia”.

En el panel de apertura estuvieron también la directora nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Carolina Mera; y el director general de Migrantes y Pluralismo Cultural de Pilar, Gonzalo Lantarón. Durante toda la tarde, se debatió en distintos paneles sobre derechos humanos, identidad y perspectiva de la política pública, con la participación de vecinos migrantes, académicos y referentes de organizaciones.  

Guido Lorenzino y Estela Díaz estuvieron presentes en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia presentando un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de Género y Orientación Pericial para Casos de Femicidios de la Defensoría.

En la apertura de la presentación de “Estado de implementación de la Ley 14.893. Licencia laboral por situaciones de violencia de género" Lorenzino destacó la importancia de “construir información para poder reflexionar en materia de género, para que quienes tengan que tomar decisiones cuenten con datos precisos y puedan construir políticas públicas que sean verdaderas herramientas de transformación”.

Asimismo, agregó que “hoy no cabe en la cabeza de nadie, que no exista un Ministerio de Mujeres y Diversidad de Género. Hoy celebramos que  las áreas de género estén potenciadas en los municipios y en todos los ámbitos”. 

El informe, tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades laborales de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. 

A través de la incorporación de la “licencia para mujeres víctimas de violencia”,  las trabajadoras de la administración pública van a poder desarrollar su actividad laboral en un marco libre de violencia y ser respaldadas por el Estado.

En medio del anuncio de quienes mantengan subsidios en las tarifas no podrán comprar divisas y las consultas y dudas que genera el plan, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le pidió a las empresas de energía eléctrica y a las cooperativas que prestan el servicio en la Provincia que incluyan en las facturas toda la información necesaria relacionada a la inscripción en el sistema de segmentación para que los usuarios que todavía no se anotaron puedan mantener el subsidio.

La recomendación del organismo, hecha a EDELAP, EDESUR, EDENOR, EDEN, EDEA, EDES y a las cooperativas, tiene que ver con que más allá de la difusión que se le dio a este nuevo régimen, "muchas personas aún no pudieron anotarse, como por ejemplo las personas mayores a quienes se les dificulta el uso de la tecnología", se esgrimió desde la Defensoría.

El organismo "considera que son las empresas quienes deben dar a conocer a través de sus facturas mensuales toda la información relativa al sistema de segmentación, indicando cómo proceder para inscribirse y en su caso mantener el subsidio", se indicó. Además, notificó al Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que verifiquen que se cumpla este pedido.

“Nuestro deber es garantizar el derecho de las y los usuarios de servicios públicos a ser escuchados, y además vigilar que las empresas prestadoras suministren información cierta, adecuada, clara y detallada, y que brinden un trato digno a sus clientes”, indicó Lorenzino.

Más allá de los plazos originales, desde el 1 de agosto la Secretaria de Energía de la Nación publicó un formulario abierto para que todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto puedan hacerlo, independientemente del número de DNI que posean.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó el “lockout patronal” por parte de las cámaras de transportes de colectivos tras la reducción del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el horario nocturno. Además, inició una investigación de oficio para que se tomen todas las medidas necesarias para que se normalice esta situación.

"Los pasajeros y las pasajeras de la Provincia no pueden ser rehenes del lockout patronal al que los y las someten las cámaras de transportes de colectivos", sostuvo Lorenzino, y aseguró que la medida de fuerza "afecta la vida de miles de trabajadores, trabajadoras y estudiantes, por lo que el servicio habitual tiene que restablecerse cuanto antes".

Las declaraciones de Lorenzino se dan en el marco de una investigación de oficio que inició la Defensoría respecto del paro de colectivos que se desarrolla de 22 a 5 en el AMBA, además de la reducción de la frecuencia en un 30% para más de 100 líneas durante el día.

La medida de fuerza estaría causada por una deuda pendiente del Estado en concepto de subsidios con la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), que denuncian la falta de pago a pesar de las transferencias parciales realizadas desde Nación para subsanar esa situación.

“Miles de personas se encuentran afectadas por este paro desde hace ya varios días. Estamos ante una grave vulneración de derechos de las y los usuarios, que a su vez afecta derechos como la educación, el trabajo, entre otros”, expresó Lorenzino.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, participó en la charla “Juicio por la verdad en los delitos de abuso sexual hacia las infancias" en el Colegio de Abogados de La Matanza. "Buscamos ayudar a las y los ciudadanos a interpelar a la Justicia para que ensanche la cancha y así se puedan respetar más derechos”, sostuvo.

"Los juicios por la verdad nos muestran que si bien puede haber una mirada crítica sobre la Justicia, también hay muchos jueces que saben lo que sucede en los territorios. Es una Justicia que hay que mejorar pero que tiene los pies sobre la tierra”, indicó Lorenzino.

En esa línea, aseguró que “la Justicia real tiene que recomponer las situaciones donde se vulneraron los derechos. Los juicios por la verdad son una respuesta institucional para quien en su momento no pudo denunciar y ahora sí, lo que le va a permitir reparar el daño que sufrió en su infancia”.

En tanto, la directora Jurídica y Técnica de la Defensoría, Cecilia Rodríguez, expresó que “la verdad repara. Estos juicios cumplen con los estándares de derechos humanos para que el Estado brinde una respuesta. Nuestra misión es acompañar a estas personas y seguir logrando avances en la defensa de las mujeres, niños, niñas y adolescentes”.

Del encuentro también participaron el Defensor Adjunto de Relaciones Institucionales de la Defensoría, Marcelo López; por parte del Colegio de Abogados de La Matanza su presidente, Martín Rivas, y el secretario académico, Carlos Rodríguez Bustamante; el juez de Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale; y el juez de Casación Penal Bonaerense, Daniel Carral.

En un acto llevado a cabo en la cámara baja provincial se presentó la reproducción del proyecto de ley Contra la Discriminación. La diputada Débora Galán señaló que “buscamos promover prácticas de inclusión y la igualdad de trato y oportunidades. El Estado puede y debe generar acciones positivas, políticas públicas para equilibrar desigualdades y lo que estamos observando hace muchos años es el discurso de odio. Hay un estudio donde hay franjas etarias donde los discursos de odio están avanzando. Por lo tanto, esta es una jornada para reflexionar por qué suceden esas cosas. Hemos avanzado pero en otros sectores hemos retrocedido”. 

La jornada contó con la presencia en el panel de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, del Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, de la dirigenta y miembro de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), María Rachid y de la diputada provincial autora de la reproducción del proyecto, Débora Galán, originalmente autoría del ex diputado provincial y actual ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. De la presentación participaron también la secretaria de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo de la provincia, Sandra Cruz y la secretaria general de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, Paz Berteró. 

Cabe destacar que el proyecto es un trabajo colectivo que se llevó adelante con organizaciones y María Rachid, con la FALGBT es una de las autoras y la Defensoría será su autoridad de aplicación. Rachid contó sobre el recorrido del colectivo y el trabajo que realizó para la aprobación de la Ley a nivel nacional y en la Legislatura porteña. Frente a esto marcó la necesidad de que la provincia cuente con una Ley. En tanto, el Defensor del Pueblo insistió en convocar a otras fuerzas políticas para internalizar el presente proyecto y que sea una herramienta de defensa de las mayorías. “Pelear contra la discriminación y racismo no es hablar de minorías, es hablar de mayorías” reflexionó la titular del INADI, Victoria Donda. 

En este sentido, Galán resaltó lo importante de tener una normativa que erradique la discriminación y los discursos de odio: “Tenemos una legislación nacional que tiene más de dos décadas, y no la tenemos en la provincia. Esa es la preocupación y lo que nos ocupa hoy este relanzamiento”. Por último, Galán instó a trabajar el proyecto en foros y en distintos puntos de la provincia para que pueda ser trabajado de manera transversal y sea representativa.

La Defensoría del Pueblo bonaerense llevó adelante un relevamiento que mostró que en la Provincia el 98,8% de las escuelas de gestión estatal y el 100% de las privadas retornaron a la presencialidad completa.

El informe, que el organismo que conduce Guido Lorenzino llevó adelante junto a la Dirección General de Cultura y Educación, fue realizado entre marzo y abril sobre 1.076 jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, donde se entrevistaron unos 4.000 directores y docentes.

El trabajo también mostró que el 99,2% de los 12.405 establecimientos que existen en el distrito tuvo presencialidad plena regular. Según la Provincia, de los 280.000 alumnos y alumnas que se habían alejado del sistema educativo a septiembre de 2020 por la pandemia, se lograron revincular a 250.000.

Además, el relevamiento se enfocó en cuestiones de infraestructura escolar, y arrojó que el 17,7% de los establecimientos declaró tener problemas estructurales; un 10% manifestó que en el edificio hay filtraciones de agua; un 7,4% dijo tener problemas graves en la instalación eléctrica; un 4,6% planteó que los locales sanitarios se encuentran deteriorados y un 3,4% dijo cuenta con pisos del edificio en mal estado.

"El objetivo del sondeo era trazar un diagnóstico sobre la presencialidad, para que se puedan hacer proyecciones y análisis", aseguró Lorenzino, y agregó que "los números reflejaron lo que desde Educación ya se percibía: que iba a haber una masiva concurrencia a las aulas".

Por su parte, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, indicó que "hay presencialidad plena, cuidada y continua. Había necesidad del vínculo: las familias, los niños, las niñas y los adolescentes recuperaron en la escuela es el lugar del cobijo y del resguardo".

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó que el aumento de los servicios públicos recaiga sobre los usuarios, al asegurar que los deben pagar las empresas, que son “las que más ganan”. Además volvió a cuestionar el formato de audiencias públicas y pidió sanciones severas contra Edesur.

Cabe recordar que en el caso del gas, quienes tengan tarifa social ya tuvieron el ajuste y no tendrían nuevos incrementos. En tanto que partir de junio el resto de los usuarios tendrán una suba promedio de 20 por ciento.

En cuanto a la luz, el incremento será de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los usuarios con tarifa social. Además un 10% de los clientes los de más poder adquisitivo dejarán de percibir subsidios y pagarán el precio pleno del servicio, según adelantó el representante del estado la audiencia pública.

"Somos conscientes de que alguien tiene que pagar la energía, que hay un esfuerzo fiscal del Estado a partir de los contribuyentes, pero quienes tienen que hacer el mayor aporte son las empresas, que son las que más ganan. No se debe trasladar el aumento a las y los ciudadanos porque no sabemos qué es poco o qué es mucho es este contexto de tanta incertidumbre económica", aseguró.

La postura del Defensor del Pueblo se dio en la audiencia pública convocada por la Nación para tratar la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio del servicio de gas natural y el de energía eléctrica.

En ese sentido, Lorenzino aseguró que “la segmentación es inoportuna y sin la información necesaria de que la hagan de manera correcta. Va ser arbitraria, por lo que consideramos que debería haberse trabajado antes, con la opinión de diferentes organismos como la Defensoría, que estuvo dispuesta y lo está para hacerlo”.

En el caso de la luz, según el esquema presentado, se estimó que la factura promedio final de usuarios residenciales de la categoría R2 - la más baja - pasará de $1.610 a $1.876 para un usuario sin tarifa social y de $843 a $901 para usuarios con tarifa social.

Además, el Defensor del Pueblo cuestionó el formato de audiencias públicas. “Es un formalismo que convalida decisiones de las que uno no está de acuerdo porque advierte que no son las correctas. Es necesario que estos encuentros tengan mecanismos de participación más reales, es un formato que deja sabor a nada, a no poder incidir en ninguna decisión, por lo que lo mejor sería que lo que decimos acá sea tomado en cuenta, cosa que nunca sucedió”, indicó.

Por último, Lorenzino volvió a lanzar críticas contra Edesur, al asegurar que “hay que tomar una decisión drástica. Es la empresa que presta el peor servicio en Argentina. Esta gestión tiene que tomar nota de esto, hacer algo más que multas y llamados de atención a la empresa, que no puede seguir con otros 50 años de concesión”, finalizó.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se manifestó en contra de aumentos en las tarifas de servicios con luz y gas a días de las audiencias públicas.

"Entendemos el atraso de las tarifas y algunas posiciones de los funcionarios, pero habría que buscar recursos en los que ya tienen, como las compañías eléctricas o gasíferas, que tuvieron ganancias extraordinarias entre 2015 y 2019. Nuestra propuesta es que no se aumente y explorar cómo se financian estas situaciones con dinero de las empresas, porque lo tienen", sostuvo.

En esa línea, Lorenzino volvió a cuestionar a Edesur, al asegurar que “es una empresa que no hizo inversiones, ni cuando tuvo las tarifas del gobierno anterior ni mucho menos ahora cuando dice que hay atraso tarifario, pero que siempre gana dinero". "Pero si no hay un cambio en la exigencia va a ser todo igual o peor, porque la gente tiene cada vez más problemas y las empresas están cómodas porque nadie les demanda nada", agregó.

"Son ellos los que tienen que hacer las inversiones porque han ganado demasiado. El gobierno tiene que tener un cambio de actitud, más firmeza para pedir que las empresas mejoren los servicios públicos y que los aumentos salariales no terminen trasladándose automáticamente al pago de las subas de tarifas", expresó.

Además, el Defensor del Pueblo insistió con el pedido de revocación de la concesión de Edesur: “lo amerita porque el servicio que presta es pésimo. Es una empresa que está dispuesta a ofrecer un servicio esencial de calidad como debería ser el de la electricidad”, indicó.

"Las audiencias públicas tienen que cambiar"

Lorenzino también cuestionó el formato de las audiencias públicas para definir los aumentos de tarifas. “Tenemos una mirada crítica, porque son formalismos. Vamos a ir con nuestra postura sabiendo que no va a modificar la decisión", señaló.

Y agregó: "Esto tiene que cambiar. Ir y que no te escuchen es una pérdida de tiempo y una falta de representación de la ciudadanía".

El senador Francisco “Paco” Durañona presentó en el Senado bonaerense el proyecto de Ley de Precios Justos. La iniciativa busca permitir a los municipios llevar el control de precios en su territorio y sancionar en caso de detectar abusos. El referente de Movimiento Arraigo explicó que el proyecto nace de la necesidad de adecuarse a “esta época en que el rol de los municipios juega un papel preponderante”.

Durañona sostuvo que "es imposible que la Secretaría de Comercio Interior controle, inspeccione y sancione a cada supermercado y comercio de cercanía de cada uno de los 135 municipios". Es por ello que "si hay abusos detectados en los precios acordados, qué mejor que la denuncia de los vecinos  y qué mejor que los equipos de los municipios para cuidar de los bolsillos de las y los consumidores".

"La iniciativa propone que el mejor inspector sea el vecino que va a realizar la denuncia en la delegación municipal o en las oficinas de defensa al consumidor”, reiteró Durañona. Al tiempo que detalló: "Los municipio tendrán roles y facultades sancionatorias y se aumentarán los montos de sanción que van desde apercibimientos, llamados de atención, clausuras, hasta multas que llegan a los 10 millones de pesos".

De la presentación participó la Presidenta del Bloque de Senadores del Frente de Todos, Teresa García; la Presidenta de la Unión de Consumidores Argentina, Adriana Malek; el legislador Adrían Santarelli y el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. También estuvieron los intendentes Federico Achaval (Pilar); Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Ramón Salazar (San Pedro).

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, consideró que es “necesario” avanzar hacia una nueva Ley de Alquileres, y propuso al organismo como ámbito de conciliación para mediar entre las y los inquilinos y las y los propietarios ante cualquier tipo de problema que pueda surgir entre las partes.

“El debate de una nueva ley es necesario. Los inconvenientes generados a partir de la pandemia dejaron en claro que la discusión en el Congreso debe estar guiada por la importancia de contar con una legislación protectora”, sostuvo.

En esa línea, Lorenzino explicó que “durante 2020 y 2021 hubo un incremento del 500% de consultas en la Defensoría sobre este tema. De éstas construimos una experiencia que queremos aportar para el debate, como es la necesidad de atender a la informalidad, revisar la fórmula de actualización, los costos y prever la mediación ante posibles inconvenientes”.

En cuanto a la informalidad, señaló que hay personas que, por ejemplo, alquilan de palabra una habitación, y consideró que “es clave darles un piso de protección”.

Por otro lado, aseguró que “no fue útil la fórmula de actualización de la nueva ley. La indefinición inicial del costo del alquiler durante los tres años de duración del contrato generó conflictos tanto para las y los locadores, como para las y los inquilinos, por lo que es importante trabajar en una dinámica que contemple el contexto, las experiencias y realidades de las partes”.

En su análisis, Lorenzino también hizo hincapié en que “las cargas de honorarios para las y los inquilinos generaron un peso adicional a las condiciones generales de ingreso a una vivienda, por lo que es necesario revisar también este ítem”.

A su vez, indicó que hay que avanzar hacia una mediación previa obligatoria en juicios seguidos por desalojo, modificando el artículo 5° de la Ley 13.951. “Es importante que tanto las y los locadores como inquilinos e inquilinas cuenten con un ámbito de conciliación para dirimir controversias que apunte a reducir la conflictividad y que brinde una protección institucional. La Defensoría podría ser un espacio ideal para que esto suceda”, expresó.

De todas formas, el Defensor del Pueblo manifestó que “hay cuestiones de la ley vigente muy importantes y positivas, como la notificación electrónica o la posibilidad de resolver en forma anticipada los contratos destinados a vivienda, puntos muy importantes y valiosos para tener en cuenta en el debate de la nueva ley”.

La Defensoría del Pueblo llevó el pedido a Facebook referido al aumento de las estafas virtuales en diferentes tipos de operaciones de intercambio de dinero que ofrece la firma: compraventa, billeteras virtuales y banca online, entre otras.

Es por eso que la Defensoría consideró imperioso que Meta mejore sus estándares de seguridad, y genere campañas de difusión y estrategias que mejoren el control de las acciones en línea.

“Es innegable la responsabilidad de las empresas proveedoras de estos servicios. Además, su gratuidad no exime a las plataformas de sus obligaciones, dado que la misma consiste en una estrategia comercial que da soporte a la verdadera fuente de sus ingresos: la publicidad. Meta promueve una cultura inmersiva que amplió los márgenes de maniobra de los ciberdelincuentes”, indicó Lorenzino.

Hicimos un pedido a #Meta, la plataforma de empresas que incluye a Facebook, WhatsApp e Instagram, para que mejore sus estándares de #ciberseguridad y protección de los usuarios y las usuarias. pic.twitter.com/fuiWSjPFhn

— Defensoría Provincia de Buenos Aires (@defensoriaPBA) February 15, 2022

Por último, la Defensoría le recomendó a Meta la realización de campañas de difusión y prevención del ciberdelito, orientada a los usuarios, y colocando especial atención en los grupos hipervulnerables.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, entregaron partidas de nacimiento realizadas a partir de inscripciones tardías en el marco del programa "Mi identidad, mi derecho".

En esta jornada, en la sede de la Defensoría, se entregaron tres partidas de nacimiento junto con la toma de trámite para el DNI respectivo. Según se informó, con la Ley 1.000 Días ahora se permite que las inscripciones de nacimiento tardías, sin límite de edad, puedan realizarse en instancia gubernamental si se cumplen una serie de requisitos. 

A partir de esto, el Registro Provincial de las Personas implementó el programa “Mi identidad, mi derecho” para garantizar y agilizar el acceso real al derecho a la identidad de todos los y las bonaerenses. La Defensoría se transformó en uno de los primeros organismos que implementó esta iniciativa para trabajar de manera coordinada en la detección, relevamiento e inicio de los expedientes.

“El derecho a la identidad es la madre de todos los derechos. Con la Defensoría buscamos que su acceso se dé por el camino más directo. Son muchísimos los problemas que enfrentan a lo largo de los años las personas que se encuentran en esta situación, por lo que es muy gratificante ser parte de la solución”, sostuvo Lorenzino.

Por su parte, Álvarez Rodríguez expresó que “es un día muy importante porque gracias al trabajo articulado entre el gobierno de la Provincia, la Defensoría y el Registro de las Personas dimos respuesta desde el Estado para garantizar derechos fundamentales”.

Y agregó que “como desde el primer día de nuestra gestión y ahora en esta etapa de reconstrucción y transformación de nuestra Provincia a través del Plan 6x6 que impulsa nuestro gobernador Axel Kicillof, continuamos trabajando para garantizar el acceso al derecho a la identidad de las y los bonaerenses”. 

En tanto, el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Rios Ordoñez, quien también participó de la entrega, indicó que “es muy importante ampliar el alcance del programa, porque es central que estas personas puedan empezar una nueva vida dentro del sistema”.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, inauguró junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una nueva delegación que funcionará en ese distrito del sur del conurbano. Se trata de la delegación número 52 que el organismo tiene en distintos puntos de la Provincia.

En este caso se encuentra ubicada en Camino General Belgrano N° 1049 y Tomás Flores (Ex Pasco), en Bernal Oeste, y estará a cargo de Eva Torres.

El espacio funcionará dentro del nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGyPC), de lunes a viernes de 8 a 14, donde atenderá consultas y reclamos vinculados a consumidores, violencia de género, salud, servicios públicos, alquileres, asociaciones civiles, protección animal y mediación comunitaria, entre otras cuestiones vinculadas a proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad. 

“Con la delegación buscaremos complementar el esfuerzo que hace el municipio todos los días. Más allá de la tecnología que hemos puesto a disposición para que la gente pueda comunicarse las 24 horas por teléfono o internet, consideramos que el territorio es clave: la presencia en los distritos es la mejor manera de poder empatizar y conectar con la realidad y los problemas reales de los y las vecinos y vecinas”, aseguró Lorenzino.

Por su parte, Mendoza consideró que se trata de "un lugar estratégico para una oficina de estas características de atención de nuestros vecinos y vecinas, porque está ubicada en una zona donde no había presencia estatal". "Salvo en las escuelas y alguna unidad sanitaria, no había un espacio donde los vecinos se pudieran acercar y comenzar a garantizar y ejercer sus derechos", destacó.

La Legislatura bonaerense aprobó la renovación de autoridades de la Defensoría del Pueblo y ratificó al frente a Guido Lorenzino quien ocupa el cargo de manera formal desde 2017. La ampliación fue para sumar seis nuevos adjuntos a la estructura.

De acuerdo al proyecto, aprobado en medio de las discusiones por el Presupuesto 2022 y las modificaciones a la ley de reelecciones indefinidas, además de los defensores adjuntos generales, ahora contará con cinco defensores adjuntos: derechos humanos y usuarios de servicios de salud, derechos sociales, servicios públicos y obras públicas, medio ambiente y asociaciones civiles y relaciones institucionales. 

De esta manera, junto Lorenzino está también ratificado Walter Martello como Adjunto. A su vez, se sumó a Jorge Ancona en Derechos Sociales; Gerardo Ontivero en Servicios Públicos; y Marcelo López en Relaciones Institucionales. 

Quedaron sin designar un defensor adjunto general; y el defensor adjunto de derechos humanos y el de medio ambiente.

Con más de dos tercios de votos a favor en el Senado, y lo mismo en Diputados, Lorenzino celebró y agradeció el enorme “consenso político que lo ratificó en sus funciones” y quedó habilitado para cumplir su segundo mandato como Defensor del Pueblo. El nuevo periodo durará cinco años y se completará en diciembre de 2026.

“Nuestro objetivo será seguir haciendo crecer la Defensoría. Es un organismo relativamente nuevo que tiene que llegar a cada vez más personas, porque se trata de un espacio vital para que sus derechos sean respetados y un lugar donde puedan reclamar y ser escuchados”, expresó.

La Defensoría cuenta con cincuenta delegaciones en diferentes puntos de la Provincia, que permite la proximidad con la ciudadanía. "Esta apuesta por una mayor cercanía, es uno de los principales objetivos para simplificar la solución de sus problemas, y para conocer y actuar en el territorio ante las demandas de los distintos distritos", se indicó desde la dependencia.

Además, se recordó que durante la gestión de Lorenzino se puso en marcha el Contact Center, un moderno esquema de atención las 24 horas que centraliza la toma de reclamos a través de las vías telefónicas, la web y las redes sociales, una plataforma que es operada por personal especializado en la recepción y resolución directa de quejas. 

Sumado a esto, la Defensoría profundizó su presencia en diferentes debates públicos, como los relacionados a las tarifas o de género, y la intervención en distintas temáticas como las de consumidores, salud, medio ambiente, niñez, educación, protección animal, inquilinos, entre otras.

“Nuestra meta es que la gente encuentre en la Defensoría un ámbito ideal donde ejercer sus derechos y reclamar cuando están vulnerados. El objetivo para lo que viene es posicionar al organismo como un espacio que esté a la altura de los nuevos desafíos, y que sea capaz de dar respuestas cada vez más rápidas a las demandas urgentes de la ciudadanía”, puntualizó Lorenzino.

Con el objetivo de atender, asesorar y orientar en cuestiones vinculadas a los derechos de las vecinas y vecinos de San Vicente, la delegación de la Defensoría estará a cargo de Juan Cruz Garat, y funcionará en Avenida Presidente Perón 4196, Centro Comunal Alejandro Korn, se informó oficialmente.

La oficina recibirá las consultas sobre las principales problemáticas que atiende el organismo, como violencia de género, consumidores, seguridad vial, salud, servicios públicos, alquileres, protección animal, mediación comunitaria, entre otros.

La nueva sede atenderá de manera presencial de lunes a viernes de 8.00 a 14.0. Además, pordrán  cominicarse a través de WhatsApp (+54 221 673 0823, +54 9 221 358-1323 y +54 9 11 2262-6532), 0800-222-5262 y por Facebook, Instagram o Twitter (@DefensoriaPBA).

A raíz de un informe televisivo de Telefé en el que un ex empleado relató que le ordenaban, entre otras cosas, matar a cachorros de tigres recién nacidos, el dueño del Zoológico de Luján fue denunciado por "maltrato y crueldad animal".

La denuncia será radicada en la Fiscalía N°10 de Luján por el Defensor del Pueblo Bonaerense Guido Lorenzino, que es la que interviene en una causa contra el Zoo de Luján y está investigando al predio.

Lorenzino precisó que además pidió "medidas de prueba para que se inspeccione el Zoo y se determine si allí hay restos de animales enterrados, tal como se denuncia en el informe del noticiero" ya que un ex empleado, Christopher Rodríguez, aseguró que lo obligaban a matar cachorros de felinos y enterrarlos en el mismo predio. 

El 14 de septiembre el Zoo fue clausurado por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación, la cual fue ratificada el pasado 3 de noviembre por la Cámara Federal de San Martín.

"En el informe se exhiben fotografías que prueban los dichos del Sr. Rodríguez que, luego de describir las tareas realizadas en su labor de cuidador, expresó las condiciones de hacinamiento en que se encontraban los felinos", sostiene la denuncia.

La norma dispone que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Además, describe la conducta punible, merced a la categorización como actos de crueldad animal de las siguientes acciones: “Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”.

A ese reclamo se suma el de más de medio millón de personas que sumaron su firma a una petición creada en la plataforma de Change.org por la organización Red Animalista Argentina, que reclama el cierre definitivo del zoológico de Luján (http://change.org/zoolujan)