Los concejales de los bloques "Juntos" y "Frente de Todos" así como el intendente José Luis Salomón, rechazaron en forma unánime declaraciones de la fiscal Patrica Hortel tras el crimen de Rocío González.

En el Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad un Proyecto de Resolución que repudia los dichos de la Fiscal en el medio televisivo nacional Canal 9 en el día 6 de Junio del 2023.

Allí textualmente dijo: “Que los agresores seleccionan a sus víctimas, dificulto que a mi hija le pase una cosa así porque tiene otro perfil, yo creo que debemos educar muy distinto a las mujeres” y que “la mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas, respetuosas; estoy segura de que mi hija los saca bailando, que se impone ¿entendes?, es una persona que se hace respetar y que su “no “es respetado”.

En su artículo segundo, el proyecto establece la remisión de una copia de la resolución a varios organismos de la provincia de Buenos Aires.

No obstante ello, en una carta dirigida al Procurador bonaerense Julio Conte Grand, el intendente Salomón y los concejales denuncian la "falta de perspectiva de género y de sensibilidad social" que generó un "clamor social" para que sea destituida del cargo, aseguran.

"Este Estado Municipal de forma incansable y con profunda convicción ha bregado por el mejoramiento de los efectores de justicia", recordaron, pero que son "recursos que hoy no se ven correspondidos con el trabajo de la funcionaria".

Y plantearon al final el pedido "de remoción de su cargo en forma inmediata y bajo los procedimientos institucionales que existan para tal definición".

El exjuez de Casación bonaerense Martín Manuel Ordoqui, suspendido en 2018 por estar vinculado a una megabanda de policías bonaerenses y barrabravas, fue destituido en forma unánime por el Jurado de enjuiciamiento de magistrados.

Ordoqui fue llevado al proceso de enjuiciamiento por el presunto otorgamiento irregular de beneficios a detenidos por delitos graves, cuyas causas pasaban por su despacho.

El juicio político estuvo encabezado por la Presidente de la Suprema Corte, Hilda Kogan, y tuvo la acusación a cargo del Procurador Julio Conte Grand. También estuvo integrado por los abogados Juan Emilio Spinelli, Diego Paulo Isabella, Ricardo Farris, Hugo Galderisi y Fulvio Santarelli. Completaron el cuerpo los conjueces legisladores Daniel Lipovetzky, Abigail Gómez y María Eugenia Brizzi en mandato de la Cámara de Diputados, mientras que el Senado estuvo representado por Nidia Moirano y Gabriela Demaría.

Según informó El Día, Ordoqui sufre un embargo del 40 por ciento en sus haberes y mantenía los fueros intactos por lo que no pudo ser detenido en la previa del juicio. Está mencionado en varios de los mensajes hallados en los celulares secuestrados en el marco del juicio que comenzó hoy y tiene al exjuez César Melazo sentado en el banquillo, por lo que su situación aparecía como comprometida.

El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se presentó ante la Comisión bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional y manifestó su "accionar irregular" así como de otra subcomisión "creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos".

En un escrito, Conte Grand observó que el accionar de la Comisión "había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación, vulnerando centralmente la garantía del debido proceso legal".

También señaló que su citación en forma presencial "afectaba al mismo tiempo los principios del federalismo y del necesario respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial".

No obstante, ratificó "su plena y absoluta disposición para colaborar con la Comisión, aportando toda información que fuera requerida en tanto fuera de su conocimiento o conste en los archivos del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires".

La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, funcionarios de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que analizaron la presentación de denuncias contra organizaciones sindicales.

Comunicado completo

CONTE-GRAND ADVIRTIÓ SOBRE LA ACTUACIÓN IRREGULAR DE LA COMISIÓN BILATERAL DE INTELIGENCIA

Tras concurrir a brindar información en virtud de la convocatoria cursada por la Comisión Bilateral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, efectuó una presentación en la que formalmente dejó expuesto el accionar irregular de la citada Comisión y de una Subcomisión creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos.

En un extenso y fundado escrito, Conte-Grand observó que el accionar de la Comisión había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación, vulnerando centralmente la garantía del debido proceso legal.

En la misma línea, destacó que la pretensión de que un integrante de la máxima autoridad judicial de una Provincia (como es el Procurador General ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires), compareciera presencialmente ante la Comisión y no por informes, en contra de lo previsto por las normas aplicables, afectaba al mismo tiempo los principios del federalismo y del necesario respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Situaciones que, añadió, se potenciaban en razón de que la convocatoria adolecía de defectos sustanciales al no haberse precisado en ella su objeto ni la materia investigada, no se indicaban los integrantes de la subcomisión ni el responsable de la instrucción, careciendo en definitiva el requerimiento de contenido cierto, entre otros defectos que descalificaban de manera flagrante el procedimiento en curso.

Ratificó no obstante Conte-Grand su plena y absoluta disposición para colaborar con la Comisión, aportando toda información que fuera requerida en tanto fuera de su conocimiento o conste en los archivos del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

El bloque de diputados provinciales del Frente de Todos inició el pedido de juicio político al procurador bonaerense Julio Conte Grand, en el marco de una denuncia por el funcionamiento de "una mesa judicial".

"Hemos decidido avanzar como bloque en el pedido de juicio político al procurador Julio Conte Grand", anunció César Valicenti, presidente del bloque oficialista de Frente de Todos.

El legislador habló de una "mesa judicial" en la provincia de Buenos Aires en el gobierno de María Eugenia Vidal con "el fin último" de "disciplinar a la sociedad para que no tenga niveles de crítica contra ese modelo que se implementó en esos 4 años".

"Tenemos el deber de avanzar con este mecanismo que nos confiere la Constitución provincial y la ley 4.434 de Juicio político", indicó.

Conforme marca el inciso 2 del art. 73 de la Constitución  de la Provincia, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Según la norma 4.434, "la Cámara de Diputados, al recibir denuncias sobre delitos o faltas cometidas por los funcionarios a que se refiere el artículo 60 inciso 2° de la Constitución, ya fueren hechas por particulares o presentadas por alguno de sus miembros, resolverá por el voto de la mayoría de los presentes, si se procede o no a la investigación" y agrega que "en caso afirmativo, designará una Comisión compuesta de cinco miembros, que se encargará de verificar la exactitud de los cargos formulados y dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de la acusación".

En el texto expedido por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan tres elementos salientes sobre este punto: “la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.  

Valicenti estuvo acompañado por Rubén Eslaiman (Frente Renovador), el vicepresidente del bloque, y Susana González (Frente Grande). Eslaiman dijo que la decisión se tomó por unanimidad dentro del bloque de 43 diputados porque "decimos basta al espionaje" y el desempeño de Conte Grand "es incompatible con la autonomía de la institución", justificó. "Vamos a buscar los consensos políticos con el bloque opositor mayoritario", adelantó.

Los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a Gabriel Vitale, Enrique Ferrari, Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon, Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, Gustavo Ferrari, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Sebastián De Stéfano y a Juan Pablo Allan.

“En nuestro carácter de representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires y tras haber tomado conocimiento de situaciones de inusitada gravedad institucional en las que incurrió el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Julio Conte Grand, nuestra facultad se transforma en un imperativo legal y moral”, sostiene la argumentación que acompaña el pedido de los diputados del Frente de Todos.

La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, presentó el último miércoles 29 de diciembre el tratamiento sobre tablas de un proyecto de "repudio a las maniobras en 2017 de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para armar causas judiciales contra dirigentes sindicales" en un escándalo que ya es conocido como la "Gestapo antisindical". En ese marco, aseguró que el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, "es un delincuente y debe ser sometido a juicio político".

Frente a esto, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, organizaciones que agrupan a la totalidad de los Titulares de los Ministerios Públicos del país, salió este lunes a responderle a la senadora del Frente de Todos, quien durante la sesión del Senado agravió al Titular del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires -órgano perteneciente al Poder Judicial Bonaerense-. Y lo hizo a través de un comunicado. 

Desde el organismo recordaron que "constituye un deber ineludible de todos resguardar la institucionalidad democrática de nuestro país". Y remarcaron que "las expresiones desmedidas e injuriantes que se profirieran en dicha esfera, aun cuando se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que puedan gozar los Señores/as legisladores/as, que jamás puede ejercerse en forma excesiva, lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y el respeto por la división de poderes".

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"Es por ello que apoyamos la debida consideración por las personas y las instituciones, y proponemos moderación y seriedad, evitando que al emitir pareceres se comprometa, incluso como único objetivo aparente, el honor de funcionarios. No podemos dejar de señalar, asimismo, que este episodio se enmarca en una serie de sucesos que, en distintos ámbitos provinciales, vienen configurando un ataque a los respectivos Ministerios Públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia", agregaron en la misiva. 

El escrito responde así a las duras expresiones vertidas por Di Tullio en el Senado , donde había disparado: "Hemos visto como un ex ministro de María Eugenia Vidal decía que si pudiera tener una Gestapo para terminar con todos los gremios, lo haría. El propio Villegas dice que ya habló con Conte Grand, que todavía hoy no renunció. Conte Grand tiene que ser sometido a juicio político, urgente, porque no va a renunciar, hay que llenarlo de juicios políticos. No lo quiero como procurador de mi provincia. Conte Grand es un delincuente".

"Es una provocación" de Macri, dijo Aníbal Fernández. Y continuó: "Es una provocación de este señor; lo que está haciendo es lisa y llanamente provocar. La foto, tan centradita y clarita, es porque la mandó a sacar específicamente con alguien para hacerla llegar a los lugares".

Además, para el funcionario nacional, la reunión "es el retruco" del procesamiento de Macri en el caso de espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan. "Lo que hizo Macri nada menos que con los padres y familiares de los 44 pibas y pibes nuestros que se quedaron en el mar con el ARA San Juan, es una suerte de retruco que se lleva puesto a Conte Grand", añadió.

"La vocación de la provocación, la vocación de decir cosas que agravian solo por sacar ventaja respecto de una situación incómoda que puede generar el hacerlos perseguir no dejan de ser una patraña inventada por este señor, que es un inmoral, un ser ruin", indicó sobre el ex presidente.

El Procurador General bonaerense Julio Conte Grand visitó de manera virtual el Departamento Judicial San Nicolás. A través de la plataforma Microsoft Teams, junto a la Fiscal General, Sandra Bicetti, comenzó el intercambio laboral con diferentes miembros del Ministerio Público Fiscal pertenecientes a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 7, a cargo de la María Del Valle Viviani, con sede en San Pedro.

Luego, en compañía de la Defensora General, Mariana Garro, Conte Grand interactuó con representantes del Ministerio Público de la Defensa.

En primer lugar, el Procurador dialogó con integrantes de la Secretaría de Violencia, a cargo de María Florencia Forlese y Fernando Benítez. Luego, se reunió con los miembros del Área de Audiencistas, los Secretarios Andrés Carlos Ponti, María José Porthe y Paula Levato.

La jornada continuó con el intercambio entre Conte-Grand y la Unidad Funcional de Defensa Civil N° 1, especializada en Salud Mental, cuya titular es María Julia Gigaglia.

A continuación, el Procurador General mantuvo el encuentro virtual con diferentes agentes que se incorporaron recientemente al área de la Defensa Penal, los Defensores Oficiales, Joaquín Castro y Frernanda Uboldi; y los Auxiliares Letrados, Corina Reali, Ramiro Campos Otamendi y Martín Rea Brancolini.

Por último, dialogó con diferentes miembros del Área Social Interdisciplinaria, pertenecientes al Ministerio Público Tutelar del Departamento Judicial San Nicolás, los peritos María Eugenia Pini, Jesús Marcelo Salvatierra, María Eugenia Porthe y David Guillermo Alesio.

Según informaron desde el Ministerio Público, estas actividades, y en cada uno de los encuentros virtuales realizados, el Procurador General conversó con los funcionarios y empleados que allí se desempeñan, para "lograr un mayor acercamiento y conocimiento de las necesidades y características de las diversas dependencias".

Luego que el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, diera positivo de coronavirus, se conoció un último informe sobre su estado.

El funcionario "se encuentra con síntomas controlados de Covid-19, manteniendo reposo y permaneciendo aislado en su hogar", según el documento.

Desde la Procuración habían informado que se "transmite a todos los integrantes del Ministerio Público que por favor extremen los cuidados de la salud de su personal y de la sociedad en general, en el cumplimiento de la totalidad de las funciones del organismo".