El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, firmó un convenio con su par de Nación, Martín Soria, para reforzar la asistencia integral a víctimas de delitos, y a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. 

La asistencia incluye la orientación y asesoramiento jurídico genérico, por un lado; y contención, apoyo y asistencia psicológica e información sobre la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales acorde a sus necesidades, por el otro.

En este marco, los programas que se verán fortalecidos en la Provincia serán: el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI) respecto a delitos contra la vida, el Mapa Ayudar y el Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR).

Alak valoró el acuerdo y explicó que “en cuanto al abordaje de niños, niñas y adolescentes, el acuerdo busca proporcionar la atención especializada e interdisciplinaria al tiempo que propone espacios de formación profesional y técnica en el personal y funcionarios/as que se desempeñan en la temática”.

En esa línea, el ministro detalló que “también fortaleceremos el Mapa Federal Interactivo de recursos para víctimas de violencia y delitos graves “AyudAR”, que facilita a los mismos el acceso a la justicia en todo el país”.

Por su parte, Soria valoró la firma del convenio destacando que constituye un “paso importante para garantizar el derecho de todas las víctimas y de todas las personas que sufren delitos en Buenos Aires”.

 “Podremos hacer más sólida la presencia de los programas del Ministerio en la provincia más poblada del país, permitiendo que los programas de asistencia, de acompañamiento, de asesoramiento y de patrocinio jurídico gratuito lleguen de forma más rápida y eficiente a todos los rincones”, finalizó.

Participaron, además, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; la jefa de la Unidad de Gabinete de Asesores, Gimena del Rio; y la directora Nacional de Asistencia a las Víctimas, Azul Romero Beery. Por la Provincia estuvieron el subsecretario de Justicia, Inti Nahuel Pérez Aznar, y la directora de Acceso a la Justicia, María Agustina Iafolla.

Por Ramiro Pablo Gómez

A las 14.50 de 17 de marzo de 1992 una camioneta estalló en la Embajada de Israel de Buenos Aires dejando un cráter de 4 metros de largo y 3 de ancho. A 30 años del atentado se repiten los pedidos de justicia, los políticos expresan mensajes “políticamente correctos” pero el saldo sigue igual: 22 muertos y 0 detenidos.

Menem, explosión e impunidad

Transcurría el primer mandato de Carlos Saúl Menen cuando una camioneta F-100 estalló frente a la Embajada de Israel y mató a nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles, dos plomeros, un taxista, tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia próxima.

La conmoción se generalizó, pero el ex presidente poco hizo para que la causa se esclareciera. Una de las hipótesis de las causas del atentado es que el riojano, cuando estaba en campaña electoral, se había comprometido con asistir a Irán y Siria en materia armamentística pero al ganar las elecciones estrechó su mano con Estados Unidos y envió dos naves a la Guerra del Golfo Pérsico. El atentado sería producto de una venganza por esa traición.

El primer fallo de la Corte Suprema data de 1999 y sostiene que “el ataque fue organizado y llevado a cabo por el grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado de la organización pro-iraní Hezbollah”.

La justicia descartó la hipótesis de la implosión ya que entre los escombros aparecieron partes de la f-100. Lo que aún no pudo determinar, y evidentemente no podrá, es saber si hubo un chofer suicida o no.

30 años de injusticia

A tres décadas del tremendo atentado no hay (ni hubo) detenidos. De los tres sospechosos, dos están prófugos y uno ya murió. Los que quedan con vida son José Salman El Reda y Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, supuestamente un jefe operativo de Hezbollah.

Homenajes a las victimas

Desde las 14.50, en replica a la hora de la explosión, se realizará el homenaje con la presencia del viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Justicia, Martín Soria.

Durante toda la jornada se repetirán mensajes de dirigentes políticos pidiendo justicia por redes sociales en párrafos que se pueden copiar año tras año cambiándole la fecha. A treinta años del atentado está claro que estas manifestaciones no alcanzan ni reparan ningún daño. Hay responsabilidad del poder judicial, ejecutivo y legislativo en esta larga siesta de impunidad.  

Un total de 14.735 armas de fuego provenientes de bajas patrimoniales de la Policía Federal Argentina, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la de Santa Fe, fueron destruidas mediante un proceso que implica la trituración de las armas y su posterior fundición.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martin Soria, participó del acto institucional que se llevó a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC) donde también asistió el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

En el BANMaC se realizó la certificación de las armas a ser destruidas, su traslado y destrucción definitiva por la Escribanía General de la Nación. El operativo de seguridad del acto de destrucción fue realizado por la Policía Federal Argentina, y estuvo a cargo del Comisario Inspector Diego Alejandro Maldonado y la Comisaria Maira Fernanda Souza.

En tanto, Scrap S.A realizó la trituración y fundición de las mismas. El equipo de verificadores técnicos de la ANMaC confirmó la destrucción total de las 14.735 armas de fuego, bajo la observación de integrantes de la sociedad civil, funcionarios de la ANMaC y de la Escribanía General.

Durante 2021 la ANMaC recibió un total de 19.200 armas de fuego en las instalaciones del BANMaC, de las cuales se procesaron 14.831 y se inutilizaron 3.172. Cabe destacar que la anterior destrucción se realizó en noviembre del 2020, oportunidad en que fueron destruidas 11.652 armas de fuego.

“Cada arma de fuego que logramos sacar de circulación y destruir significa mayor seguridad para nuestro pueblo. Logramos reactivar esta política fundamental, que había estado totalmente paralizada durante la mitad de la gestión anterior: entre 2018 y 2019 no se destruyó ni una sola arma”, indicó el Ministro Soria y agregó: “Esto fue revertido por nuestro gobierno: en 2020 se destruyeron 13.000 armas y ahora estamos destruyendo más de 14.700, la mayor destrucción de armas de los últimos 4 años en nuestro país”.

Alak, por su parte, destacó que “la coordinación entre el Estado Nacional y el Provincial permite que las armas de fuego que logramos sacar de circulación en nuestra Provincia de Buenos Aires, sean destruidas rápidamente por el Estado Nacional a través de la ANMaC". "Celebro que recuperemos los niveles de destrucción de armas que hicieron que el plan de desarme y destrucción de armas de Argentina sea un modelo reconocido a nivel internacional”, resaltó.

El concejal de Bahía Blanca, Luis Alberto Calderaro, fue designado Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El cargo funciona en la órbita de la subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial dependiente de la Secretaría de Justicia, a cargo de Martín Mena.

Asimismo, la Decisión Administrativa 1065/2021 refrendada por el Jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro Martín Soria, autoriza "el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el doctor Calderaro los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio".

Apodado “Luly”, es abogado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana y docente en la UNAHUR. Fue gerente de la Unidad de Coordinación de Gestión Local del Pami Bahía Blanca. Edil electo por el Frente de Todos en 2019 y con mandato hasta 2023. En octubre último fue noticia cuando sufrió un fuerte accidente automovilístico.

Entre 2014 y 2015, representó al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura siendo Secretario Legislativo del Senado durante la gestión del ex vicegobernador Gabriel Mariotto.

Martín Soria hablará desde las 18.00 mediante el sistema de videoconferencia ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales -que conducen los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Hernán Perez Araujo- sobre la reforma del Ministerio Público.

Si bien en la convocatoria efectuada al Ministro se incluye solo el proyecto sobre la elección del jefe de los fiscales y el plazo de duración de su mandato aprobado por el Senado no se descarta que se refiera a la reforma judicial que también sancionó la Cámara Alta.

El viernes último, el Presidente Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados que avance en el tratamiento del proyecto de ley que él mismo envió para la reforma del fuero federal para así poder "dar pelea" al narcotráfico y a los restantes delitos complejos.

"Alberto Fernández me honró con la propuesta para sumarme a su equipo como ministro de #Justicia de la Nación. Por supuesto que acepté este desafío que me llena de orgullo y de sentido de responsabilidad", dijo Martín Soria en la madrugada de este martes a través de su cuenta de Twitter.

Y añadió: "En línea con el pedido del Presidente, vamos a trabajar para garantizar que los servicios de justicia en nuestro país sean más eficientes, inclusivos e igualitarios; para avanzar en una transformación conceptual que ubique a la justicia de cara a los ciudadanos y ciudadanas".

"Como sostuvo el Presidente reiteradamente, Argentina necesita que el Estado de derecho funcione a pleno, y para eso necesitamos una Justicia que se corresponda con ese Estado de Derecho", continuó.

"Ese, entonces, será nuestro principal objetivo. Como servidor público, voy a perseguirlo con rigurosidad profesional y con la firmeza y constancia propias de aquellos que sentimos pasión por la política", finalizó Soria.

El rionegrino fue designado como Ministro de Justicia, y el anuncio lo hizo Fernández este lunes, tras una semana de idas y vueltas, con tironeos internas, para nombrar al sucesor de la saliente Marcela Losardo.

El diputado nacional por la provincia de Río Negro, Martín Soria, fue designado por el presidente Alberto Fernández como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo quien fue desplazada hace una semana.

Soria tiene 45 años y fue intendente de General Roca entre 2011 y 2019. El rionegrino fue impulsor de una denuncia en la justicia por el supuesto mecanismo de presión y extorsión sobre jueces y fiscales montado durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Hoy almorcé con Martín Soria, le hable cuales son mis expectativas y el aceptó hacerse cargo. Tiene que tomarse el tiempo de renunciar como diputado y que se la acepten", anunció Fernández en una entrevista que se emitía esta noche en televisión. 

Esa denuncia se asentó en declaraciones públicas de la jueza Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien afirmó que durante esa administración existió “una metodología” de presiones sobre jueces y fiscales, y dio como ejemplo que un alto funcionario del Ministerio de Justicia había ido a su despacho a imponer la conducta a seguir en la causa por el Memorándum con Irán.

Nació el 15 de diciembre de 1975, de profesión abogado, es hijo de Carlos Soria, quien fue asesinado de un disparo por su esposa Susana Freydoz el 1 de enero de 2012. Su hermana María Emilia Soria es una exdiputada y actual intendenta de General Roca.

"Lo conozco a Martín Soria, mucho. Voy a decir algo que va a exacerbar muchos ánimos, pero su hermana (María Emilia) votó el desafuero de De Vido. Los Soria no son precisamente eso (kirchneristas)", señaló el Jefe de Estado al hablar sobre uno de los posibles reemplazantes de Losardo.

Rápidamente, el ex Ministro de Planificación de Néstor Kirchner, Julio De Vido, salió al cruce: "Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo, esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández", sentenció desde las redes sociales.

"El mérito de Martín Soria para ser ministro de Justicia sería que es anti kirchnerista, según Alberto Fernández. El silencio compañeros se transformará en complicidad", continuó De Vido.

"Vergüenza ajena la pobreza retórica de su justificación que afianza nuestra estigmatización dando piedra libre del Poder Ejecutivo a nuestra persecución judicial", disparó.

Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo, esto define la miserabilidad inconmensurable de @alferdez. pic.twitter.com/1UssVLbAbO

— Julio De Vido (@JulioDeVido) March 9, 2021